Brigida Santiago de los Santos

Expediente 30/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
30/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
17/04/2018

Partes del expediente

  • Brigida Santiago de los Santos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, en relación con el diverso numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, y no se recurrió el acuerdo por el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, párrafo primero, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones que se hagan en el Libro de Registro correspondiente. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción lI, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiséis de marzo de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta signada por la actuaria judicial adscrita a este Juzgado Federal, mediante la cual manifiesta su imposibilidad para notificar a la parte quejosa el auto de veintidós de marzo de este año, por el que se decretó el sobreimiento fuera de audiencia del presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación por lista. Notifíquese.

  3. Principal

    ... ES NOTIFICACIÓN PERSONAL...

  4. Principal

    RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE FECHA VEINTIDÓS DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "... Acapulco, Guerrero; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento al acuerdo de trece de marzo de este año remite copia certificada de la audiencia de uno del mismo mes, emitida dentro del juicio laboral 76/2012 y su acumulado 1070/2012, promovido por la quejosa Brigida Santiago de los Santos; a la cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa del numeral 2 de esta última legislación. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, de oficio se analizan las consecuencias jurídicas que acarrea la emisión de la constancia que la autoridad responsable antes citada envió. La parte quejosa en esta instancia constitucional en esencia reclama el que en audiencia de doce de enero de este año, dictada en el juicio laboral 76/2012 y su acumulado 1070/2012, se hubiere señalado una fecha (nueve horas con treinta minutos del uno de marzo siguiente) fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo, para que tuviera verificativo el desahogo de la prueba pericial, a fin de que el perito tercero en discordia ratificara su dictamen presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete. Precisado lo anterior, este juzgado federal advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (.)." Acorde a lo previsto por el artículo 77, fracción I de la Ley de Amparo, el juicio de amparo, tratándose de un acto reclamado de carácter positivo tiene como fin último, restituir al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales transgredidos por el acto de autoridad. De lo que se sigue que cuando ello no es posible de ocurrir sea porque se agotó el acto que se reclama o que aunque éste exista no sea posible cumplir con los fines del amparo porque el acto en el que debe recaer deja de tener vida jurídica, no hay motivo legal alguno para analizar su constitucionalidad, porque el medio extraordinario de defensa no puede emplearse con fines especulativos o meramente académicos, tal es el supuesto a que se alude en la causal de improcedencia que se estima aplicable al caso, en el que aun cuando el acto que se reclama existe al momento de instarse el juicio constitucional, y que incluso pudiera resultar que llegara a transgredir la esfera jurídica de la parte quejosa por contener vicio de inconstitucionalidad, si dejó de existir el objeto materia del mismo, por ende no puede surtir efecto legal o material alguno, entonces el juicio de amparo en su contra resulta improcedente, lo que encuentra una razón lógica jurídica ya que resolver el fondo del amparo y conceder la protección constitucional, resultaría estéril e innecesario, dado que no podría ejecutarse ni surtir sus efectos el fallo amparador porque la materia u objeto del mismo dejó de tener vida, es decir dejó de existir. En el caso concreto, se afirma la actualización de la causal de improcedencia de mérito, dado que deriva en forma patente de la actuación del juicio laboral 76/2012 y su acumulado 1070/2012, que el uno de marzo de dos mil dieciocho, se llevó al cabo la audiencia de desahogo de la prueba pericial en la que el perito tercero en discordia compareció y ratificó su dictamen presentado el catorce de julio de dos mil diecisiete, luego, es inconcuso que la materia de origen del amparo ha dejado de existir, tomando en consideración que la parte quejosa en esta instancia constitucional reclamó el que en audiencia de doce de enero de este año, se hubiere señalado para ese efecto una fecha fuera de los plazos que establece la Ley Federal del Trabajo. En ese orden de cosas, dado que, aun subsistiendo el acto reclamado, el objeto y materia del mismo quedo sin efecto jurídicamente, no puede surtir efecto legal o material alguno en agravio de la parte quejosa, y por tanto tampoco podría hacerlo una sentencia amparadora, de ahí que resulte improcedente el presente juicio de amparo. Sustenta las consideraciones anteriores la tesis número 2a.XCIX/2000, formada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 357, tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que al respecto establece: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Bajo ese contexto, al sobrevenir de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo; lo que procede es decretar en este juicio el sobreseimiento fuera de audiencia, acorde a lo establecido en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar a su celebración, habida cuenta que, en esas condiciones, ningún objeto tiene ya continuar con el trámite del juicio de amparo y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo que será siempre en el mismo sentido. En consecuencia, se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.....";, LO QUE SE NOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTISÉIS DE MARZO DEL AÑO EN CURSO...

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