Brenda Vanessa Ríos López
Expediente 1158/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1158/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Brenda Vanessa Ríos López y Otros.
- Jorge Jofe Martínez Silva
- Brenda Vanessa Ríos López
- Congreso de la Unión
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de enero de dos mil veintitrés. 1. Estado procesal. Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión, en contra de la sentencia en la que se sobreseyó el juicio de amparo, dentro del plazo legal para hacerlo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Sin que en el caso sea necesario realizar el cómputo relativo a la presentación del recurso por lo que ve a las autoridades responsables, pues como se advierte de los párrafos que preceden, se decretó el sobreseimiento en el juicio en que se actúa, por tanto no les depara perjuicio alguno a éstas. 2. Orden de archivo y se reserva envío físico del expediente al archivo. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que se integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y las que forman parte de expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veintiocho de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación. 3. Incidente de suspensión. Toda vez que en el incidente de suspensión respectivo se negó la suspensión definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DESTRUCCIÓN y no es de relevancia documental. 3.1 Duplicado del incidente de suspensión. Por otra parte, el duplicado del incidente de suspensión es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por lo que con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a), del citado acuerdo, una vez transcurrido el término de seis meses, destrúyase. Entonces, una vez que transcurran tres años contados a partir de que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, incisos a) y c), del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con el numeral 35 del multicitado acuerdo, hágase constar en la carátula del expediente relativo, la valoración correspondiente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1158/2022, promovido por ********************, por alegada violación de los artículos 1o, 14, 16, 17, 21 y 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Congreso de la Unión y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO Lo anterior, al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. En términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción I, y 75 de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados, de lo que se desprende que los quejosos reclaman: Del Congreso de la Unión, la aprobación y expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. De la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la omisión de oposición a la expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública y es contrario a la disposición al artículo 21 párrafo IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del Secretario de la Defensa Nacional, la omisión de oposición a la expedición de la modificación del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, toda vez que, la aprobación y expedición, contravienen el mandato constitucional en lo establecido en el párrafo IX del artículo 21 de la Constitución Federal. Del Comandante de la Guardia Nacional, la omisión de oposición a la expedición del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, toda vez que, la aprobación y expedición, contravienen el mandato constitucional en lo establecido en el párrafo IX, del artículo 21 de la Constitución General de la Republica. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con los artículos 103 y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 y 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; virtud a que se reclama la constitucionalidad de un decreto con posible ejecución material en Morelia, Michoacán, territorio en que este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia no quedó acreditada. Las autoridades responsables Secretario de la Defensa Nacional y Comandante de la Guardia Nacional, al rendir su informe justificado negaron la existencia de las omisiones reclamadas, al referir, en esencia, que dentro de sus facultades legales no está oponerse o impedir la expedición de decretos por los que se modifiquen diversas disposiciones legales. La autoridad Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, fue omisa en rendir el informe de ley, no obstante estar debidamente notificada, mediante oficio 31358, entregado el cuatro de noviembre; sin embargo, al habérsele atribuido la misma omisión relacionada en el párrafo que antecede, no se presume su certeza, en virtud de que dentro de sus atribuciones legales no se encuentra oponerse o impedir la expedición de decretos que modifiquen disposiciones legales, por lo que también se considera inexistente el motivo de reclamo. En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio, por lo que a dichos actos se refiere. CUARTO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó acreditada. La Directora de Amparos y Controversias Constitucionales, en representación de la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, al rendir su informe justificado, aceptó la existencia de los actos legislativos que se le atribuyen. Por otra parte, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión fue omisa en rendir su informe de ley, no obstante estar debidamente notificada mediante oficio 31357, entregado el veintisiete de octubre; sin embargo, conforme al artículo 73, fracciones XIV y XXIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene facultades legislativas y el Decreto reclamado se encuentra publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de septiembre de dos mil veintidós, por tanto, es un hecho notorio conforme al artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, por lo que resulta innecesario allegarlo al juicio, máxime que conforme al principio jurídico "la ley no es objeto de prueba", no se requiere su existencia en autos. Fundamenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". QUINTO. Causales de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, se advierte actualizada la causa de improcedencia prevista en el precepto 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ya que los quejosos no justificaron su interés legítimo para reclamar la inconstitucionalidad del Decreto impugnado. Acorde a los citados preceptos, el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de éstos. Ahora bien, el juicio de amparo es procedente cuando la parte que lo promueve cumple con el principio de instancia de parte agraviada, esto es, que sea promovido por quien le perjudique el acto o la ley que se reclama, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho. Ahora bien, para determinar los requisitos que el solicitante de amparo debe cumplir para acreditar ser titular de un interés legítimo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de registro digital 2019456 y rubro "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS", numeró los siguientes: a) Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación a la quejosa, ésta debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Finalmente precisó que los tres elementos constitutivos son concurrentes, por tanto, ante la ausencia de alguno de ellos el medio de defensa intentado será improcedente. En el caso concreto, la parte quejosa sostiene que con la aprobación y expedición del decreto por el que se reforman, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Área Mexicanos y de la Ley de Asenso y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, se viola en su perjuicio un interés legítimo en virtud de que instan la acción constitucional en su calidad de activistas, defensores de derechos humanos y de combate a la corrupción. Que como producto de la modificación legislativa atacada, esto es, la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, puede generar un efecto inhibidor y amedrentador para el libre ejercicio de la actividad como defensores de derechos humanos. Ahora, en el caso, no quedó acreditada la existencia de una afectación en perjuicio de los promoventes, esto es, de las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo no se evidencia que con la publicación del Decreto reclamado se violen sus derechos fundamentales tutelados, lo que les cause una afectación real y actual a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, pues se limitaron a decir que con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, corren un potencial peligro para el ejercicio de sus actividades, pues pueden generar un efecto amedrentador; sin embargo, ello constituye en todo caso, un efecto futuro e incierto que no es actual ni inminente, pues pretenden fundar su interés legítimo con base en suposiciones y presunciones que, además, no fundamentan de qué forma el hecho de que se determinara la inaplicación del Decreto reclamado implicaría beneficios en su favor. Por tanto, no se acredita el segundo requisito establecido por el alto Tribunal Constitucional, esto es, que el acto reclamado trasgreda los intereses de la parte quejosa. Aunado a que tampoco razona con elementos claros el hecho de que las normas impugnadas están estrechamente vinculadas con los bienes jurídicos que protegen los derechos fundamentales, en relación con que, derivado de dicha modificación legislativa, se faculta a la Guardia Nacional para realizar actos que inciden en la libertad, integridad y propiedad de las personas, lo que, reiteran, podría significar un peligro para quienes defienden los derechos humanos, sin demostrar cómo. En el mismo sentido, la parte promovente no expone con un fin demostrativo cómo es que los actos reclamados, particularmente la puesta a disposición de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, haría real el temor fundado, real e inminente, porque, según lo afirmado, la formación, naturaleza y génesis de esta última autoridad, no tiene una formación y adiestramiento civil, ni capacitación para la atención ciudadana o bien conocimiento de la promoción de los derechos humanos, en relación con que sus atribuciones y funciones, por su normativa, naturaleza y servicios, difieren de las empleadas como organismo civil. De todo ello, se considera, como se dijo, que resultan insuficientes las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la parte quejosa para pretender acreditar su interés legítimo, lo que vuelve improcedente la acción constitucional. Sirve de apoyo en lo jurídica y sustancialmente conducente, la tesis II.1o.A.1 K (11a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA SOLA MANIFESTACIÓN DE LOS HECHOS EN LA DEMANDA, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITARLO. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto en contra del "Decreto por el que se modifica la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de febrero de 2020, en su carácter de autoaplicativo, con base en el interés legítimo que adujo tener al manifestar, bajo protesta de decir verdad, que la prohibición de importar o exportar productos relacionados con el "vapeo" afectaba su esfera jurídica; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, ya que no acreditó dicho interés legítimo. Inconforme, interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la sola manifestación de los hechos en la demanda de amparo indirecto, bajo protesta de decir verdad, es insuficiente para acreditar el interés legítimo en el juicio, pues sólo constituye un requisito que debe contener, conforme al artículo 108, fracción V, de la ley de la materia. Justificación: Lo anterior, porque el interés legítimo se define como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que pueda traducirse, si llegara a concederse el amparo, en un beneficio jurídico a favor del quejoso. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para probarlo se debe acreditar que existe una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; que el acto reclamado lo transgreda, ya sea de manera individual o colectiva, y que quien solicita el amparo pertenezca a esa colectividad. Asimismo, ha aclarado que la apreciación del órgano competente, en cuanto al interés legítimo, no depende de la sola afirmación de la parte interesada, en el sentido de que cuenta con éste, pues el hecho de que implique un nivel de afectación menor al exigido en el interés jurídico no significa que no deba probarse. Ahora bien, el decreto indicado regula aspectos en materia de comercio exterior, respecto de las modificaciones a las normas arancelarias sobre los productos utilizados como medio alternativo para el consumo de tabaco y similares, concretamente, en su artículo primero crea fracciones arancelarias que prohíben la importación o exportación de ese tipo de productos, por lo que si el quejoso se ostenta como consumidor de los productos, y dice que ha tenido dificultad para encontrar y adquirir los necesarios para seguir "vapeando", a consecuencia de las prohibiciones que el Gobierno Federal ha decretado en relación con la importación y exportación de vaporizadores, sus accesorios, esencias y líquidos, es evidente que la afectación que, en su caso, esa disposición genera en su esfera jurídica es indirecta, por lo que le corresponde acreditar su interés legítimo en el juicio de amparo, demostrando la existencia de un interés cualificado respecto de determinado acto, que produce una afectación a su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, del que deriva el agravio correspondiente. En ese contexto, los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad en el escrito de demanda de amparo, por sí solos, son insuficientes para tener por demostrado el interés legítimo para la procedencia del juicio constitucional, en razón de que ello únicamente constituye un requisito que debe contener toda demanda, de conformidad con el artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo". Por lo que no se puede tener por acreditado el interés legítimo que alude, el cual es fundamental para instar la acción constitucional, pues no demuestra la actualización de los supuestos de procedencia. Lo anterior es así, pues el interés legítimo es personal, en el caso individual, actual, real y jurídicamente relevante de modo que con la concesión del amparo buscada, de concederse, se produzca un beneficio en favor de la parte quejosa; razón por la cual, el órgano que conoce de la demanda, no debe tenerlo por acreditado con la sola manifestación bajo protesta de decir verdad del promoverte, ya que ese es un mero requisito de la demanda, acorde al artículo 108, fracción V, de la Ley de amparo. Lo anterior se sustenta en que aun cuando el interés legítimo implica una afectación menor al exigido por el interés jurídico, no implica que no esté sujeto a prueba, pues de no demostrarse, el incitante asume interés simple, con lo cual no puede promover la instancia constitucional. Es por ello que la parte quejosa no acreditó su interés legítimo para solicitar el amparo y por tanto, el derecho para que se ejerza la función jurisdiccional federal para dar respuesta de fondo al reclamo de justicia que pretende, siendo uno de los presupuestos que debe verificarse fehacientemente para la procedencia del juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, toda vez que la parte promovente no demostró su interés legítimo, se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y, en consecuencia, se decreta el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento. Sin que la determinación adoptada lesione el derecho de acceso a la justicia de la parte quejosa y que por ello sea contrario al artículo 1o Constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve. Apoya lo anterior la jurisprudencia de registro 2005717, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTO EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA". Así pues, resulta innecesario el estudio de los conceptos de violación, pues al actualizarse dicha causa de improcedencia y decretarse el sobreseimiento del juicio, impide estudiar las cuestiones de fondo planteadas. Tiene aplicación la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". En el mismo sentido, al haberse actualizado la causa de improcedencia estudiada, se hace innecesario abordar el análisis de las restantes que pudieran actualizarse en la especie, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. Se invoca la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." Por último, no se soslaya que la fiscal adscrita formuló los alegatos de su intención; sin embargo, como éstos constituyen simples opiniones o apreciaciones de una de las partes, no tienen la fuerza procesal que la ley reconoce a la demanda y al informe con justificación; por lo que resulta innecesario pronunciarse de manera expresa respecto de las mismas. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos y omisiones reclamadas a las autoridades responsables precisadas en el considerando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en los diversos tercero y quinto. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Bernardo Loya Valdovinos, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase al Director de Área de la Dirección de Amparo y Contencioso, en representación de la autoridad responsable Comandante de la Guardia Nacional, rindiendo su informe justificado; con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.1 Domicilio y delegados. Téngase a la autoridad responsable señalando como domicilio para recibir notificaciones el que expresa en su informe y designando delegados en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo a las personas que precisa. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. 1. Informe justificado. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, en representación de la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, rindiendo su informe justificado; con el que se ordena dar vista a las partes para los efectos legales conducentes. 1.1 Domicilio y delegados. Téngase a la autoridad responsable señalando como domicilio para recibir notificaciones el que expresa en su informe y designando delegados en términos del artículo 9º de la Ley de Amparo a las personas que precisa. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y da fe la persona secretaria Maira Flor López Valencia.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · 5,758 expedientes
- Brenda Cristina Huihuitoa Guillén580/2023
- Brenda Cristina Huihuitoa Guillen399/2023
- Brenda Flores Soria791/2022
- Brenda Jacqueline Álvarez González692/2022
- Brenda Susana Castillo Avilés1412/2023
- Brenda Teresa Comonfort Hernández927/2016
- Brenda Vázquez Valencia1282/2022
- Brenda Vázquez Valencia257/2020
- Brenda Yunuén Hernández Duarte461/2022
- Brisa del Carmen Romero Martínez967/2022
- Brisa del Carmen Romero Martínez1195/2021
- Bruno Arreguín Aguilar766/2020