Brenda Ruiz Dominguez
Expediente 1949/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1949/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 20/03/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Brenda Ruiz Dominguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo con fecha veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados por los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destruirse, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio del suscrito juzgador no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo dispone el punto décimo primero del Acuerdo antes invocado, el presente expediente deberá permanecer en el archivo de este Juzgado Federal durante tres años; una vez concluido dicho término, remítase al Centro de Documentación y Análisis, para que transcurrido el plazo de cinco años, contado a partir del presente proveído, en base a los puntos vigésimo primero y vigésimo segundo del citado acuerdo general proceda a su destrucción. Y toda vez que en el presente se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, procédase a la destrucción del duplicado una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos a los puntos Vigésimo, fracción III y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, seis de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito que suscribe el delegado del tercero interesado Síndico Municipal del Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos; atento a su contenido y como lo solicita, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa en días hábiles dentro del horario establecido de diez a trece horas, copia certificada de las constancias que solicita, previa toma de razón que de su recibo se deje asentada en autos. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Cuernavaca Morelos, siendo las doce horas con veintinueve minutos del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, estando en audiencia pública Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mi diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con asistencia de Orlando José Vázquez González, Secretario con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo 1949/2017, promovido por Brenda Ruiz Domínguez, por propio derecho. Abierta la misma, el Secretario hace constar la inasistencia de las partes, a continuación se hace relación de todas y cada una de las constancias que integran el expediente, entre las que destacan por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto, el Secretario en Funciones de Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, en el período probatorio; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las pruebas documentales que al efecto anexaron la parte quejosa en su escrito de demanda y de la autoridad responsable al rendir su informe justificado y de diversa promoción presentada el trece de los corrientes, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración al momento de resolver en el presente juicio de amparo. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se declara abierto el periodo de alegatos, en el que hace constar que ninguna de las partes los formuló, ni la representante social adscrita presentó su intervención ministerial, por lo cual se procede a cerrar el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia, y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo 1949/2017 promovido por Brenda Ruiz Domínguez, por propio derecho, y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Demanda. Por escrito de demanda presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, y remitido en la misma fecha a este Juzgado Primero de Distrito, Brenda Ruiz Domínguez, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y acto que a continuación se señalan: Autoridad responsable: El Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos. Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos. Acto reclamado ".DE LA ORDENADORA: La instrucción de revocación a mi nombramiento de Juez de Paz Municipal de Axochiapan, Morelos y envío de nueva terna para el cargo de Juez de Paz, Municipal de Axohciapan, Morelos; de la EJECUTORA: precisamente lo es la REVOCACIÓN a mi nombramiento de Juez de Paz Municipal de Axochiapan, Morelos, por un período similar al de la Administración Municipal en curso, es decir hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil dieciocho y la posible designación de un nuevo Juez de paz de Axochiapan, Morelos, sin concederme la garantías de audiencia y sin algún procedimiento administrativo en el que se sigan las formalidades esenciales del procedimiento;" SEGUNDO. Preceptos constitucionales violados. La parte quejosa invocó como derechos violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. Por auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecisiete, se admitió la demanda; se registró en el libro de gobierno con el número 1949/2017; se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que corresponde al representante Social de la Federación adscrito; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo el tenor del acta que antecede; y. C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48, 49 y 55, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por los numerales 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, además de tratarse de un juicio de amparo en contra de autoridades que tienen su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este Juzgado. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse que el acto reclamado en esta vía consisten en: La orden de revocación del nombramiento de la quejosa como Juez de Paz de Axochiapan, Morelos, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, con el argumento de no se le concedió la garantía de audiencia. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La autoridad responsable Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le atribuye, por lo que así deberá tenerse para los efectos legales conducentes. En atención a lo expuesto, y ante la inexistencia del acto reclamado a dicha autoridad y dado que la parte quejosa no desvirtuó con medio de prueba idóneo la negativa formulada, no obstante que le corresponde la carga de la prueba; con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio respecto del acto y autoridad señalada en líneas arriba. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por su parte, la diversa autoridad Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, al rendir su informe con justificación niega el acto reclamado; sin embargo, de las propias manifestaciones que vierte en el mismo desvirtúan esa negativa, lo que se corrobora con las documentales que al efecto acompañó a dicho informe, las cuales adquieren valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, de las que se desprenden las omisiones reclamadas, de ahí que debe tenerse por cierto el acto que se le atribuye. Es aplicable, en lo conducente, la tesis en Materia Común, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, Tomo XIV, Julio de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto que dicen: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Causa de improcedencia del juicio. Previo el estudio de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, se procede analizar la procedencia del juicio de amparo por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, ambos de la Ley de Amparo, ya que entre la parte quejosa y la autoridad responsable no se advierte que exista algún vínculo directo derivado de su función pública. Así, para satisfacer el propósito anunciado en líneas precedentes, es oportuno que se señale lo dispuesto en los mencionados preceptos legales. En el artículo 61 de la ley de la materia, se establece, en su fracción XXIII, lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, en el artículo 1°, de la ley en cita, se determina: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Por otra parte, la fracción II del numeral 5º. del citado cuerpo de leyes, señala: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De una correcta interpretación a los numerales supracitados, conviene precisar que en estas hipótesis, el acto reclamado consiste en cualquier hecho voluntario, intencional, negativo o positivo, imputable a un órgano del Estado, que se traduzca en una abstención, una ejecución o una decisión que produzcan una afectación en situaciones jurídicas fácticas dadas, engendrando la contravención a aquéllas situaciones conocidas bajo la connotación jurídica de garantías individuales. La concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo al juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1° de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término "leyes o actos de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución, ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De lo anterior se desprende, que el acto de autoridad reclamado debe de ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto stricto sensu, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. En ese sentido, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los "actos de autoridad"; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra o subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. A fin de establecer si los actos reclamados tienen la naturaleza de "acto de autoridad", debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, por lo que debe considerarse la posibilidad legal de exigirse su cumplimiento directamente mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades que dispongan de ella, pues de lo contrario, de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de aquél, porque lo que el particular impugna aquí no es propiamente un "acto de autoridad". Una vez establecido lo anterior, se concluye que si el acto reclamado consiste en la orden de revocación del nombramiento de la quejosa como Juez de Paz de Axochiapan, Morelos, con vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho, es claro, que ello no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo. Lo anterior es así, en razón de que la revocación del nombramiento en comento deriva de una relación laboral que la quejosa tuvo con el Ayuntamiento de Axochiapan, Morelos, al haber prestado sus servicios en el Municipio y ser una trabajadora de confianza, en términos del artículo 5º., fracción IV, de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por tanto, dicha dependencia en este caso particular no está actuando con imperio, porque está en un plano de igualdad con la parte quejosa, por lo que, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 164/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIV, septiembre de 2011, correspondiente a la Novena Época que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Asimismo, es aplicable la tesis que sostiene Quinto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, consultable en la página 1500 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 4, marzo de 2014, tomo II, correspondiente a la décima época que dice: "ACTOS DE PARTICULARES. CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REVESTIR PARA CONSIDERARLOS COMO PROVENIENTES DE AUTORIDAD, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece quiénes son parte en el juicio de amparo y refiere: "II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.-Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Así, la interpretación lógica y sistemática de tal precepto debe ser en el sentido de que, con independencia de su naturaleza formal, para considerar a los actos de particulares como provenientes de autoridad, para efectos de la procedencia del juicio de amparo, su "equivalencia" debe estar proyectada en que sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. Así, cuando el actuar del particular derive de un plano de igualdad (sea por una relación laboral o de carácter contractual) con otros particulares, no existe sustento constitucional ni legal para su impugnación mediante el juicio de amparo". De igual forma, orienta el sentido de la determinación, la tesis que sostiene el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1406 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, que corresponde a la novena época, que literalmente dice: "TRABAJADORES DE CONFIANZA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. SU CESE NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, PUES LA RELACIÓN ENTRE AMBOS ES DE CARÁCTER LABORAL. En el artículo 123, apartado B, de la Constitución Federal se establecen las bases conforme a las cuales el Congreso de la Unión debe expedir las leyes sobre el trabajo que rijan entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal por una parte, y sus trabajadores, por la otra; asimismo, en la fracción XII del citado precepto se equipara a la relación existente entre Estado y empleado, como laboral, situando al primero como patrón, lo que se confirma con lo dispuesto, entre otros, por los artículos 43, 46 y 46 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, con excepción de los grupos contemplados en el párrafo segundo de la citada fracción XII. Por otra parte, para los efectos del juicio de amparo se considera como autoridad responsable al ente de hecho o de derecho que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados. Por tanto, el cese de un trabajador de confianza del Gobierno del Distrito Federal, no puede considerarse como un acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, ya que se desplegó dentro de una relación laboral, pues en estos casos la autoridad no actúa con imperio, sino como patrón". Máxime si tomamos en cuenta, que de autos se advierte que la autoridad allega convenio de terminación de las relaciones laborales entre la hoy quejosa y el Ayuntamiento responsable de nueve de febrero del presente año, el cual al aparecer se ratificó ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado (ya que se anexó copia simple de esto último), en el que la reclamante del amparo dio por terminada su relación con dicho Ayuntamiento y recibió la suma de $25,000.00 (veinticinco mil pesos 00/100 moneda nacional). (fojas 55 y 56). En tales condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, de la Ley de Amparo en vigor, procede sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la propia Ley. QUINTO. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se Sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Brenda Ruiz Domínguez, por propio derecho, contra el acto y autoridades señaladas en el resultando primero de la presente resolución y por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mi diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con asistencia de Orlando José Vázquez González, Secretario con quien legalmente actúa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese para que obre como corresponda, el escrito signado por la Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Axochiapan, Morelos, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento efectuado en autos, hace del conocimiento que el trece del actual la quejosa, quien se desempeñó como Juez de Paz Municipal de Axochiapan, Morelos, celebró convenio de terminación de la relación laboral ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con lo cual se ha dado por finiquitada la relación de trabajo, anexando al efecto copia simple de dicho convenio; misma que se agrega con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo; con su contenido dése vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Mario Andrés Lesher González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de once de diciembre de dos mil diecisiete, para desempeñar las funciones de juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; quien actúa asistido de Orlando José Vázquez González, secretario que autoriza y da fe.
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