Brenda Sánchez Toledo

Expediente 362/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
362/2023
Año
2023
Actuaciones
22
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Brenda Sánchez Toledo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de veintiocho de septiembre pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ********************. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, actualmente conoce de los recursos de queja interpuestos en contra del auto admisorio de trece de junio del actual, registrados bajo los progresivos 394/2023 y 396/2023 de ese índice, remítasele la versión electrónica (con evidencia criptográfica) del auto de veintiocho de septiembre pasado y del presente proveído, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Bajo ese contexto, resérvese proveer respecto al destino del expediente en que se actúa y del cuaderno incidental formado con motivo de este sumario.-

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 7 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, QUE EN SÍNTESIS DICE "....Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra el auto de veintiocho de septiembre pasado, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ********************. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho proveído ha quedado firme para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Dado que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, actualmente conoce de los recursos de queja interpuestos en contra del auto admisorio de trece de junio del actual, registrados bajo los progresivos 394/2023 y 396/2023 de ese índice, remítasele la versión electrónica (con evidencia criptográfica) del auto de veintiocho de septiembre pasado y del presente proveído, a fin de que resuelva lo que en derecho corresponda. Bajo ese contexto, resérvese proveer respecto al destino del expediente en que se actúa y del cuaderno incidental formado con motivo de este sumario.-

  3. Principal

    intégrense al expediente los oficios suscritos por el actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, mediante los cuales informa que fueron admitidos los recursos de queja interpuestos en contra del auto admisorio de trece de junio del actual, y se registraron bajo los progresivos 394/2023 y 396/2023 de ese índice. Al respecto, tómese conocimiento y estese en espera de lo que resuelva el tribunal de alzada.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA PROVEÍDO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 2023, QUE A LA LETRA DICE "... Visto el estado de autos, así como la resolución emitida el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, en el recurso de queja 249/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consultable a tráves del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la cual es un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de la cesación de los efectos del decreto reclamado. Al respecto, la disposición citada establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" El objetivo del juicio de amparo es volver las cosas al estado que tenían antes del acto violatorio (si éste es de carácter positivo) o forzar a la autoridad a realizar la conducta que indebidamente omitió (si es de carácter negativo); por tanto, si desaparecen los efectos del acto de autoridad, el amparo se torna improcedente. Para que se actualice tal causa de improcedencia es necesario que se destruyan todos los efectos del acto en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En el caso, la parte quejosa reclama la expedición, promulgación, publicación y ejecución del <<Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que expide una nueva Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral>>, publicado el dos de marzo de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, específicamente, los artículos 61, 71 y 30, así como los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Séptimo, Décimo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero, Décimo Cuarto, Décimo Quinto, Décimo Octavo, Vigésimo Tercero, Vigésimo Quinto y Vigésimo Sexto. Ahora bien, de conformidad con el artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, es un hecho notorio para este juzgado que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión pública de veintidós de junio de dos mil veintitrés, estimó procedente y fundada la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023 y, por mayoría de nueve votos, declaró la invalidez del Decreto referido, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. En efecto, en el comunicado de prensa 222/2023 así como en la información publicada del expediente correspondiente a la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, se aprecia que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto aquí reclamado, ya que consideró que en el proceso legislativo correspondiente hubo violaciones graves al procedimiento legislativo. I. Comunicado de prensa relativo a la resolución de la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas. En el mensaje difundido electrónicamente por la Corte se advierten los siguientes puntos en torno al medio de control constitucional en cuestión: [.] "La Corte resolvió que existieron múltiples violaciones graves al procedimiento legislativo y que, conforme a la jurisprudencia del propio Tribunal, invalidan dicho procedimiento: 1) Las iniciativas del denominado Plan B fueron presentadas a discusión y aprobación sin que fueran publicadas previo al inicio de la sesión, para que todos los legisladores tuvieran oportunidad de conocerlas, tal como lo señala el Reglamento de la Cámara de Diputados. 2) Estas iniciativas comprenden seis leyes y más de 510 artículos adicionados, reformados o modificados. 3) Las iniciativas fueron clasificadas como urgentes por la mayoría sin dar razón alguna, lo que significa que ni siquiera fueron dictaminadas en comisiones, por lo que se procedió a su discusión y aprobación inmediata, a pesar de su extensión y complejidad. Ello a pesar de las reiteradas peticiones de las minorías para permitir previamente conocer el contenido de los Decretos y así proceder a un debate serio. 4) Tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República discutieron y eliminaron indebidamente artículos del proyecto de decreto cuyo texto ya había sido aprobado por ambas Cámaras. Una de las reglas constitucionales específicas del procedimiento legislativo prohíbe tajantemente a las Cámaras del Congreso de la Unión alterar en modo alguno los artículos o disposiciones de los proyectos de ley o decreto, que ya hubieran sido aprobados previamente por ambas. 5) Las Comisiones Unidas del Senado de la República omitieron sesionar y aprobar su dictamen de manera conjunta. Tampoco cumplieron con las reglas de votación previamente establecidas. Al declararse la invalidez del Decreto impugnado, el Pleno determinó que a fin de preservar el principio de certeza que rige en materia electoral, las normas que se habían reformado a través de dicho Decreto recuperarán su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquel, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés." Se hace constar que se acude a la sección de Prensa y Multimedia, en el apartado "Comunicados", de la página oficial de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a las hojas relativas a la sesión pública en que se sometió a discusión del pleno de la Corte la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, en virtud de que aún no se publica el engrose de la sentencia emitida en dicho expediente, acorde con la consulta realizada en dicho sitio el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. II. Hojas de votación relativas a la sesión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de veintidós de junio de dos mil veintitrés. En las hojas de la sesión pública donde se discutió el proyecto relativo al medio de control constitucional en cuestión y sus acumulados, consultables en la página de internet oficial de la Corte, se aprecia el siguiente extracto: SESIÓN PÚBLICA DEL TRIBUNAL PLENO del jueves veintidós de junio de dos mil veintitrés. Acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas 75/2023, 89/2023, 90/2023, 91/2023, 92/2023 y 93/2023. Se demanda la invalidez del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y se expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de marzo de dos mil veintitrés. APARTADO CRITERIO Y DECISIÓN PROPUESTA: APARTADO VI: ESTUDIO DE FONDO, SUBAPARTADO VI.2. DENOMINADO "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO" (INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS). Sometida a votación la propuesta del apartado VI, relativo al estudio de fondo, en su subapartado VI.2, se aprobó por mayoría de nueve votos. PROPUESTA: APARTADO VII: EFECTOS [1) DETERMINAR QUE LA DECLARATORIA DE INVALIDEZ SURTA SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS DE ESTA SENTENCIA AL CONGRESO DE LA UNIÓN, 2) PRECISAR QUE LAS NORMAS VINCULADAS POR EL DECRETO IMPUGNADO RECUPERAN SU VIGENCIA CON EL TEXTO QUE TENÍAN AL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS Y 4) DETERMINAR QUE ESTA RESOLUCIÓN DEBERÁ SER NOTIFICADA AL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA]. Sometida a votación la propuesta del apartado VII, relativo a los efectos [incisos 1), 2) y 4)] se aprobó por mayoría de nueve votos. CONGRUENCIA FORMAL DE LOS PUNTOS RESOLUTIVOS: "PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADAS. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE ESTA DECISIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN [.]. Sometida a votación la congruencia formal de los puntos resolutivos, se aprobó en votación económica por unanimidad de once votos. De acuerdo con la información referida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó el decreto aquí reclamado y determinó que las normas reformadas por medio de dicho acto legislativo recuperarían su vigencia con el texto que tenían hasta antes de la entrada en vigor de aquél, es decir, al dos de marzo de dos mil veintitrés. Así, en virtud de que el tribunal constitucional invalidó el decreto que contiene las normas generales que se reclaman en esta instancia, los efectos y consecuencias de estas últimas han cesado en forma total e incondicional en la esfera jurídica de la parte quejosa, dando lugar a una situación idéntica a la que existía antes de la emisión de dicho acto legislativo. En efecto, de acuerdo con el punto resolutivo segundo de la resolución emitida en la acción de inconstitucionalidad 71/2023 y sus acumuladas, la declaratoria de invalidez del Decreto surtiría sus efectos a partir de la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión, como se aprecia en la siguiente transcripción: "[.] PRIMERO. ES PROCEDENTE Y FUNDADA LA PRESENTE ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y SUS ACUMULADAS. SEGUNDO. SE DECLARA LA INVALIDEZ DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, DE LA LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL DOS DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, LA CUAL SURTIRÁ SUS EFECTOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ESOS PUNTOS RESOLUTIVOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS APARTADOS VI Y VII DE ESTA DECISIÓN. TERCERO. PUBLÍQUESE ESTA RESOLUCIÓN [.]". En relación con este aspecto, es un hecho notorio para este juzgado que en el recurso de queja 249/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, la Secretaría de Acuerdos de ese órgano jurisdiccional solicitó a la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las constancias de la notificación al Congreso de la Unión de los puntos resolutivos transcritos. Al respecto, en el cuaderno de varios 1/2023 de ese tribunal colegiado obra el proveído de diez de julio del año en curso, firmado por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por el Secretario de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad de la Subsecretaría General del Acuerdos de ese alto Tribunal -con dos evidencias criptográficas- en el que se hace constar que la notificación de los puntos resolutivos al Congreso de la Unión se practicó el veintitrés de junio del año que transcurre. Tal circunstancia fue ilustrada por el tribunal colegiado en la resolución del recurso de queja en cuestión, con las imágenes de las constancias de notificación siguientes: En esas circunstancias, como se adelantó, los efectos de las normas generales que reclama la parte quejosa ya cesaron y, por ende, ésta ha sido restituida en el goce de los derechos que aduce afectados. Es decir, con la invalidación total del decreto controvertido, se alcanzó ya el fin a que aspiraba la parte promovente con el ejercicio de su acción de amparo. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese sentido, al no encontrarse vigente el acto reclamado, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XXI, ambos de la ley de la materia, se sobresee fuera de audiencia respecto del juicio de amparo 362/2023-VII, promovido por ********************. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". [Énfasis añadido]. Comuníquese lo anterior, a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta minutos del dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. El criterio asumido en esta determinación es similar al adoptado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito al resolver el recurso de queja 249/2023.

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