Brenda Rodríguez Ventura

Expediente 506/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
506/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Brenda Rodríguez Ventura

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintiuno de enero de dos mil veintidós. CERTIFICACIÓN. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el ocho de diciembre del dos mil veintiuno, se experimentó una falla general en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que ocasionó que el archivo correspondiente al acuerdo de la referida fecha se dañara, por lo que resultó imposible la debida integración del auto en cita al expediente en que se actúa, hasta esta fecha. VISTO DE AUTOS. Ahora, visto el estado de autos, se advierte que no obra la notificación personal ordenada mediante proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, a la parte quejosa; en consecuencia, túrnese el presente asunto al Actuario de la adscripción a fin de que a la brevedad posible lleve a cabo la referida notificación. Notifíquese y personalmente.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO. Visto el estado que guardan los presentes autos, y atento al contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído dictado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 81 de la Ley de Amparo, aplicados los primeros de conformidad con el artículo segundo, de la citada ley de la materia, se declara que dicho proveído que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia ha causado estado. ARCHIVO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. ORDEN DE ARCHIVO. Anótese en la carátula que este expediente que es susceptible de destrucción y la fecha en que se ordena el archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del mencionado Acuerdo General. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTO. Finalmente, toda vez que se encuentra glosado diverso documento con firmas autógrafas que anexó la parte quejosa a su ocurso de demanda, se le previene para que lo recoja dentro del plazo de noventa días naturales, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, es decir, acuda a este Juzgado debidamente identificada, a fin de que se le haga entrega del mismo, apercibida que de no hacerlo en el plazo indicado, el citado documento correrá la misma suerte que este expediente. DISPOSICIONES PARA ACCESO AL JUZGADO. Se precisa que el horario de atención para diligencias que ameritan ingreso al juzgado comprende de las ocho horas con treinta minutos a las catorce horas. Por ello, se puntualiza que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, deberá generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales", donde se localiza el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles de este Juzgado Federal, a efecto de que se le otorgue un código QR que le permitirá ingresar a este órgano jurisdiccional, en el horario ya precisado. Notifíquese y personalmente.

  3. Principal

    Téngase recibido el oficio signado por el Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de San Luis Potosí, mediante el rinde su informe justificado; por tanto, agréguense a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar. DELEGADOS Y DOMICILIO. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 9 y 27 de la ley de la materia, téngase a la citada responsable, señalando como delegados y domicilio para oír y recibir notificaciones los indicados en el informe de cuenta. vistas las constancias que remitió como complemento a su informe justificado la autoridad responsable en cita, mismas que por tratarse de documentales públicas tiene valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su artículo segundo, se advierte que mediante acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en autos del expediente laboral 17/2007/M-4 y sus acumulados 262/2007/M-4 y 47/2017/D.B.S., tuvo por recibido el escrito signado por beneficiaria de los derechos laborales de la extinta Brenda Rodríguez Ventura, y al efecto emitió mandamiento en forma para que la parte actora, aquí quejosa, se constituya en el domicilio de la demandada Ayuntamiento de Ciudad Valles, San Luis Potosí y la requiera por el pago de la cantidad de $1,086,650.32 (un millón ochenta y seis mil seiscientos cincuenta pesos 32/100 moneda nacional), la cual se desglosa en el resolutivo segundo del laudo de catorce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el citado expediente, con apercibimiento de multa para la referida demandada en caso de no hacerlo así; y para lo cual ordenó girar el exhorto 1506/2021 al Juez Primero Civil en esta ciudad, para que en auxilio de las labores del Tribunal responsable, designe personal de su adscripción con fe pública para que en días y horas hábiles, asociados con la parte actora en el juicio de origen, se constituyan en el domicilio del referido Ayuntamiento demandado a fin de realizar el requerimiento antes señalado. En el caso, el acto que por esta vía se combate, se hizo consistir en la omisión de acordar respecto la ejecución de laudo emitido en los autos del expediente laboral 17/2007/M-4 y sus acumulados 262/2007/M-4 y 47/2017/D.B.S., solicitada mediante el escrito de catorce de septiembre de dos mil veintiuno, presentado ante la responsable el veinte de septiembre del presente año. En ese sentido, se pone de manifiesto que han cesado los efectos del acto combatido en este juicio, toda vez que la omisión reclamada a la autoridad responsable, fue subsanada precisamente al atender la solicitud, de cuya omisión se dolía la quejosa; en virtud de que mediante el proveído de tres de noviembre del año en curso, el Tribunal responsable emitió mandamiento en forma a efecto de requerir el pago a la parte demandada, de la cantidad desglosada en el resolutivo segundo del laudo dictado en el expediente de origen. De manera que, al ser ello así, es inconcuso que en la especie han cesado los efectos del acto reclamado, actualizándose con ello la causa de improcedencia que se deriva de lo previsto en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con apoyo además en la fracción V del numeral 63, de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 356, tomo VI, materia común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." No es obstáculo para arribar a la conclusión que antecede, el hecho de que se haya decretado el sobreseimiento de este juicio de amparo sin que preceda audiencia constitucional, pues la causa de improcedencia de que se habla es notoria y a nada práctico conduciría celebrar la que se encuentra señalada, si el resultado del fallo sería en el mismo sentido. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja insubsistente la fecha y hora señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional. Notifíquese y personalmente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por...contra actos del Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de San Luis Potosí, por trasgresión que estima del artículo 17 Constitucional. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 506/2021-II-F. ADMISIÓN DE DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, 2°, 33, fracción IV, 107, 108, 110, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la presente demanda de garantías. INTERVENCIÓN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción XV, de la Carta Magna y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngase como parte en el presente juicio de amparo al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por lo tanto, con copia de la demanda que se provee, désele la intervención que legalmente le corresponde. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin tramitar el incidente de suspensión por no haber sido solicitado. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En términos de lo establecido en el primer párrafo del artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las nueve horas con cuarenta y un minutos del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se precisa que, en la fecha y hora indicada, de no existir pendiente trámite alguno, se procederá a levantar el acta correspondiente la cual será firmada por la Juez y la Secretaria en forma autógrafa o electrónica, conforme al esquema de trabajo que se implemente en la indicada data, a la cual podrán comparecer las partes, por escrito, formulando sus alegatos, de manera física o electrónica. Lo anterior, sin perjuicio de que si es su deseo comparecer físicamente al referido acto procesal, deberá manifestarlo con cinco días de anticipación, a efecto de proveer lo relativo a su desahogo, en esa modalidad, generando las citas respectivas para las partes, a efecto de que estén en aptitud de ingresar a este órgano jurisdiccional, o bien, de organizar su desahogo a través del empleo de herramientas tecnológicas (videoconferencia); en el entendido que en caso de no efectuar manifestación alguna, la audiencia de mérito se desahogará sin su presencia. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase el informe justificado a la autoridad responsable, el cual podrá ser rendido por escrito o medios magnéticos, dentro de los quince días siguientes contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva. De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 117, párrafo quinto, de la ley de la materia, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado, remita copia certificada, legible, completa y ordenada en forma secuencial, de las constancias que obran en el expediente de donde deriva el acto reclamado, atento a que son necesarias para resolver el presente asunto, o en su caso, manifieste el impedimento legal que le asista para no hacerlo. En la inteligencia, de que el informe relativo podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de correo 5jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO EN LA RENDICIÓN DEL INFORME JUSTIFICADO. Apercibida que de no rendir el informe justificado, o lo hiciere sin remitir las constancias relativas, amén de que en aquél caso se presumirá cierto el acto aquí reclamado, en términos del párrafo cuarto del citado precepto, se impondrá en su contra una multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, la cual, es equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional), que es el resultado de multiplicar cien veces el valor de la unidad de medida de actualización correspondiente, que es de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100, moneda nacional) establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de enero de dos mil veintiuno, vigente a partir del uno de febrero de del mismo año. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Así también, requiérase a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, informen a este juzgado si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se reclama en el presente juicio, esto es, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del idéntico procedimiento del que emana el acto que se reclama. De igual modo, con fundamento en lo establecido en el artículo 64, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto aparezca una causa de sobreseimiento, lo manifiesten a esta autoridad y, de ser posible, acompañen las constancias que así lo acrediten; apercibidos que no hacerlo, se impondrá en su contra una multa de treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al cometerse la falta, de acuerdo con lo dispuesto en los preceptos legales 238 y 251 del ordenamiento legal en cita. EMPLAZAMIENTO DE LA PARTE TERCERO INTERESADA. Con apoyo en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, se tiene como parte tercero interesada al Ayuntamiento Constitucional de Ciudad Valles, San Luis Potosí, por conducto de quien legalmente la represente, por tanto, y toda vez que el mismo es persona moral oficial, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), en relación con el 28, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, mediante oficio que derive del presente proveído y con copia de la demanda de amparo córrase traslado a la citada tercero interesada. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa por ofreciendo la prueba documental que anexa a su ocurso de garantías, la cual desde este momento se tiene por desahogada dada su propia y especial naturaleza, la que será tomada en consideración en el momento procesal oportuno. Sin que haya lugar a tener a la promovente por ofreciendo la documental consistente las constancias que integran el expediente laboral 17/2007/M-4 y acumulados 262/2007/M-4 y 47/2017/D.B.5., del índice del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, que refiere se encuentran en poder la autoridad señalada como responsable, de donde emana el acto reclamado, en virtud de que la misma aún no obra en autos. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a Maximiano Castillo Balleza y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a Romina Verónica Castillo Riaño y Carlos Alejandro Bustos Ruiz, toda vez que no tienen su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. NOTIFICACIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente aquellas determinaciones que resulten trascendentes dentro del presente sumario constitucional, en términos de lo dispuesto en el artículo 26, fracción II, en relación con la fracción I, inciso k) del aludido precepto, de la Ley de Amparo, así como de acuerdo con el criterio jurisprudencial 2a./J. 176/2012 (10a.), sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."; lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad responsable tiene expedito su derecho para realizar la consulta del expediente, a través de la lista de acuerdos que se publica en el local de este juzgado, así como en el portal de internet del poder judicial de la federación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la invocada ley. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese.

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