Brenda Pérez Hernández

Expediente 1149/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 24 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1149/2022
Año
2022
Actuaciones
24
Última actuación
09/10/2023

Partes del expediente

  • Brenda Pérez Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Director de Asuntos Penales y Amparos de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; téngasele informando las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de lo cual queda enterado este Juzgado Federa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado Eduardo Quiroz Álvarez. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda el oficio de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, mediante el cual precisan haber dado cumplimiento a la sentencia dictada en este asunto. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, con el contenido del oficio cuenta, dese vista a las partes, por el plazo de tres días computados legalmente, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Bajo el apercibimiento que una vez transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional dictará resolución que declare que la sentencia está cumplida o no, en términos del párrafo segundo, del ordinal anteriormente citado. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ***. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista, la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintinueve de junio del año en curso, en la que se concedió el amparo solicitado por ******, sin que se haya presentado promoción al respecto. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por otra parte, de autos se advierte que en la ejecutoria de referencia, se otorgó la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para que la responsable realice lo siguiente: [.] Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía General Del Estado De Chihuahua, y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Proyectos Especiales "A", ambos con sede en Ciudad Chihuahua Capital, deberán de realizar lo siguiente: Dicte un auto en el que se ordene el levantamiento del aseguramiento decretado el trece de agosto de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación bajo Número Único de Caso ******** respecto del inmueble ubicado en calle General ************, de esta Ciudad Juárez, Chihuahua, propiedad de la aquí quejosa y se entregue a ésta la posesión que legalmente le corresponde. [.] En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable, Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía General Del Estado De Chihuahua, y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Proyectos Especiales "A", ambos con sede en Ciudad Chihuahua Capital para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, cumpla con la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberán acreditar con las constancias respectivas. En acatamiento a lo anterior, deberán informar a este Juzgado de Distrito, sobre el cumplimiento dado a dicha ejecutoria de amparo, o bien, sobre los actos que hayan realizado para ese efecto. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 2, fracción III y 3 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Apoya lo anterior, la tesis I.13o.T.3 K (10a.), aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXV, de Octubre de 2013, Tomo 3, materia común, página 1767, del siguiente tenor: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. AL MOMENTO DE REQUERIR SU CUMPLIMIENTO, EL JUZGADOR DEBE INDIVIDUALIZAR EL MONTO DE LA MULTA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 192, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO Y NO EN UN ACUERDO POSTERIOR (INTERPRETACIÓN DEL CONCEPTO "DESDE LUEGO"). La base toral de las facultades que la ley otorga a las autoridades para actuar con el propósito de lograr la finalidad que la misma les señala, implica la posibilidad de optar entre dos o más decisiones, y se encuentra subordinado a que se respeten los presupuestos procesales para hacer cumplir sus determinaciones. En este sentido, el artículo 192, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, establece que en la notificación que se haga a la responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego. Ahora bien, el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima segunda edición, define el vocablo "luego" como el adverbio de tiempo que tiene por significado "prontamente, sin dilación"; a partir de lo anterior, el propio instrumento en consulta define la locución adverbial "desde luego" como aquello que debe ocurrir "inmediatamente, sin tardanza". De esta manera, el presupuesto procesal que estableció el legislador para la imposición de esa multa, consiste en que ésta se determine "desde luego", esto es, inmediatamente, sin tardanza; por tanto, al requerir el cumplimiento de la sentencia en que se concedió el amparo, el juzgador debe individualizar su monto y no en un acuerdo posterior. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada ***********, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ************. Doy fe.

  4. Principal

    SentenciaCiudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de junio de dos mil veintitrés.VISTOS para resolver el juicio de amparo 1149/2022-III, promovido por *******, contra actos de la Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, y otras autoridades. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, turnado a este juzgado ese mismo día, ******* promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y actos señalados en el considerando segundo de esta sentencia.SEGUNDO. Tramitación de la demanda. Por auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, una vez que la quejosa cumpliera con la prevención realizada en auto de nueve de diciembre de misma anualidad, se admitió a trámite la demanda, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 133, fracción IV, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, artículo segundo, fracción XVII, numeral 3 y artículo tercero, fracción XVII, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que se trata de un acto ejecutado por autoridades responsables, en esta ciudad, lugar en el cual este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, del contenido del escrito inicial de la demanda, así como de las constancias rendidos por las autoridades responsables que así lo hicieron, y de las constancias que adjuntaron las partes, así como de los conceptos de violación de la demanda, y de constancias que integran el presente juicio, se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, a las siguientes autoridades: -3) AUTORIDADES RESPONSABLES. 1) Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, con domicilio la ciudad de chihuahua capital 2) Titular de la carpeta de investigación ******* adscrito a la unidad de proyectos especiales de la fiscalía general del estado de chihuahua con domicilio conocido en la ciudad de chihuahua capital. 3) Agentes ministeriales encargados de la investigación bajo la carpeta ******* adscritos la unidad de proyectos especiales con domicilio conocido en chihuahua capital. 4) FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA con domicilio conocido en la ciudad de chihuahua capital. 4) ACTO RECLAMADO. Se reclama de las responsables la advertencia o notificación que me hicieron el pasado 5 de diciembre 2022, cuando unos agentes ministeriales acudieron a mi domicilio y me dijeron que tenía 10 días hábiles para que dejara mi lugar de residencia, ya que de lo contrario ellos vendrían con fuerza pública a sacarme en contra de mi voluntad, cabe mencionar este desalojo ya sucedió a mis inquilinos en noviembre 2018 y enero 2020, motivo por el cual les solicite la devolución de mi inmueble por el día 29 de septiembre 2020 sin que me hayan dado respuesta, sin embargo, el día 5 de diciembre 2022 llegaron unas camionetas de la fiscalía y con prepotencia quieren volverme a despojar de mi inmueble el cual me tiene muy asustada. Cabe mencionar que estos aun no son hechos consumados ya que todavía los agentes no han ejecutado su dicho de desalojarme de mi casa, lo cual esta autoridad federal no debe soslaya como lo manifiesto en los conceptos de violación.- Asimismo, por escrito de trece de diciembre de dos mil veintidós, la quejosa aclaró los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables en el siguiente sentido: -En su carácter de ordenador señaló a: UNIDAD ESPECIALIZADA EN PROYECTOS ESPECIALES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUARUA, al Titular de la carpeta de investigación ******* adscrito a la unidad de proyectos especiales de la fiscalía general del estado de chihuahua y FISCAL GENERAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, los cuales ordenaron el desalojo de mi inmueble derivado de su investigación. En carácter de ejecutor señaló a: Agentes ministeriales encargados de la investigación bajo la carpeta ******* adscritos a la unidad de proyectos especiales para ejecutar el desalojo de cualquier persona ajena a la investigación.- TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables, Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua; Titular de la carpeta de investigación *******; Agentes ministeriales encargados de la investigación bajo la carpeta *******, adscritos la Unidad de Proyectos Especiales y Fiscal General Del Estado De Chihuahua, todas con residencia en ciudad Chihuahua Capital, fueron omisas en rendir su informe con justificación, no obstante que transcurrieron los quince días contados a partir del requerimiento del mismo; de ahí que se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós, y de conformidad con el numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de la Materia, se tiene por cierto el acto que se les endilga, a saber, el acuerdo de aseguramiento del bien inmueble propiedad de la quejosa, ubicado en *******, de esta Ciudad Juárez, Chihuahua. Por lo que se tiene por cierto el acto que se les atribuyó. Además, la existencia de los actos reclamados, se tienen por acreditados; pues esa circunstancia se pone de manifiesto con las copias certificadas que de la Carpeta Única de Investigación, remitió el agente del Ministerio Público adscrito la Unidad de Proyectos Especiales -A- de la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General Del Estado De Chihuahua, bajo número de investigación *******, la cual es instruida en contra de *******, por el delito *******. Documentales que obran en el juicio, mismas que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria por disposición expresa del arábigo 2o, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por haberse emitido por funcionario en ejercicio de sus atribuciones. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 226 del Pleno de nuestro más Alto Tribunal del país, consultable en la página 153, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, que dice: -DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena-. Por lo anterior, se tiene por ciertos los actos reclamados a las autoridades de mérito. CUARTO. Análisis de causas. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. -Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.- Al no advertir de oficio por la suscrita juzgadora causa alguna que se actualice y no haber realizado manifestaciones al respecto las autoridades responsables, se procede a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. Es fundado el concepto de violación, aunque suplido en su deficiencia, acorde a lo dispuesto por el artículo 79, fracción VI, de la ley de la materia, atento a las consideraciones legales que a continuación se expresan. Importa destacar, que existe criterio firme de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que procede suplir la deficiencia de la queja en materias como la administrativa, entre otras, cuando se reclame ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso, y en el presente juicio la quejosa se ostenta como propietaria del inmueble cuyo aseguramiento se ha prolongado indefinidamente en el tiempo. Lo anterior lo acredita con la escritura púbica número *******, volumen *******, anexo *******, inscripción *******, del libro *******, de la Notaría Pública número *******, para el Distrito Judicial Bravos, en esta Ciudad Juárez, Chihuahua, en la cual consta el contrato de compraventa, en el que aparece como parte compradora la hoy quejosa *******, junto con su cónyuge ******* con la concurrencia del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, -INFONAVIT-, celebrado el catorce de julio de dos mil seis, respecto del domicilio ubicado en *******, de esta Ciudad Juárez, Chihuahua. Al respecto, se cita la jurisprudencia bajo registro digital: 2009936, Instancia: Segunda Sala, Décima Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 120/2015 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 663, cuyo rubro y texto son los siguientes: -SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SU PROCEDENCIA EN OTRAS MATERIAS, AUN A FALTA DE CONCEPTO DE VIOLACIÓN O AGRAVIO, CUANDO SE ADVIERTA VIOLACIÓN GRAVE Y MANIFIESTA DE LA LEY. La regulación establecida en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo faculta al juzgador de amparo para suplir la deficiencia de la queja en materias diversas a las que el propio numeral prevé, ante una irregularidad procesal grave y manifiesta en la controversia del amparo, no resuelta en el procedimiento de origen, que afecte al quejoso o recurrente, aun ante la ausencia de concepto de violación o agravio al respecto, ya que revela la intención del legislador de no permitir que una de las partes se beneficie a costa de la indefensión de su contraria, como consecuencia de una actuación ilegal de la autoridad, permitiendo al Juez ejercer un discernimiento en cada caso concreto, en atención a la materia y sujeto de que se trate, lo cual es congruente con el artículo 107, fracción II, antepenúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.- Del análisis de los conceptos de violación del escrito inicial de demanda, se desprende que la quejosa afirma en síntesis, que se vulnera en su perjuicio su derecho de audiencia, consagrado en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el aseguramiento no está debidamente motivado ni fundado, no se especificó la temporalidad de la medida cautelar, la cual se decretó en el año dos mil dieciocho y a la fecha sigue vigente, sin que se haya judicializado la investigación, lo cual es un castigo para ella, sin estar sujeta a dicha investigación. Es fundado, el concepto de violación expresado por la quejosa y suficiente para conceder el amparo y protección de la justicia federal. Lo fundado de su concepto de violación resulta porque, la autoridad responsable al emitir el acto reclamado, fue omisa en definir la vigencia del aseguramiento, y en el caso ha transcurrido mas de cuatro años y diez meses desde que se decretó el mismo, desnaturalizando de esa forma la temporalidad de esa medida cautelar y vulnerando con ello los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte conducente señala lo siguiente: -Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.-. En efecto, el derecho fundamental contenido en el precepto constitucional traído a cita, descansa en el llamado principio de legalidad, que consiste en que las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en la forma y términos que ésta determine, de modo que todo acto de autoridad debe de contar con las siguientes notas características: - Constar por escrito, es decir, que pueda ser mostrado gráficamente al destinatario, a fin de que pueda verificar si fue emitido o no por autoridad competente y si se encuentra o no fundamentado y motivado; además de que las atribuciones de las autoridades del Estado se materializan, precisamente, hasta que constan escritas; - Provenir de autoridad competente, es decir, de aquella a la que corresponde su emisión, precisamente, porque así le faculta la normativa que rige su actuar, el cual debe ajustarse a la propia norma; y, - Contener la adecuada fundamentación y motivación, que implica apoyar la determinación respectiva en razones legales, contenidas en la norma y explicar los motivos que conducen a su emisión, en el entendido de que, entre ambas exigencias, debe existir congruencia. Respecto a la última peculiaridad descrita, todo acto de autoridad que implique alguna molestia para los gobernados, debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, siendo lo primero, la cita precisa de las disposiciones legales aplicables al caso concreto y, lo segundo, la expresión de las razones que se tomaron en consideración para el pronunciamiento del acto combatido, pero además, debe existir congruencia entre los motivos expuestos y los preceptos aplicados. Es aplicable la jurisprudencia de la Séptima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 917738, del siguiente contenido: -FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.-. En este punto, es importante distinguir entre la indebida fundamentación y motivación de los actos de autoridad, entendiéndose lo primero, como cuando sí se invoca el precepto legal, empero, resulta inaplicable al asunto, y lo segundo, cuando si se precisan las razones de la autoridad para emitir el acto, pero no resultan adecuadas para el caso en específico. A su vez, es necesario diferenciar esos conceptos de la ausencia total de fundamentación y motivación en los actos de autoridad, lo cual implica una falta absoluta de las razones y preceptos legales en que se apoyó el acto de molestia o de privación. Es ilustrativa la jurisprudencia I.6o.C.J/52, de la Novena Época, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el registro 173565, del siguiente contenido: -FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.-. En ese tenor, es menester precisar que el aseguramiento de bienes durante una indagatoria o en el proceso, se justifica porque llegan a tener la calidad de instrumento, objeto o producto del delito, siendo una medida provisional o precautoria, ya que no constituye un fin en sí mismo, sino que tiene como finalidad proteger los bienes materia de la medida, para garantizar la comprobación de la existencia del hecho señalado por la ley como delito y/o la probable responsabilidad del inculpado, evitando que éste los oculte o destruya; impedir que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, así como garantizar la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte. Como medida provisional, puede ser decretada por el Ministerio Público y/o la autoridad judicial; el efecto de dicha medida no es el privar definitivamente del bien al poseedor o propietario, sino que pone los bienes a disposición de las autoridades investigadoras o judiciales, consistiendo así en una afectación sobre el bien asegurado que implica su indisponibilidad provisional, en tanto se resuelve en definitiva. Aunque en muchas ocasiones el aseguramiento de bienes tiene como finalidad el garantizar el posible y futuro decomiso, pero, no todo aseguramiento tiene tal fin, pues en otros casos no se realiza con miras a imponer dicha pena (el decomiso), sino únicamente para garantizar la comprobación de la existencia del hecho señalado por la Ley como delito, así como probable responsabilidad de la persona que está siendo investigada, por contener los bienes huellas del ilícito. Lo anterior con apoyo en el criterio sustentado por la tesis bajo registro: 190610, novena época, de la Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a. XXXIX/2000 Página: 249., vuyo rubro y texto son los siguientes: -INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO, ASEGURAMIENTO DE. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE LO PREVÉ, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE ENERO DE 1994, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE AUDIENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P./J. 40/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, julio de 1996, página 5, de rubro: 'ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN.', que la garantía de audiencia previa consagrada en el segundo párrafo del artículo 14 de la Carta Magna, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos, aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, esto es, aquellos que constituyen un fin en sí mismos, con existencia independiente y cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. En congruencia con tal criterio, debe decirse que el hecho de que el artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales, al prever el aseguramiento practicado por el Ministerio Público de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, sólo contemple la obligación de dar al afectado la posibilidad de ser oído en su defensa con posterioridad a dicho aseguramiento, no transgrede la garantía constitucional de referencia. Ello es así, porque si bien es cierto que el citado aseguramiento produce la indisponibilidad del bien asegurado mientras se resuelve en definitiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 40 y 41 del Código Penal Federal, también lo es que la afectación que se realiza a través de tal aseguramiento no implica una privación definitiva de la propiedad, de la posesión o de la disponibilidad de los bienes asegurados, ya que su efecto consiste en ponerlos a disposición de las autoridades investigadoras o de las judiciales para garantizar, por un lado, la comprobación del cuerpo del delito o la probable responsabilidad del inculpado y, por otro, la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte; de ahí que, por su naturaleza, se trate de una medida provisional o cautelar respecto de la cual no rige la garantía de audiencia.-. Asimismo, encuentra sustento en la tesis bajo registro: 191124, Novena Época, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Septiembre de 2000 Materia(s): Constitucional, Penal Tesis: P. CXLV/2000 Página: 31, cuyo rubro y texto son los siguientes. -INSTRUMENTOS, OBJETOS O PRODUCTOS DEL DELITO. EL ARTÍCULO 181 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES QUE ESTABLECE SU ASEGURAMIENTO, NO VIOLA LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 21 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 181 del Código Federal de Procedimientos Penales que prevé el aseguramiento practicado por el Ministerio Público, de los instrumentos del delito, de las cosas que sean objeto o producto de él y de aquellos en que existan huellas del mismo, no transgrede el artículo 21 de la Constitución Federal. Ello es así, porque dicho aseguramiento se asemeja a una medida precautoria, en atención a que tiene por finalidad proteger los instrumentos y objetos con que se cuenta para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, evitando que éste los oculte o destruya; impedir que el probable responsable se sustraiga de la acción de la justicia, así como garantizar la eventual reparación del daño o el cumplimiento de la pena de decomiso que en su caso se dicte, lo que evidentemente no contraviene lo dispuesto por el citado numeral de la Carta Magna, pues tal medida está comprendida dentro de la facultad de investigación y persecución de los delitos que dicho dispositivo otorga al Ministerio Público. Por tanto, la facultad conferida al aludido representante social implica la realización de todas aquellas diligencias necesarias para que el autor de un delito no evada la acción de la justicia y se le apliquen las consecuencias o sanciones fijadas en la ley, y dentro de dichas diligencias se encuentra la conservación de la prueba a que hace referencia el artículo 181 del código adjetivo en mención.-. De lo reseñado con anterioridad se concluye que: a) Naturaleza jurídica. El aseguramiento es una medida provisional. b) En cuanto a los bienes sobre los que recae. Instrumentos, objetos y productos del delito, así como en cualquier bien que sin serlo contenga huellas o tenga relación con el antisocial. c) Afecta los bienes de manera provisional. d) Respecto de los fines que persigue. Tiene como fin proteger los bienes materia de éste, para garantizar la comprobación de la existencia del hecho señalado por la Ley como delito y la probable responsabilidad del inculpado y/o la reparación del daño y el decomiso, en caso de que se impongan tales sanciones. e) En cuanto a la autoridad que la impone o decreta. El aseguramiento puede ser decretado tanto por el Ministerio Público como por la autoridad judicial. f) En cuanto a la situación del poseedor o propietario del bien. El aseguramiento no exige ninguna responsabilidad penal ni situación específica del poseedor o propietario de los bienes materia de la medida. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/22 (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, visible en el portal electrónico del Semanario Judicial de la Federación, bajo el registro 2019849, del siguiente tenor: -ASEGURAMIENTO DE UN INMUEBLE POR EL MINISTERIO PÚBLICO. SI SE DECRETA EN FORMA INDEFINIDA O SU TEMPORALIDAD SE PROLONGA EXCESIVAMENTE, VIOLA LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA. El aseguramiento de un inmueble por el Ministerio Público es una medida de carácter provisional o transitoria con la finalidad de esclarecer los hechos materia de la investigación, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros. Así, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, por el contrario, los dificulta al desvanecer las huellas que pudieran existir. En consecuencia, si se decreta dicha medida cautelar por tiempo indefinido o su temporalidad se prolonga excesivamente (por uno o más años), ello es contrario a su naturaleza provisional o transitoria, lo que provoca efectos contrarios a los pretendidos, es decir, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables, sino que lo afecta sobremanera, lo que, a su vez, viola los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica.-. Reseñado lo anterior, se puede establecer que la orden de aseguramiento de trece de agosto de dos mil dieciocho, dictada en la investigación con Número Único de Caso *******, respecto de inmueble ubicado en *******, de esta Ciudad Juárez, Chihuahua, cuya propietaria es la hoy quejosa, ordenada por el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Proyectos Especiales -A-, dependiente de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Ciudad Chihuahua, Capital, carece de los requisitos constitucionales de fundamentación y motivación en la parte en que se omite definir la vigencia del aseguramiento, siendo el caso que se decretó desde el trece de agosto de dos mil dieciocho, transcurriendo a la fecha más de cuatro años y diez meses, sin ponderar que el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, sino que los dificulta, al desvanecer las huellas que pudieran existir, dejando con ello en un estado de incertidumbre jurídica al quejoso. Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de que la investigación bajo Número Único de Caso *******, no ha sido judicializada por parte de la Representación Social, pues mediante oficio *******, el agente del Ministerio Público titular de la investigación, licenciado *******, con fundamento en lo establecido por los artículos 309 y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitó al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, señalara fecha y hora para llevarse a cabo la audiencia de formulación de imputación al indiciado en dicha carpeta de investigación, de nombre *******, solicitud que fue rechazada por auto de siete de octubre de dos mil veinte, por el Juez de Control, licenciado *******, por no reunir dicha solicitud los requisitos establecidos por el artículo 141 de la legislación procesal penal en cita. -Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario.- Para una mejor comprensión de la solución a la que se arriba, se estima oportuno destacar en lo que interesa el acuerdo de aseguramiento reclamado. -Número Único de Caso ******* ACTA DE ASEGURAMIENTO DE INMUEBLE POR EL MINISTERIO PÚBLICO CON FUNDAMENTO DE LOS ARTICULOS 229, 230, 231, 240 DEL CODIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. En la ciudad de Ciudad Juárez, Chihuahua siendo las ocho horas con diez minutos del día trece del mes de agosto del año dos mil dieciocho encontrándose en el edificio de la Fiscalía General del Estado zona norte ubicadas en eje vial Juan Gabriel y aserraderos de la Colonia San Antonio, el suscrito Agente del Ministerio Publico. MDP. *******, dicta lo siguiente: PRIMERO.- resolución, una vez cumplimentada la Orden de Cateo sobre los inmuebles ubicados en ******* en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua, misma orden que fue obsequiada por el Licenciada *******, Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, registrada dentro de la causa penal *******. SEGUNDO.- Una vez que se ingresó al domicilio ubicado en se hizo constar que fueron tres envoltorios de material plástico transparente así como una bolsa plástica las cuales contienen en su interior una hierba verde, seca y olorosa, esta MARIHUANA, desprendiéndose de la Investigación que al menos dentro de dichos domicilios se consumía, empaquetaba y vendía dichos narcóticos sin contar con autorización alguna para poseerla de de la autoridad sanitaria correspondiente. TERCERO.-motivo por el cual que se presume desde el inicio de la investigación que dicho lugar es utilizado para vender, consumir y custodiar drogas por lo cual con fundamento en lo establecido en los artículos 229, 230, 231, 233 del Código Nacional de Procedimientos Penales, todos los elementos recogidos durante la Investigación deben ser conservados bajo custodia del Ministerio Público, el suscrito Lic. *******, Agente del Ministerio Público, ordena el aseguramiento de los referidos inmuebles. CUARTO.- NOTIFIQUESE de la presente resolución a quien acredite debidamente la propiedad del inmueble ubicado en ******* en el Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. CÚMPLASE Así lo acordó y firmó la C. Lic. *******, agente Del Ministerio Público Adscrito A La Unidad De Proyectos Especiales -A-.- No obstante, como se destacó el aseguramiento es una medida de carácter provisional o transitoria, con la finalidad de esclarecer los hechos, garantizar la reparación del daño y evitar lesiones a terceros. Sin embargo, el simple transcurso del tiempo no propicia el esclarecimiento de los hechos, sino que los dificulta al desvanecer las huellas que pudieran existir. En el caso los bienes se encuentran asegurados,-como se acotó-, desde hace más de cuatro años y diez meses, lo que se opone a la naturaleza provisional o transitoria de que goza el aseguramiento, de ahí que ese actuar de la autoridad investigadora, no garantiza la seguridad en el patrimonio de los justiciables y crea inseguridad jurídica. En ese orden, no se justifica que continúe en ese estado jurídico, pues sin soslayar que se encuentra en la etapa inicial, la cual tiene por objeto realizar las diligencias necesarias para reunir indicios o que se realizarán algunas pruebas sobre los bienes; pues ello debió realizarlo durante el tiempo que ha perdurado la medida; ya que esa justificación es contraria a la finalidad provisional del aseguramiento y no puede permanecer en ese estado hasta que la autoridad determine si se ejercita acción penal o no. Máxime que, como se señaló en párrafos precedentes, la representación social no ha dado continuidad a la investigación que se pretende garantizar con la medida en estudio y la única ocasión que pretendió judicializar dicha investigación fue rechazado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos. En esa tesitura, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos que a continuación se precisan. SEXTO. Efectos de la sentencia. Con apoyo en el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, es procedente fijar los efectos en los que se traduce la concesión del amparo, al ser el acto reclamado de naturaleza positiva, la autoridad responsable Unidad Especializada en Proyectos Especiales de la Fiscalía General Del Estado De Chihuahua, y agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Proyectos Especiales -A-, ambos con sede en Ciudad Chihuahua Capital, deberán de realizar lo siguiente: Dicte un auto en el que se ordene el levantamiento del aseguramiento decretado el trece de agosto de dos mil dieciocho, dentro de la carpeta de investigación bajo Número Único de Caso *******, respecto del inmueble ubicado en *******, de esta Ciudad Juárez, Chihuahua, propiedad de la aquí quejosa y se entregue a ésta la posesión que legalmente le corresponde.Finalmente, se resalta que las jurisprudencias citadas en esta sentencia y que fueron integradas conforme a la anterior Ley de Amparo, se estima que continúan vigentes, toda vez que no se oponen a lo dispuesto en la nueva ley de la materia y son aplicables al caso, precisión que se hace de conformidad con su artículo sexto transitorio.Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76 y 77, demás relativos de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, en contra de las autoridades señalada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el sexto. Notifíquese por lista electrónica, personalmente a la quejosa y al agente del Ministerio Público Federal adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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