Brenda Yasmín González Ronco

Expediente 1139/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1139/2016
Año
2016
Actuaciones
4
Última actuación
21/09/2016

Partes del expediente

  • Brenda Yasmín González Ronco

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio de cuenta firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria emitida en el expediente de queja 203/2016, donde concluye lo siguiente: ".ÚNICO.- Por las razones expuestas en el último considerando, se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Brenda Yasmín González Ronco, por conducto de su apoderada legal. " En mérito de lo anterior, remítase copia autorizada del presente proveído a la Superioridad, en vía de acuse de recibo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Asimismo, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. En mérito de lo anterior, al ubicarse en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE...

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el oficio 4907 suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Trabajo del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, por medio del cual hace del conocimiento de este juzgado que por auto dictado el cinco de agosto de dos mil dieciséis, pronunciado en la Q. A. 203/2016, se admitió el referido recurso interpuesto por DULCE VENERANDA RODRÍGUEZ LABRA, apoderada legal de BRENDA YASMÍN GONZÁLEZ RONCO, en contra del auto de catorce de julio de dos mil dieciséis; en consecuencia, agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos a que haya lugar. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma la licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante licencia autorizada en sesión celebrada el veintiuno de junio del dos mil dieciséis, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicada mediante oficio CCJ/ST/2741/2016, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez que autoriza da fe. Arge*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el escrito signado por la parte quejosa en el presente asunto Dulce Veneranda Rodríguez Labra, apoderada legal de BRENDA YASMÍN GONZÁLEZ RONCO, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de catorce de julio de dos mil dieciséis, dictado en el juicio de amparo 1139/2016-II, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por dicha parte; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se da trámite al recurso de queja respectivo. Por consiguiente, en vía de informe con relación a la materia de la queja, comuníquese a la Superioridad que es cierto el acto, toda vez que mediante acuerdo de catorce de julio de dos mil dieciséis, se determinó desechar de plano la demanda de amparo, en virtud de que advertían motivos manifiestos e indudables de improcedencia, por las razones que ahí se expusieron. Cabe hacer mención, que la parte recurrente no señaló las copias certificadas que deberán remitirse al Tribunal de Alzada que conocerá del citado recurso, de conformidad con lo establecido por el artículo 100, párrafo segundo de la Ley de Amparo, lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Establecido lo anterior se ordena enviar las copias necesarias inherentes al auto recurrido así como las que se estimen pertinentes para la resolución de la queja, agregar a los autos el escrito original de agravios y una vez integrado desglosarlo y enviarlo con las demás constancias necesarias. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    PERS. CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDO EN AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Cuernavaca, Morelos, catorce de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito que signa Dulce Veneranda Rodríguez Labra, apoderada legal de BRENDA YASMÍN GONZÁLEZ RONCO, por medio del cual subsana la prevención realizada por auto de siete de julio actual. No pasa inadvertido para el suscrito Juzgador que la promovente de amparo Dulce Veneranda Rodríguez Labra, bajo protesta de decir verdad se ostenta como apoderado legal de la directa quejosa en el juicio laboral ********************III y para acreditar esa personería, exhibe copias de actuaciones del juicio natural, en el que la autoridad le reconoce la personería con la que se ostenta en esta instancia constitucional. En ese sentido, de la interpretación del artículo 11 de la Ley de Amparo se advierte que el promovente lo hace a nombre de BRENDA YASMÍN GONZÁLEZ RONCO, por ende, tiene la obligación de acreditar el carácter con el que comparece en la forma que determine la Ley de Amparo o conforme lo establezca la que rija la materia de la que emane el acto reclamado; sin embargo, se tiene al promovente con el carácter con el que comparece, toda vez que de las constancias que anexa al escrito de cuenta, se advierten particularidades de la identidad de las partes en el juicio laboral de origen que coinciden con los que señaló el en la demanda de amparo. En ese sentido, visto el escrito de demanda presentado por Dulce Veneranda Rodríguez Labra, apoderada legal de BRENDA YASMÍN GONZÁLEZ RONCO, contra actos de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, se provee: De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al artículo 107, fracción V de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Ahora, en el caso concreto, la parte quejosa reclama la omisión de la JUNTA ESPECIAL NÚMERO TRES DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS de dictar laudo en el conflicto laboral ********************. Además, de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable el once de mayo de dos mil dieciséis, turnó los autos del juicio laboral de origen para formular el proyecto de laudo. Ahora, sobre la omisión de dictar laudo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J.8/2004: Tesis: 2a./J. 8/2004 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 182160 1 de 1 Segunda Sala Tomo XIX, Febrero de 2004 Pag. 226 Jurisprudencia(Laboral) Tomo XIX, Febrero de 2004 LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo. Conforme a dicha jurisprudencia, el plazo previsto para el dictado del laudo, se desprende principalmente de los artículos 885, 886 y 887 de la Ley Federal del Trabajo, ya que el diverso 889, únicamente dispone que aprobado que sea, se redacte y firme por los miembros de la Junta. Los artículos 885, 886 y 887 de la ley laboral, establecen en lo conducente: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. I. Un extracto de la demanda y de la contestación, réplica y contrarréplica; y en su caso, de la reconvención y contestación de la misma; II. El señalamiento de los hechos controvertidos; III. Una relación de las pruebas admitidas y desahogadas, y su apreciación en conciencia, señalando los hechos que deban considerarse probados; IV. Las consideraciones que fundadas y motivadas se deriven, en su caso, de lo alegado y probado; y V. Los puntos resolutivos Artículo 886.- Del proyecto de laudo se entregará copia a cada uno de los integrantes de la Junta. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a aquel en que se hubiere recibido la copia del proyecto, cualquiera de los integrantes de la Junta podrá solicitar que se practiquen las diligencias que juzgue convenientes para el esclarecimiento de la verdad. La Junta, con citación de las partes, señalará, en su caso, día y hora para el desahogo, dentro de un término de ocho días, de las pruebas que no se llevaron a cabo o para la práctica de las diligencias solicitadas. Artículo 887.- Transcurrido el término a que se refiere el artículo anterior, concedido a los integrantes de la Junta, o en su caso, desahogadas las diligencias que en este término se hubiesen solicitado, el Presidente de la Junta citará a los miembros de la misma, para la discusión y votación, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes al en que hayan concluido el término fijado o el desahogo de las diligencias respectivas. (Lo subrayado es propio) En suma, salvo que medie el desahogo de las diligencias a que alude el segundo párrafo del artículo 886 de la Ley Federal del Trabajo, el plazo para dictar laudo es de veinticinco días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción y turno para emisión de proyecto de laudo. El plazo, que a su vez está fraccionado en tres periodos, transcurrió de esta forma: Periodo. Días que los conforman y lapsos que abarcaron. Primero. Elaboración de proyecto de laudo fundado en el artículo 885. Diez días hábiles a partir del día hábil siguiente al cierre de instrucción. (nueve de mayo de dos mil dieciséis) Del doce de mayo al veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Segundo. Examen del proyecto por los integrantes de la Junta previsto en el artículo 886. Cinco días hábiles siguientes a la recepción de la copia del proyecto. Del veintiséis de mayo al primero de junio de dos mil dieciséis. Tercero. Discusión y votación establecidas por el artículo 887. Diez días hábiles siguientes a la conclusión de los cinco días para revisión del proyecto. Del dos al quince de junio de dos mil dieciséis. Para el cómputo de los términos no se considera el desahogo de las diligencias previstas por el artículo 886, al no existir indicios de ello. Tampoco se cuentan los sábados y domingos, por ser inhábiles. Entonces, el plazo de veinticinco días hábiles para el dictado del laudo, transcurrió del doce de mayo al quince de junio de dos mil dieciséis. El acto reclamado se analiza conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Tal consideración se sustenta en estas tesis: Tesis: 2a./J. 3/94 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 206346 1 de 1 Segunda Sala Núm. 79, Julio de 1994 Pag. 15 Jurisprudencia(Común) Núm. 79, Julio de 1994 ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Tesis: 1a./J. 36/98 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 196072 1 de 1 Primera Sala Tomo VII, Junio de 1998 Pag. 5 Jurisprudencia(Común, Penal) Tomo VII, Junio de 1998 ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN. Cuando se trata de actos de carácter positivo, su existencia debe analizarse de acuerdo con la fecha en que se presentó la demanda de amparo, aun en la hipótesis de que se trata de orden de aprehensión, porque el juicio de garantías procede contra actos existentes y concretos, no probables o eventuales, conclusión que se obtiene de una debida intelección de los artículos 1o., fracción I, 74, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo, en virtud de que dichos preceptos no atienden a la materia en que se haya originado el acto, ni tampoco a la naturaleza y características de éste, de manera que si la orden de aprehensión se gira con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo debe sobreseerse por inexistencia del acto reclamado. Así, a la presentación de la demanda de amparo, ocurrida el seis de julio del año en curso, es inconcuso que había fenecido el plazo para que la Junta emitiera el laudo en el conflicto ********************. Luego, desde un estricto punto de vista, pudiera considerarse que la omisión reclamada causa perjuicio a la parte quejosa en virtud que feneció el plazo legal para que la Junta emitiera el laudo y no lo hizo; sin embargo, a la luz de la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual resulta de aplicación obligatoria de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo y la tesis aislada 1a. CXVII/2016 (10a.), Décima Época, publicada por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 29, Abril de 2016, Tomo II, página 1124, con registro 2011479; el acto reclamado no puede considerarse como causante de una afectación material al derecho sustantivo del quejoso a la administración de justicia. La jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.) dice a la letra: Tesis: 2a./J. 48/2016 (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2011580 1 de 1 Segunda Sala Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h Ubicada en publicación semanal CONTRADICCIÓN DE TESIS(Jurisprudencia (Constitucional, Común)) Publicación: viernes 06 de mayo de 2016 10:06 h AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En efecto la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), la Segunda Sala determinó que por regla general, el amparo indirecto es notoriamente improcedente contra la omisión de la autoridad jurisdiccional de acordar promociones o de proseguir en tiempo con el juicio, por tratarse de violaciones intraprocesales inocuas de derechos sustantivos. La excepción a esa regla y por ende, la irreparabilidad de la omisión o dilación reclamada, tendrá lugar cuando ésta implique una abierta dilación del procedimiento o su paralización total; porque en esos supuestos sí impedirá el ejercicio del derecho a la administración de justicia de forma actual, sin que la sentencia de amparo pueda reparar al quejoso el tiempo en que su caso, la autoridad jurisdiccional o con funciones materialmente jurisdiccionales, dejó de actuar de forma injustificada. Bajo esas directrices, es inconcuso que la abstención reclamada por el quejoso, aun cuando ciertamente a la presentación del amparo había fenecido el plazo legal para que la Junta responsable dictara el laudo sin que lo hubiera hecho, no causa una afectación material a su derecho sustantivo a recibir justicia, porque no puede determinarse generadora de una abierta dilación del procedimiento y menos de una paralización total, por las siguientes razones. El artículo 837 de la Ley Federal del Trabajo, establece cuáles son las resoluciones de la Junta y en qué consisten. Dichas resoluciones pueden ser: 1) acuerdos; 2) autos incidentales o resoluciones incidentales; 3) y laudos. El laudo es la resolución que decide el fondo del conflicto. Ahora, se citan los artículos 840, 841, 842, 843 y 844 de la legislación laboral: "Artículo 840. El laudo contendrá: I. Lugar, fecha y Junta que lo pronuncie; II. Nombres y domicilios de las partes y de sus representantes; III. Un extracto de la demanda y su contestación que deberá contener con claridad y concisión, las peticiones de las partes y los hechos controvertidos; IV. Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga la Junta; V. Extracto de los alegatos; VI. Las razones legales o de equidad; la jurisprudencia y doctrina que les sirva de fundamento; y VII. Los puntos resolutivos. Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen. Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente. Artículo 843. En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación. Artículo 844. Cuando la condena sea de cantidad líquida, se establecerán en el propio laudo, sin necesidad de incidente, las bases con arreglo a las cuales deberá cumplimentarse." De acuerdo con los preceptos transcritos, el laudo tiene, de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes pormenores: Debe dictarse a verdad sabida y buena fe guardada. Si bien la Junta no está obligada a sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, debe apreciar los hechos en conciencia. Debe ser claro, preciso y congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas oportunamente en el juicio. Lo resuelto debe estar fundado y motivado. Cuando se trate de prestaciones económicas, la Junta determinará el salario que sirva de base a la condena. De ser posible, se liquidarán las prestaciones, de modo que solo por excepción se abrirá incidente de liquidación. En suma, el laudo debe cumplir con el imperativo constitucional de fundamentación y motivación de todo acto de autoridad, impuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que también conlleva que guarde los principios de congruencia y exhaustividad. El primero de esos principios implica que el laudo debe ser congruente no solo consigo mismo sino con la litis; mientras que el segundo significa que la resolución debe ocuparse de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, so pena que el laudo sea incompleto y por tanto, transgresor del derecho a la impartición de justicia. Al respecto, es aplicable esta tesis: Tesis: IV.2o.T. J/44 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 179074 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XXI, Marzo de 2005 Pag. 959 Jurisprudencia(Laboral) Tomo XXI, Marzo de 2005 CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbito en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro, de congruencia externa, que en sí atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir cuestión alguna que no se hubiere reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fue parte en el juicio laboral. Mientras que el de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir ninguno de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en los que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. Por tanto, cuando la autoridad laboral dicta un laudo sin resolver sobre algún punto litigioso, en realidad no resulta contrario al principio de congruencia, sino al de exhaustividad, pues lejos de distorsionar o alterar la litis, su proceder se reduce a omitir el examen y pronunciamiento de una cuestión controvertida que oportunamente se le planteó, lo que permite, entonces, hablar de un laudo propiamente incompleto, falto de exhaustividad, precisamente porque la congruencia -externa- significa que sólo debe ocuparse de las personas que contendieron como partes y de sus pretensiones; mientras que la exhaustividad implica que el laudo ha de ocuparse de todos los puntos discutibles. Consecuentemente, si el laudo no satisface esto último, es inconcuso que resulta contrario al principio de exhaustividad que emerge del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, traduciéndose en un laudo incompleto, con la consiguiente violación a la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Federal. Así, el laudo no es una resolución de mero trámite, antes, resuelve el fondo del litigio, por lo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que prevé la ley, pues como quedó apuntado, la Junta debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y por consiguiente, su examen requiere mayor cantidad de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia; máxime si se toma en consideración la carga de trabajo, la falta de recursos humanos y materiales, como lo refieren los Presidentes de las Juntas Uno a Cuatro Locales de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir sus respectivos informes justificados en los diversos juicios de amparo que se tramitan en este Juzgado de Distrito. Por tanto, aun cuando a la instauración del presente juicio de amparo, sucedida el seis de julio de dos mil dieciséis, han transcurrido quince días hábiles, desde el día en que la Junta tuvo que haber dictado el laudo, ya que, como se precisó en párrafos que anteceden, el plazo para ello transcurrió del doce de mayo al quince de junio de dos mil dieciséis, la demora no afecta de forma material el derecho sustantivo de la quejosa a que se la administre justicia pronta, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud que a juicio de este tribunal, veinticinco días naturales de retraso en la emisión del laudo no constituye una dilación abierta en la substanciación del juicio y menos su paralización, pues como se dijo, la naturaleza del laudo requiere tiempo, además, no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad y su recurso humano encargado de esa tarea. Sin que constituya un obstáculo a la anterior determinación que la causa de improcedencia invocada haya sido analizada en el primer auto recaído a la demanda, toda vez que al tratarse de una regla general, corresponde probar a la parte quejosa que se está ante un caso de excepción para la procedencia, esto es, que la autoridad ha incurrido en una abierta dilación del procedimiento o en una paralización total, en los términos de la jurisprudencia ****. Tampoco se inadvierte que la parte quejosa sea el trabajador en el juicio de origen, habida cuenta que el suscrito juzgador debe suplir la deficiencia de los conceptos de violación en materia del trabajo en favor del trabajador; sin embargo, dicha suplencia opera una vez vencidas las causas de improcedencia, lo cual a juicio del suscrito no acontece en la especie. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por Dulce Veneranda Rodríguez Labra, apoderada legal de BRENDA YASMÍN GONZÁLEZ RONCO, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano