Brenda Yozelin Martinez Ponce
Expediente 765/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 765/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Brenda Yozelin Martinez Ponce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Certificación Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara el proveído de treinta de junio del año en curso, dictado en este juicio, en el que se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia, sin que lo haya hecho. Causa estado En tal virtud, con fundamento en el artículo 56, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo En consecuencia, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Valoración documental Acorde a lo establecido en el artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, debido a que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento en el presente juicio fuera de audiencia, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 34, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. Destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Se informa a la autoridad. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio que deriva de esta determinación, hace las veces de acuse de recibo, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Ténganse por recibido y agréguense a estos autos el informe justificado y anexo de cuenta remitidos por el Presidente de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Domicilio y delegados. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegadas a las personas que indica. Pruebas De conformidad con el artículo 119 de la ley en cita, se tiene como prueba de su parte, la documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente. Causal de improcedencia Por otra parte, visto el contenido del informe y anexo de cuenta, se advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo1 , que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número 34, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la determinación dictada en el juicio laboral 576/2019, a través de la cual señaló el veintiocho de agosto del presente año, para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, concretamente la testimonial ofrecida por las ahí demandadas. Ahora, de la constancia que la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, consistente en copia certificada del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral de origen, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que el Presidente de la Junta responsable informó que, con fundamento en el artículo 686, de la Ley Federal 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.) del Trabajo2 , regularizó el procedimiento, a fin de dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para el desahogo de las diversas probanzas ordenadas en los autos de veintiséis, treinta y treinta y uno de mayo del año en curso y, en su lugar, indicó nueva fecha y hora para que tengan verificativo, esto es, las once horas, las doce horas y las catorce horas del trece de julio de dos mil veintitrés. Luego, resulta claro que han cesado los efectos del acto reclamado porque con dicho auto de veintinueve del presente mes y año, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que la autoridad responsable subsanó la violación en que había incurrido, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA 2 Artículo 686.- El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Los Tribunales ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del seis de julio de dos mil veintitrés. Sin que pase inadvertido para la suscrita, el hecho de que en la razón de ocho del mes y año en curso, la Actuaria Judicial haya informado su imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada, dado que, ante la actualización de la citada causa de improcedencia y su posterior sobreseimiento, se estima que no se le cause perjuicio a dicha parte procesal. Por las consideraciones expuestas, se cita como apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 45, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, Novena Época, con registro digital 196912, que señala lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.". Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos. Ténganse por recibido y agréguense a estos autos el informe justificado y anexo de cuenta remitidos por el Presidente de la Junta Especial número 34 de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Domicilio y delegados. Como lo solicita, con fundamento en el artículo 9° de la ley de la materia, ténganse como sus delegadas a las personas que indica. Pruebas De conformidad con el artículo 119 de la ley en cita, se tiene como prueba de su parte, la documental que anexa, misma que se desahoga por su propia y especial naturaleza y será tomada en consideración al momento de dictar la resolución correspondiente. Causal de improcedencia Por otra parte, visto el contenido del informe y anexo de cuenta, se advierte que, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo1 , que establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En primer término, es menester precisar que la parte quejosa reclama de la Junta Especial número 34, de la Federal de Conciliación y Arbitraje, la determinación dictada en el juicio laboral 576/2019, a través de la cual señaló el veintiocho de agosto del presente año, para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, concretamente la testimonial ofrecida por las ahí demandadas. Ahora, de la constancia que la autoridad responsable adjuntó a su informe de ley, consistente en copia certificada del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral de origen, se colige que el acto reclamado ha cesado en sus efectos, toda vez que el Presidente de la Junta responsable informó que, con fundamento en el artículo 686, de la Ley Federal 1 Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado (.) del Trabajo2 , regularizó el procedimiento, a fin de dejar sin efecto la fecha y hora señaladas para el desahogo de las diversas probanzas ordenadas en los autos de veintiséis, treinta y treinta y uno de mayo del año en curso y, en su lugar, indicó nueva fecha y hora para que tengan verificativo, esto es, las once horas, las doce horas y las catorce horas del trece de julio de dos mil veintitrés. Luego, resulta claro que han cesado los efectos del acto reclamado porque con dicho auto de veintinueve del presente mes y año, se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que la autoridad responsable subsanó la violación en que había incurrido, de tal suerte, que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional reclamada, como si se hubiera otorgado la protección constitucional En consecuencia, ante la actualización de la causa de improcedencia en estudio, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a en la página 81, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA 2 Artículo 686.- El proceso del derecho del trabajo y los procedimientos paraprocesales, se sustanciarán y decidirán en los términos señalados en la presente Ley. Los Tribunales ordenarán que se corrija cualquier irregularidad u omisión que notaren en la sustanciación del proceso, para el efecto de regularizar el procedimiento, sin que ello implique que puedan revocar sus propias resoluciones, según lo dispone el artículo 848 de la presente Ley. CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia antes invocada, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio fuera de audiencia constitucional. Es aplicable a la anterior determinación la tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a continuación se transcribe: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por tal motivo, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del seis de julio de dos mil veintitrés. Sin que pase inadvertido para la suscrita, el hecho de que en la razón de ocho del mes y año en curso, la Actuaria Judicial haya informado su imposibilidad para llevar a cabo el emplazamiento de la parte tercera interesada, dado que, ante la actualización de la citada causa de improcedencia y su posterior sobreseimiento, se estima que no se le cause perjuicio a dicha parte procesal. Por las consideraciones expuestas, se cita como apoyo la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 45, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de 1998, Novena Época, con registro digital 196912, que señala lo siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado.". Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, doce de junio de dos mil veintitrés. Recepción de documentos Se tiene por recibido y se agrega al expediente el oficio de cuenta Determinación En atención a la solicitud del órgano oficiante, se informa que este juzgado se avocó al conocimiento del juicio de amparo 540/2022 del índice del Juzgado Décimo primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. Asimismo, que con fecha veintiuno de julio de dos mil veintidós, causó estado la determinación por la que se tuvo por no presentada la demanda de amparo, por lo que este expediente se encuentra concluido; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Hecho lo anterior, devuélvase el presente expediente al archivo donde fue tomado. Notifíquese
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