Brian Adrian Cetina Barrientos
Expediente 668/2014 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 40 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 668/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 10/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- BRIAN ADRIAN CETINA BARRIENTOS y Otros.
- Brian Adrian Cetina Barrientos
- JORGE VARGAS TORRES y Otros.
- Jorge Vargas Torres
- RAFAEL HERNÁNDEZ TORRES y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que feneció el plazo concedido a las partes para manifestar lo que a su derecho convenía respecto del auto en que este juzgado tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, en consecuencia, téngase este asunto como totalmente concluido; asimismo, se ordena el archivo del presente asunto y se declara que es susceptible de depuración.
- Incidental
Visto el estado de autos y al tomar en consideración que se ordenó el archivo definitivo en los autos del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno incidental, se acuerda: Toda vez que en esta incidencia se concedió la suspensión del acto reclamado; en esa medida, de conformidad con el precepto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción III, segundo párrafo, del referido acuerdo, se establece que transcurrido cinco años el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, con la transcripción del proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, hizo del conocimiento a este Juzgado Federal el acatamiento a la ejecutoria de amparo del presente asunto. Por lo anterior, mediante acuerdo de dieciocho de marzo del año que transcurre (fojas 494 y 495), se dio vista la parte quejosa y tercero interesados, por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano de control constitucional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesados para que realizara manifestación en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, por lo que se procede a pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. En consecuencia, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, de oficio, analizará si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El quince de septiembre de dos mil quince (fojas 312 a 333), se engrosó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones. Inconformes con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se tuvo por presentado el uno de octubre de dos mil quince (fojas 71 y 72), del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, radicado bajo el expediente 342/2015. En proveído de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se recibió el testimonio de la ejecutoria emitida el dieciocho de febrero del presente año, en los autos del amparo en revisión en cita, en la que la Superioridad determinó modificar la sentencia recurrida, negar el amparo contra el auto de vinculación a proceso de veintitrés de septiembre de dos mil catorce y la medida cautelar consistente en prisión preventiva y conceder la protección constitucional a los quejosos contra la omisión del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, de ordenar y realizar las investigaciones respectivas con motivo de las manifestaciones de tortura de los quejosos (fojas 481 y 482). Por lo anterior, en ese mismo auto se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Luego, por oficio 761/2015 (sic) el Juez de Control responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal de Alzada en el presente juicio, en el que transcribió el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, dictado en la carpeta administrativa 17/2014, que se instruye contra los aquí quejosos (fojas 492 y 493). Conviene precisar que a la referida documental se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, a fin de clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio constitucional, se tiene que los efectos de la concesión del amparo fueron, en esencia, los siguientes: [.], ante la omisión en que incurrió la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, lo procedente es conceder el amparo a los quejosos, para los efectos siguientes: a) Ordene al Ministerio Público competente, inicie la investigación correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura que manifestaron los imputados; b) Ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul; y c) Ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que, de ser el caso, tengan efecto dentro del proceso. Precisado lo anterior, de lo informado en vía de cumplimiento por el Juez de Control responsable, se desprende que el dieciséis de marzo del presente año, se dictó acuerdo dentro de la carpeta administrativa 17/2014, que se instruye a los aquí quejosos, auto que fija lo siguiente: "(.) AUTO.- Chetumal, Quintana Roo, a dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vista la razón que antecede, por medio de la cual la Jefa de Unidad de Control de Gestión y Sala, en funciones de Administradora, da cuenta del estado procesal que guardan los autos del Cuadernillo de Amparo 22/2014, del cual se advierte que en el resolutivo tercero del testimonio dictado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en revisión del Juicio de Amparo 668/2014, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se concedió el amparo y protección solicitada por Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones, contra la omisión del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, de ordenar y realizar las investigaciones respectivas con motivo de las manifestaciones e tortura de los quejosos, para los efectos siguientes: a) ordene al Ministerio Público competente, inicie la investigación correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura que manifestaron los imputados; b) ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul; c) ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que, de ser el caso, tengan efecto dentro del proceso. Atento a lo anterior, EL SUSCRITO JUEZ DE CONTROL, ACUERDA: - - - - - - - - - - - 1.- Con fundamento en el Artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los numerales 82 y 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con lo estipulado por los Artículos 1 y 22 de la Constitución, los Artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 68 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura; y 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Autoridad Federal requiérase a los Licenciado Cristopher Elías Martínez Zetina, Juan Carlos Pech Rivero y Aroshy de los Ángeles Lugo Arana, mediante el sistema de notificaciones en los correos electrónicos [.], inicien la investigación correspondiente y realicen todas las diligencias que consideren necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura que manifestaron los imputados BRIAN ADRIÁN CETINA BARRIENTOS, JORGE VARGAS TORRES, RAFAEL HERNÁNDEZ TORRES Y JUAN JOSÉ CASTRO SALMONES, debiendo informar a esta Autoridad en el término improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, legalmente computados, las acciones realizadas y/o avances obtenidos en la investigación, apercibidos que en caso de no dar cumplimiento en el aludido plazo, se les impondrá una multa de [.], sin perjuicio de dar vista a su superior jerárquico para la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, lo anterior, en virtud de proteger los derechos fundamentales de los imputados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Por otra parte, con fundamento en los Artículos 74 y 76 del Código Nacional en cita y con apoyo en el artículo 8, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, gírese atento oficio al Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de los Servicios Estatales de Salud, requiriéndole para que gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, a fin de que se realicen los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, a los imputados Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones, quienes se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Cancún, Quintana Roo, con motivo de lo posibles actos de tortura de los que refirieron haber sido objeto, debiendo informar en el término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de su legal notificación, el cumplimiento o la imposibilidad de acatamiento a lo solicitado, remitiendo las constancias pertinentes; en ese sentido, se ordena girar oficio on transcripción al Encargado del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, a fin de que previa identificación, permita el acceso y las facilidades al médico y/o psicólogo adscrito a la Secretaría de Salud en el Estado para la realización de la valoración médica a los imputados de mérito. Notifíquese [.], (.)" (foja 492). Por todo lo vertido, se procede a analizar lo determinado por el Juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo. En relación al inciso a), por auto de dieciséis de marzo del presente año, ordenó a los agentes del Ministerio Público del fuero común, Cristopher Elías Martínez Zetina, Juan Carlos Pech Rivero y Aroshy de los Ángeles Lugo Arana, iniciar con la investigación correspondiente y realizar todas las diligencias que consideraran necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura que manifestaron los quejosos. Luego, en cuanto al inciso b), en el mismo auto, ordenó girar oficio al Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de los Servicios Estatales de Salud, requiriéndole para que -a su vez- girara las instrucciones necesarias a quien correspondiera, a fin de que se realizaran los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, a los imputados Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones, aquí quejosos. De igual forma, sobre el inciso c), ordenó girar oficio al encargado del Centro de Reinserción Social de Cancún, a fin de que permitiera el acceso y las facilidades al médico y/o psicólogo adscrito a la Secretaría de Salud del Estado, para la realización de la valoración médica a los imputados de mérito y obtener los dictámenes correspondientes en materia psicológica de los quejosos. En ese contexto, el Juez de Control responsable actúo acorde a los parámetros establecidos en la ejecutoria de amparo, dictada por la Superioridad, pues, en primer lugar, por acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, ordenó a los agentes del Ministerio Público del fuero común correspondientes, iniciar una investigación, como realizar todas las diligencias necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en la captura de los quejosos, en relación con los actos de tortura que manifestaron aquéllos. En segundo lugar, ordenó girar oficio al Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y lo requirió para que instruyera las instrucciones necesarias a quien correspondiera, para que se realicen los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, a los imputados Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones, aquí quejosos. En tercer lugar, ordenó girar comunicación oficial al encargado del Centro de Reinserción Social de Cancún, a fin de que permita el acceso y las facilidades al médico y/o psicólogo adscrito a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, para realizar una la valoración médica a los imputados de mérito y obtener los dictámenes correspondientes en materia psicológica de los quejosos (para allegarse de pruebas en relación con los actos de tortura hechos valer por estos últimos). Además, se recibió el oficio 794/2016 de la Secretaria en funciones de Juez de Despacho del Distrito Judicial de Chetumal, por el que informó a este Juzgado Federal que se había iniciado la carpeta de investigación número PGJE/QR/OPB/03/989/2016 por hechos probablemente constitutivos del delito de tortura o lo que resultare, cometidos en agravio de los aquí quejosos, carpeta que se encuentra en trámite en la unidad de investigación de delitos diversos. En mérito de todo lo anterior, al cumplir la autoridad responsable con los lineamientos establecidos por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
- Principal
(CITATORIO) Toda vez que los autorizados de la parte quejosa no acudieron a este órgano jurisdiccional dentro del término de ley a notificarse de manera personal, no obstante el citatorio de once de abril del año en curso recibido en su domicilio; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento y se le notifica el proveído de ocho de abril del año en curso, por medio de lista que se fija en los estrados, el cual en lo conducente señala: Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, del que se advierte que la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, con la transcripción del proveído de dieciséis de marzo de dos mil dieciséis, hizo del conocimiento a este Juzgado Federal el acatamiento a la ejecutoria de amparo del presente asunto. Por lo anterior, mediante acuerdo de dieciocho de marzo del año que transcurre (fojas 494 y 495), se dio vista la parte quejosa y tercero interesados, por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidos que de no hacer manifestación alguna al respecto, este órgano de control constitucional de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Ahora, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa y tercero interesados para que realizara manifestación en relación al cumplimiento dado a la sentencia de amparo que dio la autoridad responsable, por lo que se procede a pronunciarse de oficio al respecto, para lo cual se tiene consideración que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. En consecuencia, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, de oficio, analizará si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, marzo de 2000, tomo XI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En ese contexto, se hace relación de los antecedentes correspondientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. El quince de septiembre de dos mil quince (fojas 312 a 333), se engrosó sentencia, en la que se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones. Inconformes con dicha resolución, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, el cual se tuvo por presentado el uno de octubre de dos mil quince (fojas 71 y 72), del que correspondió conocer al Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, radicado bajo el expediente 342/2015. En proveído de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se recibió el testimonio de la ejecutoria emitida el dieciocho de febrero del presente año, en los autos del amparo en revisión en cita, en la que la Superioridad determinó modificar la sentencia recurrida, negar el amparo contra el auto de vinculación a proceso de veintitrés de septiembre de dos mil catorce y la medida cautelar consistente en prisión preventiva y conceder la protección constitucional a los quejosos contra la omisión del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, de ordenar y realizar las investigaciones respectivas con motivo de las manifestaciones de tortura de los quejosos (fojas 481 y 482). Por lo anterior, en ese mismo auto se solicitó el cumplimiento a la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo. Luego, por oficio 761/2015 (sic) el Juez de Control responsable informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada por el Tribunal de Alzada en el presente juicio, en el que transcribió el proveído de dieciséis de marzo del año en curso, dictado en la carpeta administrativa 17/2014, que se instruye contra los aquí quejosos (fojas 492 y 493). Conviene precisar que a la referida documental se le otorga valor probatorio pleno, por tratarse de documento público, ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, toda vez que fue expedida por servidor público en el ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo a las consideraciones recién expuestas la jurisprudencia 226, del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Quinta Época, que prevé: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, a fin de clarificar los lineamientos trazados en la ejecutoria federal dictada en este juicio constitucional, se tiene que los efectos de la concesión del amparo fueron, en esencia, los siguientes: [.], ante la omisión en que incurrió la autoridad responsable Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, lo procedente es conceder el amparo a los quejosos, para los efectos siguientes: a) Ordene al Ministerio Público competente, inicie la investigación correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura que manifestaron los imputados; b) Ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul; y c) Ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que, de ser el caso, tengan efecto dentro del proceso. Precisado lo anterior, de lo informado en vía de cumplimiento por el Juez de Control responsable, se desprende que el dieciséis de marzo del presente año, se dictó acuerdo dentro de la carpeta administrativa 17/2014, que se instruye a los aquí quejosos, auto que fija lo siguiente: "(.) AUTO.- Chetumal, Quintana Roo, a dieciséis de marzo del año dos mil dieciséis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Vista la razón que antecede, por medio de la cual la Jefa de Unidad de Control de Gestión y Sala, en funciones de Administradora, da cuenta del estado procesal que guardan los autos del Cuadernillo de Amparo 22/2014, del cual se advierte que en el resolutivo tercero del testimonio dictado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, en revisión del Juicio de Amparo 668/2014, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, se concedió el amparo y protección solicitada por Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones, contra la omisión del Juez de Control del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, de ordenar y realizar las investigaciones respectivas con motivo de las manifestaciones e tortura de los quejosos, para los efectos siguientes: a) ordene al Ministerio Público competente, inicie la investigación correspondiente y realice todas las diligencias que considere necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura que manifestaron los imputados; b) ordene la realización de los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul; c) ordene la práctica de cualquier probanza que sea necesaria para el esclarecimiento de los hechos, a fin de que, de ser el caso, tengan efecto dentro del proceso. Atento a lo anterior, EL SUSCRITO JUEZ DE CONTROL, ACUERDA: - - - - - - - - - - - 1.- Con fundamento en el Artículo 192 de la Ley de Amparo vigente, en relación con los numerales 82 y 83 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en concordancia con lo estipulado por los Artículos 1 y 22 de la Constitución, los Artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1, 68 y 10 de la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura; y 2, 4, 12, 13 y 15 de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por la Autoridad Federal requiérase a los Licenciado Cristopher Elías Martínez Zetina, Juan Carlos Pech Rivero y Aroshy de los Ángeles Lugo Arana, mediante el sistema de notificaciones en los correos electrónicos [.], inicien la investigación correspondiente y realicen todas las diligencias que consideren necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura que manifestaron los imputados BRIAN ADRIÁN CETINA BARRIENTOS, JORGE VARGAS TORRES, RAFAEL HERNÁNDEZ TORRES Y JUAN JOSÉ CASTRO SALMONES, debiendo informar a esta Autoridad en el término improrrogable de TRES DÍAS HÁBILES, legalmente computados, las acciones realizadas y/o avances obtenidos en la investigación, apercibidos que en caso de no dar cumplimiento en el aludido plazo, se les impondrá una multa de [.], sin perjuicio de dar vista a su superior jerárquico para la imposición de las sanciones administrativas correspondientes, lo anterior, en virtud de proteger los derechos fundamentales de los imputados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Por otra parte, con fundamento en los Artículos 74 y 76 del Código Nacional en cita y con apoyo en el artículo 8, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, gírese atento oficio al Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de los Servicios Estatales de Salud, requiriéndole para que gire las instrucciones necesarias a quien corresponda, a fin de que se realicen los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, a los imputados Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones, quienes se encuentran internos en el Centro de Reinserción Social de Cancún, Quintana Roo, con motivo de lo posibles actos de tortura de los que refirieron haber sido objeto, debiendo informar en el término de CINCO DÍAS HÁBILES, contados a partir de su legal notificación, el cumplimiento o la imposibilidad de acatamiento a lo solicitado, remitiendo las constancias pertinentes; en ese sentido, se ordena girar oficio on transcripción al Encargado del Centro de Reinserción Social de la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, a fin de que previa identificación, permita el acceso y las facilidades al médico y/o psicólogo adscrito a la Secretaría de Salud en el Estado para la realización de la valoración médica a los imputados de mérito. Notifíquese [.], (.)" (foja 492). Por todo lo vertido, se procede a analizar lo determinado por el Juez responsable, en cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo. En relación al inciso a), por auto de dieciséis de marzo del presente año, ordenó a los agentes del Ministerio Público del fuero común, Cristopher Elías Martínez Zetina, Juan Carlos Pech Rivero y Aroshy de los Ángeles Lugo Arana, iniciar con la investigación correspondiente y realizar todas las diligencias que consideraran necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos en relación con los actos de tortura que manifestaron los quejosos. Luego, en cuanto al inciso b), en el mismo auto, ordenó girar oficio al Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de los Servicios Estatales de Salud, requiriéndole para que -a su vez- girara las instrucciones necesarias a quien correspondiera, a fin de que se realizaran los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, a los imputados Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones, aquí quejosos. De igual forma, sobre el inciso c), ordenó girar oficio al encargado del Centro de Reinserción Social de Cancún, a fin de que permitiera el acceso y las facilidades al médico y/o psicólogo adscrito a la Secretaría de Salud del Estado, para la realización de la valoración médica a los imputados de mérito y obtener los dictámenes correspondientes en materia psicológica de los quejosos. En ese contexto, el Juez de Control responsable actúo acorde a los parámetros establecidos en la ejecutoria de amparo, dictada por la Superioridad, pues, en primer lugar, por acuerdo de dieciséis de marzo del año en curso, ordenó a los agentes del Ministerio Público del fuero común correspondientes, iniciar una investigación, como realizar todas las diligencias necesarias para comprobar el delito y la probable responsabilidad de los servidores públicos que intervinieron en la captura de los quejosos, en relación con los actos de tortura que manifestaron aquéllos. En segundo lugar, ordenó girar oficio al Director de Normatividad y Asuntos Jurídicos de los Servicios Estatales de Salud del Gobierno del Estado de Quintana Roo, y lo requirió para que instruyera las instrucciones necesarias a quien correspondiera, para que se realicen los exámenes psicológicos y médicos pertinentes de conformidad con el Protocolo de Estambul, a los imputados Brian Adrián Cetina Barrientos, Jorge Vargas Torres, Rafael Hernández Torres y Juan José Castro Salmones, aquí quejosos. En tercer lugar, ordenó girar comunicación oficial al encargado del Centro de Reinserción Social de Cancún, a fin de que permita el acceso y las facilidades al médico y/o psicólogo adscrito a la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, para realizar una la valoración médica a los imputados de mérito y obtener los dictámenes correspondientes en materia psicológica de los quejosos (para allegarse de pruebas en relación con los actos de tortura hechos valer por estos últimos). Además, se recibió el oficio 794/2016 de la Secretaria en funciones de Juez de Despacho del Distrito Judicial de Chetumal, por el que informó a este Juzgado Federal que se había iniciado la carpeta de investigación número PGJE/QR/OPB/03/989/2016 por hechos probablemente constitutivos del delito de tortura o lo que resultare, cometidos en agravio de los aquí quejosos, carpeta que se encuentra en trámite en la unidad de investigación de delitos diversos. En mérito de todo lo anterior, al cumplir la autoridad responsable con los lineamientos establecidos por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dése vista a las partes por el término de quince días a fin de que manifieste lo que a su derecho convenga, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el tercer párrafo del mencionado precepto legal.
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