Brianda Kristel Hernandez Topete

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
26/07/2023

Partes del expediente

  • Brianda Kristel Hernandez Topete

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 763/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución interlocutoria de veinte de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Tribunal Electoral de Veracruz, con residencia en Xalapa; con la cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su archivo junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiséis de julio de dos mil veintitrés****************************************En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida el treinta de junio de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto promovido por ******************** por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes****************************************Háganse las anotaciones respectivas en el libro de control electrónico correspondiente; captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido****************************************Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita******************** ********************En cuanto a los autos del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la suspensión definitiva respecto de todos los actos reclamados, como se advierte de la resolución interlocutoria de veinte de febrero de dos mil veintitrés, con fundamento en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental****************************************Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General****************************************Finalmente, el suscrito estima innecesario que continúen las constancias remitidas por la autoridad responsable 1******************** Tribunal Electoral de Veracruz, con residencia en Xalapa; con la cuales se ordenó formar un tomo de pruebas, en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, para los efectos legales a que haya lugar****************************************Notifíquese en términos de ley********************

  3. Principal

    se notifica la sentencia por lista a los terceros interesados: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 763/2022, promovido por BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y turnado a este juzgado el mismo día, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-16). SEGUNDO. Desecha. Por auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó desechar de plano la demanda de amparo, al considerar que respecto de los actos reclamados no procedía el juicio de amparo en la vía indirecta, en virtud de que el acto reclamado se trata de una determinación emitida por una autoridad competente en materia electoral (fojas 27-31). Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja (fojas 35-44) y mediante ejecutoria emitida dentro de la queja número 754/2022 en sesión ordinaria virtual de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, declaró fundado el recurso (fojas 53-66). TERCERO. Trámite. En acatamiento a lo ordenado a través de la ejecutoria descrita en el párrafo que antecede, mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional (fojas 67-70). El tres de abril del año en curso, se acordó emplazar al presente juicio a la parte tercera interesada (por medio de exhorto que al efecto se giró) conformada por: NOMBRE CARGO 1. Miguel González Ambrosio Subagente Municipal de la localidad Potrero 2. Jaime Coto Tome Subagente Municipal de la localidad Popocatépetl 3. Lauro Málaga Igno Subagente Municipal de la localidad Xiguipilincan 4. Juan Carvallo Serrano Subagente Municipal de la localidad Florida 5. Israel Valencia Cruz Agente Municipal de la localidad Francisco I. Madero 6. María del Rosario Coatzozon Coto Subagente Municipal de la localidad El Pretil 7. Rodolfo Carvallo Bernal Agente Municipal de la localidad Rincón de Sosa 8. Alberto Campechano Gapi Agente Municipal de la localidad Ojo de Agua 9. Margarita Tome Merlín Agente Municipal de la localidad de Omeapan 10. Alberto Coazozon Chaga Subagente Municipal de la localidad El Palmar 11. Catalina Coto Zapo Agente Municipal de la localidad de Tlapacoyan 12. Sabina Carvajal Canela Subagente Municipal de la localidad La Nueva Esperanza 13. Joel Coto Sosa Agente Municipal de la localidad Pixixiapan 14. Policarpio Sandoval Carvajal Agente Municipal de la localidad Sinapan 15. Adán Lázaro Martínez Subagente Municipal de la localidad Guinda 16. Gerónimo Xolot Xolo Subagente Municipal de la localidad El Mirador 17. Marcelo Tome Pio Subagente Municipal de la localidad La Mechuda 18. Emilio Alvarado Montan Subagente Municipal de la localidad Matazan 19. Victoria Geresano Xalate Subagente Municipal de la localidad Vigía Corona Lo anterior, por conducto de Jorge Martínez Guzmán, al ser autorizado de la parte actora (aquí terceros interesados) en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021 de la estadística del tribunal responsable (fojas 126-128). Devuelto diligenciado el exhorto, mediante acuerdo de veinte de abril de la presente anualidad, se tuvo por legalmente emplazados a los aludidos terceros interesados (foja 134). Una vez agregado en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 77-82 y el último recibido vía electrónica) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 136-137). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la falta de motivación y fundamentación en la emisión del acto reclamado, lo que transgrede lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución de los actos reclamados tienen lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Así, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los mismos consisten en: a) De la autoridad ordenadora 1. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa: El auto de seis de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021 de la estadística del Tribunal Electoral responsable, por medio del cual le fue impuesta multa de veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional). El oficio 4444/2022 de seis de julio de dos mil veintidós, girado en autos del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021 de la estadística del Tribunal Electoral responsable, a través del cual se ordena a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado de Veracruz, hacer efectiva la multa descrita en el párrafo que antecede. Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador que, la parte quejosa reclamó a esta autoridad, el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós emitido dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021, por medio del cual se le hizo efectiva la multa a la que fue conminado. Sin embargo, del análisis total de la demanda de amparo y de sus anexos, se advierte que de lo que se duele la quejosa, es precisamente el auto de seis de julio de la anualidad pasada emitido en autos del juicio natural, por el que se le impuso la citada multa. b) De la autoridad ejecutora 2. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en San Andrés Tuxtla, Veracruz: El acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se decreta el requerimiento de multa de veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional) que le fue impuesta al quejoso. El acta de notificación de once de agosto de dos mil veintidós, por medio de la que se le notifica al directo quejoso la multa que le fue impuesta dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021 de la estadística del Tribunal Electoral responsable. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y al 2. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en virtud de que al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 85-92 y el último recibido vía electrónica). Lo que se corrobora, con las constancias con que acompañaron sus informes justificados, las cuales tienen valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Improcedencia. Se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente. En primer término, debe mencionarse que si bien es cierto que la quejosa BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE manifiesta promover el presente juicio por propio derecho y en representación del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, en su carácter de Presidenta Municipal; sin embargo, a criterio del suscrito, se aprecia que se trata simplemente de la redacción de su demanda de amparo. Máxime que, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que los actos aquí reclamados no fueron emitidos en contra del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, como entidad del Estado; esto es, dicha entidad oficial no resiente una afectación directa en su esfera jurídica de derechos. Por lo que es evidente, que BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE acude en esta instancia por propio y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. Precisado lo anterior, en el caso, a criterio de este juzgador, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, en relación con los diversos artículos 103, y 107, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados fueron emitidos dentro de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es decir, actos emitidos por una autoridad competente en materia electoral, lo cual impide el análisis de los actos reclamados, por las razones y motivos que a continuación se exponen. MARCO LEGAL El aludido artículo y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (...)" "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y Fracción reformada DOF 29-01-2016 III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)." Lo subrayado es propio. Por su parte, el artículo 66, apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz, establece: "Artículo 66. La función electoral en el Estado se regirá por las disposiciones siguientes: (.) APARTADO B. Para garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de legalidad, se establecerá un sistema de medios de impugnación de los cuales conocerán, en los términos que señale la ley, el organismo a que alude el apartado inmediato anterior y el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal, tendrá a su cargo la resolución de las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales. (.)" Lo subrayado es propio de la sentencia. Ahora, respecto al Código Electoral para el Estado de Veracruz (Código número 577) en sus artículos 354, 401, 402 y 404 se establece: "Artículo 354. El Tribunal Electoral del Estado será competente para conocer de los recursos de apelación, inconformidad y juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. El Tribunal Electoral deberá contar con una página electrónica mediante la cual se publiciten los medios de impugnación recibidos y las sentencias recaídas a los mismos." "Artículo 401. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sólo procederá cuando el promovente, por sí mismo y en forma individual: I. Haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; II. Impugne actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía; III. Impugne actos o resoluciones relacionados con la elección, designación, acceso al cargo o permanencia de dirigencias de órganos estatales de los partidos políticos; o IV. Impugne actos o resoluciones que violenten su derecho para integrar las autoridades electorales y de participación ciudadana en la entidad. En el caso de la impugnación de la negativa de registro o acreditación como partido o registro como asociación política, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima de la organización política agraviada." "Artículo 402. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: I. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular; II. Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido o asociación política; III. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites exigidos, no hubiere obtenido su acreditación como observador electoral para el proceso correspondiente; IV. Por motivos de inelegibilidad, la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarle la constancia de mayoría o de asignación; V. Cuando considere que el partido violó sus derechos político-electorales de participar en el proceso interno de selección de candidatos o de ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, por trasgresión a las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de coalición; o VI. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior. Los actos o resoluciones que violen el derecho político-electoral de votar de los ciudadanos, tratándose de la exclusión de la lista nominal de electores o la expedición de la credencial para votar, sólo se impugnará a través del medio de impugnación correspondiente previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto." "Artículo 404. Es competente para resolver el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano el Tribunal Electoral del Estado. La sentencia que recaiga a los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano deberá ser emitida a más tardar en quince días naturales, contados a partir de su recepción. Las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano serán definitivas e inatacables y podrán confirmar el acto o resolución impugnado; o revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir al promovente en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado. (.)" Lo subrayado es propio. De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales reproducidos, se advierte que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se produzca, con excepción de aquellas en materia electoral. Por otra parte, el artículo 61, de la Ley de Amparo, determina las causales de improcedencia que hacen improcedente el juicio de amparo. Como se advierte de la citada fracción XV de la Ley de Amparo, conforme con el orden constitucional, la naturaleza y objeto del juicio constitucional, se determina la improcedencia de éste, cuando se reclamen resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, lo cual abarca a los actos que se emitan para hacer efectivas sus determinaciones, ya que por esa circunstancia gozan de la misma naturaleza electoral. Por su parte, el artículo 66, apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que el Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, que tendrá a su cargo la resolución de las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades locales electorales. Asimismo, de la lectura de los diversos numerales transcritos del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se advierte que el Tribunal Electoral del Estado será el competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. También, se aprecia que el juicio para la protección de los derechos político-electorales procederá cuando la parte promovente impugne actos que afecten su derecho a ocupar y desempeñar un cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía y/o violenten su derecho para integrar las autoridades electorales. De igual forma, se observa que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente para resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; así como que las sentencias que se emitan en los juicios de esta naturaleza serán definitivas e inatacables. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Previo a justificar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen del estudio de las constancias remitidas por el tribunal responsable, y con las que se formó un cuaderno de pruebas: 1). Mediante escrito de demanda de nueve de agosto de dos mil veintiuno, los aquí terceros interesados interpusieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, contra la omisión de pagar sus salarios o remuneración económica a que tienen derecho por el cargo de elección popular que desempeñan como agentes y subagentes municipales (fojas 1-4 del tomo de pruebas). 2) Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de Veracruz radicó el expediente TEV-JDC-5272021; turnó el expediente a la ponencia correspondiente, a fin de que el magistrado emitiera el acuerdo de recepción y admisión; y, requirió a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, a fin de que rindieran su informe como responsable (foja 50). 3). Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el magistrado ponente, que por razón de turno conoció de dicho asunto, radicó y previno a los promoventes; tuvo como autoridad responsable al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz; y, lo requirió a fin de que rindieran diversa información (fojas 58-59). 4). Por escrito de tres de octubre de dos mil veintiuno, el Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, por conducto de su Síndica Única y representante legal, rindió el informe solicitado por el tribunal responsable (fojas 70-77). 5). Mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable tuvo por no ratificados los escritos de los promoventes; admitió el juicio para la protección de los derecho político-electorales de origen; tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes; y cerró el periodo de instrucción (foja 140). 6). El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable emitió la sentencia correspondiente, en la que declaró fundada la omisión reclamada al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, a fin de otorgarles a los actores el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, así como una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales; asimismo, ordenó al Ayuntamiento condenado, el cumplimiento efectivo a la referida sentencia (fojas 143-166). 7). Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, el cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen TEV-JDC-5272021 (fojas 184-185). 8). En auto de tres de junio de dos mil veintidós emitido dentro del juicio de origen el tribunal responsable, requirió nuevamente al ayuntamiento responsable el cumplimiento de la sentencia (foja 638). 9). Por escrito recibido el diez de junio de la anualidad pasada, el ayuntamiento responsable informó las gestiones atinentes a dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de génesis (fojas 648-650). 10). Ante el incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen TEV-JDC-5272021, por parte del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, en proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento y se impuso, a cada uno de los integrantes de dicho ayuntamiento, una multa correspondiente a veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional) y se ordenó girar el oficio 4444/2022 al titular de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz a fin de hacer efectiva dicha medida de apremio (fojas 660-662 y 670) ambas determinaciones constituyen los actos reclamados. 11). Mediante oficio OHE/1104/2022 de quince de agosto de dos mil veintidós, el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, informó al tribunal responsable que por acuerdo de trece de julio de ese año, decretó el requerimiento de multa que se impuso al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz (fojas 690-693) y por acta de notificación de once de agosto siguiente, se notificó a la aquí quejosa BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz la multa que le fue impuesta con motivo del incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen (fojas 694-698) estas dos determinaciones forman parte de los actos reclamados. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, se advierte que la quejosa BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, reclama en esta instancia 1) el proveído de seis de julio de dos mil veintidós emitido en autos del juicio natural TEV-JDC-5272021, en el que se hizo efectivo el apercibimiento a que fue conminado y se le impuso una multa correspondiente a veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional) así como el 2) oficio 4444/2022 dirigido al titular de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz a fin de hacer efectiva dicha medida de apremio. De igual forma, reclama 3) el acuerdo de trece de julio de ese año, en el que el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz decretó el requerimiento de multa que se impuso al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, así como 4) el acta de notificación de once de agosto siguiente, se notificó a la aquí quejosa la multa que le fue impuesta con motivo del incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen. Como se advierte de la citada fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza y objeto del juicio constitucional, determina la improcedencia de éste, cuando se reclamen resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, lo cual abarca a los actos que se emitan para hacer efectivas sus determinaciones, ya que por esa circunstancia gozan de la misma naturaleza electoral. Por su parte, el artículo 66, apartado B de la Constitución Política del Estado, establece que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz será el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que tendrá a su cargo la resolución de las controversias de naturaleza electoral, esto es, las que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades locales electorales. Asimismo, el Código Electoral para el Estado de Veracruz establece que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y que dicho juicio procede cuando la parte promovente impugne actos que afecten su derecho a ocupar y desempeñar un cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía y/o violenten su derecho para integrar las autoridades electorales. En ese contexto, del informe rendido por el tribunal responsable, así como de las constancias que remitió como justificación de sus actos (con las que se formó un tomo de pruebas) se advierte que los actos reclamados derivan del incumplimiento de la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano TEV-JDC-5272021 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de otorgar a los agentes y subagentes municipales (parte actora) una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones pertenecientes al Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, correspondiente el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Por tanto, es evidente que el procedimiento de origen deriva de la omisión y presupuestación para otorgar a los actores (aquí terceros interesados) el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, refiriéndose a las remuneraciones por virtud de su desempeño en el cargo de elección popular de agentes auxiliares o municipales, lo que significa que sus funciones están determinadas por disposiciones de orden electoral y sus percepciones representan un derecho del mismo entorno, esto es, de orden político electoral. Por tal motivo, si los actos combatidos derivan de una resolución emitida por una autoridad competente en materia electoral, como lo es el Tribunal Electoral para el Estado de Veracruz, y se relaciona con derechos políticos electorales defendibles a través del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, entonces el presente juicio de amparo de amparo resulta improcedente. En efecto, en materia electoral se prevé un particular y exclusivo sistema de medios de defensa que permite a los ciudadanos hacer valer sus derechos, a través de la jurisdicción especializada en materia electoral ante la cual pueden, inclusive, plantear las cuestiones de constitucionalidad que estimen pertinentes, lo que puede tener por efecto incluso la no aplicación de una norma al caso concreto, y que incluye cualquier análisis relativo a los derechos por estar estos contenidos en la Constitución Mexicana. Ahora bien, como se expuso, se advierte que la quejosa no solo pretende controvertir en esta instancia el requerimiento de pago y notificación de la multa que se le impuso en razón del incumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen, sino que también señaló como acto reclamado el auto de seis de julio de dos mil veintidós, por el que el tribunal electoral impuso a la Presidenta Municipal, Síndico Único, Regidora Primera, Regidor Segundo, Regidor Tercero, Regidora Cuarta, Regidor Quinto y titular de la Tesorería todos del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, la referida multa correspondiente a veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional). Máxime que el requerimiento de pago y la multa que le fue impuesta, es consecuencia directa de una determinación emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, al haber incumplido con la ejecución de la sentencia emitida dentro de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los aquí terceros interesados. Lo anterior, queda evidenciado pues la pretensión de la quejosa es esencialmente controvertir un acto de una autoridad competente en materia electoral, lo que se corrobora con el apartado de los conceptos de violación de su demanda de amparo, en los que expresó lo siguiente: "La multa Impugnada es violatoria del artículo 22 constitucional, al cual prohíbe la multa excesiva, para lo cual se requiere que se tomen en cuenta las condiciones individuales del Infractor en concordancia con el hecho que la motiva, cosa tampoco (sic) tomó en consideración la autoridad responsable al momento de imponer la sanción combatida. Del mismo modo, no se tomó en consideración que no se tomó en cuenta que este H. Ayuntamiento ha dado efectivo cumplimiento en medida de sus posibilidades a lo ordenado en la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, así como lo resuelto en el último incidente de fecha veinticinco de mayo del año en curso del expediente de Juicio para la Protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano TEV-JDC-524/2021. Por lo que hace a la definición gramatical del término excesivo, conlleva la idea de algo que puede ser comparado entre sí, y solamente se puede ir más adelante de lo debido, lo lícito o razonable, cuando existe algo que es debido, licito o razonable y en el caso que nos ocupa no es razonable pues resulta infundada al no satisfacer los extremos establecidos en los artículos 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo de nuestra Carta Magna, 374 fracción Ill del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues en ningún momento incumplimos los requerimientos que nos hizo la responsable ordenadora. Es en ese sentido que se considera que el acto combatido es violatorio del 22 constitucional, pues impone la sanción combatida, sin que se establezca la individualización del monto de la sanción al caso concreto, pues a! no caer en incumplimiento de nuestra parte ante la responsable no se surten los extremos contemplados por el artículo 374, fracción III, el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la que funda la multa impuesta, por lo que de la lectura del artículo 374 fracción !I! del Código Electoral, que establece multa, se aprecia que para establecerla el artículo marca un parámetro máximo de cien veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado, lo cual permite a la autoridad fijar la sanción con base a la gravedad del hecho y la condición económica del sujeto, es en base en estos lineamientos que una multa impuesta por una autoridad no sea excesiva, al contrario sucede con la multa que se impugna dado que es la misma autoridad quien pasa por alto los lineamientos antes dichos, dado que de manera arbitraria impone una multa sin tomar en cuenta lo establecido por la jurisprudencia en base a que para imponer una sanción consistente en pena pecuniaria se debe considerar ante todo la condición económica del sujeto." De lo antes transcrito se advierte que, lo que pretendió evidenciar la quejosa es la inconstitucionalidad del artículo 374, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz, ya que precisamente la sanción derivó del incumplimiento por parte del ayuntamiento a los lineamientos de presupuestación a las funciones de los agentes municipales en materia político electoral. En ese contexto, es claro que los actos reclamados encuadran en la materia electoral, pues se vinculan directamente con la ejecución de una sentencia en donde se reconoció el derecho de determinados agentes municipales a recibir el pago de los emolumentos derivados del ejercicio de su encargo y condenó al ayuntamiento a cubrirlos, cuyo incumplimiento motivó a la imposición de la multa materia de la litis, como medida de apremio para lograr el acatamiento del mencionado fallo. Se apoya lo anterior, con la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, de texto y rubro siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. Máxime que, el hecho de que el presente juicio de amparo sea improcedente contra las determinaciones del Tribunal Electoral del Estado, de ninguna forma coartan el derecho de la tutela judicial efectiva, en razón de que existen mecanismos especializados y definitivos para resolver las controversias de carácter electoral. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 95/2011 (9a.) de rubro y texto siguientes: "MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO NÚMERO 307 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN PARA AQUELLOS PRECANDIDATOS QUE NO RETIREN SU PROPAGANDA ANTES DEL REGISTRO RELATIVO, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 22 CONSTITUCIONALES. El citado precepto legal, al prever la imposición de una multa por la cantidad fija de cincuenta salarios mínimos para aquellos precandidatos que no retiren su propaganda cinco días antes del registro relativo, transgrede los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no establecer la posibilidad de individualizar su aplicación dependiendo de las circunstancias en que se actualice dicha infracción, se aplica a todos por igual, invariable e inflexiblemente, aunado a que propicia excesos autoritarios y un tratamiento desproporcionado a los particulares." CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, se sobresee en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes, copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, contra los actos reclamados y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    se notifica la sentencia por lista a la parte quejosa, que a la letra dice: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 763/2022, promovido por BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado a través de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el treinta y uno de agosto de dos mil veintidós y turnado a este juzgado el mismo día, la parte quejosa promovió demanda de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2-16). SEGUNDO. Desecha. Por auto de uno de septiembre de dos mil veintidós, se ordenó desechar de plano la demanda de amparo, al considerar que respecto de los actos reclamados no procedía el juicio de amparo en la vía indirecta, en virtud de que el acto reclamado se trata de una determinación emitida por una autoridad competente en materia electoral (fojas 27-31). Inconforme con la anterior determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja (fojas 35-44) y mediante ejecutoria emitida dentro de la queja número 754/2022 en sesión ordinaria virtual de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, declaró fundado el recurso (fojas 53-66). TERCERO. Trámite. En acatamiento a lo ordenado a través de la ejecutoria descrita en el párrafo que antecede, mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintitrés, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a las autoridades responsables su informe justificado y, dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional (fojas 67-70). El tres de abril del año en curso, se acordó emplazar al presente juicio a la parte tercera interesada (por medio de exhorto que al efecto se giró) conformada por: NOMBRE CARGO 1. Miguel González Ambrosio Subagente Municipal de la localidad Potrero 2. Jaime Coto Tome Subagente Municipal de la localidad Popocatépetl 3. Lauro Málaga Igno Subagente Municipal de la localidad Xiguipilincan 4. Juan Carvallo Serrano Subagente Municipal de la localidad Florida 5. Israel Valencia Cruz Agente Municipal de la localidad Francisco I. Madero 6. María del Rosario Coatzozon Coto Subagente Municipal de la localidad El Pretil 7. Rodolfo Carvallo Bernal Agente Municipal de la localidad Rincón de Sosa 8. Alberto Campechano Gapi Agente Municipal de la localidad Ojo de Agua 9. Margarita Tome Merlín Agente Municipal de la localidad de Omeapan 10. Alberto Coazozon Chaga Subagente Municipal de la localidad El Palmar 11. Catalina Coto Zapo Agente Municipal de la localidad de Tlapacoyan 12. Sabina Carvajal Canela Subagente Municipal de la localidad La Nueva Esperanza 13. Joel Coto Sosa Agente Municipal de la localidad Pixixiapan 14. Policarpio Sandoval Carvajal Agente Municipal de la localidad Sinapan 15. Adán Lázaro Martínez Subagente Municipal de la localidad Guinda 16. Gerónimo Xolot Xolo Subagente Municipal de la localidad El Mirador 17. Marcelo Tome Pio Subagente Municipal de la localidad La Mechuda 18. Emilio Alvarado Montan Subagente Municipal de la localidad Matazan 19. Victoria Geresano Xalate Subagente Municipal de la localidad Vigía Corona Lo anterior, por conducto de Jorge Martínez Guzmán, al ser autorizado de la parte actora (aquí terceros interesados) en el Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021 de la estadística del tribunal responsable (fojas 126-128). Devuelto diligenciado el exhorto, mediante acuerdo de veinte de abril de la presente anualidad, se tuvo por legalmente emplazados a los aludidos terceros interesados (foja 134). Una vez agregado en autos los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 77-82 y el último recibido vía electrónica) e integrado que estuvo el asunto, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el horario y día señalados (fojas 136-137). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción VII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la falta de motivación y fundamentación en la emisión del acto reclamado, lo que transgrede lo previsto en los artículos 14 y 16 constitucionales, impugnables en amparo indirecto. La materia (mixta) pues se actúa como órgano instructor en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, atento a que la ejecución de los actos reclamados tienen lugar en la circunscripción territorial en la que este tribunal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Así, al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que los mismos consisten en: a) De la autoridad ordenadora 1. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa: El auto de seis de julio de dos mil veintidós, dictado dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021 de la estadística del Tribunal Electoral responsable, por medio del cual le fue impuesta multa de veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional). El oficio 4444/2022 de seis de julio de dos mil veintidós, girado en autos del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021 de la estadística del Tribunal Electoral responsable, a través del cual se ordena a la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Planeación en el Estado de Veracruz, hacer efectiva la multa descrita en el párrafo que antecede. Sin que pase inadvertido para el suscrito juzgador que, la parte quejosa reclamó a esta autoridad, el acuerdo de cinco de agosto de dos mil veintidós emitido dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021, por medio del cual se le hizo efectiva la multa a la que fue conminado. Sin embargo, del análisis total de la demanda de amparo y de sus anexos, se advierte que de lo que se duele la quejosa, es precisamente el auto de seis de julio de la anualidad pasada emitido en autos del juicio natural, por el que se le impuso la citada multa. b) De la autoridad ejecutora 2. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en San Andrés Tuxtla, Veracruz: El acuerdo de trece de julio de dos mil veintidós, por medio del cual se decreta el requerimiento de multa de veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional) que le fue impuesta al quejoso. El acta de notificación de once de agosto de dos mil veintidós, por medio de la que se le notifica al directo quejoso la multa que le fue impuesta dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales TEV-JDC-524/2021 de la estadística del Tribunal Electoral responsable. Ahora, por cuestión de método, se analiza si ésta probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables 1. Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y al 2. Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en San Andrés Tuxtla, Veracruz, en virtud de que al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos que se les atribuyen (fojas 85-92 y el último recibido vía electrónica). Lo que se corrobora, con las constancias con que acompañaron sus informes justificados, las cuales tienen valor probatorio conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. CUARTO. Improcedencia. Se analiza ahora la procedencia del juicio constitucional, por ser de orden público y de estudio preferente. En primer término, debe mencionarse que si bien es cierto que la quejosa BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE manifiesta promover el presente juicio por propio derecho y en representación del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, en su carácter de Presidenta Municipal; sin embargo, a criterio del suscrito, se aprecia que se trata simplemente de la redacción de su demanda de amparo. Máxime que, del análisis de las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que los actos aquí reclamados no fueron emitidos en contra del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, como entidad del Estado; esto es, dicha entidad oficial no resiente una afectación directa en su esfera jurídica de derechos. Por lo que es evidente, que BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE acude en esta instancia por propio y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz. Precisado lo anterior, en el caso, a criterio de este juzgador, se estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XV, en relación con los diversos artículos 103, y 107, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamados fueron emitidos dentro de un Juicio para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es decir, actos emitidos por una autoridad competente en materia electoral, lo cual impide el análisis de los actos reclamados, por las razones y motivos que a continuación se exponen. MARCO LEGAL El aludido artículo y fracción disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XV. Contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral; (...)" "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, y Fracción reformada DOF 29-01-2016 III. Por normas generales o actos de las autoridades de las entidades federativas que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.)." Lo subrayado es propio. Por su parte, el artículo 66, apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz, establece: "Artículo 66. La función electoral en el Estado se regirá por las disposiciones siguientes: (.) APARTADO B. Para garantizar que los actos y resoluciones en materia electoral se sujeten invariablemente al principio de legalidad, se establecerá un sistema de medios de impugnación de los cuales conocerán, en los términos que señale la ley, el organismo a que alude el apartado inmediato anterior y el Tribunal Electoral del Estado. El Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que, aplicando la legislación estatal, tendrá a su cargo la resolución de las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades electorales locales. (.)" Lo subrayado es propio de la sentencia. Ahora, respecto al Código Electoral para el Estado de Veracruz (Código número 577) en sus artículos 354, 401, 402 y 404 se establece: "Artículo 354. El Tribunal Electoral del Estado será competente para conocer de los recursos de apelación, inconformidad y juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. El Tribunal Electoral deberá contar con una página electrónica mediante la cual se publiciten los medios de impugnación recibidos y las sentencias recaídas a los mismos." "Artículo 401. El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sólo procederá cuando el promovente, por sí mismo y en forma individual: I. Haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos; II. Impugne actos o resoluciones que afecten su derecho a ocupar y desempeñar el cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía; III. Impugne actos o resoluciones relacionados con la elección, designación, acceso al cargo o permanencia de dirigencias de órganos estatales de los partidos políticos; o IV. Impugne actos o resoluciones que violenten su derecho para integrar las autoridades electorales y de participación ciudadana en la entidad. En el caso de la impugnación de la negativa de registro o acreditación como partido o registro como asociación política, la demanda deberá presentarse por conducto de quien ostente la representación legítima de la organización política agraviada." "Artículo 402. El juicio podrá ser promovido por el ciudadano cuando: I. Considere que se violó su derecho político-electoral de ser votado cuando, habiendo sido propuesto por un partido, le sea negado indebidamente su registro como candidato a un cargo de elección popular; II. Habiéndose asociado con otros ciudadanos para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, consideren que se les negó indebidamente su registro como partido o asociación política; III. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites exigidos, no hubiere obtenido su acreditación como observador electoral para el proceso correspondiente; IV. Por motivos de inelegibilidad, la autoridad electoral correspondiente decida no otorgarle la constancia de mayoría o de asignación; V. Cuando considere que el partido violó sus derechos político-electorales de participar en el proceso interno de selección de candidatos o de ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, por trasgresión a las normas de los estatutos del mismo partido o del convenio de coalición; o VI. Considere que un acto o resolución de la autoridad es violatorio de cualquier otro de los derechos político-electorales a que se refiere el artículo anterior. Los actos o resoluciones que violen el derecho político-electoral de votar de los ciudadanos, tratándose de la exclusión de la lista nominal de electores o la expedición de la credencial para votar, sólo se impugnará a través del medio de impugnación correspondiente previsto en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. El juicio sólo será procedente cuando el actor haya agotado todas las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político-electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto." "Artículo 404. Es competente para resolver el juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano el Tribunal Electoral del Estado. La sentencia que recaiga a los juicios para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano deberá ser emitida a más tardar en quince días naturales, contados a partir de su recepción. Las sentencias que resuelvan el fondo del juicio para la protección de los derechos políticoelectorales del ciudadano serán definitivas e inatacables y podrán confirmar el acto o resolución impugnado; o revocar o modificar el acto o resolución impugnado y restituir al promovente en el uso y goce del derecho político-electoral que le haya sido violado. (.)" Lo subrayado es propio. De la interpretación armónica de los preceptos constitucionales reproducidos, se advierte que los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se produzca, con excepción de aquellas en materia electoral. Por otra parte, el artículo 61, de la Ley de Amparo, determina las causales de improcedencia que hacen improcedente el juicio de amparo. Como se advierte de la citada fracción XV de la Ley de Amparo, conforme con el orden constitucional, la naturaleza y objeto del juicio constitucional, se determina la improcedencia de éste, cuando se reclamen resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, lo cual abarca a los actos que se emitan para hacer efectivas sus determinaciones, ya que por esa circunstancia gozan de la misma naturaleza electoral. Por su parte, el artículo 66, apartado B de la Constitución Política del Estado de Veracruz, establece que el Tribunal Electoral del Estado es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral, que tendrá a su cargo la resolución de las controversias que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades locales electorales. Asimismo, de la lectura de los diversos numerales transcritos del Código Electoral para el Estado de Veracruz, se advierte que el Tribunal Electoral del Estado será el competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. También, se aprecia que el juicio para la protección de los derechos político-electorales procederá cuando la parte promovente impugne actos que afecten su derecho a ocupar y desempeñar un cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía y/o violenten su derecho para integrar las autoridades electorales. De igual forma, se observa que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, es competente para resolver los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano; así como que las sentencias que se emitan en los juicios de esta naturaleza serán definitivas e inatacables. Hasta aquí las premisas normativas. ANTECEDENTES Previo a justificar el motivo de improcedencia que se considera actualizado, se relatan los siguientes antecedentes del acto reclamado, los cuales se obtienen del estudio de las constancias remitidas por el tribunal responsable, y con las que se formó un cuaderno de pruebas: 1). Mediante escrito de demanda de nueve de agosto de dos mil veintiuno, los aquí terceros interesados interpusieron juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, contra la omisión de pagar sus salarios o remuneración económica a que tienen derecho por el cargo de elección popular que desempeñan como agentes y subagentes municipales (fojas 1-4 del tomo de pruebas). 2) Por auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, el Tribunal Electoral de Veracruz radicó el expediente TEV-JDC-5272021; turnó el expediente a la ponencia correspondiente, a fin de que el magistrado emitiera el acuerdo de recepción y admisión; y, requirió a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, a fin de que rindieran su informe como responsable (foja 50). 3). Mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, el magistrado ponente, que por razón de turno conoció de dicho asunto, radicó y previno a los promoventes; tuvo como autoridad responsable al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz; y, lo requirió a fin de que rindieran diversa información (fojas 58-59). 4). Por escrito de tres de octubre de dos mil veintiuno, el Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, por conducto de su Síndica Única y representante legal, rindió el informe solicitado por el tribunal responsable (fojas 70-77). 5). Mediante acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable tuvo por no ratificados los escritos de los promoventes; admitió el juicio para la protección de los derecho político-electorales de origen; tuvo por admitidas y desahogadas las pruebas ofrecidas por las partes; y cerró el periodo de instrucción (foja 140). 6). El veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable emitió la sentencia correspondiente, en la que declaró fundada la omisión reclamada al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, a fin de otorgarles a los actores el ejercicio fiscal del año dos mil veintiuno, así como una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones como agentes y subagentes municipales; asimismo, ordenó al Ayuntamiento condenado, el cumplimiento efectivo a la referida sentencia (fojas 143-166). 7). Mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se requirió a los integrantes del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, el cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen TEV-JDC-5272021 (fojas 184-185). 8). En auto de tres de junio de dos mil veintidós emitido dentro del juicio de origen el tribunal responsable, requirió nuevamente al ayuntamiento responsable el cumplimiento de la sentencia (foja 638). 9). Por escrito recibido el diez de junio de la anualidad pasada, el ayuntamiento responsable informó las gestiones atinentes a dar cumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de génesis (fojas 648-650). 10). Ante el incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen TEV-JDC-5272021, por parte del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, en proveído de seis de julio de dos mil veintidós, se hizo efectivo el apercibimiento y se impuso, a cada uno de los integrantes de dicho ayuntamiento, una multa correspondiente a veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional) y se ordenó girar el oficio 4444/2022 al titular de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz a fin de hacer efectiva dicha medida de apremio (fojas 660-662 y 670) ambas determinaciones constituyen los actos reclamados. 11). Mediante oficio OHE/1104/2022 de quince de agosto de dos mil veintidós, el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz, informó al tribunal responsable que por acuerdo de trece de julio de ese año, decretó el requerimiento de multa que se impuso al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz (fojas 690-693) y por acta de notificación de once de agosto siguiente, se notificó a la aquí quejosa BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz la multa que le fue impuesta con motivo del incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen (fojas 694-698) estas dos determinaciones forman parte de los actos reclamados. Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En el caso concreto, se advierte que la quejosa BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, reclama en esta instancia 1) el proveído de seis de julio de dos mil veintidós emitido en autos del juicio natural TEV-JDC-5272021, en el que se hizo efectivo el apercibimiento a que fue conminado y se le impuso una multa correspondiente a veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional) así como el 2) oficio 4444/2022 dirigido al titular de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz a fin de hacer efectiva dicha medida de apremio. De igual forma, reclama 3) el acuerdo de trece de julio de ese año, en el que el Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado de Veracruz decretó el requerimiento de multa que se impuso al Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, así como 4) el acta de notificación de once de agosto siguiente, se notificó a la aquí quejosa la multa que le fue impuesta con motivo del incumplimiento de la sentencia emitida en el juicio de origen. Como se advierte de la citada fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, atendiendo a la naturaleza y objeto del juicio constitucional, determina la improcedencia de éste, cuando se reclamen resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, lo cual abarca a los actos que se emitan para hacer efectivas sus determinaciones, ya que por esa circunstancia gozan de la misma naturaleza electoral. Por su parte, el artículo 66, apartado B de la Constitución Política del Estado, establece que el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz será el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral que tendrá a su cargo la resolución de las controversias de naturaleza electoral, esto es, las que se susciten con motivo de los procesos electorales locales, así como las derivadas de los actos y resoluciones que emitan las autoridades locales electorales. Asimismo, el Código Electoral para el Estado de Veracruz establece que el Tribunal Electoral del Estado será el órgano competente para conocer de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, y que dicho juicio procede cuando la parte promovente impugne actos que afecten su derecho a ocupar y desempeñar un cargo de elección popular encomendado por la ciudadanía y/o violenten su derecho para integrar las autoridades electorales. En ese contexto, del informe rendido por el tribunal responsable, así como de las constancias que remitió como justificación de sus actos (con las que se formó un tomo de pruebas) se advierte que los actos reclamados derivan del incumplimiento de la sentencia dictada el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano TEV-JDC-5272021 del índice del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, a efecto de otorgar a los agentes y subagentes municipales (parte actora) una remuneración adecuada por el desempeño de sus funciones pertenecientes al Municipio de Santiago Tuxtla, Veracruz, correspondiente el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Por tanto, es evidente que el procedimiento de origen deriva de la omisión y presupuestación para otorgar a los actores (aquí terceros interesados) el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, refiriéndose a las remuneraciones por virtud de su desempeño en el cargo de elección popular de agentes auxiliares o municipales, lo que significa que sus funciones están determinadas por disposiciones de orden electoral y sus percepciones representan un derecho del mismo entorno, esto es, de orden político electoral. Por tal motivo, si los actos combatidos derivan de una resolución emitida por una autoridad competente en materia electoral, como lo es el Tribunal Electoral para el Estado de Veracruz, y se relaciona con derechos políticos electorales defendibles a través del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, entonces el presente juicio de amparo de amparo resulta improcedente. En efecto, en materia electoral se prevé un particular y exclusivo sistema de medios de defensa que permite a los ciudadanos hacer valer sus derechos, a través de la jurisdicción especializada en materia electoral ante la cual pueden, inclusive, plantear las cuestiones de constitucionalidad que estimen pertinentes, lo que puede tener por efecto incluso la no aplicación de una norma al caso concreto, y que incluye cualquier análisis relativo a los derechos por estar estos contenidos en la Constitución Mexicana. Ahora bien, como se expuso, se advierte que la quejosa no solo pretende controvertir en esta instancia el requerimiento de pago y notificación de la multa que se le impuso en razón del incumplimiento a la sentencia emitida en el juicio de origen, sino que también señaló como acto reclamado el auto de seis de julio de dos mil veintidós, por el que el tribunal electoral impuso a la Presidenta Municipal, Síndico Único, Regidora Primera, Regidor Segundo, Regidor Tercero, Regidora Cuarta, Regidor Quinto y titular de la Tesorería todos del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, la referida multa correspondiente a veinticinco veces la Unidad de Medida de Actualización (UMA) equivalente a $2,405.50 (dos mil cuatrocientos cinco pesos 50/100 moneda nacional). Máxime que el requerimiento de pago y la multa que le fue impuesta, es consecuencia directa de una determinación emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, al haber incumplido con la ejecución de la sentencia emitida dentro de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los aquí terceros interesados. Lo anterior, queda evidenciado pues la pretensión de la quejosa es esencialmente controvertir un acto de una autoridad competente en materia electoral, lo que se corrobora con el apartado de los conceptos de violación de su demanda de amparo, en los que expresó lo siguiente: "La multa Impugnada es violatoria del artículo 22 constitucional, al cual prohíbe la multa excesiva, para lo cual se requiere que se tomen en cuenta las condiciones individuales del Infractor en concordancia con el hecho que la motiva, cosa tampoco (sic) tomó en consideración la autoridad responsable al momento de imponer la sanción combatida. Del mismo modo, no se tomó en consideración que no se tomó en cuenta que este H. Ayuntamiento ha dado efectivo cumplimiento en medida de sus posibilidades a lo ordenado en la sentencia de fecha veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, así como lo resuelto en el último incidente de fecha veinticinco de mayo del año en curso del expediente de Juicio para la Protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano TEV-JDC-524/2021. Por lo que hace a la definición gramatical del término excesivo, conlleva la idea de algo que puede ser comparado entre sí, y solamente se puede ir más adelante de lo debido, lo lícito o razonable, cuando existe algo que es debido, licito o razonable y en el caso que nos ocupa no es razonable pues resulta infundada al no satisfacer los extremos establecidos en los artículos 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo de nuestra Carta Magna, 374 fracción Ill del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, pues en ningún momento incumplimos los requerimientos que nos hizo la responsable ordenadora. Es en ese sentido que se considera que el acto combatido es violatorio del 22 constitucional, pues impone la sanción combatida, sin que se establezca la individualización del monto de la sanción al caso concreto, pues a! no caer en incumplimiento de nuestra parte ante la responsable no se surten los extremos contemplados por el artículo 374, fracción III, el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en la que funda la multa impuesta, por lo que de la lectura del artículo 374 fracción !I! del Código Electoral, que establece multa, se aprecia que para establecerla el artículo marca un parámetro máximo de cien veces el salario mínimo vigente en la capital del Estado, lo cual permite a la autoridad fijar la sanción con base a la gravedad del hecho y la condición económica del sujeto, es en base en estos lineamientos que una multa impuesta por una autoridad no sea excesiva, al contrario sucede con la multa que se impugna dado que es la misma autoridad quien pasa por alto los lineamientos antes dichos, dado que de manera arbitraria impone una multa sin tomar en cuenta lo establecido por la jurisprudencia en base a que para imponer una sanción consistente en pena pecuniaria se debe considerar ante todo la condición económica del sujeto." De lo antes transcrito se advierte que, lo que pretendió evidenciar la quejosa es la inconstitucionalidad del artículo 374, fracción III del Código Electoral para el Estado de Veracruz, ya que precisamente la sanción derivó del incumplimiento por parte del ayuntamiento a los lineamientos de presupuestación a las funciones de los agentes municipales en materia político electoral. En ese contexto, es claro que los actos reclamados encuadran en la materia electoral, pues se vinculan directamente con la ejecución de una sentencia en donde se reconoció el derecho de determinados agentes municipales a recibir el pago de los emolumentos derivados del ejercicio de su encargo y condenó al ayuntamiento a cubrirlos, cuyo incumplimiento motivó a la imposición de la multa materia de la litis, como medida de apremio para lograr el acatamiento del mencionado fallo. Se apoya lo anterior, con la jurisprudencia 2a./J. 61/2011, de texto y rubro siguiente: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CARÁCTER ELECTORAL. El sistema de derecho procesal constitucional en materia electoral contenido en los artículos 41, fracción VI, 99 y 105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos permite reclamar normas generales de carácter electoral, vía acción de inconstitucionalidad, mediante el control abstracto ejercido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a instancias de los partidos políticos, del Procurador General de la República o del 33% de los integrantes de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o de las Legislaturas de los Estados; en tanto que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones de los organismos electorales se instituyó un sistema de medios de impugnación para dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y al mismo tiempo garantizar la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, cuyo trámite y resolución corresponden al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual también tiene conferida constitucionalmente la atribución de resolver sobre la inaplicación, en casos concretos, de las leyes electorales que se estimen contrarias a la Constitución General de la República. En consecuencia, el juicio de amparo que se promueva en contra de normas, actos o resoluciones de carácter electoral, entendidas en los términos de la tesis P. LX/2008 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNAN NORMAS, ACTOS O RESOLUCIONES DE CONTENIDO MATERIALMENTE ELECTORAL O QUE VERSEN SOBRE DERECHOS POLÍTICOS.", incluso aquellos actos emitidos para hacer efectivas las normas electorales, resulta improcedente conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos numerales 99 y 105, fracción II, de la Constitución Federal." Se destaca que si bien dicha jurisprudencia es anterior a la Décima Época, aun así es aplicable a la Ley de Amparo vigente, atento que no se opone a la misma, conforme lo establece su transitorio sexto. Máxime que, el hecho de que el presente juicio de amparo sea improcedente contra las determinaciones del Tribunal Electoral del Estado, de ninguna forma coartan el derecho de la tutela judicial efectiva, en razón de que existen mecanismos especializados y definitivos para resolver las controversias de carácter electoral. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 95/2011 (9a.) de rubro y texto siguientes: "MULTA FIJA. EL ARTÍCULO 74 DEL CÓDIGO NÚMERO 307 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE PREVÉ SU IMPOSICIÓN PARA AQUELLOS PRECANDIDATOS QUE NO RETIREN SU PROPAGANDA ANTES DEL REGISTRO RELATIVO, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 16 Y 22 CONSTITUCIONALES. El citado precepto legal, al prever la imposición de una multa por la cantidad fija de cincuenta salarios mínimos para aquellos precandidatos que no retiren su propaganda cinco días antes del registro relativo, transgrede los artículos 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que al no establecer la posibilidad de individualizar su aplicación dependiendo de las circunstancias en que se actualice dicha infracción, se aplica a todos por igual, invariable e inflexiblemente, aunado a que propicia excesos autoritarios y un tratamiento desproporcionado a los particulares." CONCLUSIÓN En esas condiciones, sobre el contexto anteriormente narrado, es claro que se actualiza el motivo de improcedencia aquí analizado, respecto del aludido acto reclamado. Por tanto, se sobresee en este juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no resulta permitido el estudio de los conceptos de violación. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes, copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por BRIANDA KRISTEL HERNÁNDEZ TOPETE por sí y en su carácter de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Santiago Tuxtla, Veracruz, contra los actos reclamados y por la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de esta sentencia. Notifíquese en términos de ley.

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