Brenda Viridiana Lazaro Castañeda

Expediente 469/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
469/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
30/05/2022

Partes del expediente

  • Brenda Viridiana Lazaro Castañeda
  • Fiscal Ejecutivo Adscrito
  • Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotropicos Y Sustancias Químicas de la Comisión Federal Para la Protección Contra Riesgos Sanitarios

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, treinta de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el término a efecto de impugnar el pronunciamiento de veinte de abril de dos mil veintidós, y toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, en consecuencia, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 1, del Manual referido, toda vez que en el presente asunto se concedió la protección constitucional. Por lo tanto, deberá conservarse el presente juicio de amparo, por el término de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, y una vez concluido este plazo, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el expediente, conservando la demanda, la sentencia, en su caso las resoluciones recurridas, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que venció el término de tres días otorgado a la parte quejosa mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto del cumplimiento dado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, sin que hubiese realizado manifestación alguna; en consecuencia, se procede a resolver el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obran en el expediente y con las constancias aportadas por la aludida autoridad responsable. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." (Registro: 192,174, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, página: 243) Cabe precisar, que en la sentencia de amparo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, confirmada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 374/2021, se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: por lo que se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, en contra de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana, para el efecto de que se desincorporen de la esfera jurídica de los quejosos los dispositivos legales referidos. Declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, asimismo, no podrá conducirse vehículos bajo el influjo de dicha sustancia. Protección constitucional que se hace extensiva al acto de aplicación de los preceptos reclamados, consistente en el oficio número 203300EL351560, de quince de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de los quejosos para obtener el permiso o autorización para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos a su consumo, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de semillas. Por lo tanto, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deberá dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica de los quejosos los preceptos reclamados y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de los quejosos, le otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por los quejosos se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. De tal forma que, la presente sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que, una vez firme, debe dar cumplimiento a este fallo. Además, se reitera que la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos ni su uso en perjuicio de menores ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor de la quejosa para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. Asimismo, la autorización que de ser el caso otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal de los quejosos. Lo cual deberá acreditar ante este juzgado de Distrito en su totalidad, dentro del término de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192, de la Ley de Amparo. Es decir, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, 247 y 248, todos de la Ley General de Salud, lo cual se traduce en que se otorgue la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana, con las limitantes ahí expuestas. En este contexto, mediante oficio de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso, en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitió copia certificada del oficio número COFEPRISCAS/ DEREPSQ-2775/2022, de tres de marzo del presente año, con el que concedió la autorización bajo los términos y para los efectos señalados en la sentencia referida; oficio que se digitaliza para pronta referencia: Ahora bien, mediante proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa para que manifestará lo que a su derecho conviniera en relación con las manifestaciones vertidas y la documental exhibida por la autoridad responsable, sin hacer pronunciamiento alguno. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado considera CUMPLIDA LA SENTENCIA dictada en el presente juicio constitucional, toda vez que se cumplió con los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional, ya que la autoridad responsable dejó insubsistente el oficio 203300EL351560, y en su lugar emitió uno otorgando la autorización para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos del estupefaciente conocido como marihuana, por tanto, este órgano jurisdiccional considera que no existe defecto ni exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. También, es aplicable por analogía, la jurisprudencia número 2ª./J. 1/2001, que a la letra dice: INCONFORMIDAD. SI EL AMPARO SE CONCEDIÓ POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, NO DEBE EXAMINARSE LA LEGALIDAD DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. (No. de Registro: 190356, página doscientos tres (203), Novena Época, Segunda Sala, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Se hace del conocimiento lo anterior a la parte quejosa, para los efectos del artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio signado por la Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, por medio del cual, realiza diversas manifestaciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparo y exhibe diversa documental para acreditar el mismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente. INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)(No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual, remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 374/2021, mediante sesión de diecisiete de febrero de dos mil veintidós. Se hace del conocimiento de las partes que la superioridad resolvió lo siguiente: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Brenda Viridiana Lázaro Castañeda, en términos de lo expuesto en la presente ejecutoria. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega a los autos el oficio de cuenta, para que obre como corresponda, tomando conocimiento de su contenido, acusando el recibo de estilo del testimonio al Tribunal oficiante. Atento a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Cabe precisar, que en la sentencia de amparo de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, confirmada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 374/2021, se concedió la protección constitucional para los siguientes efectos: por lo que se concede el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado, en contra de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248, todos de la Ley General de Salud, en las porciones normativas que establecen una prohibición para que la Secretaría de Salud emita autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: 6a (10a), a (7), 7, 8, , 10, 9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocido como cannabis o marihuana, para el efecto de que se desincorporen de la esfera jurídica de los quejosos los dispositivos legales referidos. Declaratoria de inconstitucionalidad que no supone en ningún caso autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la importación, enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas, en el entendido de que el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros. En ese sentido, este derecho no podrá ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, asimismo, no podrá conducirse vehículos bajo el influjo de dicha sustancia. Protección constitucional que se hace extensiva al acto de aplicación de los preceptos reclamados, consistente en el oficio número 203300EL351560, de quince de enero de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró improcedente la solicitud de los quejosos para obtener el permiso o autorización para consumo personal con fines lúdicos o recreativos de la marihuana, así como para ejercer los derechos correlativos a su consumo, tales como la siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte y adquisición de semillas. Por lo tanto, el Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, deberá dejar insubsistente el oficio reclamado, desvincular de la esfera jurídica de los quejosos los preceptos reclamados y, en su lugar, de no advertir alguna irregularidad o causa diversa de improcedencia en cuanto a los requisitos de la solicitud de los quejosos, le otorgue la autorización sanitaria respecto de las sustancias y para los efectos a los que se ha hecho referencia en párrafos anteriores, en el entendido de que corresponderá a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho aquí reconocido, así como constreñida a dar efectivo y total cumplimiento a la presente resolución. Lo anterior puede lograrse, por ejemplo, a través del otorgamiento de permisos especiales y/o tenedores legales con los controles administrativos conducentes, garantizando siempre que la adquisición de la semilla por los quejosos se materialice bajo el amparo de la ley y asegurando a todos los terceros que participen en ella que su conducta se encuentra ajustada a derecho. De tal forma que, la presente sentencia no constituye por sí misma la autorización para llevar a cabo el consumo personal de marihuana ni de los actos para materializarlo, pues la autorización respectiva se otorgará por la autoridad responsable Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios que, una vez firme, debe dar cumplimiento a este fallo. Además, se reitera que la autorización que se expida no comprenderá el consumo personal en lugares públicos ni su uso en perjuicio de menores ni tampoco deberá permitir que se expida autorización a favor de la quejosa para llevar a cabo actos de comercio ilícito o narcotráfico, suministro gratuito o cualquier acto que no tenga relación con el consumo personal de marihuana por adultos en espacios privados. Asimismo, la autorización que de ser el caso otorgue la autoridad, tendrá que observar los controles administrativos conducentes y limitarse al consumo estrictamente personal de los quejosos. Lo cual deberá acreditar ante este juzgado de Distrito en su totalidad, dentro del término de diez días siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del auto que declare que ha causado ejecutoria la presente sentencia, en términos del segundo párrafo del artículo 192, de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en el término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo invocada. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a su titular multa por cien días la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, así como el 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al Titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, para que en su calidad de superior jerárquico de la directamente responsable, la conmine a cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la directa responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos y forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Con el apercibimiento que, de no demostrar que dio la orden a la directa responsable o, en su caso, que no llevó a cabo las acciones para cumplir la ejecutoria de amparo por sí misma, se realizará lo precisado en los incisos a), b) y c), señalados. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo antes citada, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Establecido lo anterior, se exhorta a las autoridades para que únicamente hagan del conocimiento de este Juzgado Federal, las actuaciones que trasciendan en el procedimiento de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, evitando de esa manera actuaciones innecesarias en este expediente. Informándoles que en caso de insistir en la presentación de promociones con el contenido antes mencionado, se les impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de cuenta en la Ciudad de México y se continuará el procedimiento en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Nancy Alejandra Magos Jurado, quien autoriza. Doy fe.

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