Brenda Selene de la Cruz Salas
Expediente 487/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 487/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/09/2023
Partes del expediente
- Brenda Selene de la Cruz Salas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días aludido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, mediante la cual se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria la citada resolución. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se sobreseyó en el juicio. Oposición de datos personales. De autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes. Devolución de constancias. Por resultar innecesaria la retención de las constancias allegadas al presente juicio de amparo, que obran por separado, remítanse a su lugar de origen, es decir, al Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
POR MEDIO DE LISTA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA **** LA RESOLUCIÓN DE VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, TODA VEZ QUE NO COMPARECIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DE LA MISMA, NO OBSTANTE, EL CITATORIO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, LA RESOLUCIÓN A NOTIFICAR SEÑALA: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 487/2023, promovido por ****, contra los actos del Pleno; Comisión de Carrera Judicial, Adscripción y Evaluación; y Secretario General, todos del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, turnado a este juzgado ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Actos reclamados: 1. El acuerdo plenario derivado de la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el uno de febrero de dos mil veintitrés, que aprobó la designación como primera adscripción de Ana Patricia Rosa Vivar como Jueza de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Ocotlán, Jalisco. 2. El Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción, Evaluación del Consejo, que fue aprobado en la Quinta Sesión Plenaria Ordinaria en el que propuso la adscripción de la tercera interesada. Autoridades responsables: 2 ? Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. ? Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. ? Secretario General del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. SEGUNDO. Admisión de la demanda. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada a este Juzgado de Distrito, la cual se registró con el expediente 487/2023, mediante proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, previo desahogo de prevención, se admitió a trámite la demanda de amparo, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, se requirió a las autoridades responsables informe justificado, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción. Tramitado el juicio de amparo de referencia por su cauce legal, se celebró la audiencia constitucional, con el resultado que se asienta en el acta respectiva y que forma parte de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para resolver el presente juicio de derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 60 y 61 de la Ley Orgánica del 3 Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se fija de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda de amparo, así como de las actuaciones en el presente expediente. En esas condiciones, lo reclamado en este presente juicio de amparo lo constituye: ?El acuerdo plenario derivado de la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el uno de febrero de dos mil veintitrés, que aprobó la designación como primera adscripción de Ana Patricia Rosa Vivar como Jueza de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Ocotlán, Jalisco. ?El Dictamen de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción, Evaluación del Consejo, que fue aprobado en la Quinta Sesión Plenaria Ordinaria en el que propuso la adscripción de la tercera interesada. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, al rendir su informe justificado reconocieron la existencia de los actos reclamados. De ahí que se tenga por acreditada su existencia. 4 Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que refiere: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. CUARTO. Improcedencia del juicio. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, tomando en consideración que éstas son de orden público y deben examinarse preferentemente a cualquier otro planteamiento, lo aleguen o no las partes, según se desprende del numeral 62 de la ley en cita y de acuerdo al criterio siguiente: "Época: Octava Época Registro: 222780 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, Mayo de 1991 Materia(s): Común Tesis: II.1o. J/5 Página: 95 IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la constitucionalidad del acto reclamado, puesto que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la quejosa no acredita contar con interés jurídico para promover este juicio. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. 5 XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". La quejosa aduce contar con un derecho subjetivo tutelado frente a la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el uno de febrero de dos mil veintitrés, sin probar que se encuentre posicionada en alguna situación que se haya visto afectada por la emisión de ese acto. Por tanto, en el caso la promovente se veía obligada a demostrar que contaba con el aludido derecho subjetivo. Así, es que se considera que se actualiza la causa precisada, al tratarse un amparo que se promueve en defensa de un interés jurídico, los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, reglamentan el artículo 107 constitucional, así como, el 103 de la Carta Magna, en tratándose del interés jurídico en amparo contra actos de autoridad. Por lo que, para determinar qué debe entenderse por interés jurídico, y cómo debe acreditarse el mismo en amparo contra esos actos, conforme a la ley reglamentaria de ese artículo, de acuerdo a su anterior contenido, conviene tener en cuenta lo que establece el numeral 5, fracción I, de la Ley de Amparo: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u 6 omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". Así, por cuestión de orden, resulta pertinente precisar que el artículo 5 de la Ley de Amparo, en su fracción I, indica que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la ley de la materia, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Además, en el párrafo cuarto, dispone que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. 7 De ese modo, el presupuesto que permite a las personas combatir actos u omisiones provenientes de tribunales judiciales, que estimen lesivos de los derechos humanos, será el que sean titulares de un derecho subjetivo y que, además, se afecte de manera personal y directa. Al respecto, conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló al interpretar el contenido del artículo 107 de la Constitución vigente, que constituye la base constitucional de la actual redacción del artículo 5° de la Ley de Amparo, reglamentaria de aquél precepto, que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, del que es titular el agraviado, es decir, enfatizó, que tenga un interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2003067 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 2a. XVIII/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 2, página 1736 Tipo: Aislada INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial 8 situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." Así, cabe precisar que el concepto titularidad de un derecho subjetivo, está asociada al interés jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis siguiente: "Registro digital: 2004008 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a. CXXIII/2013 (10a.) 9 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXII, Julio de 2013, Tomo 1, página 559 Tipo: Aislada INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las 10 relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." Por tanto, es plausible estimar que el interés jurídico es el derecho subjetivo derivado de alguna norma en particular o sustentado en alguna figura jurídica, que concreta en forma individual y otorga a su titular la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sobre el particular es aplicable, por las razones que la informa, la tesis, cuyos datos de identificación y contenido, son del tenor literal siguiente: "Registro digital: 2001950 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: IV.3o.A.6 K (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, página 2606 Tipo: Aislada 11 INTERÉS JURÍDICO. SOBRE LA BASE CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL, SE TIENE PARA EXIGIR EL RESPETO Y CUMPLIMIENTO DE TODO DERECHO HUMANO FRENTE A UN ACTO DE AUTORIDAD. El concepto de interés jurídico ha sido desarrollado a través de la jurisprudencia; ha sido estático, no dinámico, aunque con ciertas precisiones, pero en lo esencial, sigue la línea de identificación con lo que se conoce como derecho subjetivo, es decir, aquel derivado de la norma objetiva que se concreta en forma individual y otorga una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad. Sin embargo, es necesario reconstruir dicho concepto para que, en la medida de lo permisible, pueda ser útil y eficaz para salvaguardar los derechos humanos y garantizar la vigencia de una Constitución Normativa que instituye a éstos como pilares en el Estado constitucional democrático de derecho; por ello, no puede afirmarse que un derecho esté tutelado o protegido sin establecer prerrogativa a favor de un sujeto o medio para garantizarlo de manera efectiva. De este modo, desde la perspectiva constitucional, si el interés jurídico tiene su origen en la norma jurídica que otorga al particular la facultad de exigencia y las normas constitucionales e internacionales que reconocen derechos humanos son eminentemente jurídicas, entonces, sobre la base constitucional e internacional (tratados sobre derechos humanos), se tiene un interés jurídico o facultad para exigir el respeto y cumplimiento de todo derecho humano frente a un acto de autoridad. En otras palabras, se está frente a la invocación de un derecho humano que incorpora pretensiones jurídicas subjetivas." En ese contexto, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar un acto de autoridad, deviene de la afectación que éste pudiera ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Luego, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el 12 promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, por otra, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2003293 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, página 1807 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho 13 subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." En suma, para que proceda la acción constitucional es necesario que se acredite plenamente y no con base en presunciones, que la persona que ejerce la acción constitucional, es la titular del derecho subjetivo derivado de una norma o figura jurídica y que la afectación sea de manera personal y directa. Es aplicable al caso, las tesis de jurisprudencia, con los datos de identificación y contenido siguientes: "Registro digital: 187777 Instancia: Primera Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 1/2002 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Febrero de 2002, página 15 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." "Registro digital: 198284 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: III.1o.A.25 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Julio de 1997, página 401 Tipo: Aislada 14 INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. Es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente que el acto que reclama afecta su interés jurídico, pues éste no debe inferirse ni tenerse por cierto a base de presunciones, ya que ningún precepto de la Ley de Amparo establece que la sola presentación de la demanda de garantías y la relación de hechos afirmados en ella, traiga aparejada esa presunción." Bajo esta tesitura, resulta evidente que la afectación que un determinado acto de autoridad ocasiona al quejoso, debe probarse en términos del artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, cuando, como en el caso, se acude en defensa de un interés jurídico, puesto que continúan rigiendo dos de los principios del juicio de amparo, como lo son, el de instancia de parte agraviada y agravio personal y directo. Por consiguiente, de acuerdo con el referido numeral, el agravio que resienta el gobernado debe ser actual, real y directo, por ende, la afectación que se cause también debe existir al momento de intentar la acción constitucional. De esta manera, la demostración del agravio que al quejoso le causa la emisión del inicio, trámite y resolución tomadas en la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el uno de febrero de dos mil veintitrés, constituye un requisito de procedibilidad para el estudio de la violación que se le atribuye a ese acto, pues, como se ha visto, de conformidad con el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo se requiere que los actos causen perjuicio al solicitante del amparo. 15 Así, en la especie, se tiene que la parte quejosa no acreditó ese presupuesto de procedencia, en razón a que la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el uno de febrero de dos mil veintitrés, se emitió a fin de dar cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en el amparo indirecto 941/2022, del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, y tuvo como efecto, dejar insubsistentes los dictámenes aprobados en la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Juicio de amparo que se toma como hecho notorio, conforme a lo previsto en el precepto 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, sirviendo de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y epígrafe son los siguientes: "Registro digital: 2017123 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 16/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, página 10 Tipo: Jurisprudencia HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni 16 discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." Sin embargo, dicha asignación de jueces de primera instancia fueron en materia laboral, derivado de la reforma laboral y en cumplimiento al incidente por exceso o defecto en la suspensión definitiva emitida en el juicio de amparo 17 941/2022, del índice del homólogo Decimoprimero de Distrito. Por tanto, si bien es cierto que la quejosa se ubica en una lista de aspirantes vencedores como Juez de Primera Instancia en materia familiar, en el caso, la Quinta Sesión Ordinaria y los dictámenes reclamados, tienen como objetivo emitir dictamen de vencedores derivado de una materia distinta a la familiar -que es en la que resultó vencedora la aquí quejosa-, tal como lo es la materia laboral, además, si bien es cierto que se otorgó nombramiento a Ana Patricia Rosa Vivar, este fue en materia de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal. Aunado al hecho, de que, en el caso a estudio, tenemos que efectivamente la tercera interesada Ana Patricia Rosa Vivar, y la aquí quejosa resultaron vencedoras en el concurso abierto de oposición libre para integrar una lista de reserva de jueces en materia familiar, encontrándose la segunda de ellas, en espera de ser designada como Juez de Primera Instancia, lo que incorpora a la esfera jurídica de la ahora quejosa el derecho que le asiste para ser adscrita al cargo de Juez de Primera Instancia; sin embargo, esa prerrogativa no se extiende a una prelación en razón de cualquier materia, correspondiendo así al Consejo de la Judicatura del Estado, la adscripción de jueces una vez cubiertos los requisitos del artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco. Máxime que la Quinta Sesión Ordinaria y los dictámenes reclamados, se emitieron en cumplimiento a la suspensión concedida a la tercera interesada en la que se obligó a las autoridades del Consejo de la Judicatura del 18 Estado, a tomar en consideración, específicamente a la tercera interesada, en la designación de jueces de primera instancia derivada de la Décima Primera Sesión Extraordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el treinta de septiembre de dos mil veintidós, cuya finalidad fue designar jueces de primera instancia que integraran la lista de reserva de jueces y juezas de primera instancia en materia laboral. En ese sentido, resulta necesario traer a contexto el artículo 181 de la de Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, que tiene relación con el diverso 190, que prevé cómo está integrada la carrera judicial; numerales que establecen: "Artículo 181.- La carrera judicial está integrada por las siguientes categorías: I. Juez de Primera Instancia; II. (DEROGADA, P.O. 1 DE OCTUBRE DE 2019) III. Secretario Relator de Magistrado; IV. Secretario de Acuerdos de Sala; V. Secretario de Acuerdos de Juzgado de Primera Instancia; VI. Secretario Conciliador de Juzgado de Primera Instancia; VII. Secretario de Juzgado de Primera Instancia; VIII. Notificador; IX. Actuario; y X. Juez Menor." "Artículo 190.- En aquellos casos en que para la primera adscripción de jueces hubieran varias plazas vacantes, el Consejo de la Judicatura tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, los siguientes elementos: I. La calificación obtenida en el concurso de oposición; II. La antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional; 19 III. En su caso, el desempeño en el Poder Judicial de la Entidad; y IV. El grado académico que comprende el nivel de estudios con que cuente el servidor público así como los diversos cursos de actualización y especialización acreditados de manera fehaciente. Cuando transcurra más de un año a partir de la aprobación de la lista sin que se realicen las adscripciones y los nombramientos respectivos, quedará sin efecto y se mantendrán a salvo los derechos para participar en nuevos concursos de oposición de los que la integran." El primer numeral dispone que la carrera judicial dentro del Poder Judicial del Estado de Jalisco, se compone de diversas categorías en el escalafón, entre los que se encuentra el de Juez de Primera Instancia, sin que se prevea una distinción por razón de la materia de la que les corresponda conocer. Por su parte, el precitado artículo 190 dispone que en los casos en que para la primera adscripción de jueces existan varias plazas vacantes, el Consejo del Poder Judicial del Estado tomará en consideración, de conformidad con el acuerdo respectivo, la calificación obtenida en el concurso de oposición, la antigüedad en el Poder Judicial del Estado o la experiencia profesional, el desempeño y el nivel de estudios y los cursos de actualización y especialización. Partiendo de las anteriores premisas, no es dable considerar, como lo pretende la quejosa, que por el hecho de haber resultado vencedora en un concurso para la designación de jueces especializados en materia familiar, tenga interés jurídico para impugnar la Quinta Sesión Ordinaria reclamada, la cual se emitió a efecto de dar cumplimiento a una suspensión concedida 20 específicamente para la aquí tercera interesada derivada de la designación de jueces de primera instancia en materia laboral, sin que haya participado, ni en el amparo del cual deriva la suspensión concedida, ni en la convocatoria para integrar lista de jueces de primera instancia de reserva en materia laboral. Es así, pues la intención del legislador al establecer los elementos que se prevén en el artículo 190 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, para otorgar la primera adscripción, es que el Consejo de la Judicatura del Estado los valore y, con base en la ponderación que se realice de ellos, determine quién es la persona que resulta más apta para ocupar la vacante correspondiente y, en consecuencia, la que tiene mejor derecho para acceder a ella antes que los demás. Finalmente, respecto a las documentales que exhibió junto con la demanda de amparo, consistentes en la impresión del Boletín Judicial 85; de la misma no se demuestra que la quejosa haya participado o se encuentre en lista de reserva de jueces en materia laboral, ni que de su contenido se advierta que tiene afectación alguna con la emisión de la Quinta Sesión Ordinaria y dictámenes reclamados, al no ser parte en el juicio de amparo 941/2022 del índice del homólogo decimoprimero. Respecto a las constancias remitidas por las autoridades del consejo de la judicatura del estado, a solicitud de la quejosa, únicamente se advierte la existencia de los actos reclamados, mas no resultan eficaces para acreditar el interés jurídico mencionado, puesto que de ninguna de ellas se advierte que la quejosa haya participado y resultado vencedora de un concurso de 21 oposición en materia laboral o bien tener preferencia de selección para ocupar el cargo de juez de primera instancia derivado de algún juicio de amparo. Por lo que con las mismas no se acredita la titularidad del derecho materia de la litis, ya que la quejosa, al comparecer al juicio como titular de los derechos subjetivos que por esta vía defiende, debió demostrarlo. Por lo que, al no haberlo hecho, es que se configura la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo y en consecuencia, procede sobreseer el juicio, acorde a lo que dispone el numeral 63, fracción V, de la aludida legislación. Asimismo, también opera en el caso a estudio, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones IX y XXIII, en relación con el 206 y 207 de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción IX y XXIII, de la ley de la materia consigna lo siguiente: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Además, los artículos 206 y 207 ambos de la Ley de Amparo, disponen: 22 "Artículo 206. El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo. Artículo 207. El incidente se promoverá ante la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante la presidenta o el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo" Ahora bien, de la lectura de las fracciones IX y XXIII del artículo 61 de la ley de Amparo, se advierte que el juicio es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas; así como que en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley. Por su parte, según se aprecia del primero de los preceptos transcritos, la improcedencia del juicio de amparo puede derivar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o bien de la misma ley de la materia. Luego, de la lectura del segundo precepto legal se advierte que, el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión, podrá ser promovido por cualquier persona en contra de las autoridades 23 responsables, cuando resulte agraviada con el incumplimiento de una suspensión, ya sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente. El tercero de los artículos prevé que, el incidente de que se trata podrá ser promovido ante la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante la presidenta o el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo. Por tanto, de la interpretación armónica de los artículos antes transcritos, se aprecia que contra resoluciones o actos emitidos por las autoridades responsables en cumplimiento a la suspensión del acto reclamado, sea por exceso o defecto, es procedente su impugnación vía incidental, ya que de conformidad con el artículo 61, fracción IX, al haber sido dictados los actos reclamados en ejecución de la resolución interlocutoria de exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva emitida en los autos del juicio de amparo 941/2022 del índice del homólogo decimoprimero de distrito, no resulta procedente su impugnación por medio del amparo indirecto al haberse emitido en ejecución de lo decidido en el incidente de exceso o defecto en la suspensión mencionada. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado, se aprecia que éste se hace consistir, en síntesis, en el acuerdo plenario derivado de la Quinta Sesión Ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, celebrada el uno de febrero de dos mil veintitrés, que aprobó la designación como primera adscripción de 24 Ana Patricia Rosa Vivar como Jueza de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Ocotlán, Jalisco, así como los Dictámenes de la Comisión de Carrera Judicial, Adscripción, Evaluación del Consejo, que fue aprobado en dicha sesión en el que propuso la adscripción de la aquí tercera interesada. Actos que fueron emitidos por virtud de la resolución interlocutoria por exceso o defecto en la suspensión definitiva emitida en el juicio de amparo 941/2022 del índice del homólogo decimoprimero de distrito. En efecto, como antes se dijo, los actos reclamados fueron emitidos en cumplimiento a dicha resolución en el incidente por exceso o defecto en la suspensión definitiva concedida a la tercera interesada, por tanto, los actos que reclama la quejosa, no son susceptibles de analizarse en esta instancia constitucional, sino en una diversa. Lo anterior es así, cuenta habida que la Ley de Amparo contempla de manera clara y precisa el medio de defensa a través del cual pueden combatirse los actos que las autoridades realicen de manera excesiva o defectuosa en cumplimiento a la suspensión del acto reclamado, concediendo facultades a las autoridades rectoras del juicio de amparo para que, frente a la interposición del incidente contemplado en el artículo 206 de la ley de la materia, puedan, en caso de advertir que las responsables actuaron de manera excesiva o defectuosa, requerirlas para que en el plazo de veinticuatro horas cumplan con la suspensión, que rectifiquen los errores en que hubiesen incurrido o en su caso que subsanen las deficiencias. 25 Entonces, no existe duda que será por aquél conducto que deberá analizarse la ilegalidad que se atribuye a la autoridad señalada como responsable. Bajo ese contexto, es inconcuso que el presente asunto deviene improcedente, pues de analizar si el proceder de la autoridad fue o no legal, estaría invadiendo la esfera de atribuciones que corresponden al propio juez federal, que otorgó aquella suspensión del acto o bien, que determinó que existía exceso o defecto en el acatamiento a la suspensión concedida en aquel juicio de amparo. Por tanto, con apoyo en los artículos 206 y 207, en relación con el diverso 61, fracciones IX y XXIII todos de la Ley de Amparo, se impone sobreseer el presente juicio de amparo, respecto a los actos reclamados en estudio, por las razones expuestas en la presente determinación. Bajo esas circunstancias, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, en términos del artículo 63, fracción V, XII, IX y XXIII de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, concatenado con el 206 y 207 de la Ley de Amparo. Lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo indirecto, en relación con los actos y autoridades en cuestión. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 62, 74, 75 y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **** 26 contra los actos reclamados al Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco y otras autoridades, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente sentencia.
- Principal
En Zapopan, Jalisco, siendo las diez horas con doce minutos del veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo 487/2023, Mabel Cortez Navarrete, Jueza Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, encontrándose en audiencia pública asistida de Mario Gabriel Padilla García, Secretario que autoriza y da fe, la declaró abierta sin la asistencia de las partes, ni de persona alguna que las represente. Acto seguido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Secretario hace relación de las constancias que integran el presente sumario. La Jueza acuerda: Relación de constancias. Se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el presente juicio de amparo. Periodo probatorio. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el que se admiten y se tienen por desahogadas las documentales exhibidas respectivamente por la parte quejosa y la autoridad responsable; al no haber más pruebas que desahogar, se cierra esta etapa. Periodo de alegatos. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y se hace constar que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no formuló pedimento alguno; y al no haber escrito que tener por reproducido en dicho sentido, se cierra la presente etapa. Con lo anterior se finaliza el desahogo de la audiencia de ley, y se procede a dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe.
Quedan 10 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes
- Brenda Natalia Casillas Perez3585/2018
- Brenda Nataly Solorio Rocha2303/2017
- Brenda Nataly Solorio Rocha762/2020
- Brenda Rocio Miranda Vazquez Miranda512/2023
- Brenda Rocio Vázquez Miranda1859/2022
- Brenda Sarai Méndez Martínez1810/2021
- Brenda Yesenia Cardenas Gomez1072/2023
- Brenda Yesenia Cárdenas Gómez2306/2023
- Brendali Alejandra Hernández Gómez477/2022
- Brendy Edgar Hernández Mendoza1952/2021
- Brian Daniel Barrera Neri1133/2022
- Brian Eduardo Goche Rodríguez1234/2021