Brenda Reyes Ortiz
Expediente 333/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 333/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Brenda Reyes Ortiz
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintisiete de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de treinta de abril de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Brenda Reyes Ortiz, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada, ambas con iniciales A.R.R., se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible en virtud de que se desechó la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese....mesa 3
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, treinta de abril de dos mil veintiuno. Recepción de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Brenda Reyes Ortiz, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada, ambas con iniciales A.R.R., contra actos que reclama del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México. Registro de la demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 333/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva acabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince enero de dos mil quince. Consideraciones previas. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, se debe tener en cuenta que de acuerdo con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar los escritos de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, sin suspender el acto reclamado; lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución, que impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas para las personas que solicitan la protección federal en asuntos que resultarán sobreseídos. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.1o.4. A. J/ 4, Novena Época, con registro electrónico 196196, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, mayo de 1998, materia común, página 890, que a la letra indica: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de explicar el concepto de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, Novena Época, con registro digital 193379, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." De la jurisprudencia transcrita, se desprende que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Estudio de la demanda Por lo que del análisis integral a la demanda de amparo, así como de las constancias de donde deriva el acto reclamado, este juzgador advierte que configura de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, porque no es posible alegar a través de un juicio de amparo indirecto actos emitidos en un diverso juicio de amparo o en ejecución de las mismas, pues produciría una infinidad de juicios sobre la misma materia en detrimento de la seguridad jurídica. Por ende, debe decirse que si el acto reclamado lo es el acuerdo de veintiséis de marzo del año en curso, dictado en el expediente 301/2019, del índice del Juzgado Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, través del cual dio cumplimiento a la sentencia emitida en el diverso juicio de amparo 1281/2019, de la estadística de juzgado, en la que se otorgó la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, dictados en los autos procedimiento especial de violencia familiar 301/2019, y 2. En su lugar emita otra en la cual, siguiendo los lineamientos establecidos en este fallo, determine recabar la escucha de los menores Andrea Alejandra y Aranza de apellidos Ravel Reyes, para efectos de cuestionarlas con relación a la convivencia con su hermano Alexander Ravel Martorell, así como recabar la opinión de expertos en materia de psicología para así poder determinar lo relacionado con la convivencias de los citados menores y que fuera solicitado por el progenitor; medidas que no son limitativas, pues de estimarlo necesario, el Juez podrá emitir diversas con la finalidad de poder determinar la procedencia de dicha convivencia entre hermanos. No pasa inadvertido para el suscrito que al momento de dictar la presente resolución subsista la suspensión del acto reclamado en el diverso juicio de amparo 928/2019 del índice de este órgano jurisdiccional, pues en el mismo se suspendieron las convivencias entre la menor A.A.R.R. y su progenitor Alejandro Ravel Márquez, sin que esta suspensión sea extensiva al menor A.R.M., pues en el caso de que el juez concluya autorizar las convivencias entre los menores hermanos, en éstas no podrá intervenir su progenitor en tanto subsista la suspensión a que se ha hecho mención." En efecto, como se advierte de los hechos que narra la promovente en su escrito inicial de demanda y teniendo como hecho notorio el juicio de amparo 1281/2019, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el acuerdo de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, fue en cumplimiento a la resolución emitida en dicho juicio. Sentado lo anterior, es conveniente destacar que el artículo 61 de la Ley de Amparo, fracciones IX, en relación con la XVIII concatenadas con el arábigo 192 de la Ley de Amparo disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" . XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. Las causales de improcedencia, en su caso, deberán ser examinadas de oficio." "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." Precisado lo anterior, es evidente que el acto que se reclama en la demanda de amparo que se analiza, no puede ser materia de un nuevo juicio de amparo, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional, de ahí que como una hipótesis derivada de la prevista en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 192 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 (10a.), con registro electrónico 2018315, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 60, noviembre de 2018, tomo I, materias constitucional, común, página 829, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración." Así como la tesis: II.2o.P.41 K, sustentada Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Octubre de 2005, Novena Época, Página 2363, que es del siguiente tenor: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA SI LA MATERIA DEL NUEVO JUICIO DE GARANTÍAS CONSISTE EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA ANTERIOR Y LAS CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO INCIDEN EN LOS MISMOS ASPECTOS POR LOS QUE SE OTORGÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL. Aun sin prejuzgar sobre el correcto cumplimiento dado a una ejecutoria de amparo anterior, es evidente que ello no puede ser materia de un nuevo juicio de garantías, al advertirse que los argumentos contenidos en los conceptos de violación y, en general, las consideraciones del fallo reclamado inciden nuevamente en los mismos aspectos específicos y precisos por los que se otorgó el amparo en el juicio previamente resuelto, por ello se estima que debe declararse la improcedencia de este nuevo juicio en aras del debido respeto y cumplimiento que debe darse a las sentencias protectoras, que por naturaleza son vinculantes y, por ende, su correcta observancia es de orden público, y no puede quedar al arbitrio de las responsables o del resto de las partes, pues de lo contrario se produciría una potencial cadena o sustitución interminable de juicios de control de constitucionalidad sobre aspectos respecto de los cuales ya hubo un pronunciamiento de la autoridad federal constitucional; de ahí que como una hipótesis derivada de la prevista en la fracción II del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XVIII del mismo numeral, y el artículo 105 del propio ordenamiento, se actualiza un motivo de inejercitabilidad del juicio de garantías." También orienta a lo anterior la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo: IX, mayo de mil novecientos noventa y dos, visible en la página: 450, cuyo texto y rubro son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." Desechamiento de la demanda. Consecuentemente, al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, en relación con XVIII, en concordancia con el numeral 192 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Brenda Reyes Ortiz, por propio derecho y en representación de sus menores hijas de identidad reservada, ambas con iniciales A.R.R.. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones únicamente de carácter personal, el que indica en su demanda de amparo. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario judicial adscrito, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en calle Circuito Médicos, número 55, despacho 101, Ciudad Satélite, código postal 53100, Naucalpan, Estado de México, y notifique el contenido del presente proveído a la quejosa por su propio derecho y en representación de sus menores hijas, quien previo a su actuación, deberá cumplir con las directrices atinentes de "Los Lineamientos de Higiene de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal, emitido por la Dirección de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaria Ejecutiva de Administración, del Consejo de la Judicatura Federal. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que se lleven a cabo las diligencias encomendadas en el presente asunto. Acceso a Expediente electrónico. En cuanto a su solicitud para el acceso electro´nico, proporcionando al efecto nombre de usuario "ALFREDOMARTINEZ"; de conformidad con el arti´culo 3o de la Ley de Amparo, que reglamenta la posibilidad para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, asi´ como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos de competencia de los o´rganos jurisdiccionales, sea de forma impresa o electro´nica, mediante el empleo de las tecnologi´as de la información; y en virtud de que la promovente refiere que el citado usuario se encuentra registrado en el Sistema de Consulta en Li´nea del Poder Judicial de la Federacio´n, con el nombre de usuario ya citado, se le autoriza u´nica y exclusivamente, para consultar vi´a internet las actuaciones del presente juicio de amparo, con fundamento en los arti´culos 34 a 41 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integracio´n y tra´mite de expediente electro´nico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los o´rganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federacio´n el doce de junio de dos mil veinte y en vigor a partir del día siguiente. Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas y la persona que hace referencia en su demanda, ténganse por autorizados para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Asimismo, se comisiona al Actuario Judicial adscrito a efecto de que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.MESA 3
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