Briggite Guadalupe Coyoc Contreras

Expediente 1188/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1188/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
25/07/2022

Partes del expediente

  • Briggite Guadalupe Coyoc Contreras

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el seis de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído CAUSA ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguense para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, residente en Umán, Yucatán, y anexo que acompaña. Ahora bien, del informe de cuenta, se advierte que el treinta de junio del año en curso, la responsable proveyó respecto a los memoriales de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno y cinco de abril del año en curso, en el expediente 708/2019 646/2018, de su índice, lo que acreditó dicha autoridad con las copias certificadas que adjuntó. Documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó: La omisión de dar respuesta a los escritos de fecha cinco de noviembre de dos mil veintiuno y cinco de abril del año en curso, en el expediente 708/2019. Sin embargo, del informe de ley se aprecia que la autoridad oficiante, el treinta de junio del año en curso, dio contestación a los escritos presentados por la quejosa y requirió a César Alejandro Quintal Martín, para que cumpla con exhibir el total de adeudos de las pensiones vencidas y atrasadas, así mismo, giro oficio al representante legal de la fuente de trabajo del citado Quintal Martín, para que informe de forma detallada y desglosada el monto total de los sueldos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que deviene mensualmente el aludido Quintal Martín, determinación que fue notificada el uno de julio del presente año, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado. De lo que antecede, se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la impetrante de amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causal de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Sin que obste a lo anterior, el hecho de que no se advierta que haya sido emplazada a este juicio la parte tercero interesada, pues en virtud del sentido de la presente sentencia, no resentiría perjuicio alguno. Es atendible al caso la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lo caliza en la página 131, Tercera Parte, LVII, Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente: "TERCEROS PERJUDICADOS, FALTA DE CITACIÓN A LOS, EN CASO DE SOBRESEIMIENTO. Si el Juez de Distrito no llamó al juicio para la defensa de sus derechos a los terceros perjudicados, aunque es verdad que el procedimiento del juicio de amparo es de derecho público y la violación del mismo impone su reposición, no es del caso ordenarla, si se llega a la conclusión de sobreseerse, por ser innecesaria tal medida, toda vez que no resentirían ningún perjuicio dichos terceros, cuyos derechos quedan intocados". En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con un minuto del dieciocho de julio de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar y por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de los que se advierte que hasta la presente fecha no ha rendido su informe justificado la autoridad responsable: Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en Umán, Yucatán; ni obra en autos el acuse relativo al oficio con el que se le solicitó. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debía tener verificativo este día y se señalan las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, como nueva fecha y hora para su celebración. Lo anterior, con apoyo en el artículo 17 constitucional, considerando que el domicilio de dicha autoridad se ubica fuera de la residencia de este Juzgado; y a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando acuerdos de diferimiento innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese, y cúmplase.Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el licenciado Raúl Ramos Berzunza, Secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    SEXTO. Estudio de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación expuestos, aunque para ello se supla la queja deficiente de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, motivo por el cual deberá otorgarse a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. Como conceptos de violación, la solicitante de amparo, por conducto de su representante, aduce entre otros, que el acto reclamado es violatorio de los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Federal, toda vez que de forma arbitraria y sin fundar ni motivar adecuadamente su determinación, aseguró el inmueble Tal argumento es esencialmente fundado, por las siguientes consideraciones. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha conceptualizado el aseguramiento, como una medida provisional o precautoria, ya que no constituye un fin en sí mismo, sino que tiene como finalidad proteger los bienes materia de la medida, para garantizar la comprobación del delito o la responsabilidad del involucrado, garantizar las eventuales penas consistentes en la reparación del daño o el decomiso; por tanto, como medida provisional podrá ser decretada por el Ministerio Público o la autoridad judicial. De igual manera, estableció que para el aseguramiento de bienes, no exige que el poseedor o propietario del bien sea responsable de algún delito o se encuentre sujeto a proceso, sino el requisito para dicha medida incide únicamente sobre los bienes que serán objeto de la medida, es decir, deben ser instrumentos, objetos o productos del delito o, contener huellas o una posible relación con el delito. También determinó que el aseguramiento es una medida cautelar provisional porque no se priva al gobernado de sus bienes, derechos, sino que los mismos quedan sujetos a un estado jurídico de indisponibilidad, de tal modo, que la subsistencia del conjunto de tales bienes y derechos, materia del aseguramiento se preserve para los fines de aplicarlos en su caso, al decomiso; por tanto, al no ser un acto privativo definitivo, debe atenderse a las exigencias del artículo 16 constitucional, esto es, como acto de molestia debe estar fundado y motivado por parte de la autoridad que decrete el aseguramiento. Ahora bien, el aseguramiento es una medida de carácter procedimental, que tiene por objeto evitar que los instrumentos, objetos o productos del delito así como los bienes que existan huellas o pudieran tener relación con el ilícito, se alteren, destruyan o desaparezcan; ese acto de molestia puede decretarse por el Ministerio Público en la fase de investigación o por la autoridad judicial dentro del proceso penal. Esa medida puede recaer sobre bienes que, sin ser instrumentos, objetos o productos del delito, presentan huellas o pudieran tener relación con el mismo, esto con el objeto de que la autoridad investigadora cuente con los elementos que le permitan integrar la investigación respectiva, con la finalidad de evitar que los bienes sobre los que recae se alteren, destruyan o desaparezcan. Si se comete un hecho que probablemente la ley señala como delito, la autoridad correspondiente debe tomar las medidas que sean necesarias a fin de evitar que desaparezcan los instrumentos, objetos o productos del delito así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, sin que importe la calidad de la persona que posea o sea propietaria de los bienes, dado que la medida no exige responsabilidad alguna sobre éstos. Asimismo, cabe precisarse que por objeto, instrumento o producto del delito, la doctrina ha establecido las definiciones siguientes:  Objeto del delito. También conocido como objeto material del delito, consiste en la persona o cosa sobre la cual recae la conducta delictiva, no se da en todos los delitos, como en los de simple actividad o los de omisión simple.  Instrumento del delito. Son objetos con los cuales se cometió el delito.  Producto del delito. Es todo aquello que se generó como fruto de la conducta delictiva, a saber, todos los bienes de cualquier índole derivados u obtenidos directa o indirectamente de la comisión de un delito. Así, cuando algún instrumento u objeto sea considerado evidencia por la comisión de un delito, debe salvaguardarse a través de medidas precautorias (aseguramiento), con el fin de garantizar su existencia y buscar a través de ellos la obtención de información necesaria para el acreditamiento del ilícito y, en su caso, de la responsabilidad de quien se inculpa en su comisión. Tal acto de molestia está previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en los artículos siguientes: Artículo 229. Aseguramiento de bienes, instrumentos, objetos o productos del delito. Los instrumentos, objetos o productos del delito, así como los bienes en que existan huellas o pudieran tener relación con éste, siempre que guarden relación directa con el lugar de los hechos o del hallazgo, serán asegurados durante el desarrollo de la investigación, a fin de que no se alteren, destruyan o desaparezcan. Para tales efectos se establecerán controles específicos para su resguardo, que atenderán como mínimo a la naturaleza del bien y a la peligrosidad de su conservación. Artículo 230. Reglas sobre el aseguramiento de bienes. El aseguramiento de bienes se realizará conforme a lo siguiente: I. El Ministerio Público, o la Policía en auxilio de éste, deberá elaborar un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretendan asegurar, firmado por el imputado o la persona con quien se atienda el acto de investigación. Ante su ausencia o negativa, la relación deberá ser firmada por dos testigos presenciales que preferentemente no sean miembros de la Policía y cuando ello suceda, que no hayan participado materialmente en la ejecución del acto; II. La Policía deberá tomar las providencias necesarias para la debida preservación del lugar de los hechos o del hallazgo y de los indicios, huellas, o vestigios del hecho delictivo, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurados, y III. Los bienes asegurados y el inventario correspondiente se pondrán a la brevedad a disposición de la autoridad competente, de conformidad con las disposiciones aplicables. Se deberá informar si los bienes asegurados son indicio, evidencia física, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo. Artículo 231. Notificación del aseguramiento y abandono El Ministerio Público deberá notificar al interesado o a su representante legal el aseguramiento del objeto, instrumento o producto del delito, dentro de los sesenta días naturales siguientes a su ejecución, entregando o poniendo a su disposición, según sea el caso, una copia del registro de aseguramiento, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, la notificación se hará por dos edictos que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación o su equivalente, en el medio de difusión oficial en la Entidad federativa que corresponda y en un periódico de circulación nacional o estatal, según corresponda, con un intervalo de diez días hábiles entre cada publicación. En la notificación se apercibirá al interesado o a su representante legal para que se abstenga de ejercer actos de dominio sobre los bienes asegurados y se le apercibirá que de no manifestar lo que a su derecho convenga, en un término de noventa días naturales siguientes al de la notificación, los bienes causarán abandono a favor del Gobierno Federal o de la Entidad federativa de que se trate, según corresponda. Transcurrido dicho plazo sin que ninguna persona se haya presentado a deducir derechos sobre los bienes asegurados, el Ministerio Público solicitará al Juez de control que declare el abandono de los bienes y éste citará al interesado, a la víctima u ofendido y al Ministerio Público a una audiencia dentro de los diez días siguientes a la solicitud a que se refiere el párrafo anterior. La citación a la audiencia se realizará como sigue: I. Al Ministerio Público, conforme a las reglas generales establecidas en este Código; II. A la víctima u ofendido, de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, por estrados y boletín judicial, y III. Al interesado de manera personal y cuando se desconozca su domicilio o identidad, de conformidad con las reglas de la notificación previstas en el presente Código. El Juez de control, al resolver sobre el abandono, verificará que la notificación realizada al interesado haya cumplido con las formalidades que prevé este Código; que haya transcurrido el plazo correspondiente y que no se haya presentado persona alguna ante el Ministerio Público a deducir derechos sobre los bienes asegurados o que éstos no hayan sido reconocidos o que no se hubieren cubierto los requerimientos legales. La declaratoria de abandono será notificada, en su caso, a la autoridad competente que tenga los bienes bajo su administración para efecto de que sean destinados al Gobierno Federal o de la Entidad federativa que corresponda, en términos de las disposiciones aplicables. Artículo 232. Custodia y disposición de los bienes asegurados. Cuando los bienes que se aseguren hayan sido previamente embargados, intervenidos, secuestrados o asegurados, se notificará el nuevo aseguramiento a las autoridades que hayan ordenado dichos actos. Los bienes continuarán en custodia de quien se haya designado para ese fin, y a disposición de la autoridad judicial o del Ministerio Público para los efectos del procedimiento penal. De levantarse el embargo, intervención, secuestro o aseguramiento previos, quien los tenga bajo su custodia, los entregará a la autoridad competente para efectos de su administración. Sobre los bienes asegurados no podrán ejercerse actos de dominio por sus propietarios, depositarios, interventores o administradores, durante el tiempo que dure el aseguramiento en el procedimiento penal, salvo los casos expresamente señalados por las disposiciones aplicables. El aseguramiento no implica modificación alguna a los gravámenes o limitaciones de dominio existentes con anterioridad sobre los bienes. Artículo 233. Registro de los bienes asegurados. Se hará constar en los registros públicos que correspondan, de conformidad con las disposiciones aplicables: I. El aseguramiento de bienes inmuebles, derechos reales, aeronaves, embarcaciones, empresas, negociaciones, establecimientos, acciones, partes sociales, títulos bursátiles y cualquier otro bien o derecho susceptible de registro o constancia, y II. El nombramiento del depositario, interventor o administrador, de los bienes a que se refiere la fracción anterior. El registro o su cancelación se realizarán sin más requisito que el oficio que para tal efecto emita la autoridad judicial o el Ministerio Público." De la interpretación de las normas trascritas, se infiere que el legislador tomó en cuenta que dentro de la investigación preliminar, se pueden presentar situaciones o circunstancias que pongan en peligro la investigación o esclarecimiento de los hechos. Razón que utilizó para otorgar al órgano investigador facultades para que durante el desarrollo de la investigación decrete técnicas de investigación, entre éstas, el aseguramiento. El artículo 251 del código nacional procesal precisa que los actos de investigación que requieren de autorización previa del Juez de control, son todos aquellos que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución. Por tanto, el aseguramiento de bienes constituye un acto privativo sea temporal o definitivo, que afecta el derecho de posesión o propiedad de una persona; por tanto, resulta necesario que exista un control judicial, pues tal acto privativo, puede conllevar a que se declare su abandono, y pasa a ser propiedad del Gobierno Federal o de las Entidades Federativas, según corresponda. Además, el no determinar la temporalidad que deba mantener el aseguramiento de referencia, coloca a la persona en incertidumbre jurídica y en estado de indefensión; más aún, al no estar precedido de autorización judicial, no hay una vigilancia y control judicial debido para legitimar las intervenciones a los derechos fundamentales de las personas, como la irrupción en las posesiones realizadas por la autoridad ministerial. Al respecto, la normatividad aplicable no le exige al órgano investigador determinar la temporalidad en que durará el aseguramiento realizado, por lo que a fin de corregir esa deficiencia, el aseguramiento de bienes debe estar precedido de autorización del Juez de Control, o una vez realizado, a fin de evitar abusos por parte del Ministerio Público, debe poner a disposición del Juez de Control el aseguramiento respectivo, pues al no acontecer así, viola derechos fundamentales de seguridad jurídica, pues la privación de éstos no se encuentra otorgada como parte de la facultad de investigación de los delitos contenida en el artículo 21 constitucional, menos aún, forma parte de las facultades protegidas por el artículo 16 de la Constitución Federal. De ahí la obligación del Ministerio Público de justificar ante el Juez de Control la necesidad del aseguramiento en el que acredite si constituye producto, instrumento u objeto del delito, así como su relación con el delito; así como se debe expresar la necesidad de dicha técnica de investigación y su temporalidad, esto es, el tiempo que la autoridad ministerial considere pertinente para concluir con la investigación respectiva. Razón por la que el acto reclamado afecta los derechos humanos de propiedad o posesión de la parte quejosa, pues al estar decretado en forma indebida, es contrario a su naturaleza provisional o transitoria, cuando es indispensable que se justifiquen las razones por las cuales realiza la intromisión a la esfera jurídica del quejoso, al impedirle ejercer su derecho al disfrute de sus bienes. Así, si en la disposición legal aludida el legislador plasmó expresamente, que tratándose de cateos y las demás que señalen las leyes aplicables, es menester que esta medida sea autorizada por un órgano jurisdiccional, lo que implica regular su control y vigilancia por el juez de control, quien decidirá sobre la procedencia de las actuaciones en la investigación de los hechos delictivos, que afecten derechos humanos de los gobernados. De esa forma, la orden de aseguramiento referida implica la afectación al derecho de propiedad y posesión de quien legalmente tenga derecho; por tanto, si el cateo -que está expresamente contemplado en la ley- se traduce en una limitante al derecho de inviolabilidad del domicilio y a la de la propiedad o posesión del inmueble; al tener como finalidad, además de la búsqueda de personas, la de bienes u objetos que tengan relación con la comisión de un hecho delictivo, sean producto u objeto de un antisocial, de manera que se afectan derechos humanos. Similares consideraciones deben tenerse respecto de actos diversos a los enunciados en la legislación -cateo-, como en el caso del aseguramiento reclamado, dado que afecta el derecho de propiedad y posesión de la parte quejosa; por ende, requiere previa autorización judicial, a fin de que sea el Juez de Control quien salvaguarde los derechos fundamentales del imputado, de la víctima u ofendido, o del tercero que pudiere verse afectado con una determinación de esa naturaleza, pues delimita el ejercicio de un derecho humano. En ese contexto, si en el caso, con las actuaciones de la representación social se afectan los derechos de propiedad o posesión, es evidente que el Ministerio Público excede sus facultades, para ordenar el aseguramiento de manera indefinida, pues tal facultad debe estar reservada al juez de control competente, por ello, el Ministerio Público debe estar obligado a solicitar la autorización del aseguramiento a un órgano judicial competente, quien conforme a la legislación aplicable debe resolver de inmediato lo conducente; por lo que al dejarse a voluntad de la autoridad ministerial, el ejercicio legítimo de la actividad investigadora del Estado, queda ilegitimada su actuación en menoscabo de los derechos humanos de la parte quejosa. Sobre el tema -control judicial-, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la acción de inconstitucionalidad 10/2014 y su acumulada 11/2014, en sesión de veintidós de marzo de dos mil dieciocho, determinó la invalidez, entre otros, del artículo 242 del Código Nacional de Procedimientos Penales2 por contravenir derechos humanos al realizarse sin previa autorización de la autoridad judicial, en atención a lo siguiente: 1. Incide de manera directa en los derechos fundamentales de la propiedad y de la posesión, puede incidir también de manera indirecta, en perjuicio de diversos derechos como la salud, la libertad de comercio o de trabajo u otros, al generar una indisponibilidad del bien. 2. Transgrede el principio de presunción de inocencia previsto en el artículo 20 constitucional, pues el aseguramiento se realiza respecto de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, y por el tiempo necesario para integrar la pesquisa; por tanto no se presume la inocencia de la persona sujeta a un aseguramiento de un bien que es de su propiedad, sino que al contrario, se parte de su culpabilidad o contribución a la comisión de un delito, como base para que se le restrinja el uso, disfrute o disponibilidad de ese bien. Lo que en el caso a estudio aconteció, dado que se trata de un aseguramiento a un contenedor de mercancías forestales, del cual la medida tomada vulnera de manera directa los derechos fundamentales de la propiedad o posesión y si tal providencia es la indisponibilidad del bien, resulta evidente que durante el tiempo en que la medida siga vigente, la parte quejosa queda privada de la posibilidad de disponer de ellas. Máxime que, de acuerdo a lo expuesto y acreditado por la parte quejosa, las mercancías forestales que se encuentran en el contenedor, son productos cuyo aprovechamiento es permisible y cuenta con los permisos y autorizaciones que amparan su legal procedencia, es decir, no se trata de bienes de los cuales está 2 Artículo 242. Aseguramiento de bienes o derechos relacionados con operaciones financieras El Ministerio Público o a solicitud de la Policía podrá ordenar la suspensión, o el aseguramiento de cuentas, títulos de crédito y en general cualquier bien o derecho relativos a operaciones que las instituciones financieras establecidas en el país celebren con sus clientes y dará aviso inmediato a la autoridad encargada de la administración de los bienes asegurados y a las autoridades competentes, quienes tomarán las medidas necesarias para evitar que los titulares respectivos realicen cualquier acto contrario al aseguramiento." prohibida su comercialización, y su aseguramiento no vulneraría derecho fundamental alguno; sin embargo, es dable establecer que tiene que existir control judicial para que pueda ser restringido su goce y disfrute. Por ende, se insiste, dicho aseguramiento, al no haber sido autorizado por un juez, vulnera lo previsto en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin que sea procedente atender lo expuesto por el promovente en cuanto a reconocerle el derecho a la indemnización de daños y perjuicios, por la afectación que las autoridades responsables le ocasionaron derivado de los actos reclamados, toda vez que dicho pago en la forma que pretende no está previsto en la Ley de Amparo, por lo que se deja expedito su derecho para que lo haga valer por la vía que corresponda. En las condiciones apuntadas, al resultar esencialmente fundado el concepto de violación aducido, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a la persona moral INDUSTRIA SILVÍCOLA ZONA MAYA, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, para el efecto de que: a) El Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-2 adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, deje insubsistente el acuerdo de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, emitido en la carpeta de investigación FED/FEMDO/UEITMPO-YUC/0000089/2021, en la que decretó el aseguramiento del contenedor número FSCU8577929; y, en su lugar, b) Deberá emitir una nueva resolución, en la que, de acuerdo con los lineamientos señalados en esta sentencia, determine que carece de facultades para ordenar dicho aseguramiento, dada la naturaleza del medio de investigación decretado como providencia precautoria, y los derechos fundamentales afectados con dicho acto de molestia, como lo son la posesión o propiedad, ya que ello debe ser solicitado por la víctima, el ofendido o el Ministerio Público ante el Juez de Control. En el entendido de que dado el tiempo transcurrido, sólo en caso de estar plenamente justificada la práctica de dicha técnica de investigación, con elementos de prueba deberá solicitar la medida al Juez de Control correspondiente de manera inmediata, y de no ser así deberá levantar el aseguramiento con la misma prontitud y poner a disposición de la parte quejosa el contenedor de referencia. c) Por cuanto hace a la ejecución del Administrador de la Aduana de Progreso, Yucatán, en estricto acatamiento de la presente sentencia, deberá dejar insubsistente el resguardo del contenedor, derivado del aseguramiento decretado por el fiscal responsable, al no haberse acreditado vicios propios en su actuar, sino a consecuencia del aseguramiento que se ha declarado inconstitucional. SÉPTIMO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública;. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 77, 124 y demás relativos de la citada Ley de Amparo, se: RESUELVE PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por la persona moral INDUSTRIA SILVÍCOLA ZONA MAYA, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra del acto que reclamó al Fiscal General de la República, con sede en la Ciudad de México; por las razones precisadas en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a la persona moral INDUSTRIA SILVÍCOLA ZONA MAYA, Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en contra de los actos que reclamó al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-2 adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República, con residencia en Mérida, y al Administrador de la Aduana de Progreso, Yucatán; por los motivos señalados en el considerando sexto del presente fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta resolución, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente y regístrese

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