Brenda Nuñez Altamirano
Expediente 288/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 288/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 01/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Brenda Nuñez Altamirano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, uno de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos la razón de imposibilidad suscrita por el actuario adscrito, por el cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la parte quejosa el proveído de veintiséis de abril del año en curso; en consecuencia, notifíquese a la parte procesal en cita la determinación en comento, así como el presente proveído, y las subsecuentes aún las de carácter personal, por medio de la lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal y en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante escrito de demanda presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, turnada a este juzgado el siete del mismo mes y año, Óscar Iván Ángel Navarro, se ostentó como apoderado legal de la directa quejosa Brenda Núñez Altamirano, y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a quien le reclama la omisión de pronunciarse respecto del escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno en el juicio laboral 01/96/07. Ahora bien, del informe justificado y las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, recibidas en auto de veinticinco de abril del año en curso, las cuales tienen valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se desprende que: El veintiuno de abril del año en curso la autoridad responsable acordó el escrito de quince de octubre de dos mil veintiuno, mismo que en lo que interesa dice: De lo anterior se advierte que emerge, en la especie, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, disposiciones que son del tenor literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] Se explica: De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, insta la acción constitucional desde las siguientes aristas: -En su calidad de apoderado legal de Brenda Núñez Altamirano. -Por lo que en auto de admisión, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable, para que remitiera la constancia donde reconoció la representación con la que se ostentaba el promovente. -En cumplimiento a lo ordenado, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado adjuntó copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, en el que acordó el escrito que constituye el acto reclamado, donde determinó únicamente agregarlo a los autos del juicio natural toda vez que el promovente Óscar Iván Ángel Navarro, no cuenta con la representación que adujo, acuerdo que fue notificado a las parte por boletín laboral el veintidós de abril del año en curso. Sentado lo anterior, es preciso indicar que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, es decir, por quien aduzca tener un interés individual o colectivo, por virtud de una violación a sus derechos reconocidos en la Constitución y una afectación a su esfera jurídica, de forma directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. En relación a la instancia de parte agraviada, es importante estimar que tal enunciado constitucional regula la legitimación en la causa; que no es otra cosa que la titularidad del derecho cuestionado. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las siguientes directrices: -Que "para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional." -Que este surge "cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto." -Que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar entre otros: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta en forma directa ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. -Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse sobre la base de presunciones; por lo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En atención a este marco normativo, Óscar Iván Ángel Navarro, promovió la demanda de amparo en su carácter de apoderado legal de Brenda Núñez Altamirano, sin embargo, de las documentales ofrecidas por la responsable, se advierte que no cuenta con la representación que invoca en el juicio de origen 01/96/07, es de concluirse que no cuenta con las facultades con la cual se ostentó al promover la acción de amparo. De ahí que, no basta que manifieste bajo protesta de decir verdad ser apoderado legal de la directa quejosa, pues como se advierte en autos, la autoridad responsable no le ha reconocido tal carácter en el juicio natural de donde emana el acto reclamado, por lo que resulta que carece de legitimación para promover la acción constitucional. Así, se puede concluir que: Para determinar la titularidad del derecho cuestionado [legitimación en la causa] no basta con afirmar que existe una transgresión a un derecho fundamental, sino que es necesario en el caso concreto que el quejoso sea titular de un derecho subjetivo, que le fue afectado de manera personal y directa. Para acudir al juicio de amparo, se requiere que el quejoso acredite la afectación a sus derechos sustantivos, por virtud de un acto de autoridad actual, directo y presente; que supone la facultad de exigir y la obligación de cumplir con esa exigencia. En esta tesitura, se considera que Óscar Iván Ángel Navarro, no está legitimado para actuar a nombre de la parte quejosa. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal invocado. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera). [Época: Novena Época, Registro: 166405, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A.129 K, Página: 3144]." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [Época: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386]." Por último, únicamente agréguese a los autos el escrito de cuenta, de quien adujo ser autorizado de la parte quejosa, para que obre como corresponda en atención a lo resuelto en párrafos que anteceden. Lo anterior comuníquese a las partes para su debido conocimiento y los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a diez de noviembre de dos mil veintidós Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que no obra en los mismos, la notificación realizada de manera personal a la parte quejosa del auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, tal y como fue ordenado en el último de ellos. En tales condiciones, se comisiona al Actuario adscrito que le corresponde conocer del presente asunto, para efectos de que, a la brevedad, realice la diligencia aludida, remita la constancia respectiva y de ser posible la registre en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Karina Vanessa Corona Alday, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se aprecia que mediante escrito de demanda presentado el tres de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, turnada a este juzgado el siete del mismo mes y año, Óscar Iván Ángel Navarro, se ostentó como apoderado legal de la directa quejosa Brenda Núñez Altamirano, y solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, a quien le reclama la omisión de pronunciarse respecto del escrito presentado el quince de octubre de dos mil veintiuno en el juicio laboral 01/96/07. Ahora bien, del informe justificado y las constancias remitidas en copia certificada por la autoridad responsable, recibidas en auto de veinticinco de abril del año en curso, las cuales tienen valor probatorio pleno, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2, se desprende que: El veintiuno de abril del año en curso la autoridad responsable acordó el escrito de quince de octubre de dos mil veintiuno, mismo que en lo que interesa dice: De lo anterior se advierte que emerge, en la especie, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo, disposiciones que son del tenor literal siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. [.] Se explica: De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que el promovente, insta la acción constitucional desde las siguientes aristas: -En su calidad de apoderado legal de Brenda Núñez Altamirano. -Por lo que en auto de admisión, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable, para que remitiera la constancia donde reconoció la representación con la que se ostentaba el promovente. -En cumplimiento a lo ordenado, la autoridad responsable, al rendir su informe justificado adjuntó copia certificada del acuerdo de veintiuno de abril del año en curso, en el que acordó el escrito que constituye el acto reclamado, donde determinó únicamente agregarlo a los autos del juicio natural toda vez que el promovente Óscar Iván Ángel Navarro, no cuenta con la representación que adujo, acuerdo que fue notificado a las parte por boletín laboral el veintidós de abril del año en curso. Sentado lo anterior, es preciso indicar que el juicio de amparo se sigue a instancia de parte agraviada, es decir, por quien aduzca tener un interés individual o colectivo, por virtud de una violación a sus derechos reconocidos en la Constitución y una afectación a su esfera jurídica, de forma directa o en razón de su especial situación frente al orden jurídico. En relación a la instancia de parte agraviada, es importante estimar que tal enunciado constitucional regula la legitimación en la causa; que no es otra cosa que la titularidad del derecho cuestionado. Sobre este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido las siguientes directrices: -Que "para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional." -Que este surge "cuando el acto reclamado se relaciona a su esfera jurídica, entendiendo por ésta el cúmulo de derechos y obligaciones poseídos por un sujeto." -Que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar entre otros: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta en forma directa ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. -Que debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse sobre la base de presunciones; por lo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados, es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente tutelados. En atención a este marco normativo, Óscar Iván Ángel Navarro, promovió la demanda de amparo en su carácter de apoderado legal de Brenda Núñez Altamirano, sin embargo, de las documentales ofrecidas por la responsable, se advierte que no cuenta con la representación que invoca en el juicio de origen 01/96/07, es de concluirse que no cuenta con las facultades con la cual se ostentó al promover la acción de amparo. De ahí que, no basta que manifieste bajo protesta de decir verdad ser apoderado legal de la directa quejosa, pues como se advierte en autos, la autoridad responsable no le ha reconocido tal carácter en el juicio natural de donde emana el acto reclamado, por lo que resulta que carece de legitimación para promover la acción constitucional. Así, se puede concluir que: Para determinar la titularidad del derecho cuestionado [legitimación en la causa] no basta con afirmar que existe una transgresión a un derecho fundamental, sino que es necesario en el caso concreto que el quejoso sea titular de un derecho subjetivo, que le fue afectado de manera personal y directa. Para acudir al juicio de amparo, se requiere que el quejoso acredite la afectación a sus derechos sustantivos, por virtud de un acto de autoridad actual, directo y presente; que supone la facultad de exigir y la obligación de cumplir con esa exigencia. En esta tesitura, se considera que Óscar Iván Ángel Navarro, no está legitimado para actuar a nombre de la parte quejosa. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, con fundamento en la fracción V del numeral 63 del mismo ordenamiento legal invocado. Apoya lo anterior la tesis siguiente: "INTERÉS JURÍDICO Y LEGITIMACIÓN EN EL AMPARO. SU DISTINCIÓN. En términos del artículo 4o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponde a una causa criminal o por medio de un pariente o persona extraña en los casos en que la propia ley lo permita expresamente, y sólo puede seguirse por el agraviado, su representante legal o su defensor. Esta previsión normativa, contenida en el capítulo II del título primero del libro primero de la propia ley denominado "De la capacidad y personalidad", atiende a un tema de legitimación en el proceso, precisando con detalle quién puede válidamente suscribir la demanda de garantías y quién, a su vez, puede proseguir el juicio relativo. Así, esta condición guarda estrecha vinculación con la fracción V del artículo 73 de la mencionada legislación, inserta en el capítulo de improcedencia del juicio (con la cual incluso se le confunde frecuentemente), que exige la existencia de un interés jurídico del quejoso como objeto directo de protección constitucional, esto es, se trata del derecho subjetivo que asiste a un gobernado que resulta afectado con el acto reclamado; en otras palabras, el interés jurídico constituye la prerrogativa legal que el orden normativo confiere a sus destinatarios y que se traduce en un deber de respeto a cargo de la autoridad, la cual sólo puede afectarlo cumpliendo las condiciones que la Constitución Federal establece para tales efectos, de tal forma que ese poder de exigencia otorgado a los afectados se hace efectivo a través del juicio de amparo, instituido precisamente para salvaguardar las garantías individuales, pero siempre condicionado a que sea el orden normativo el que conceda dicha prerrogativa a su titular, porque de no existir ese respaldo legal, se carece entonces de interés jurídico y, por tanto, de derecho alguno que preservar con el fallo constitucional. Por tanto, aunque en la Ley de Amparo están estrecha y necesariamente vinculadas entre sí dichas figuras (legitimación e interés jurídico), gozan de individualidad y, por lo mismo, son perfectamente distinguibles una de otra, concretándose en la realidad jurídica en dos únicos supuestos posibles: el primero, que surge cuando la legitimación y el interés jurídico concurren en un mismo individuo, lo cual produce que el agraviado, titular de garantías, acuda al juicio suscribiendo el escrito de demanda por su propio derecho; el segundo se materializa en los restantes casos descritos en el indicado artículo 4o., esto es, uno es el sujeto que suscribe la demanda por ser quien tiene la legitimación para hacerlo (apoderado, representante, defensor) y otro, es el titular del interés jurídico afectado con el acto de autoridad (persona moral, procesado, menor de edad, etcétera). [Época: Novena Época, Registro: 166405, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia(s): Común, Tesis: I.7o.A.129 K, Página: 3144]." En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. [Época: Novena Época, Registro: 184572, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 10/2003, Página: 386]." Por último, únicamente agréguese a los autos el escrito de cuenta, de quien adujo ser autorizado de la parte quejosa, para que obre como corresponda en atención a lo resuelto en párrafos que anteceden. Lo anterior comuníquese a las partes para su debido conocimiento y los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Roberto Bravo Vargas, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido en exceso según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que la impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se desechó la demanda de amparo, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Devolución documentos originales Infórmese a la parte quejosa que cuenta con el término de noventa días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, para que en caso de ser procedente se presente debidamente identificado en día y hora hábiles, en las oficinas que ocupa este órgano de control constitucional, con el objeto de que se le haga entrega de los documentos originales que en su caso se hayan exhibido en la presente contienda constitucional; en la inteligencia de no hacerlo en dicho lapso, los mismos seguirán la suerte de éste. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Karina Vanessa Corona Alday, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe. VJRH
Quedan 3 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes
- Brenda Liliana Gutiérrez Hernández1026/2019
- Brenda Liliana Gutiérrez Hernández881/2018
- Brenda Liliana Gutierrez Hernández67/2018
- Brenda Liliana Gutierrez Hernandez618/2020
- Brenda Lizbeth Cardenas Hernandez1053/2017
- Brenda Melina Beltran Morales1060/2020
- Brenda Perez Uribe1873/2014
- Brenda Quevedo Cruz877/2017
- Brenda Quevedo Ruiz1394/2021
- Brenda Xizel Valentin Hernandez1755/2017
- Brenda Xizel Valentin Hernandez217/2020
- Brian Axel Rojas Bahena1670/2022