Brian Alexis López Olmos

Expediente 1139/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1139/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/10/2023

Partes del expediente

  • Brian Alexis López Olmos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Presidenta de la Junta Especial Número Diez, de Texcoco Estado de México, mediante el cual rinde su informe justificado; e informa que el quince de septiembre de dos mil veintitrés dicto sentencia dentro de los autos del expediente J.10/788/2020, del índice de la responsable, acompañando a su promoción copia certificada de la resolución dictada, de lo que se toma conocimiento. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba la documental que adjunta la responsable a su informe consistente en copia certificada de la resolución de quince de septiembre de dos mil veintitrés, dictada en el expediente J.10/788/2020, de su índice, la cual se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla al momento de celebrarse la audiencia constitucional de este juicio y cuando se resuelva conforme a derecho el presente asunto. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo1 . 1 Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Ahora bien, como se advierte del oficio de cuenta y toda vez que si bien el acto reclamado por la parte quejosa fue: la omisión por parte de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, de emitir el laudo en el juicio radicado bajo el expediente J.10/788/2020, lo cierto es que el acto que se reclama ya cesó, ya que del informe de cuenta rendido por la responsable, se advierte que el quince de septiembre pasado, dictó el laudo correspondiente dentro del expediente J.10/788/2020, y mediante boletín de nueve de octubre de dos mil veintitrés, notifico a la parte quejosa, dicha resolución. Precisado lo anterior, como ya se mencionó, quien aquí resuelve advierte que en el presente juicio constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 en su fracción XXI de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De acuerdo con el texto de dicho precepto, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto, deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga. Para que se actualicen los presupuestos de esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable, puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce de la garantía violada, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente. En conclusión, puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado. En ese contexto, no es factible entrar al análisis de un acto que ya no surte efectos, desde el mismo momento, se insiste, que el quince de septiembre pasado, la responsable Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México, dictó el laudo correspondiente dentro del expediente J.10/788/2020. Por lo tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de un convenio pactado entre las partes se queda sin efectos el objeto o materia del juicio. Subsistiendo el laudo que constituye el acto reclamado, si el demandado, hoy quejoso, convino con el actor, dirimiendo y satisfaciendo las pretensiones de éste, ante la potestad de la autoridad laboral competente, es incuestionable que su objeto y materia quedaron sin efecto jurídicamente pues, de otra manera, si se resolviera el fondo del juicio de garantías y se concediera la protección constitucional a favor de la demandada, ello resultaría estéril, en virtud de que al existir un acuerdo de voluntades entre los contendientes del juicio, el cual ha sido cumplido en todos sus términos, la ejecución del laudo no tendría razón de ser cuando ésta tiene por efecto satisfacer los derechos subjetivos del trabajador, los cuales ya se vieron cumplidos a través del convenio aludido. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción III del artículo 74 de la legislación referida." En este contexto, es claro que la materia del juicio ha dejado de existir, y por ende, el presente juicio se sobresee fuera de audiencia, ya que la causa de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo anterior, y dado el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS.

  2. Principal

    Diferimiento de la audiencia constitucional. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la audiencia constitucional está señalada para el día de hoy; sin embargo, no se encuentra en posibilidades de celebrarse, en razón de que se encuentra trascurriendo el plazo de quince días para que la autoridad responsable Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Cuautitlán Texcoco rinda su informe justificado, requerido en proveído de trece de septiembre del año en curso. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy en su lugar, se fijan las diez horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo

  3. Principal

    Radicación. Vista la demanda de amparo que promueve *********por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle Cuautitlán Texcoco, Estado de México; atento a su contenido, fórmese expediente electrónico e impreso, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, con el número 1139/2023-IV. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, 6, 10, 12, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo de que se trata. Audiencia constitucional. Se señalan las once horas con cincuenta minutos del veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Incidente de suspensión. Sin tramítese el incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. Intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese a la Representación Social de la adscripción la intervención legal que le compete. Solicitud de informe justificado. Se ordena emplazar a las autoridades responsables, quienes de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberán rendir su informe justificado en el plazo de quince días, en el entendido de que deberán precisar de forma clara, la existencia o inexistencia del acto reclamado, indicando si es cierto o no, o bien, limitarse a manifestar de manera genérica "son ciertos" o "no son ciertos", apercibidas que de no hacerlo así, se tendrá por cierto y se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo vigente (entendiéndose días de Unidad de Medida y Actualización)1, con apoyo en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo

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