Brianda Maricela González Osuna

Expediente 2726/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 9 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
2726/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
18/12/2020

Partes del expediente

  • Brianda Maricela González Osuna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECIOCHO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación a la vista otorgada mediante proveído de cuatro de agosto del año en curso; en consecuencia, toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el Secretario de este Juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y la Jurisprudencia cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y registrada con el número 26/2000; este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: Así pues, mediante resolución emitida el treinta de enero actual, se determinó, por una parte, sobreseer en el juicio, por otra parte, negar el amparo solicitado y, finalmente conceder la protección de la Justicia de la Unión, en los términos siguientes: ". En esa tesitura, se concede la protección de la Justicia de la Unión solicitada para los efectos de que: 1. Los artículos 22, fracción I, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, el costo por inscripción de documentos, así como los impuestos adicionales calculados en función del primero, consistente en fomento a la educación, la asistencia social y a la Universidad Autónoma de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica de la amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, en el ámbito de sus competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente que exceda de la aplicación de $290.00 pesos, por pago de concepto de inscripción de documento público, realizado con sustento el artículo 22, fracción I, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional. Remanente que debe calcularse en función de las erogaciones realizadas por la parte quejosa por dicho concepto, acreditadas mediante las impresiones de los formatos de pago expedidos por la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit. 3. De igual manera, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, no realice el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida, calculados en función del monto pagado por inscripción de documento público; en consecuencia, deberá hacer la devolución de las erogaciones que realizó la parte quejosa por los impuestos referidos en relación a los pagos que efectuó la parte quejosa, sólo respecto de lo que erogó por los conceptos de inscripción de documento público o privado. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $290.00 pesos, sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece las fracción I, del artículo 22 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar al contribuyente de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto." De lo anterior se colige que el acto que debían realizar las autoridades responsables para cumplir con dicho fallo protector, son los siguientes: A). Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 22, fracción I de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil diecinueve, en relación con los preceptos 11, 12 y 13 de la citada ley; asimismo, para que fueran desincorporados de su esfera jurídica. B). Devolverle a la parte quejosa las contribuciones que erogó con fundamento en las disposiciones anteriores, con motivo de la inscripción de instrumento público número veinte mil doscientos cincuenta y dos, respecto de la cantidad de $7,394.51 (siete mil trescientos noventa y cuatro pesos 51/100 moneda nacional) la cual debía ser actualizada. Luego, a través del oficio y anexo presentado por la autoridad responsable, a través del Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, se informó a este Juzgado Federal la forma en que dicha autoridad dio cumplimiento al fallo protector y para tal efecto, en el comunicado de mérito, adjuntó copia de recibido del cheque número 0001894 (mil ochocientos noventa y cuatro), expedido por la Institución Bancaria Santander, Sociedad Anónima, a nombre de la parte quejosa Brianda Maricela González Osuna, mismo que fue recibido por ésta el trece de marzo de dos mil veinte y del que se advierte que le devolvió la cantidad de $6,980.33 (seis mil novecientos ochenta pesos 33/100 moneda nacional), que pagó en su momento por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad de $7,394.51 (siete mil trescientos noventa y cuatro pesos 51/100 moneda nacional), menos la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima por concepto de inscripción de documento público o privado, así como $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional, por la cual se negó el amparo solicitado, da como resultado $6,824.51 (seis mil ochocientos veinticuatro pesos 51/100 moneda nacional), cantidad ésta sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cuatro de noviembre de dos mil diecinueve y el trece de marzo de la presente anualidad, se efectuó la devolución mediante cheque a la parte quejosa; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de noviembre de dos mil diecinueve a marzo de dos mil veinte; Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de octubre de dos mil diecinueve entre el índice para el mes de febrero de presente anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de octubre de dos mil diecinueve fue de 104.503; y para el mes de febrero actual de 106.889. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.02283. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad de $6,824.51 (seis mil ochocientos veinticuatro pesos 51/100 moneda nacional), que resultó de restarle la cantidad de $290.00 (doscientos noventa pesos 00/100 moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima por concepto de inscripción de documento público o privado y la diversa de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $6,970.08 (seis mil novecientos setenta pesos 08/100 moneda nacional); luego, al restar a la cantidad de previa mención, a la diversa que resultó del pago correspondiente de $6,824.51 (seis mil ochocientos veinticuatro pesos 51/100 moneda nacional), se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $145.57 (ciento cuarenta y cinco pesos 57/100 moneda nacional). Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que devolvió a la quejosa la cantidad $6,980.33 (seis mil novecientos ochenta pesos 33/100 moneda nacional), por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización y, si bien, al peticionario se le hizo entrega de una cantidad excedente de $10.25 (diez pesos 25/100 moneda nacional), ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de mas, en los términos que la leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido al aludido agraviado en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Por otro lado, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto, en relación con el diverso 214, de ese cuerpo normativo, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido, sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en cuyo artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción I, inciso b), del citado precepto, pues en el presente juicio se sobreseyó, negó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido y dentro de los noventa días siguientes, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con los párrafos segundo tercero del ordinal 18 aludido. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el comunicado de cuenta presentado por el delegado de las autoridades responsables Tesorero Municipal y Jefe de Catastro Municipal, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, a través del cual informan haber cumplido con la ejecutoria de amparo concedida en autos, en razón de que nulificaron el adeudo por concepto del cobro del impuesto predial para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, respecto de la cuenta predial U044733, con clave catastral 20-046-01-003-017-000; y, al efecto, remiten la constancia de no adeudo correspondiente. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con los oficios y documentales en cuestión, a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio constitucional, se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Fernando García Inda Estrada, respecto del acto que reclamó a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por las razones precisadas en el considerando tercero de la presente sentencia. Notifíquese y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, mediante el cual informa haber dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada a efecto de que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con dicho cumplimiento, apercibidas que de no hacer manifestaciones dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de amparo, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa y por oficio a la tercera interesada.

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