Bricehidy Gamez Aguirre

Expediente 164/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
164/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2018

Partes del expediente

  • Bricehidy Gamez Aguirre

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos y advirtiéndose de la razón de cuenta que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido el auto de fecha de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, en el que se desechó la demanda de garantías que promovió; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.

  2. Principal

    Con fundamento en los artículos 27, Fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como esta ordenado en el auto de seis de marzo de dos mil dieciocho, se notifica a la quejosa Bricehidy Gámez Aguirre, en representación del menor D.G.G., los autos de veintiséis de febrero y seis de marzo de dos mil dieciocho, por lista de acuerdos con efectos de notificación personal, cuya síntesis dice: EL PRIMERO- Visto, agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jueza Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con residencia en Ciudad Madero, Tamaulipas, con el que remite por incompetencia la demanda de amparo promovida por BRICEHIDY GÁMEZ AGUIRRE, EN REPRESENTACIÓN DE MENOR D.G.G., contra actos de dicho Juzgado y otras autoridades. Acúsese recibo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número 164/2018-B. PERSONALIDAD Con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, la personalidad jurídica de BRICEHIDY GÁMEZ AGUIRRE, EN REPRESENTACIÓN DEL MENOR D.G.G, para efectos de este juicio se tiene por acreditada al tenor de la copia del acta de nacimiento 1301, expedida en Ciudad Madero, Tamaulipas, el veintidós de junio de dos mil diez, por el Oficial del Registro Civil de Ciudad Madero, Tamaulipas. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo se procede a examinar la demanda de amparo, para verificar si en el caso a estudio existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Del análisis integral de la demanda de garantías, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del numeral transcrito se observa, que el desechamiento de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que ese motivo sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable, consiste en tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En esas condiciones, debe decirse que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;." En la hipótesis señalada se prevé la improcedencia del juicio de amparo, contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, lo cual tiene por objeto evitar que exista un medio de control constitucional sobre otro, pues en el trámite del juicio de amparo, las resoluciones deben ser combatidas a través de los medios legales que la propia ley prevé. Así, de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: ? Los acuerdos de uno y dos de febrero de dos mil dieciocho dictados en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1145/2017-II-B del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, a través de los cuales se requiere a la abuela del menor D.G.G. (quien tiene la custodia provisional del infante), para que lo presente en el lugar y fechas señalados en el auto dictado el siete de febrero de dos mil dieciocho, a fin de que se lleve a cabo la valoración psicológica del citado infante. De lo anterior, se desprende que el motivo de reclamo de la promovente del amparo deriva de diversos acuerdos emitidos en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1145/2017-II-B del índice del Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas. Ello es así, pues del contexto integral de la demanda de amparo se observa que el motivo del reclamo se hace consistir en el acuerdo de siete de febrero de dos mil dieciocho dictado en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1145/2017-II-B, la Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Ciudad Madero, Tamaulipas, en el que se requirió a MARÍA FELIPA AGUIRRE ÁVALOS para que presente al menor D.G.G. los días veintidós, veintitrés y veinticuatro de febrero de dos mil dieciocho, en el consultorio de la perito en materia de psicología, licenciada Indira Medina Leal, a fin de que se lleve a cabo la valoración psicológica del citado infante. Ahora, debe establecerse que la causal de improcedencia que se invoca en el presente asunto no solo alude al fallo definitivo que en el juicio constitucional respectivo se pronuncie, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de amparo y en el incidente de suspensión, esto es, lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias, las cuales son inatacables mediante la acción constitucional; igual debe interpretarse respecto de omisiones que sobrevengan en su tramitación, pues las mismas no son autónomas sino vinculadas directamente al trámite del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis IV.1o.7 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el número de registro 196832, que dice: "IMPROCEDENCIA. LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO, SE REFIERE A QUE CUALQUIER RESOLUCIÓN DE TRÁMITE O DEFINITIVA, DICTADA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS, ES INATACABLE MEDIANTE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Si en un juicio de amparo el acto reclamado lo constituye la admisión, tramitación, resolución y demás consecuencias emanadas de un juicio de garantías, la instancia resulta improcedente a la luz del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, puesto que dicha causa no sólo alude al fallo definitivo que en el juicio respectivo se pronuncie, como inatacable en la vía constitucional, sino también a toda resolución dictada en el citado juicio de garantías, inmersa en él, ya sea el auto admisorio de demanda o cualquier otro auto de tramitación, dado que no dejan de ser simples resoluciones. Es decir, la prohibición de ejercitarse o deducirse la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los juicios de garantías, no se encuentra restringida o limitada a ser precisamente el fallo como resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también significa que cualquier resolución de trámite o definitiva es inatacable mediante el juicio constitucional." De igual forma, resulta aplicable la jurisprudencia XX. J/2, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el número de registro 205151, que a la letra señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PREVISTA POR LA FRACCIÓN II DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. SI SE IMPUGNAN EN UN JUICIO DE AMPARO ACTOS DE AUTORIDAD SURGIDOS EN CUMPLIMIENTO DE UNA RESOLUCIÓN DICTADA EN OTRO JUICIO DE GARANTÍAS. SURGE LA. Si se impugnan a través del juicio de amparo, actos de autoridad que surgieron en cumplimiento de una resolución dictada dentro de diverso juicio constitucional surge la causal de improcedencia prevista por la fracción II, del artículo 73, de la Ley de Amparo." Por tanto, si la aquí quejosa en su demanda de amparo reclama la emisión de diversas resoluciones pronunciadas por la Juez Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Madero, en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1145/2017-II-B, así como el cumplimiento que a dichas determinaciones jurisdiccionales se les dé, resulta inconcuso que se está en la hipótesis del artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, en virtud de que lo acaecido en un juicio de control constitucional, trátese de actos u omisiones, no son sujetos de control constitucional a través de diverso juicio de amparo como lo pretende la quejosa, sino que, en todo caso, esos actos deben ser impugnados de conformidad con los medios de defensa que prevé la propia Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis III.1o.C.9 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta con el número de registro 201075, del tenor literal siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS QUE DERIVEN DEL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Del contenido de los artículos 103 y 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 53 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se infiere que a los Jueces de Distrito en Materia Civil se les han atribuido dos funciones; una de control constitucional y otra contenciosa jurisdiccional. La primera coloca al juzgador en una relación política con los demás poderes federales o locales, en la que se erige como protector y conservador del régimen constitucional frente a los actos de éstos, que sean transgresores de las garantías individuales de los gobernados; en cambio, la segunda, o sea, la función jurisdiccional propiamente dicha, se despliega mediante el conocimiento y resolución de los asuntos contenciosos que se le planteen dentro del ámbito de su competencia, sin que tenga como objeto primordial la salvaguarda del orden constitucional. Ahora bien, por disposición expresa del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente contra actos que deriven del ejercicio de la función de control constitucional que ejerza el Juez de Distrito; evento en el cual, sólo podrán ser impugnados a través de los medios de defensa que prevé la ley de la materia. De tal suerte que la competencia que el artículo 42 de este último ordenamiento atribuye a un Juez de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, en que se reclamen actos de otro de similar categoría, obviamente presupone que éstos se suscitaron a virtud del ejercicio de la función meramente judicial, o sea, dentro de un procedimiento o controversia de carácter federal, no en el juicio de garantías; de ahí que sólo en esa clase de asuntos es factible que el Juez de Distrito pudiese incurrir en alguna transgresión de las garantías individuales y, por ende, únicamente en relación a ellos será procedente el amparo." Bajo ese tenor, al estar demostrada la hipótesis de improcedencia del juicio constitucional prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el numeral 113 de la citada legislación, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por BRICEHIDY GÁMEZ AGUIRRE, EN REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO D.G.G. Finalmente, resta decir que la determinación aquí adoptada en modo alguno implica transgresión al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que todas las autoridades tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es Parte, ya que este derecho no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tienen a su alcance. Luego, por más posibles infracciones que atribuya la parte quejosa a los actos combatidos, si éstos se ubican en alguna de las causas de improcedencia que precisa el numeral 61 de la Ley de Amparo, como en el caso acontece, debe declararse improcedente el juicio de amparo. De igual forma, esta determinación no conculca el derecho fundamental de acceso efectivo a la jurisdicción contenido en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Federal, en razón de que, el principio de tutela judicial efectiva, no entraña un derecho ilimitado, sino que su ejercicio está constreñido al cumplimiento de determinados requisitos; así, tratándose del juicio de amparo, debe verificarse que resulte procedente contra los actos reclamados, para poder estudiar los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa o, de lo contrario, deberá estimarse improcedente el juicio, al existir una justificación jurídica que impida analizar los planteamientos de fondo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. XLIX/2017 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 24 de marzo de 2017, y consultable con el número de registro 2014019, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda, en el entendido que de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la promovente o a sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos, lo anterior con fundamento en el artículo 27 fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. Téngase como sus autorizados a ENRIQUE PUMAREJO ROSAS, MIRIAM YULIANA TORRES REYES, MA. DE LOS ANGELES OLVERA MARIÑO y DIANA JACKELINE AVILA TREJO, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así solicitarlo expresamente la promovente. En otro orden, se autoriza a la parte quejosa y a sus autorizados a imponerse de los autos que integran el expediente en que se actúa, por medio de cámaras, grabadoras, dispositivos ópticos y teléfonos celulares; en consecuencia, como lo solicita y con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase al promovente y a su autorizada imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras, dispositivos ópticos y teléfonos celulares, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. Así, la circunstancia de que se permita a la parte quejosa y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que la promovente o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente asunto. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de garantías. Conforme a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. En otro orden, hágase del conocimiento a las partes que el presente expediente queda supeditado a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este asunto, se sujetarán a lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y VII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación antes indicada, además de que dichos datos serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación general citada, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita los lineamientos sobre protección de datos a que se refiere el artículo Séptimo Transitorio de la ley general indicada. EL SEGUNDO- Vista la razón actuarial de dos de marzo del año en curso, recibida el cinco de los indicados mes y año, de la que se advierte que no fue posible notificar a la parte quejosa, el proveído de veintiséis de febrero del presente año, por los motivos que en la misma se indican; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el proveído de mérito, y las subsecuentes actuaciones que se generen en el expediente en que se actúa, por lista de acuerdos en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones.

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se agrega a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las actuaciones encaminadas a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y solicita una prórroga para concretarla. Al respecto, considerando los efectos del fallo protector definidos por la Superioridad al resolver el amparo en revisión; con fundamento en los artículos 192, último párrafo, 193, párrafo tercero, y 197 de la Ley de Amparo, se concede a la Junta Especial Treinta y Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, por conducto de su Presidente, una única prórroga de diez días hábiles, contados a partir de que se notifique de este auto, a fin de que acaten los lineamientos restantes precisados en la ejecutoria de amparo.

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