Brenda Natali Diaz Paez
Expediente 331/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 331/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Brenda Natali Diaz Paez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se desechó la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos la comparecencia de veinte del presente mes y año, realizada por el quejoso Reynaldo Rodríguez Rodríguez, mediante la cual ratificó el contenido y firma del escrito presentado el catorce del citado mes y año; en atención a su contenido, se provee: Téngasele por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; como autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Araceli López Piñón quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y como autorizadas en términos restringidos del citado numeral a las diversas personas que señala, en virtud de que no cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el referido sistema computarizado. Asimismo, se toma nota del correo electrónico proporcionado. Por otra parte, en atención a su diversa solicitud, hágase de su conocimiento que en virtud del nuevo esquema de trabajo y las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado por la Covid-19, este juzgado no cuenta con un centro de fotocopiado con el fin de obtener la reproducción a que se refiere; sin embargo, se precisa al compareciente que las copias a que alude puede obtenerlas a través del expediente electrónico que se puede consultar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Es así, ya que, no obstante la reanudación de labores de los órganos jurisdiccionales conforme al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, es claro que aún continúa vigente la necesidad de tomar las medidas conducentes para mitigar la probabilidad de contagio del virus en comento, por lo cual, las partes, en la medida de lo posible, deberán procurar tramitar y dar seguimiento a sus asuntos con la utilización de herramientas tecnológicas; de ahí que, al no exponer algún impedimento para hacer uso de ellas, no es factible acordar de conformidad su petición. Notifíquese.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintiuno de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por Brenda Natali Díaz Páez, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia del Décimo Tercer Distrito Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Santa María del Río, con cinco copias que se acompaña; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 331/2021-VII. Ahora bien, examinada la demanda de amparo de que se trata, se advierte que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: ? La negativa de citar para resolver en definitiva el divorcio incausado, que se ventila en el Juzgado Mixto de Primera Instancia en Santa María del Río, San Luis Potosí, bajo el progresivo 598/2020. En concepto de la suscrita, sobre el particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Es necesario precisar que la aquí quejosa es parte material en la controversia familiar de la cual emana el acto reclamado en este juicio de amparo, ya que fue quien promovió la demanda de origen. El principio de definitividad consagrado en el numeral transcrito impone al gobernado la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional, que por su naturaleza, es un medio extraordinario de defensa. La esencia de este principio se basa en el hecho de que el amparo es la vía de impugnación final que permite la anulación de actos de autoridad violatorios de derechos fundamentales, razón por la cual si el resultado que pretende el agraviado puede obtenerse mediante el uso de instrumentos ordinarios de defensa, ello inhibe la utilización innecesaria del juicio constitucional. Esto, porque al intervenir como parte en un procedimiento jurisdiccional se adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, justamente, a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellos actos u omisiones que podrían perjudicarle. Precisado lo anterior, cabe destacar que respecto del acto examinado en este apartado, no se actualiza alguno de los supuestos de excepción que prevé la fracción XVIII del numeral 61 de la Ley de Amparo para relevar a la parte quejosa de cumplir con el principio de definitividad, pues el acto reclamado no es de aquellos que afecten o restrinjan su libertad personal, ni de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal. Además, tampoco se trata de persona extraña al procedimiento de origen, pues, como ya se dijo, Brenda Natali Díaz Páez es parte actora en la controversia familiar de la que deriva el acto que ahora se reclama. Bajo ese contexto, en virtud de que la quejosa es parte material en el controvertido de origen, entonces, es inconcuso que contra el auto que niega citar para resolver el juicio de origen, debió interponer recurso de revocación previsto en el artículo 932 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, que dispone: "ART. 932.- Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dicta, o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio." Es así, ya que el precepto legal en consulta establece que los autos que no fuesen apelables serán revocables, como en el caso acontece, en virtud de que no existe disposición normativa alguna en la codificación adjetiva civil que prevea la procedencia del recurso de apelación en contra del auto combatido. Por lo anterior, se sostiene que contra el acto precisado debió agotarse el recurso de revocación indicado, a fin de cumplir con el principio de definitividad en términos del artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en virtud de que, como se destacó, en el caso no se está en alguno de los supuestos de excepción previstos en la aludida disposición legal, para relevar a la parte quejosa de dicho imperativo. En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Brenda Natali Díaz Páez. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a J. Guadalupe Salazar García, Ulises Castro Galaviz y Abraham Caamal Zavala, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Notifíquese personalmente.
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