Brenda Tomás Olguín

Expediente 754/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
754/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
14/07/2023

Partes del expediente

  • Brenda Tomás Olguín

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo 754/2023-F El catorce de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho, con la certificación que antecede y el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, catorce de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso recurso de queja, en contra del proveído de treinta de junio de dos mil veintitrés; se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 20, fracción IV, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse desechado la demanda intentada, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el diecinueve de julio de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la parte quejosa para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, cuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, mediante la cual el actuario judicial informa la imposibilidad que tuvo para notificar al promovente Emmanuel Martínez Díaz, el proveído de treinta de junio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los artículos 27, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele dicha determinación, así como las subsecuentes actuaciones personales, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado... Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve Emmanuel Martínez Díaz, quien se ostenta como abogado coadyuvante de Brenda Tomas Olguín, contra actos de la Agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia en Tecate, Baja California, por considerar que se vulneran en su perjuicio derechos fundamentales contenidos en los artículos 8º, 14, 16 y 20 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 754/2023-F. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así, del análisis de la demanda que se atiende, se advierte que quien promueve, se ostenta como abogado coadyuvante de la parte denunciante en la carpeta de investigación de la cual emana el sedicente acto de reclamo, que hace consistir esencialmente en la omisión de designarlo como abogado coadyuvante de quien dice representar en la carpeta de investigación 0203-2021-02635, del índice estadístico de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia en Tecate, Baja California. Sin embargo, acorde con lo establecido en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, y 6º de la ley de la materia, la demanda de amparo, debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo, por su representante legal o apoderado. Dicho de otra forma, si la parte quejosa se siente agraviada por un acto de autoridad, podrá entablar demanda de amparo, por medio de su representante. Por tanto, como previamente se expuso, es la quejosa -denunciante, victima u ofendido-, en la carpeta de investigación, quien tiene la legitimación de instar el juicio de amparo biinstancial. A lo que se suma que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entro otros, por los de "instancia de parte agraviada" y de "agravio personal y directo", que se traducen en que el titular de la acción de amparo es el único legitimado para impugnar y precisar cuáles actos son los que, en su concepto, le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, de ahí que la promoción del juicio constitucional constituya un derecho personalísimo de la parte que resiente una afectación en su esfera de derechos, es decir el propio quejoso, en el presente caso la parte denunciante, victima u ofendido. Ya que la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, -denunciante, victima u ofendido -, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, de la ley de la materia, y del precepto 107, fracción I, constitucional, pues como se apuntó, la demanda de amparo, debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo o por su representante legal. Por tanto, se desecha de plano la demanda promovida por Emmanuel Martínez Díaz, quien se ostenta como abogado coadyuvante de Brenda Tomas Olguín, contra actos de la Agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia en Tecate, Baja California. Autorizados y domicilio Ténganse como autorizados en los términos solicitados a quienes menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto...

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo que promueve Emmanuel Martínez Díaz, quien se ostenta como abogado coadyuvante de Brenda Tomas Olguín, contra actos de la Agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia en Tecate, Baja California, por considerar que se vulneran en su perjuicio derechos fundamentales contenidos en los artículos 8º, 14, 16 y 20 constitucionales; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 754/2023-F. Se desecha la demanda de amparo Ahora, es preciso apuntar que de actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Así, del análisis de la demanda que se atiende, se advierte que quien promueve, se ostenta como abogado coadyuvante de la parte denunciante en la carpeta de investigación de la cual emana el sedicente acto de reclamo, que hace consistir esencialmente en la omisión de designarlo como abogado coadyuvante de quien dice representar en la carpeta de investigación 0203-2021-02635, del índice estadístico de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia en Tecate, Baja California. Sin embargo, acorde con lo establecido en los numerales 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, y 6º de la ley de la materia, la demanda de amparo, debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo, por su representante legal o apoderado. Dicho de otra forma, si la parte quejosa se siente agraviada por un acto de autoridad, podrá entablar demanda de amparo, por medio de su representante. Por tanto, como previamente se expuso, es la quejosa -denunciante, victima u ofendido-, en la carpeta de investigación, quien tiene la legitimación de instar el juicio de amparo biinstancial. A lo que se suma que el juicio de amparo se rige por diversos principios, entro otros, por los de "instancia de parte agraviada" y de "agravio personal y directo", que se traducen en que el titular de la acción de amparo es el único legitimado para impugnar y precisar cuáles actos son los que, en su concepto, le causan perjuicio y de qué manera lesionan sus derechos fundamentales, de ahí que la promoción del juicio constitucional constituya un derecho personalísimo de la parte que resiente una afectación en su esfera de derechos, es decir el propio quejoso, en el presente caso la parte denunciante, victima u ofendido. Ya que la acción de amparo implica no sólo la disposición de un derecho litigioso, sino también un derecho personalísimo del quejoso, -denunciante, victima u ofendido -, al ser el único que puede decidir qué actos son los que le ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus derechos humanos, lo cual es acorde con el principio de instancia de parte agraviada, previsto por los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Por lo que se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5º, fracción I, y 6º, párrafo primero, de la ley de la materia, y del precepto 107, fracción I, constitucional, pues como se apuntó, la demanda de amparo, debe suscribirse por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por quien es titular de la acción, ya sea por sí mismo o por su representante legal. Por tanto, se desecha de plano la demanda promovida por Emmanuel Martínez Díaz, quien se ostenta como abogado coadyuvante de Brenda Tomas Olguín, contra actos de la Agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia en Tecate, Baja California. Autorizados y domicilio Ténganse como autorizados en los términos solicitados a quienes menciona, y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el escrito de demanda. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en este juicio. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente al promovente.

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