Briceida Parra Gastélum
Expediente 1399/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1399/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Briceida Parra Gastélum
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el auto emitido el diecisiete de enero de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, sin que hayan interpuesto recurso alguno contra el mismo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
En virtud de no haberse presentado los tercero interesados MOTORSPORT SANALONA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARAIBLE, DANIELA MEZA QUINTERO Y HUGO SOUZA MONTOYA, a notificarse personalmente del auto de diecisiete de enero del dos mil veintidós, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se le dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto en lo conducente dice: Agréguese a los presentes autos con vista a las partes, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, el oficio de cuenta y anexo, signado por los integrantes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. Ahora, es menester precisar que el acto reclamado en la presente contienda constitucional es la omisión de dictar laudo en el juicio laboral 8-1435/2020 de la Junta responsable; sin embargo, de la documental que se adjuntó al informe justificado, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas al citado expediente, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, por tanto, procede sobreseer fuera de audiencia el presente juicio. Al respecto, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que, sí durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61de la Ley de la Materia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional, siempre y cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse. Con relación a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J.10/2013, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En el caso, la causa de improcedencia que se actualiza es notoria, manifiesta e indudable, ya que, como se dijo, han cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Acerca de la cesación de efectos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos criterios como los que se citan enseguida: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Los anteriores criterios determinan que la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. De acuerdo a lo anterior, la interpretación del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, permite concluir que la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Ahora, la parte quejosa reclama que la Junta responsable ha sido omisa en dictar laudo en el juicio laboral 8-1435/2020. Por su parte, se tiene que los integrantes de la Junta responsable remitieron algunas de las constancias que integran el expediente de origen de las que se advierte, que de manera posterior a la fecha de presentación de la demanda (cuatro de noviembre de dos mil veintiuno), la autoridad del conocimiento emitió el laudo correspondiente el catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Lo expuesto revela que los efectos dilatorios del acto reclamado han cesado, esto es, han quedado destruidos en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia en estudio (61, fracción XXI de la Ley de Amparo), como se adelantó, PROCEDE SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA RESPECTO DEL ACTO RECLAMADO, en términos del numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Se cita en la idea jurídica sustancial la Jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". SE DEJA SIN EFECTO AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Atento a lo anterior, se deja sin efecto el señalamiento de la audiencia constitucional para las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, no ha rendido su informe justificado, no obstante que ya feneció el plazo de quince días, que se le concedió en proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, atento que quedó notificado del mismo el diecinueve siguiente, por lo que dicho término le transcurrió del veintidós sucesivo al diez de diciembre de esa anualidad, sin contar los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de noviembre del año próximo pasado, así como el cuatro y cinco de diciembre de dos mil veintiuno, por haber sido inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. En consecuencia, atendiendo que este órgano de control constitucional estima necesario contar con las constancias relativas al acto reclamado para estar en aptitud de emitir la resolución constitucional correspondiente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que quede notificada del presente proveído, remita las constancias relativas a los actos reclamados. APERCIBIDA que en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización vigentes, de conformidad con los artículos 237 y 259, de la Ley de la Materia. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que, según certificación que antecede, se encuentra programada para esta fecha, y se señalan las DOCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19.
- Principal
Agréguese a los autos el alegato signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, los cuales, de ser el caso, serán considerados al resolver el presente juicio, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Finalmente, respecto a las copias que solicita, ha de decirse que tiene expedito su derecho para solicitarlas una vez que se emita la resolución que refiere.
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