Brenda Uribe Víquez
Expediente 1202/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1202/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Brenda Uribe Víquez
Actuaciones
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del diecisiete de octubre del año que transcurre, donde se desechó la demanda; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Ahora bien, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Notifíquese por lista electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
VII. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por ********, por derecho propio, contra actos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 1202/2022-VII. Ahora bien, la quejosa reclama la omisión de dar trámite a la denuncia que realizó el veinticinco de agosto de dos mil diecisiete en contra de ********* y *********, por el posible delito de fraude procesal, la cual se radicó con el número número NUC: TLA/CAI/ETT/104/181708/17/08 y NIC: CAI/ETT/00/EXP/13500042/17/08. Al respecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, en relación con el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa debía impugnar dicha omisión del representante social ante la autoridad judicial. Sobre el tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, que diera origen a la jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.), con rubro: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES", dispuso que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las actuaciones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. De ahí que, tanto la Constitución Federal como la norma ordinaria, establecen que las omisiones del Ministerio Público durante la etapa de investigación del delito, deben impugnarse ante el Juez de Control. Resulta incuestionable que en términos de lo dispuesto por el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 109, fracción XXI, y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la impetrante del amparo debe acudir ante el Juez de Control competente e impugnar las omisiones que a su criterio ha cometido la Representante Social responsable, para que así el órgano jurisdiccional, de considerarlo procedente, esté en condiciones de exigir al Ministerio Público la debida diligencia en la investigación de los posibles ilícitos, y agotado lo anterior, en caso de obtener una respuesta negativa o desfavorable a sus intereses, entonces estará en condiciones de acudir a instar el medio de control constitucional. Se considera así, atendiendo a que acorde a la naturaleza de la nueva figura del Juez de Control, como se vio, en el sistema procesal penal acusatorio que impera actualmente en el Estado Mexicano, se introdujo ese órgano jurisdiccional con la finalidad de salvaguardar desde la etapa de investigación, las garantías y derechos previstos a favor de la víctima, ofendido e imputado; situación contraria al anterior sistema procesal penal, donde los actos que realizaba el Ministerio Público en investigación de delitos, no se encontraban sujetos a revisión de ningún órgano jurisdiccional, al menos en esa etapa investigativa. Sostener lo contrario implicaría que cada vez que el Ministerio Público incurra en una omisión o retraso en determinada carpeta de investigación, el ofendido o víctima deba acudir al juicio de amparo a hacer valer dichas cuestiones de mera legalidad; y, por consiguiente, el juicio de amparo sustituiría al medio ordinario de defensa, aunado a que el Juez de Distrito realizaría funciones que originalmente se encuentran instituidas constitucionalmente a favor del Juez de Control. Por tanto, se desecha la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las notificaciones por lista electrónica a la parte quejosa, por así haberlo solicitado expresamente. Téngase por autorizada a la persona que designa para los efectos que establece, es decir, en términos restringidos a que se refiere la última parte del segundo párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, por así haberlo solicitado. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica a la quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Bernabé Vázquez Pérez, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
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