Brenda Rivas Cortes
Expediente 623/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 7 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 623/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 07/07/2022
Partes del expediente
- Brenda Rivas Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de julio de dos mil veintidós. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de catorce de junio de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Destino de incidentes de suspensión, niega ambas. Luego, tomando en consideración que en el incidente de suspensión se negó la medida cautelar solicitada; por lo que se ubica en la hipótesis prevista en artículo 21, inciso c), del mismo Acuerdo General; razón por la cual, el cuaderno incidental original es susceptible de destrucción, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita. En diverso aspecto, como lo dispone el diverso numeral 20, fracción II, inciso a) de dicho Acuerdo, el duplicado del incidente de suspensión podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo de seis meses. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en el cuaderno original y en el duplicado del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase al Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, en la inteligencia de que el acuse de recibo lo constituirá la constancia de notificación de este auto. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, catorce de junio de dos mil veintidós. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional: Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. En el caso concreto, este juzgado federal advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: *** El precepto legal transcrito establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, siendo que tal hipótesis se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. En tratándose de actos dictados en un juicio o en un procedimiento seguido en forma de juicio, por regla general, puede actualizarse tal causa de improcedencia cuando, por ejemplo, se promueve un recurso contra el acto intraprocesal reclamado en el juicio de amparo y aquél se resuelve en un sentido determinado o siendo idóneo el recurso es desechado, ya que ese acto intraprocesal primigenio deja de surtir efectos y se substituye procesalmente por la resolución del recurso interpuesto, que por cierto a partir de que se dicta es la que rige la situación procesal específica. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 77/2012 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 841, Libro XIV, Tomo 1, correspondiente a noviembre de 2012, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "RECURSO IDÓNEO. SU DESECHAMIENTO Y EL EFECTO QUE ÉSTE GENERA PROVOCAN QUE LA RESOLUCIÓN QUE PRETENDE RECURRIR QUEDE FIRME, SUSTITUYA PROCESALMENTE A LA IMPUGNADA Y, POR ENDE, QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVI, DE LA LEY DE AMPARO, SI SE RECLAMA EN UN JUICIO DE GARANTÍAS. *** Así como la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1492, tomo XXX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a diciembre de 2009: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. *** Ahora bien, con el propósito de corroborar la actualización de la causa de improcedencia objeto de estudio, conviene precisar los siguientes antecedentes del acto reclamado, conforme a lo narrado por la quejosa en la demanda de amparo: En el mes de abril de dos mil dieciocho, *** [quejosa] y *** [tercero interesado] decidieron disolver el vínculo matrimonial que los unía; procedimiento que se radicó con el número *** del índice Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla. El treinta de abril de dos mil dieciocho, ratificaron el convenio de divorcio, en el cual se otorgó a *** la custodia de su menor hija B.A.Z.R y a *** y convivencias. *** promovió ante el juez de origen, juicio de modificación de guarda y custodia respecto de su menor hija B.A.Z.R. Seguido el trámite procesal correspondiente, por auto del seis de octubre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, entre otras cuestiones, requirió a las partes para que proporcionaran medios de contacto a fin de proveer sobre las visitas y convivencias a distancia entre la menor B.A.Z.R. y su progenitor. Inconforme con esa determinación, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación en contra del auto que antecede. Mediante escrito de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, la quejosa proporcionó ad cautelam la información solicitada, a fin de que el Juez de origen se encontrara en aptitud de fijar las visitas y convivencias. Por auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo decretó provisionalmente las visitas y convivencias a distancia entre *** y su menor hija B.A.Z.R. Inconforme con ello, la parte quejosa interpuso recurso de reclamación. Mediante sentencia interlocutoria dictada el tres de marzo de dos mil veintidós, la autoridad responsable confirmó el auto reclamado, a través del cual decretó provisionalmente un régimen de visitas y convivencias a distancia entre *** y su menor hija B.A.Z.R. Por oficio CCF/PS/1584/2022 del veinticinco de marzo del año en curso, la Encargada del Despacho del Centro de Convivencia Familiar del Poder Judicial del Estado informó a la jueza responsable que en continuidad al régimen ordenado y considerando la información obtenida de las entrevistas donde se conoció el nivel de conflicto familiar, rutinas, horarios y las actividades de las partes, así como las características y necesidades del niño, se proponía que la convivencia entre padre e hijo se desarrolle en la modalidad de convivencia presencial los días domingos de cada semana de las diez a las once horas en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar. La jueza dio vista a las partes con dicha propuesta, y dado que no se realizó ninguna manifestación al respecto, por auto del veinticinco de abril del año en curso, se dispuso que las convivencias entre padre e hijo se realizarían en los términos propuestos por el Centro de Convivencia Familiar. En este orden de ideas, se advierte que el acto reclamado en este juicio, esto es, la sentencia interlocutoria dictada el tres de marzo de dos mil veintidós, la cual tuvo por efecto confirmar el auto a través del cual se decretó provisionalmente un régimen de visitas y convivencias a distancia entre Ali Osvaldo Zontlimatzi Paredes y su menor hija B.A.Z.R. ha cesado en sus efectos por sustitución procesal. Lo anterior es así, toda vez que esa determinación se sustituyó procesalmente por la que adoptó la jueza responsable el veinticinco de abril del año en curso, en el sentido de ordenar que el régimen de visita y convivencia entre padre e hijo se desarrolle en la modalidad de convivencia presencial, los días domingos de cada semana en las instalaciones del Centro de Convivencia Familiar. Tan solo a mayor abundamiento, este juzgado federal puntualiza que la Primera Sala del Alto Tribunal, al resolver el amparo directo en revisión 3799/2014, determinó que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendientes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aún y cuando ese perjuicio o maltrato solo se manifieste como una posibilidad, y que no es dable esperar a que un menor sufra un perjuicio o maltrato para entonces tomar ese tipo de medidas. Derivado de esa resolución la Primera Sala del Alto Tribunal emitió el siguiente criterio: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). *** Como se ve, en contextos de crisis familiar es adecuado que el régimen de convivencia se realice en un Centro Estatal de Convivencia Familiar, ya que de esta forma se preserva el derecho que tiene el menor a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando además las relaciones familiares y procurando la obligación de protegerlo de manera preventiva. Lo anterior se justifica, ya que el Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendientes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aún y cuando ese perjuicio o maltrato sólo se manifieste como una posibilidad. Por lo tanto, se considera que la decisión de la jueza responsable es adecuada, ya que el régimen de convivencia que decretó, busca preservar el derecho que tiene la menor a ser cuidada y educada por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos. Aunado a que la modalidad del régimen de visita y convivencia que decretó ofrece más garantías de seguridad para todas las partes que directa o indirectamente tengan intervención en su desarrollo, ya que ante los desencuentros o fricciones que pudieran haberse suscitado entre los progenitores, es conveniente que la convivencia familiar se desarrolle bajo supervisión del Centro de Convivencia Familiar. En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, se sobresee y, por lo tanto, se deja sin efectos la celebración de la audiencia constitucional. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil veintidós. Informe justificado. El Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Huejotzingo, Puebla; rinde informe justificado y ofrece pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado. Vista con informe. Con el contenido de lo anterior, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga dentro del plazo de ocho días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como pruebas las documentales que anexa a su oficio de cuenta, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con éstas en la audiencia constitucional. Formación de anexos. Visto el volumen de las constancias remitidas, se ordena formar los legajos de pruebas I, II, III, IV, V y VI, para que obren por cuerda separada y para su mejor manejo y conservación, respetando folio, sello y rúbrica de la autoridad oficiante. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
- Incidental
AUDIENCIA INCIDENTAL En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con veinticinco minutos del veinticinco de mayo de dos mil veintidós *** SENTENCIA INTERLOCUTORIA *** RESUELVE. ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por *** respecto del acto reclamado y autoridad responsable, conforme a los motivos y fundamentos expuestos en el considerando V de esta resolución. Notifíquese; electrónicamente a la parte quejosa.
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