Brigida Virginia Hernández Ojeda

Expediente 327/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
327/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Brigida Virginia Hernández Ojeda

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interponga recurso de revisión contra el auto de doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en el numeral 288, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2o, se declara que ha causado estado dicha determinación. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría deparar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes por devolver, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el numeral 21, fracción a), del citado Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del presente expediente, en términos de los artículos 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Para los efectos a que alude el citado Acuerdo General, se instruye la Secretaria judicial encargado del presente expediente, a verificar que, tanto en el expediente electrónico generado con la FIREL como en el impreso, sea incorporada cada promoción y actuación a fin de que coincidan en su totalidad. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de mayo de dos mil veintidós. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes, el oficio **, de la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Oaxaca de Juárez, Oaxaca, y anexo que acompaña, mediante el cual rinde informe justificado. PRUEBAS. Asimismo, de conformidad con en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que la responsable anexa a su informe. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, visto el estado que guardan los autos y el informe justificado de cuenta, quien esto resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del numeral 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Así, en torno al tema que nos ocupa, es aplicable la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, Materia Común, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". Así como, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL". Al respecto, conviene precisar que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre esas bases, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada, o no, de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector, dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Precisado lo anterior, se sostiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia apuntada, por las razones que a continuación se expondrán. En el caso en estudio, el acto reclamado consiste en la omisión de dictar laudo en el expediente laboral 591/2020 (3), del índice de la Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca; así como, su notificación a la parte actora. Ahora, mediante informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, aceptó la existencia del acto reclamado; sin embargo, remitió copia certificada del laudo de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dictado en el expediente laboral 591/2020 (3), así como la razón de notificación de dicho laudo a la parte actora de fecha nueve de mayo del año en curso. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo. En esas circunstancias, se considera que al haberse satisfecho la pretensión de la quejosa, esto es, que la responsable dictara laudo en el expediente laboral 591/2020 (3) de su índice y realizara la notificación correspondiente, lo que así ocurrió al emitirse el laudo el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, y realizarse la notificación correspondiente; han cesado los efectos del acto reclamado, al haberse destruido por completo de forma total e incondicional. Además de que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sostiene el razonamiento vertido, la jurisprudencia 103, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 2000, Novena Época, Tomo VI, Materia Común, página 81, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal" No es óbice a lo anterior, la ausencia de la vista a la quejosa con el informe rendido por la autoridad responsable, en términos de lo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, pues sería ocioso diferirla por tal motivo, ya que del informe justificado rendido por la responsable se advierte, como se estableció en párrafos anteriores, se actualiza notoriamente la causal de improcedencia. De ahí que el sentido de la presente determinación no cambiaría y sólo retrasaría la impartición de justicia pronta, en contravención a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dicho principio. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, se decreta el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA de conformidad con la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V del citado ordenamiento legal. DEJA SIN EFECTOS LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las ONCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese personalmente y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación secretarial que antecede, se desprende que mediante proveído veintitrés de marzo del presente año, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca; determinación de la cual quedó legalmente notificada el veintiocho de abril siguiente, según constancia que existe en autos. Por tanto, el plazo de quince días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que dicha autoridad rinda su informe justificado, transcurre del veintinueve de abril al veintitrés de mayo del año en curso; descontando de dicho cómputo sábados y domingos, así como cinco y seis de mayo del año en curso, por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo y Circular 5/2022 de treinta de marzo de dos mil veintidós, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las ONCE HORAS SIETE MINUTOS DEL OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la autoridad responsable el diferimiento de la audiencia constitucional, ello es así, en virtud que no existe disposición alguna en la Ley de Amparo que imponga tal obligación. Apoyo a lo anterior, las tesis XX. 304 K y VI.1o.P.18 K, sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, y Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, Octava y Novena Época, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos XV, Enero de 1995 y XIV, Octubre de 2001, respectivamente, del rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. ES INEXACTO QUE EL JUEZ DE DISTRITO ESTE OBLIGADO A ORDENAR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL DEL DIFERIMIENTO DE LA." y "NOTIFICACIÓN AL QUEJOSO DEL AUTO QUE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. NO SE REQUIERE QUE SE HAGA EN FORMA PERSONAL.". Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que se encuentra programada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional, sin que sea posible llevarse a cabo, toda vez que la autoridad responsable Junta Especial Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, no ha rendido su informe justificado ni existe constancia que acredite que haya sido legal y oportunamente notificada del oficio por el que se le requirió el mismo. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para este día y se fijan las ONCE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL ONCE DE MAYO DE DOS MIL VIENTIDÓS, para su desahogo. Cabe destacar que por el momento no es procedente conminar al actuario judicial que conoce de las notificaciones de este juicio de amparo, para que realice la entrega del oficio derivado de este expediente, porque constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, el contenido de los oficios 353 y 436, de veintiocho de marzo y trece de abril del año en curso, el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, informó que por causa de fuerza mayor, del veintiocho de marzo al trece de abril, y del catorce al veintinueve de abril de dos mil veintidós, por lo que no corren términos, ni plazos, suspendiéndose los procedimientos que se siguen ante esa dependencia. Sin embargo, una vez transcurrido dicho periodo se le indica al actuario que corresponda, haga entrega del oficio derivado del presente asunto y para el caso de que la autoridad responsable se niegue a recibir el mismo, deberá actuar en términos de lo establecido en el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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