Brenda Viridiana Rosales Cornejo
Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 118/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Brenda Viridiana Rosales Cornejo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Secretaria del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo número 118/2021 y testimonio de la ejecutoria de catorce julio de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 116/2022, en la cual, en sus puntos resolutivos se determinó: PRIMERO En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida SEGUNDO La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ***** En ese contexto, glósese a los autos las actuaciones que en original obran en el cuaderno de antecedentes, toda vez que las restantes son copias simples; y, hágase del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de enero de dos mil veintidós; y toda vez que se concedió la protección constitucional en el presente juicio de amparo, se declara que este expediente es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Notifíquese
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de marzo de dos mil veintidós. Tribunal colegiado admite recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, a través del cual, transcribe el proveído de quince de marzo de dos mil veintidós, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa Brenda Viridiana Rosales Cornejo, en contra de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, radicándolo bajo el número de expediente 116/2022; lo anterior, se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Héctor Blanco Monje, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, nueve de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, por medio del cual remite el escrito firmado por la parte quejosa Brenda Viridiana Rosales Cornejo, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Se tiene por interpuesto recurso de revisión y notificación a las partes. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, esto es, a la autoridad responsable y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Remisión del citado medio de impugnación. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar en relación al referido medio de impugnación. Cuaderno de antecedentes. Bajo esa tesitura, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico. Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, tan pronto se tenga conocimiento que el citado tribunal colegiado admitió el citado medio de impugnación, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante David Sánchez Pérez, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 118/2021 promovido por *****, por propio derecho. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, ante el buzón judicial, remitido por razón de turno al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, la parte quejosa *****, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, contra actos que atribuye a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos y otras autoridades. Segundo. Admisión y trámite de la demanda Por auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, satisfecha la prevención, el Juzgado Cuarto de Distrito, radicó el ocurso inicial bajo el número de expediente *****, la admitió a trámite y solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio la intervención legal que compete al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el quince de diciembre de dicha anualidad. Tercero. Remisión de autos para dictado de sentencia. Por oficio de veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno, dicho órgano jurisdiccional en cumplimiento al oficio SECNO/STCCNO/668/2021, de ocho de diciembre del actual, signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos; y al Acuerdo 120/2021, envió aquel juicio a este juzgado de Distrito para el dictado de la sentencia correspondiente. Cuarto. Recepción de autos para dictado de sentencia. En ese orden, tal asunto fue remitido a través de la mencionada Oficina de Correspondencia Común, y por acuerdo de veintisiete de diciembre de dicha anualidad, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, se avocó al conocimiento del asunto, el cual se radicó el mismo bajo el expediente 118/2021; se convalidaron las actuaciones efectuadas por el homólogo federal y se requirió a las partes para que expresaran si tienen conocimiento de algún impedimento que tuviera el suscrito, para dictar sentencia en el sumario en que se actúa, sin que se haya efectuado alguna manifestación al respecto; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 constitucionales, 107, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, 48 y 57, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo 03/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74 fracción I1, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado para así determinar con exactitud la intención de la parte quejosa, sin cambiar el alcance de su pretensión. Con base en lo anterior, se precisa que del estudio integral de la demanda de garantías y de las demás constancias de autos, se advierte que la parte quejosa reclama: Como autoridad ordenadora: 1. Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos. 2. Magistrado Visitador General de Poder Judicial del Estado de Morelos. De quienes reclama en sus respectivas competencias: La resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, dictada dentro del procedimiento de responsabilidad administrativa *****, en la que se determinó la existencia de la responsabilidad administrativa de la quejosa, y se le impuso una sanción consistente en la suspensión del cargo sin goce de sueldo por diez días. Como autoridades ejecutoras: 3. Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos. 4. Actuaria Adscrita a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos. 5. Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. 6. Director General de Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría del Estado de Morelos. Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos al rendir su informe con justificación negó la existencia de los actos reclamados, sin que la amparista haya desvirtuado tal afirmación. En estas condiciones, sin prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa, acorde con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Cuarto. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, Magistrado Visitador General de Poder Judicial del Estado de Morelos, Actuaria Adscrita a la Visitaduría General del Poder Judicial del Estado de Morelos y Director General de Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría y Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, todos del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptaron la existencia del acto en el ámbito de sus competencias. Asimismo el Juez integrante de Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos), al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le reclama; lo que quedó acreditado con la copia certificada del expediente administrativo ****, remitidas por el Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, y de la totalidad de las constancias que guardan relación con el acto reclamado que aquí la quejosa combate, a las que se les da valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo por disposición de su propio artículo 2. Quinto. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a página 553, Tomo VI, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 a 1995, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso, la Secretaria de Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, aduce que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, sin expresar las razones que justifiquen su actualización, por lo cual se desestima, no obstante que para su ponderación se requiere del desarrollo de mayores razonamientos, en virtud que aquélla no es de obvia y objetiva constatación. Al no existir diversa causa de improcedencia planteada por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio se procederá al análisis de los conceptos de violación. Sexto. Análisis de los Conceptos de violación. La parte quejosa formuló los conceptos de violación que se precisan en su demanda de amparo, los cuales se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran, en acatamiento del principio de economía procesal y a la jurisprudencia 2ª./J.58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Son infundados e inoperantes los conceptos de violación hechos valer, de conformidad con las siguientes consideraciones legales. Para una mejor comprensión del asunto, acto seguido se le relatan los antecedentes relevantes, origen del acto reclamado. 1. Mediante oficio ******, de doce de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Junta de Administración y por el Secretario General de dicha Junta, una vez analizada el acta de entrega-recepción efectuada el veintidós de octubre de dos mil veinte2, a la licenciada Valeria Valencia Vega Altamirano, en sustitución de la licenciada Yolanda González Linares, respecto del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, con fundamento en el artículo 117, fracción X y 189, fracción II, ambos de la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Morelos, se ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa contra la ahora pretensora de protección federal, pues en dicha acta se hizo constar que ésta al parecer en su carácter de Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, tenía ochenta y ocho notificaciones pendientes por realizar (fojas 114 a 121 del sumario constitucional). 2. En auto de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, el Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos, inició el procedimiento de responsabilidad administrativa contra la servidora pública *****, en su carácter de Actuaria adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, ordenó formar el expediente de queja administrativa ******, asimismo, giró instrucciones a efecto de con las formalidades de ley, corriera traslado y emplazara a aquélla, haciendo entrega de las copias de traslado de los documentos ahí detallados (fojas 155 a 159 ídem), emplazamiento que tuvo verificativo el seis de abril de esa anualidad (fojas 160 a 166 ibidem). 3. Mediante escrito presentado dentro del plazo de ley (fojas 170 a 180 del juicio de amparo), se tuvo a la quejosa formulando contestación al procedimiento de mérito, en el que opuso defensas y excepciones, asimismo, ofreció pruebas y mediante auto de veinte de mayo de dos mil veintiuno se desahogó la audiencia de pruebas y alegatos, en la que se hizo constar que la quejosa no compareció, ni presentó escrito en el que formulara los alegatos que a su derecho correspondiera, por lo cual se declaró precluido su derecho para ejercitarlo en ese efecto (foja 301 ídem) . 4. Finalmente, por resolución de dieciséis de julio de dos mil veintiuno, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, determinó la existencia de responsabilidad administrativa que se le atribuye a ******, hoy quejosa, donde se le impuso la suspensión del cargo sin goce de sueldo por diez días, a partir de la notificación de dicha resolución. Ahora bien, la quejosa esgrime en su primer concepto de violación que, el oficio ******, de doce de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Junta de Administración y por su Secretario General, no bastaba para dar inicio al procedimiento administrativo, toda vez que la misma no cumple con las formalidades que prevé el ordenamiento respectivo. Agrega que el hecho por el cual se constituyó personal de la Visitaduría lo fue para llevar a cabo el levantamiento del acta de entrega recepción del multicitado juzgado y como consta en dicha acta en ningún momento se tuvieron a la vista los autos que integran los expedientes que en su momento tenía encargados y, por lo tanto, desconoce los razonamientos en los que se asentaron los motivos por los cuales hasta ese momento no se habían realizados las notificaciones. Insiste la quejosa, que el único propósito de la elaboración del acta de mérito, era hacer constar la entregarecepción del referido juzgado, y que en ninguna hipótesis se prevé el inicio de un procedimiento administrativo derivado de dicha diligencia, por lo cual la Visitaduría omitió actuar con las formalidades establecidas en su reglamento, y que se extralimitó en sus funciones, y que por tanto, el inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa no satisface los requisitos de legalidad, toda vez que no se trataba de una visita de supervisión. Continúa diciendo la impetrante de amparo, que al no existir una orden de visita, ni de inspección ordinaria o extraordinaria que satisficiera los requisitos establecidos en el Reglamento respectivo de la Visitaduría, y el iniciar de forma autónoma un procedimiento de responsabilidad administrativa viola su derechos sustantivos de legalidad. Son inoperantes los argumentos antes reseñados. Para soportar esa calificativa, conviene traer a estudio el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 75. En las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. El órgano jurisdiccional deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. Además, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o a los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, o a los ejidatarios o comuneros, deberán recabarse de oficio todas aquellas pruebas que puedan beneficiar a las entidades o individuos mencionados y acordarse las diligencias que se estimen necesarias para precisar sus derechos agrarios, así como la naturaleza y efectos de los actos reclamados." Conforme a ese artículo, en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas no rendidas ante aquélla; salvo que el quejoso no tuviera oportunidad de ofrecerlas. Pero de esa norma también es posible deducir, que la autoridad de amparo no puede desconocer o desatender los preceptos que rigen la actuación de la autoridad responsable, ni variar la naturaleza del acto reclamado o modificar la situación jurídica en que se dictó, pues el examen de aquél comprende el del marco jurídico que regula su emisión. En suma a lo anterior, por regla general en todo juicio o procedimiento es suma importancia la fijación y alcances de la litis, de lo que se obtiene que la contienda judicial se ciñe conforme al objeto pretendido y con arreglo a los hechos en que se funde la causa petendi, expresados en el escrito de demanda. El derecho litigioso y los hechos en que se funde, se controvierten mediante la actuación del demandado que puede oponer las excepciones y defensas que considere oportunas y, en tal virtud, deberá expresar las circunstancias de hecho o de derecho en que se funda su defensa, a fin de que puedan ser objeto de análisis en la sentencia de fondo. Tiene aplicación la jurisprudencia VI.1o. J/59, en la parte conducente, del otrora Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el tomo octavo, agosto de mil novecientos noventa y uno, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "EXCEPCIONES. DEBEN PRECISARSE LOS HECHOS EN QUE SE FUNDAN. Al oponer una excepción, el demandado está obligado a precisar con exactitud los hechos en que se funda la misma, a efecto de no dejar a la parte actora impedida para preparar una adecuada defensa y por tanto, aun cuando de las probanzas que aquél aportara se llegasen a comprobar los aludidos hechos, sería irrelevante, en virtud de que no había quedado debidamente fijada la litis y estimar lo contrario sería violatorio de garantías individuales." De manera que en términos expresos la litis en los juicios promovidos en la vía ordinaria o procedimientos administrativos, se conforma con las pretensiones y hechos que las fundan expuestos en la demanda, así como las excepciones opuestas en su contestación. Tiene aplicación, en su parte que interesa y por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 161/2005, visible en la página 432, del tomo vigésimo tercero, enero de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LITIS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. SE INTEGRA SÓLO CON EL ESCRITO DE DEMANDA Y SU CONTESTACIÓN. De una interpretación sistemática de los artículos 1061, 1069, 1327, 1399, 1400 y 1401 del Código de Comercio, se advierte que la litis en los juicios ejecutivos mercantiles se integra únicamente con el escrito de demanda -en el que la parte actora funda su acción- y con su contestación -a través de la cual el demandado funda sus excepciones y defensas-, lo que se conoce como litis cerrada. Lo anterior es así, en virtud de que al establecer el citado artículo 1400 que con el escrito de contestación a la demanda se tendrán por opuestas las excepciones que permite la ley y se dará vista al actor por tres días para que manifieste y ofrezca las pruebas que a su derecho convenga, es exclusivamente para que éste tenga la oportunidad de ofrecer las pruebas pertinentes para desvirtuar las excepciones planteadas, pero no para corregir o mejorar su escrito de demanda, pues ello generaría un desequilibrio procesal entre las partes." Sobre esa base es posible definir que si en el amparo indirecto, promovido contra la sentencia pronunciada en el juicio de origen, en vía de concepto de violación, la quejosa plantea aspectos o temas que no formaron parte de la litis, éstos resultan inoperantes, porque existe imposibilidad jurídica para que el órgano jurisdiccional constitucional los examine, pues la autoridad responsable no estuvo en aptitud de hacerlo, en tanto que no se le hicieron valer. Además, de realizar el estudio de aspectos que escaparon de la litis, se dejaría en estado de indefensión a la parte tercera interesada (en caso de haberlo), porque no se le dio oportunidad de controvertirlos y, ofrecer las pruebas que estimara convenientes para desvirtuarlos. Inclusive, ese estudio contravendría el principio inmerso en el artículo 75 de la Ley de Amparo, donde se exige que el juicio de amparo no puede desconocer o desatender los preceptos que rigen la actuación de la autoridad responsable, ni variar la naturaleza del acto reclamado o modificar la situación jurídica en que se dictó. Sirve de apoyo a la calificación de inoperancia de que se trata, la tesis aislada de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 74, tomo 217-228, Cuarta Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE INTRODUCEN ARGUMENTOS NO HECHOS VALER EN EL JUICIO NATURAL. Si en los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo se introducen razonamientos ajenos a los que se expresaron en la contestación a la demanda en el juicio natural, los mismos resultan inoperantes pues no pudo haberse incurrido en violación de garantías por el tribunal responsable al no examinar razonamientos ajenos a la litis.". Así como la tesis de jurisprudencia VI.2º.T. J/2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, visible en la página mil cuatrocientos noventa y seis, Tomo XIV, Diciembre de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. CUANDO EL ARGUMENTO EXPUESTO EN LA DEMANDA DE AMPARO NO SE HIZO VALER COMO DEFENSA O EXCEPCIÓN EN EL JUICIO NATURAL. Es incuestionable que un planteamiento no formulado por las partes ante la autoridad de instrucción, no puede ser analizado en el juicio de garantías, pues de otra manera el tribunal que conozca del juicio se estaría sustituyendo a la responsable, en contravención a la técnica que rige la materia de amparo, introduciendo en la litis constitucional argumentos no controvertidos en el juicio natural, porque en toda sentencia dictada en el juicio de garantías debe atenderse el acto reclamado como se encuentre probado en autos, y si un punto legal no fue dilucidado por la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, por no haber sido materia de defensa o excepción, el tribunal constitucional no debe ocuparse del mismo.". En el caso concreto, la contestación vertida por la quejosa del procedimiento administrativo de origen es del tenor literal siguiente: ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** De la lectura exhaustiva del anterior escrito, se advierte que la aquí quejosa, al momento de contestar al procedimiento de mérito, esencialmente, expuso como defensas las ahí descritas, pero se pueden resumir asi: -Que como consta en el oficio *********, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte y notificado el dieciocho siguiente, en el que le informaron designación como Actuaria de Primera Instancia de manera temporal e interina adscrita al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, así como la lista de expedientes que se encontraban pendientes de notificar. - Que es público y notorio la carga excesiva de trabajo derivado de pandemia de salud por el virus COVID-19. - Que mediante diversos acuerdos el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos determinó la suspensión de actividades. - Que no en todos los casos era posible practicar las notificaciones a través de medios electrónicos. -Que no contó con vehículo oficial el tiempo suficiente. Empero, en ningún momento se aprecia que hubiera manifestado las defensas que hizo valer en el primer concepto de violación, por cuanto a los argumentos defensivos que enderezó contra el inicio del procedimiento y contra el oficio *******, de doce de marzo de dos mil veintiuno, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Junta de Administración y por su Secretario General, por lo cual los argumentos planteados en el presente apartado devienen inoperantes. En otro orden de ideas, en el segundo motivo de disenso aduce, en resumen que, la autoridad responsable realizó un inadecuado análisis del cúmulo probatorio, pues indebidamente les concedió pleno valor probatorio a los documentos identificados como: 1) oficio a la encargada del departamento de recursos humanos y 2) oficio al titular del Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, y con los cuales estimó suficientes para declarar la existencia de responsabilidad administrativa. Continúa diciendo la quejosa que la autoridad responsable vulneró su derecho a probar su favor, dejándola en estado de indefensión ya que no se ocupó de valorar en su conjunto y en lo particular el material probatorio que obraba en el expediente. Son infundados los argumentos defensivos. La anterior calificación obedece a que contrario a lo argumentado por la quejosa, la autoridad responsable emisora de la resolución reclamada sí analizó en lo particular y en forma grupal los medios de convicción que ofrecieron en el multicitado expediente administrativo. Ello se patentiza de la lectura del fallo controvertido, en donde la autoridad emisora de la determinación, en primer orden en el considerando octavo estableció la litis natural, ello con base en el inicio del procedimiento dictado en la sesión extraordinaria de cinco de marzo de dos mil veintiuno y con el informe rendido por la quejosa el trece de abril de esa anualidad. Luego, la autoridad responsable estableció con base en el artículo 187, fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que *******, no había notificado de forma oportuna los expedientes que ahí de detalló Posteriormente, en el considerando décimo primero, dicha responsable valoró las pruebas ofrecidas y admitidas en el procedimiento, consistentes en 1) documental pública relativa a la copia certificada del acta de entrega recepción y sus anexos, respecto del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, llevada a cabo el veintidós de octubre de dos mil veinte, documental a la que le otorgó valor probatorio en términos del numeral 437 y 491 del Código Procesal Civil de dicha entidad, aplicado supletoriamente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. En ese orden analizó los informes de autoridad a cargo de: a) La jefatura de Recursos Humanos, rendido a través del memorial ********, de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, con el cual se informó de la antigüedad, percepciones nominales y la inexistencia de registros por sanciones administrativas en el expediente personal. b) de la Jueza Segunda Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, a través del oficio 203 de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, por el cual se hizo saber el número y tipo de notificaciones y diligencias practicadas por la probable responsable del dieciocho de septiembre al veintidós de octubre de dos mil veinte, los días que acudió a trabajar en el referido periodo dicha servidora pública, precisando los días que contó con el apoyo del vehículo oficial. c) Del encargado de vehículos de Poder Judicial del Estado, por el memorial *******, de veintinueve de abril de dos mil veintiuno, a que se acompañaron copias fotostáticas de la bitácora de comisiones de vehículos oficiales del Sexto Distrito Judicial. Informes a los que dicha autoridad responsable les otorgó eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto en los artículos 428 y 490 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos. Asimismo, dicha autoridad analizó las documentales que la hoy quejosa ofreció en el contradictorio de origen, entre las que se encuentra: I. Oficio ******, de diecisiete de septiembre de dos mil veinte, por el que se comunica a la ahora quejosa su designación temporal interina como Actuaria adscrito al Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado. II. Relación de expedientes pendientes por notificar, que le entregó el veintiuno de septiembre de dos mil veinte, ********. III. Copias fotostáticas de los acuerdos ***** y *******, tomados por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en sus respectivas sesiones de diecisiete de marzo y treinta y uno de julio de dos mil veinte. Documentales a las mencionadas en el primer y tercer lugar a la que les brindó valor probatorio en términos de los numerales 442 y 490 del Código Procesal Civil en vigor, aplicada supletoriamente a la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, asimismo tomó en consideración las pruebas de instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano. En ese contexto analítico, la autoridad responsable emisora del fallo natural estimó que con las documentales públicas consistentes en copia certificada de la relación de expedientes que se encontraban pendientes de notificar en la Tercera Actuaría del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado de Morelos, el día veintidós de octubre de dos mil veinte, la lista de expedientes de veintiuno de septiembre de dos mil veinte, que entregó ******* a la hoy quejosa; de la copia certificada de la libreta que contiene el registro de asistencia de la quejosa al Juzgado Segundo en mención, en el periodo del veintiuno de septiembre al veintidós de octubre de dos mil veinte; las copias certificadas de las bitácoras de comisiones de vehículos oficiales al juzgado en mención, gozaban de eficacia probatoria y creaban una convicción firme de que la hoy quejosa, es administrativamente responsable de la falta a que se refiere la fracción I, del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos. Lo anterior únicamente por cuanto hace a la omisión de notificar los expedientes *********. Agregó la autoridad responsable que la firmeza de la convicción se generaba porque la hoy quejosa tuvo pleno conocimiento del tipo de juicios y debió tomar conocimiento de las notificaciones pendientes y aplicar las medias necesarias, pues era claro que estaban desfasados de los términos para su notificación, según prevé los artículos 125 y 132, respectivamente de los Códigos Procesal Civil y Familiar del Estado de Morelos. De lo antes relatado, es patente que contrario a lo que expresó la quejosa en su segundo motivo de disenso, la autoridad responsable sí valoró en lo individual y en forma grupal los destacados medios de convicción, incluso adverso a lo manifestado no es verdad que haya quedado en estado de indefensión, pues se le notificó del inicio del procedimiento, contestó el mismo, ofreció las pruebas correspondientes que estimó apoyaban su defensa y tuvo la oportunidad de alegar (sin que hubiera ejercido ese derecho). De ahí que incluso, como la propia autoridad apuntó en la sentencia reclamada, al momento de contestar el procedimiento la quejosa tuvo la oportunidad de manifestar y justificar las razones de su incumplimiento de notificar los mencionados expedientes supra líneas; sin embargo, no lo hizo, por lo que es innegable que pudo referirse a cada uno de los expedientes en particular y precisara en qué momento los notificó para de ese modo, la autoridad natural valorara si era o no de excusarse la dilación en que incurrió atendiendo a la definición del plazo razonable. Por lo antes considerado torna de infundados los argumentos vertidos en el segundo concepto de violación. Por lo expuesto y fundado; se: R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por **********, por su propio derecho, respecto de la autoridad y por las razones expuestas en los considerandos segundo y tercero este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ******, por propio derecho, por los motivos expuestos en el considerando último de la resolución. Notifíquese personalmente.
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