Brenda Marín Clemente
Expediente 814/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 814/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Brenda Marín Clemente
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de diecinueve de julio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado... y en su oportunidad archívese este expediente como asunto totalmente concluido...
- Principal
Visto; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio del secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del juicio de amparo 786/2021, promovido por Brenda Marín Clemente, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de San Marcos, Guerrero, y otras autoridades, toda vez que dicho órgano jurisdiccional por acuerdo de nueve de julio del año en curso, determinó procedente declarar la separación de autos, en los siguientes términos: "En ese orden de ideas, de mantener la unidad de los juicios, la tramitación de los mismos, así como la resolución que se dicte en definitiva podría ser confusa al ser probable que en un mismo juicio, se conceda la protección constitucional, o bien, se niegue o sobresea el juicio, respecto de los actos de referencia, por cada una de los quejosos, dificultándose en todo caso, los recursos que se llegaran a promover; por tanto, se estima necesario tramitarlos de forma independiente. En las relatadas condiciones, en aras de una pronta y eficaz administración de justicia, atento a lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitucional Federal, se estima que es procedente la separación de autos, para dar mayor claridad, celeridad y autonomía al trámite y resolución de la demanda de amparo, y a fin de evitar resoluciones confusas, pues como se ve, los promoventes del amparo, se duelen de actos autónomos, que se encuentran desvinculados entre sí, pues cada uno de ellos atañe a los derechos laborales y personales que defiende." En consecuencia, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, el juzgador se avoca al conocimiento del asunto, en el entendido que este juicio constitucional, se seguirá únicamente respecto de los actos reclamados por Brenda Marín Clemente, que se atribuyen al Presidente Municipal de San Marcos, Guerrero y otras autoridades. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 814/2021, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito. Asimismo, de conformidad con el invocado dispositivo legal, se ordena al oficial administrativo la digitalización diaria de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar diariamente todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. En acatamiento a lo dispuesto en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se procede a examinar la demanda, a fin de determinar su procedencia o improcedencia. "ARTÍCULO 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los preceptos legales transcritos se advierte la posibilidad de desechar una demanda de amparo indirecto, cuando del análisis de su contenido, incluyendo los anexos, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable; entendiéndose por lo primero, lo que no requiere de mayor demostración, y por lo segundo, de lo que se tiene certeza y plena convicción. En este sentido, si bien existen diversas causas que originan la improcedencia del juicio de amparo, lo cierto es que éstas no deben dar lugar al desechamiento de la demanda, a menos que su existencia sea evidente, clara y notoria; de lo contrario, se llegaría al extremo de limitar u obstaculizar el ejercicio de la acción constitucional. Es orientadora al respecto el criterio LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, Julio de 2002, Registro digital: 186605, página 448, que a la letra establece: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En este contexto, este Juzgado estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Luego, de la interpretación de las anteriores disposiciones legales, relacionados con la fracción I, del artículo 103 Constitucional, se colige que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Carta Magna, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el citado precepto no define el término de "autoridad", por lo que en este sentido se dejó al legislador ordinario la determinación del concepto contenido en el ordenamiento constitucional. Sin embargo, tampoco ésta definió el vocablo mencionado, pues al efecto se limitó a establecer un aspecto accidental del concepto y no su esencia. Ciertamente, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que es autoridad responsable la que dicta, promulga, pública, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Es decir, el legislador únicamente hizo referencia a las formas en que la autoridad puede llevar a cabo actos objeto del juicio de amparo, pero no abordó las características que debe reunir ésta para ser considerada como tal para efectos de la procedencia de dicho juicio. Jurisprudencialmente, se ha sustentado que para efectos del amparo, es autoridad la que tiene o se le otorga la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan el interés jurídico del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P. XXVII/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página ciento dieciocho, tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar omo individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estatal, y gestó la llamada administración para estatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema tratado emitió la tesis 2a. XXXVI/99, visible a página trescientos siete, tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y nueve, novena época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." De las tesis transcritas, se puede determinar que para los efectos del juicio de amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que para determinar, cuales son actos de autoridad, debe atenderse a la clasificación de la teoría general del derecho, conforme a las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. Al respecto, la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, modificó el concepto de autoridad responsable que se tenía en la anterior legislación, al establecer que los particulares pueden tener esa calidad, cuando realicen actos establecidos en una norma y con su actuar afectan derechos fundamentales de los gobernados, en cumplimiento a la función que les determine un cuerpo legal. En consecuencia, para definir que los actos reclamados en un juicio de amparo, se tratan de actos de autoridad (ya sea realizados por una autoridad o por un particular), debe atenderse a la distinción de las relaciones jurídicas, al examinar si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior, en ejercicio de las facultades que le otorga la ley. Por tanto, debe resaltarse que no todos los actos emitidos por particulares son impugnables en el juicio de amparo, ya que sólo pueden ser materia de análisis en el juicio constitucional, los que emitan y se equiparen a un acto de autoridad, esto es, aquellos que estén determinados por una norma general, que coloca al particular en una relación de supra a subordinación respecto del gobernado ejerciendo una fuerza pública en una aplicación de imperio que lo equipara a una entidad pública, sin actuar con libre albedrio, si no en cumplimiento a lo autorizado por el Estado. Con base, en lo expuesto se advierte, como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente o particular, de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un gobernado. b) Esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente o particular, de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad (aun colaborando como un auxiliar de aquella facultad); c) Con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del gobernado; y, d) Para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, visible a página mil ochenta y nueve, del tomo XXXIV, septiembre de dos mil once, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." De ello se desprende que las características del acto de autoridad no fueron modificadas por el precepto 5° de la actual ley de la materia, sino que se introdujo una concepción distinta de los sujetos que pueden fungir como autoridad responsable para los efectos del juicio, que como se explicó son los particulares cuando actúan en ejercicio de las facultades que les ha conferido la ley y no en defensa de sus intereses. Por tanto, se tiene que bajo la misma naturaleza de los actos de autoridad, algunos equivalentes pueden ser realizados por particulares, es decir, éstos deben crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Es aplicable a lo anterior la tesis aislada número III.4o.C.10 K (10a.), emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, emitida en la Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el libro catorce, enero del dos mil quince, tomo III, localizable en la página mil ochocientos veintiocho, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE. NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EL PARTICULAR SEÑALADO COMO TAL, SI LOS ACTOS QUE SE LE RECLAMAN NO REÚNEN LAS CARACTERÍSTICAS DE UNILATERALIDAD, IMPERIO Y SUS FUNCIONES NO ESTÁN DETERMINADAS POR UNA NORMA GENERAL. De la intelección del artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo vigente, se desprende que, para los efectos del juicio de amparo, es autoridad responsable aquella que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Asimismo, en su párrafo segundo establece que a los particulares les revestirá dicho carácter cuando realicen actos equivalentes a los de esa naturaleza que afecten derechos en los mismos términos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Luego entonces, si los actos equivalentes que se le imputan a un particular, señalado como autoridad responsable, no reúnen las referidas características de unilateralidad e imperio y, además, sus funciones no están determinadas por una norma de carácter general, es dable concluir que no le reviste la mencionada calidad." Ahora bien, en el caso, Brenda Marín Clemente, por propio derecho señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "AUTORIDAD RESPONSABLE Ordenadoras: A) Presidente Municipal de San Marcos, Guerrero. B) Tesorería del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero. C) Oficial Mayor WALFRED CORTEZ HERNÁNDEZ, del Municipio de San Marcos, Guerrero. Ejecutoras: D) Dirección de Recursos Humanos del Honorable Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero. (.) ACTOS RECLAMADOS 1. La orden verbal de suspendernos del goce de nuestros sueldos que percibo como trabajador@s del H. Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero. 2. La ejecución de la orden verbal de suspendernos del goce de nuestros sueldos que percibimos como trabajador@s del H. Ayuntamiento del Municipio de San Marcos, Guerrero." De lo anterior, se obtiene que la actuación que se reclama no se realizó en un plano de supra a subordinación, ya que sus actos no se encuentran revestidos de imperio, ni como una entidad pública, ni como un particular actuando como autoridades municipales, pues a quien se le imputa el carácter de responsable no actúa con base en una ley, sino en los derechos derivados de la relación laboral que une a la parte quejosa con el Presidente Municipal de San Marcos, Guerrero, con residencia en esa localidad, que señala como autoridad responsable y oras autoridades. De ahí que, los actos efectuados por el titular de la dependencia señalada como responsable, no los ejecuta con base en una ley, sino como consecuencia de la relación laboral que sostiene con la inconforme, y su actividad no puede equipararse a una de imperio, ni concedida por parte del Estado, ni regulada en ley. Al efecto, como se señaló, si bien el segundo párrafo de la fracción II, del artículo 5°, de la ley de la materia, prevé la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos sustantivos, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Lo cierto es que, tales elementos no se advierten en los actos atribuidos a la indicada autoridad municipal, señalada como autoridad responsable, dado que quedan comprendidos dentro de una relación de trabajo; relación contractual, en el que se actúa en un plano de igualdad, y no como autoridad para efectos del juicio de amparo, de modo que sus actuaciones no implican actos propios de autoridad, porque se rigen por la voluntad de las partes, en la defensa de sus intereses dentro de la relación laboral. En efecto, la relación existente entre la parte quejosa y las citadas autoridades señaladas como responsables, es de coordinación con motivo de la relación laboral que las une, por lo que sus actos no se traducen en el ejercicio de una auténtica potestad administrativa que tenga la calidad de acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no fue emitida en función de lo facultado por alguna norma general. De ahí que, si la relación de la parte quejosa y las aludidas autoridades responsables, resultan de naturaleza laboral, dicha situación impide acudir al juicio de amparo indirecto. Por tal motivo, se actualiza la causal de improcedencia ya invocada. De ahí que, no es la vía constitucional sino un procedimiento ordinario laboral que al efecto se siguiera, en que se tendría que dilucidar, a la luz de las leyes aplicables, en donde deberá ser estudiado por la autoridad que corresponda. Apoyo a lo antes expuesto, la jurisprudencia III.4o.T. J/3, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, Visible en la página 1639, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, correspondiente a la Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de suprasubordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo." En consecuencia, al quedar demostrado que el acto reclamado no puede ser considerado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues deriva de una relación de coordinación entre la quejosa y las autoridades señaladas como responsables, se concluye que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Lo anterior, sin que pase inadvertido que el quejoso solicite la aplicación de la suplencia de la queja en su favor, toda vez que la determinación adoptada, no implica en modo alguno su inobservancia. Lo que encuentra apoyo en la parte conducente de los siguientes criterios: del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Sexta Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación, Volumen CXXIX, Primera Parte, Registro digital 257556, página 32, cuyo rubro dispone: "SUPLENCIA DE LA QUEJA, INOPERANCIA DE LA, POR EXISTIR CAUSALES DE IMPROCEDENCIA." I.6o.T.33 K, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Diciembre de 2004, Registro digital 179733, página 1456, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA. NO EXISTE OMISIÓN EN SU APLICACIÓN POR PARTE DEL JUEZ DE DISTRITO CUANDO ESTIMA QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO." Y I.7o.P.13 K, Novena Época, Materias(s): Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, Registro digital 164587, página 1947, que dispone: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE." Además de que se estima que no se vulnera el derecho humano a un recurso eficaz, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con lo dispuesto en los ordinales 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado que admitir lo contrario generaría inseguridad jurídica, pues el propósito del establecimiento de la causa de improcedencia que se estima actualizada, no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las resoluciones dictadas en un juicio de amparo diverso, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo. Es ilustrativa de lo antes expuesto, en lo conducente, la tesis XLIX/2017 (10a.) de la Segunda Sala, observable con el registro 2014019, en la página 1391 del Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el siguiente tenor literal: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ LA CAUSAL RELATIVA, NO VIOLA EL DERECHO HUMANO A UN RECURSO EFICAZ. El artículo citado, al señalar que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, no viola ese derecho humano reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni el 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque en las resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, es decir, aquellas en las que les da lineamientos para cumplir con el fallo protector, no tienen libertad de decisión; de ahí que emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal, en cumplimiento de una ejecutoria de amparo o en ejecución de ésta, provoca que el nuevo amparo intentado resulte improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica, sin que lo anterior transgreda el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que no tiene como propósito limitar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino el de establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo, atendiendo a razones de seguridad jurídica, pues la autorización de combatir las consideraciones de la autoridad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial sino del propio Tribunal Colegiado de Circuito que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta, resultaría en una cadena interminable de juicios de amparo." Asimismo, debe decirse que si bien el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución; no menos cierto es que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia, lo cual, de manera alguna implica que por esa circunstancia se le esté negando a la promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia, habida cuenta de que no deben soslayarse las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que el control aludido opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 325 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, Décima Época, Registro No. 2 005 917 que refiere: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". Además, también es de invocarse la tesis aislada 1ª. CXCVIII/2014 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes veintitrés de mayo de dos mil catorce, Décima Época, Materia Constitucional, Registro No. 2 006 472 de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE LAS ACCIONES INTENTADAS POR LOS GOBERNADOS NO SE RESUELVAN FAVORABLEMENTE A SUS INTERESES NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos, lo que, como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva a que ese recurso sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido o no en una violación a los derechos humanos y, en su caso, proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el hecho de que las acciones intentadas por los gobernados no se resuelvan favorablemente a sus intereses, no significa que no tuvieron acceso a un recurso efectivo para proteger sus derechos, pues si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, para resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los tribunales deban resolver el fondo del asunto planteado, favorablemente, sin que importe verificar la procedencia de sus pretensiones". También sustenta lo anterior, la tesis emitida en la Décima Época por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, enero de 2013, Tomo 3, página 2066, Registro 2002537 que establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia." Asimismo, es respaldo de lo antes expuesto, el criterio sostenido en la Décima Época por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, observable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 2, página 1306, Registro 2002270 que establece: "CONTROL EX OFFICIO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de su reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades del país, dentro del ámbito de sus competencias, se encuentran obligadas a respetar, promover, proteger y garantizar no sólo los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal, sino también los que se prevean en los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano, adoptando la interpretación más favorable al derecho humano de que se trate, lo que se entiende en la doctrina como el principio pro persona, y de conformidad con el párrafo 339 de la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre de 2009 (excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas) en el caso "Radilla Pacheco vs. Estados Unidos Mexicanos", las autoridades judiciales deben efectuar un control de convencionalidad ex officio en el marco de sus atribuciones y, por ende, deberán inaplicar las normas generales que, a su juicio, consideren transgresoras de los derechos humanos contenidos en la propia Constitución Federal y en los tratados internacionales en que el Estado Mexicano sea parte. En este contexto, los Tribunales Colegiados de Circuito, sólo en el marco de sus competencias, deben efectuar dicho control respecto de las normas jurídicas que analizan, máxime si deriva de un planteamiento específico de las partes, sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que ese control opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio en amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en amparo directo, salvo que la causal de improcedencia fuere inconstitucional o inconvencional, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia del juicio de amparo en cualquier demanda, esto es, en todos los casos; lo cual se asemejaría a suprimir las causales de improcedencia del juicio de amparo indirecto o de inoperancia por improcedencia en el juicio de amparo directo." Igualmente, la tesis LXXXIV/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y visible en la página 890, Registro 2003109 cuyo rubro y texto informan: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Y, la tesis CCLXXVI/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y visible en la página 530, Registro 2002359 cuya literalidad informa: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." En este contexto, es oportuno destacar que en la especie, los criterios invocados por la parte quejosa en el escrito de demanda, no le irrogan el beneficio que pretende, atento a los argumentos que sustentan la presente resolución y dado el sentido que la rige. Lo anterior, acorde al criterio jurisprudencial 2a./J. 32/2018 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 2016525, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 53, Abril de 2018, Tomo I, página 847, que a la letra establece: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN. El artículo 221 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación, y de no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes. Así, cuando el quejoso transcribe en su demanda de amparo una tesis de jurisprudencia, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste debe verificar su existencia y determinar si es aplicable, supuesto en el cual, ha de resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o de algún precedente que no le resulte obligatorio, precisar si se acoge al criterio referido o externar las razones por las cuales se separa de él, independientemente de que el quejoso hubiere razonado su aplicabilidad al caso concreto; de modo que no puede declararse inoperante un concepto de violación ante la falta de justificación de los motivos por los cuales el quejoso considera que la tesis de jurisprudencia, aislada o precedente es aplicable." Al tener en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el precitado arábigo constitucional, con fundamento en el ordinal 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho constitucional. Con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Noé Albino Salgado e Iván Medina Jiménez, respecto de las demás personas que señala, únicamente se les autoriza para recibir y oír notificaciones e imponerse de los autos, conforme al precepto 24 de la invocada ley, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De conformidad al numeral 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este tribunal toma nota de que la autoridad responsable mencionada en segundo término propone el número telefónico 7441121212 y el correo electrónico: abogadosconfiables@hotmail.com, para entablar comunicaciones no procesales, para los efectos conducentes. Hágase del conocimiento de las partes que, en caso de requerirlo, en términos de la circular 12/2009, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma del consultante; en el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Es aplicable a lo anterior, la Tesis Aislada I.1°.A.23. K (10ª.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, materia común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)". De la expedición de copias. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal a partir del tres de agosto del año en curso, se da inicio a la tercera etapa de reactivación, en la cual se adopta un esquema de trabajo en el que el Poder Judicial de la Federación cumplirá en su totalidad con la prestación del servicio público de impartición de justicia, aunque con algunos ajustes que requerirán de un inevitable proceso de asimilación por parte del personal jurisdiccional y de las personas justiciables, al ser un hecho notorio que la pandemia subsiste como un peligro para la salud de todas y todos. De tal forma que la reactivación no se realiza en un contexto de "normalidad", lo que implica que subsistan las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, por lo que se insiste en la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En seguimiento a esas directrices, como una medida que se adopta con la finalidad de proteger tanto a los servidores públicos, a los justiciables y al público en general de los efectos del virus COVID-19, la obtención de copias en esta nueva normalidad, se hará bajo los siguientes lineamientos: Para la obtención de copias simples: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. 2. En caso de que se desee obtener copia simple de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el correspondiente archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia simple no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar un cita para consulta del expediente dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, rubro en el cual podrán generar la cita correspondiente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1208, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión; así como que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas. Para la obtención de copias certificadas: 1. Deberán solicitarlas por escrito (presentado vía electrónica o físicamente), en el que deberán proporcionar un correo electrónico o teléfono (que cuente con servicio de recepción de documentos como whatsapp) a efecto de que, una vez autorizada su expedición, ahí les sean enviados los archivos correspondientes para que estén en aptitud de imprimirlas y obtener el número de copias que requieran por sus propios medios. Una vez que reciban los archivos correspondientes, deberán generar cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional permitan su expedición dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 2. En caso de que se desee obtener copia certificada de las constancias consultadas al asistir a una cita de consulta del expediente generada dentro del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, micrositio "Servicios Jurisdiccionales", se sugiere que el día de la cita programada acudan con memoria USB o algún otro dispositivo de almacenamiento a efecto de que les sea proporcionado el archivo digital de las constancias pretendidas (siempre que las mismas se encuentren digitalizadas), para que estén en aptitud de imprimirlas por sus propios medios. Hecho esto, será su obligación obtener la impresión de dichas constancias al exterior de las instalaciones del Poder Judicial de la Federación y generar nueva cita para consulta del expediente, con la finalidad de que el día programado acudan con las impresiones de los archivos, para obtener la certificación correspondiente, previo su cotejo, siempre que las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan dentro del tiempo de duración de su cita; en caso contrario deberán agendar nueva cita de consulta de expediente para su entrega. 3. En caso de que las constancias de las que se requiera copia certificada no se encuentren digitalizadas y por ende, no obren en el expediente electrónico, deberán agendar una cita para consulta del expediente. Hecho lo anterior, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha de la cita referida, deberán ponerse en contacto con el personal del juzgado al número 744 435 19 00 extensión 1208, para que se gestione en el área de fotocopiado el reporte respectivo, a fin de que en la fecha y horario asignado, sea posible su reproducción y entrega de las mismas, a su costa. En el entendido que de no avisar con la anticipación mínima indicada, deberán agendar nueva cita para su gestión. Asimismo, que en caso de que el volumen de las copias solicitadas, o bien, las cargas del trabajo del centro de fotocopiado imposibiliten su reproducción total en el tiempo de duración de su cita, tendrán que agendar las citas que sean necesarias para lograr la expedición de la totalidad de las constancias requeridas, así como obtener su certificación, previo cotejo. También, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince, así como en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, también divulgada en dicho medio de comunicación oficial, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, del último cuerpo legal, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo regulado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que contempla las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el diario supracitado, el seis de febrero de dos mil catorce. Igualmente, que la sentencia que se dicte en el presente asunto es pública; que les asiste el derecho para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales y, en caso de allegar constancias que estimen son de considerarse reservadas y confidenciales, deberán expresar la norma jurídica que les atribuye tal carácter; en la inteligencia que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique con dichos datos. En ese sentido, con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley y su publicación, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de sentencias especializado en el Sistema de Justicia Penal Adversarial, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil veinte. Se informa a las partes que están en posibilidad de consultar el expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; por tanto, en atención a lo estipulado en los artículos 34, 35, 36, y 55, y demás relativos de dicho acuerdo general, previa solicitud expresa y acceso otorgado, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, como firma electrónica o certificado digital institucional, podrán consultar el expediente electrónico relativo, así como solicitar que se les notifique electrónicamente de las resoluciones judiciales respectivas, en términos del artículo 26, fracción IV, de la legislación de la materia Finalmente, de conformidad con el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Notifíquese personalmente.
- Principal
Quejoso se le notifica por medio de lista electrónica y fijada en estrados del juzgado un auto de fecha diecinueve de julio del año dos mil veintiuno, que se da por reproducido, en cumplimiento del aviso dejado en su domicilio y con fundamento en el artículo 29 de la Ley de amparo... de síntesis:"...SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO..."SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO..."
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