Brenda Ramírez Alejo

Expediente 404/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
404/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
23/05/2022

Partes del expediente

  • Brenda Ramírez Alejo

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, se advierte que no se recurrió el auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano por improcedente la demanda de amparo promovida por Brenda Ramírez Alejo, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Por otra parte, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que se desechó el presente juicio de amparo. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos que reclama del Director de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo y otras autoridades. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 404/2022-III, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DETERMINACIÓN JUDICIAL Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare una causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el término "manifiesto" debe entenderse como lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. El criterio que informa, se contiene en la jurisprudencia P./J. 128/2001, con registro número 188643, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803, que dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo "indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En ese contexto, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados consistentes en el informe de presunta responsabilidad administrativa de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dentro del expediente 139/2019, radicado en la Mesa Uno de Investigación y Sustanciación de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, así como el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós en el que se tiene por recibido el informe de presunta responsabilidad. Los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción III, de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Del análisis sistemático de los artículos transcritos, se advierte que el juicio de amparo indirecto será improcedente cuando se promueva en contra de actos en juicio que no sean de imposible reparación. Asimismo, se observa que los actos de imposible reparación son los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto cuando se combaten actos en el juicio, se deben tomar en cuenta dos criterios, a saber: I. Que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate. II. Que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. En caso de no reunirse alguno de esos criterios, debe estimarse improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo. El criterio que informa, se contiene en la tesis P. LVII/2004, con registro número 180415, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, Octubre de 2004, página 9, que dice: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." Conforme a lo anterior, el acto reclamado en estudio, por su naturaleza, no tiene el carácter de irreparable, ya que constituye una actuación procesal que no tiene efectos materiales sobre sus derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, al existir la posibilidad legal de que obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, subsanando las posibles violaciones cometidas en su contra. Así es, la parte quejosa reclama el informe de presunta responsabilidad administrativa de treinta de septiembre de dos mil veintiuno dentro del expediente 139/2019, radicado en la Mesa Uno de Investigación y Sustanciación de la Unidad de Responsabilidades del Consejo de la Judicatura del Estado de Hidalgo, así como el acuerdo de diez de febrero de dos mil veintidós en el que se ordena iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa en su contra; actuaciones que no la dejan en estado de indefensión, pues se encuentra en posibilidad de acudir al procedimiento para ofrecer pruebas y formular alegatos con el objeto de desvirtuar las conductas irregulares que le atribuyen. Además, llegado el momento de dictar la resolución en dicho procedimiento, puede ser favorable a sus intereses y evitar cualquier tipo de sanción administrativa. Más aún, en el supuesto de que la resolución que se dicte en el procedimiento de responsabilidad administrativa, sea contraria a sus intereses, la promovente del amparo se encuentra en posibilidad de hacer valer los medios de defensa que procedan en la vía administrativa o jurisdiccional, incluyendo el juicio de amparo, en su caso, momento en el que pudieran repararse las violaciones que se hubiesen cometido durante dicho procedimiento. De ahí que, la determinación establecida en el informe de presunta responsabilidad administrativa y acuerdo de inicio de procedimiento administrativo reclamados, no lesionen alguno de los derechos sustantivos de la parte quejosa, como son, la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros de los consagrados en la Carta Magna. De ahí que, contrario a lo que estima la promovente del amparo, los actos reclamados no son de naturaleza irreparable para efectos de la procedencia del juicio de amparo, pues cabe la posibilidad de que no se le sancione con la destitución de su empleo, sea suspendida, inhabilitada o sancionada económicamente, ya que la finalidad del inicio del procedimiento de responsabilidad administrativa es precisamente sujetarla al propio procedimiento a fin de determinar su responsabilidad, y en caso de que no se determine ésta, culminará con una resolución favorable, y de no ser así, se insiste, podrá controvertirlos a través de los medios de defensa legales, e incluso, a través del juicio de amparo directo, en el que podrá alegar las violaciones y perjuicios que pudieran suscitarse durante el desarrollo del procedimiento de trato. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que en ella se contienen, la jurisprudencia 2a./J. 43/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, consultable en el Tomo XXIII, Abril de 2006, página 242, de epígrafe y contenido siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CITATORIO PARA COMPARECER A LA AUDIENCIA DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, AUNQUE SE ARGUMENTE QUE FUE EMITIDO POR AUTORIDAD INCOMPETENTE. La determinación de si un acto es o no de imposible reparación para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 114, fracción IV, de la Ley de la materia, debe atender a su naturaleza y a las consecuencias que produce, es decir, a si afecta de manera directa e inmediata derechos sustantivos del gobernado, o si produce una afectación en grado predominante o superior de derechos formales o procesales, mas no a los planteamientos que el gobernado aduzca en su contra, pues se dejaría en sus manos la actualización del supuesto de procedencia mencionado, ya que bastaría que le imputara al acto correspondiente una transgresión a sus derechos sustantivos para que procediera el juicio de garantías, independientemente de lo fundado o infundado de su planteamiento, en tanto ello sería cuestión que atañe al fondo del asunto, además de que sería contrario a la presunción de legalidad o legitimidad del acto jurídico administrativo, que lleva a considerarlo legalmente válido mientras no sea declarado nulo, y que impide tener por cierta, a priori, la violación que le impute el gobernado, como lo sería la relativa a que el citatorio para la audiencia del procedimiento de responsabilidades administrativas de un servidor público viola el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por incompetencia de la autoridad que lo emitió. Así, en atención a la naturaleza y efectos del aludido citatorio, se concluye que no afecta de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, pues sólo tiene como efecto sujetar al servidor público, presuntamente responsable de la comisión de un acto u omisión que afecte la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debió observar en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, al procedimiento relativo a fin de determinar su responsabilidad, cuyo fundamento está en la propia Constitución; lo que tampoco puede considerarse una afectación en grado predominante o superior, en virtud de que ese procedimiento puede culminar con una resolución favorable a sus intereses, por lo que los vicios de que pudiere adolecer dicho citatorio pueden no llegar a trascender ni producir huella en su esfera jurídica y, en caso contrario, de obtener sentencia desfavorable, podría controvertirlos cuando promoviera el medio de defensa legal y, de ser el caso, el amparo indirecto contra la resolución definitiva para obtener la insubsistencia del procedimiento relativo al nulificarse el acto que le dio origen, con lo cual se le repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto." En ese orden de ideas, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en esta ciudad capital; asimismo, se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, por contar con registro de cédula profesional en el sistema que se lleva para tal efecto en los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, y en términos restringidos, esto es, para oír y recibir notificaciones, a las demás personas que se alude en el mismo, al no acreditar contar con dicho registro. De igual manera, téngase a la parte quejosa proporcionando una cuenta de correo electrónico y número telefónico, las cuales se toman como forma especial y expedita de contacto, a través de las que se podrá entablar comunicación no procesal, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020. Por otra parte, se autoriza la consulta del presente expediente vía electrónica; por tanto, se encomienda al Encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que dé de alta al usuario "DIGESTUM" en el expediente electrónico del juicio en que se actúa, para dicho efecto; Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. MEDIOS ELECTRÓNICOS De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, desde este momento queda autorizada la toma de fotografías de constancias que obren en el sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que por su naturaleza sean de carácter confidencial o reservadas, por persona previamente autorizada para ello; en el entendido de que el uso de dichas fotografías será responsabilidad de quien las obtenga, así como de la persona que otorgue la autorización; por lo que queda expedito el derecho de las partes para oponerse o limitar esta permisión. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Finalmente, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por el que informa que la audiencia del procedimiento administrativo número 139/2019, señalada originalmente para el veintitrés del mes y año en curso, fue diferida por cinco días a solicitud de la promovente del amparo; dado el sentido de la presente determinación. Notifíquese personalmente, a través del usuario 'DIGESTUM'.

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