Brigida Carrasco García
Expediente 1065/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 11 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1065/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 29/11/2019
Partes del expediente
- Brigida Carrasco García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla (foja 70): ".emita un acuerdo en el juicio laboral D-6/68/2017, en el que, en acatamiento a lo establecido en el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, señale nuevo día y hora para el desahogo de ese medio de convicción (prueba testimonial), dentro de los diez días siguientes a la emisión de dicho acuerdo; debiendo ordenar que se notifique la nueva fecha a las partes actora y demandada, así como a los testigos y verifique que el actuario adscrito a dicho tribunal lleve a cabo tales comunicaciones con la oportunidad debida a fin de que estén en condiciones de acudir a la audiencia. Todo lo cual deberá hacerlo del conocimiento de este juzgado federal..." Asimismo, mediante oficios recibidos el treinta de octubre y doce de noviembre de dos mil diecinueve, la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que remitió copias certificadas de las razones del actuario de su adscripción, autos de diecisiete, veintisiete y treinta de septiembre, dieciséis y veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-6/68/2017, de los que se desprende que decretó la deserción de la prueba testimonial de los testigos de la parte demandada (Pedro Flores Chávez, María del Rocío Javier Ruano y Luis Alberto Tejeda Flores) y las constancias de notificación a las partes, respecto del auto de veintinueve de octubre del año en curso (fojas 86 y 100 a 105). Por auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, mismo que se le notificó el catorce del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que ya que remitió copias certificadas de las razones del actuario de su adscripción, autos de diecisiete, veintisiete y treinta de septiembre, dieciséis y veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-6/68/2017, de los que se desprende que decretó la deserción de la prueba testimonial de los testigos de la parte demandada (Pedro Flores Chávez, María del Rocío Javier Ruano y Luis Alberto Tejeda Flores) y las constancias de notificación a las partes, respecto del auto de veintinueve de octubre del año en curso. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de depuración en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido de que este asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, trece de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copias certificadas de las constancias de notificación a las partes, respecto del auto de veintinueve de octubre del año en curso, dictado dentro del expediente laboral D-6/68/2017. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que por oficio recibido el treinta de octubre de dos mil diecinueve (foja 86), la autoridad oficiante, remitió copias certificadas de las razones del actuario de su adscripción, autos de diecisiete, veintisiete y treinta de septiembre, dieciséis y veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-6/68/2017, de los que se desprende que decretó la deserción de la prueba testimonial de los testigos de la parte demandada (Pedro Flores Chávez, María del Rocío Javier Ruano y Luis Alberto Tejeda Flores). En consecuencia, con las referidas documentales, dese vista a las partes por el plazo de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a las partes.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por medio del cual remite copias certificadas de las razones del actuario de su adscripción, autos de diecisiete, veintisiete y treinta de septiembre, dieciséis y veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, dentro del expediente laboral D-6/68/2017, de los que se desprende que decretó la deserción de la prueba testimonial de los testigos de la parte demandada (Pedro Flores Chávez, María del Rocío Javier Ruano y Luis Alberto Tejeda Flores), ordenando notificar a las partes. En consecuencia, se le tiene haciendo gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Por otra parte, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la autoridad responsable Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que quede debidamente notificada del presente auto, remita copia certificada de las constancias de notificación a las partes, respecto del auto que se habla en el párrafo que antecede. Hágase saber a la autoridad responsable que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 80). Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que dicha sentencia que sobreseyó y concedió la protección constitucional, ha causado ejecutoria para todos los fines legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Junta Especial Seis de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que dentro del término de tres días posteriores a la notificación de este proveído, dé cabal cumplimiento a la presente ejecutoria, para lo cual deberán ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando quinto de la sentencia dictada el veintiocho de septiembre de dos mil diecinueve. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la citada Junta, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 3515, Libro IV, Tomo 4, enero de dos mil doce, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Se apercibe a la autoridad requerida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 [ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos], atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve, y se ordenará remitir el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, en turno para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se informa a la responsable que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se comunica a la autoridad citada que, en términos del artículo 193, primer párrafo, última parte, de la Ley de Amparo, las personas físicas que ostenten la titularidad del cargo como autoridad responsable, seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo; por lo que el presente requerimiento se entenderá dirigido a dichos substitutos, así como el apercibimiento decretado en el presente auto. NOTIFÍQUESE
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