Brenda Michel Morales Morales
Expediente 860/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 860/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Brenda Michel Morales Morales
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de agosto de dos mil veintidós. En atención a la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy la parte quejosa no interpuso queja dentro del término legal, contra el auto que desechó la demanda de amparo, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que éste ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 21, inciso d) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de julio de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por..., por derecho propio, regístrese bajo el número 860/2022-IV. DESECHAMIENTO Respecto al primero de los actos consistente en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia respecto del acto identificado con el numeral XIII, de su demanda de amparo, se advierte de manera oficiosa, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho precepto legal prevé la figura de cesación de efectos, la cual se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad responsable la repara, o bien, porque virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal suerte que la esfera jurídica de la parte quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de derechos fundamentales. Es precisamente en atención a ello que se genera la improcedencia del juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera jurídica de la parte quejosa, a nada práctico conduciría analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica del quejoso, es constitucional o no. Asimismo, es importante señalar que de dicha hipótesis normativa se desprenden dos supuestos de cesación de efectos, a saber: por revocación o por sustitución. El primer supuesto opera cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Mientras que el segundo de los supuestos, se actualiza al sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, el que se encontraba en suspenso, cuya firmeza se da por el ulterior acto que lo sustituye; por ejemplo, cuando: a) Se interpone un recurso o medio de defensa idóneo contra el acto reclamado: la determinación dictada en aquél sustituye procesalmente el auto o resolución controvertido en la vía ordinaria; o bien, b) Cuando se emite una resolución determinada y, al no impugnarse en los plazos legales a través del recurso idóneo procedente, se dicta el auto que la declara firme; en ese supuesto, éste sustituye a la determinación inicialmente adoptada, porque el efecto que genera es que la resolución primigenia adquiera firmeza; y será entonces tal determinación la que rija la situación jurídica del peticionario del amparo. Sirve de apoyo la Tesis I.3o.C.92 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1491, Tomo XXX, diciembre de 2009, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie, el suscrito advierte que se actualiza la cesación de efectos por sustitución, en virtud de que el acto identificado en el inciso a) consistente en las diversas determinaciones adoptadas en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós; dejó de tener vida jurídica, con motivo de que posteriormente interpuso en su contra recurso de revocación, el cual se declaró improcedente por auto de veinticuatro de junio del presente año. Es así, dado que de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, se advierte que en contra de las determinaciones dictadas en el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, interpuso recurso de revocación el día veinticinco siguiente, asimismo, que el veinticuatro de junio del año en curso, se acordó lo relativo a la interposición de dicho medio de impugnación, donde el juez de origen declaró improcedente dicho recurso. Es así que, con motivo de esa última resolución judicial, es que la diversa de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dejó de tener vida jurídica, pues a través de ella, desaparecen las consecuencias que generaban en la esfera jurídica de la parte quejosa las determinaciones inicialmente dictadas, pues será la última de ellas la que rija la situación jurídica de la peticionaria. Es precisamente esa circunstancia la que genera que el presente juicio de amparo resulte improcedente respecto a dicho acto en estudio, pues resulta infructuoso estudiar la constitucionalidad de un acto que ya no incide en la esfera jurídica de la quejosa, al haber sido materialmente sustituido por una diversa determinación judicial. Por lo expuesto, resulta indudable para el suscrito que, respecto al auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo; de ahí que lo procedente es desechar la demanda, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo. Por otra parte, por cuanto hace al segundo de los actos reclamados consistente en la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, que resolvió el recurso de revocación interpuesto contra el auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, se advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el diverso 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." Lo anterior, debido a que, conforme al principio de procedencia del juicio de amparo indirecto establecido en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio constitucional indirecto procede contra actos de imposible reparación, entendiéndose por tales aquéllos cuyas consecuencias sean susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado tutelados por la Constitución Federal, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien las sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Acorde a lo anterior, el acto reclamado por la parte quejosa es la sentencia interlocutoria de veinticuatro de junio del año en curso dentro del expediente número 634/2021, donde el juez de origen, declaró improcedente el medio de impugnación solicitado por la parte quejosa contra el proveído de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en el que en esencia se acordó que ante la inexistencia de actos procesales de las partes, es procedente la inactividad procesal y en consecuencia, ordenó el archivo del mismo; como se advierte de la siguiente transcripción: ".visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que no se ha verificado ningún acto procesal ni promoción, actualizando con ello la inactividad procesal con fundamento en el artículo 125 fracción II de la ley orgánica del Poder Judicial del Estado de México, remítanse los presentes autos al ARCHIVO del Poder Judicial del Estado de México, debiéndose hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno". De igual forma, cabe señalar que dentro de la sentencia interlocutoria de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, el juez resolvió lo siguiente: "Primero. Por los razonamientos expuestos en el cuerpo de esta resolución, se declara improcedente el recurso de revocación hecho valer por Brenda Michel Morales Morales. Segundo. En consecuencia, se conforma el auto recurrido." Resulta oportuno mencionar que de la transcripción que la parte quejosa realiza del acto reclamado, se advierte que los motivos que llevaron al juez señalado como responsable para confirmar el auto recurrido, entre otros, son los siguientes: -Que la inactividad procesal que declaró únicamente implica que el expediente deba resguardarse en un archivo judicial distinto a las instalaciones físicas del juzgado; -Que la inactividad de las partes no implica la terminación del asunto por caducidad; -Que la inactividad procesal declarada únicamente tiene por objeto el resguardo del expediente en un archivo distinto; y, -Que en el momento en que, en su caso, se exija el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se solicitará el expediente del archivo y se acordará lo conducente. Por tanto, se considera que aquélla determinación no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, ya que sólo implica infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales en el periodo de ejecución de sentencia. Con lo anterior, es evidente que con el dictado de la resolución señalada como acto reclamado, no da lugar a una afectación material, directa e inmediata de un derecho sustantivo tutelado por la Constitución Federal o por algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no pueda considerarse que dicho acto sea de imposible reparación, toda vez que bastaría con que el promovente inste ante el juzgado de origen superando las circunstancias previstas en el numeral 125 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de México, para que se requiera al archivo el expediente. Por tanto, no puede estimarse que en este momento, exista un perjuicio a derechos sustantivos, con efectos inmediatos, al no ajustarse a lo previsto en los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; de ahí que se considera que la sentencia interlocutoria con motivo del recurso de revocación reclamada, no es susceptible de cuestionarse a través de amparo indirecto. A lo anterior, resulta aplicable, la jurisprudencia P./J. 24/92, emita por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56, agosto de 1992, página 11, octava época, que establece: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente. Por lo anterior, se concluye que al haberse determinado que el presente juicio de amparo es improcedente, se desecha de plano la demanda en estudio, por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia al que se ha hecho alusión con anterioridad, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones todo tipo de notificaciones, incluso de carácter personal, la lista que se publica en los estrados de este órgano federal, pues así lo solicitó expresamente. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Ténganse como correo electrónico el que indica a fin de que este Juzgado establezca comunicación no procesal en los casos en que se estime necesario y no para oír y recibir notificaciones toda vez que la ley de la materia no lo contempla como un medio oficial para tal efecto. Con independencia de lo anterior, dada la naturaleza de la presente determinación, éste notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio señalado en su demanda. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactado la Secretaria encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1240, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. En la inteligencia que, previo a comparecer revisar su expediente, recoger copias o documentos a este juzgado de Distrito, deberá realizar una cita en la AgendaOJ, conforme a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 9/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, de lunes a viernes, dentro del horario establecido por el Consejo para laborar de manera presencial (7:45 A.M. a 15:00 P.M.), la cual le otorga un código QR, que deberá presentar de forma impresa o digital al acudir a su cita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el domicilio que señalo en su demanda.
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