Brenda Lucía Romero Pérez

Expediente 1408/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1408/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Brenda Lucía Romero Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUJEOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 11/OCTUBRE/2023, QUE DICE:Auto. En Hermosillo, Sonora, once de octubre de dos mil veintitrés. Declaración de estado. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del auto que desechó la demanda en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que este ha causado estado. Háganse las capturas correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en el artículo artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación en siete de junio de dos mil veintitrés, archívese el presente asunto como concluido y destrúyase, una vez transcurrido el plazo de tres años. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes, toda vez que como se advierte de la certificación que antecede no obran en el sumario documentos originales, toda vez que fueron devueltos a la quejosa el cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, tres de octubre de dos mil veintitrés. Solicita devolución de documentos. Agréguese a los autos el escrito que suscribe la parte quejosa, y atento a su petición, se autoriza la devolución de la documental que adjunto a la demanda de amparo, previa copia de la misma se deje en autos y razón de entrega. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUJEOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 22/SEPTIEMBRE/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. 1. Radicación. Fórmese expediente con el escrito de cuenta. 2. Desechamiento. Vista la demanda presentada por Brenda Lucia Romero Pérez, en contra del acto que reclama del presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, se advierte que es improcedente y, por ello, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, deberá desecharse de plano. En principio, debe precisarse que la parte promovente reclama: AUTORIDAD RESPONSABLE ACTOS RECLAMADOS Presidente y actuario, ambos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sonora. El auto de ******************** dictado en el juicio laboral ********************, mediante el cual se ordenó embargar el vehículo ********************, color rojo, placas del Estado de Sonora ********************, con número de serie ********************; y, La ejecución de la diligencia de embargo de ********************. Luego, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, porción normativa que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; (.)" La citada causa de improcedencia consiste en la presunción del consentimiento del acto reclamado por la parte quejosa, por haber omitido instaurar la acción constitucional dentro de los plazos previstos para tal efecto en la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IX, junio de 1992, página 364, cuyo rubro y texto son: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda." Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De las disposiciones transcritas deriva que el plazo genérico para la presentación de la solicitud de amparo es de quince días, y las propias normas establecen excepciones en materia de normas generales; procesos penales en hipótesis específicas; derechos agrarios, y en los casos que importen peligro de privación de la vida, entre otras. Asimismo, en el artículo 18 citado el legislador estableció diversas reglas para computar el plazo de quince días para presentar la demanda de amparo, determinando tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo, de acuerdo a las circunstancias que en cada caso pondere el juzgador que conozca del juicio. Los medios para establecer que el afectado por un acto de autoridad se ha enterado de su existencia son: 1) la notificación, 2) el conocimiento, y 3) la confesión. En la primera hipótesis debe existir notificación por parte de la autoridad responsable, que denote que la parte quejosa se enteró de la existencia del acto reclamado, por lo que el cómputo iniciará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa. En la segunda, a falta de notificación, el cómputo del plazo ha de iniciarse a partir del día siguiente al en que la quejosa se ostente sabedor del acto reclamado. El tercer supuesto entraña una confesión expresa por parte del afectado, acerca de la fecha en que reconozca que tuvo conocimiento del acto reclamado. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción de tesis 30/2007, registro 172550, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 286 del Tomo XXV, mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos." Ahora bien, toda vez que la aquí quejosa se duele de la ********************que se comisionó el ******************** que también atacó en el juicio de derechos 1152/2023, la cual se diligenció el ********************. En esa guisa, existen elementos objetivos para determinar la fecha que tuvo conocimiento de los actos que reclama, por lo que deberá situársele en el tercer supuesto, es decir, por confesión expresa, para computar el término para la presentación de la demanda de amparo. Así las cosas, la solicitante de amparo en el citado juicio de derechos, aseveró que tuvo conocimiento del aludido acto reclamado el veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Debe precisarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, y que sirve de base para el cómputo del término de quince días para la interposición del juicio de amparo, debe constar probado de modo directo, lo cual, se actualiza en el caso. Lo anterior obedece al criterio contenido en la tesis de jurisprudencia 5, emitida en la Quinta Época, ene. Apéndice de 1995, tomo VI, Parte SCJN, página 6, que a la letra dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TÉRMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones." Es decir, debe quedar probado el momento en el que el particular tuvo un conocimiento directo de lo que pretende combatir, pues de lo contrario se partiría de la presunción de que conoció del acto en determinada fecha sin que tal circunstancia conste fehacientemente. En la especie, la extemporaneidad de la demanda se apoya específicamente en el supuesto que contempla que el término de quince días para la presentación de la misma, el cual se computa a partir del día siguiente a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por tanto, debe decirse que desde el veintiocho de julio de dos mil veintitrés, la aquí parte quejosa, tuvo conocimiento de la actuación reclamada del juicio de origen. También, se toma en cuenta que el once de septiembre de dos mil veintitrés se promovió la demanda que aquí se estudia. Igualmente, ha de tomarse en consideración que la Junta señalada como responsable, tuvo un periodo vacacional del veinticuatro de julio al cuatro de agosto de dos mil veintitrés, reanudando labores hasta el siete de agosto siguiente, lo cual tiene repercusión al hacer el respectivo cómputo de la debida presentación de la demanda de amparo. Esto, tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 9/2018 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte, con registro digital 2016279, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LOS DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBEN DESCONTARSE DEL CÓMPUTO DEL PLAZO PREVISTO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL ACTO RECLAMADO DERIVE DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO LLEVADO EN FORMA DE JUICIO. Con base en el criterio de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 9/89, de la que derivó la jurisprudencia 3a. 42, así como de los derechos de acceso a la justicia y al debido proceso, se advierte que es parte esencial del derecho a la defensa adecuada el acceso al expediente del que deriva el acto de autoridad que se estima violatorio de derechos humanos, por lo que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo llevado en forma de juicio, deben descontarse del cómputo del plazo previsto para la presentación de la demanda los días en los que la autoridad responsable suspenda sus labores o no pueda funcionar por causas de fuerza mayor y, en estos casos, para resolver sobre su admisión, los juzgadores de amparo podrán apoyarse en boletines judiciales o en publicaciones de acuerdos o resoluciones en periódicos oficiales, sin que esta situación impida que el Juez -de estimarlo necesario y con fundamento en las facultades que le otorga la ley- requiera a las autoridades para que manifiesten si durante el plazo para presentar la demanda de amparo suspendieron sus labores." Teniendo en consideración la jurisprudencia transcrita, se colige que debe descontarse el periodo vacacional de la autoridad responsable al plazo de quince días, que la ley le otorga a la parte quejosa para accionar la tutela constitucional. En esa intelección, el plazo transcurrió del ocho al veintiocho de agosto del presente año, haciendo patente que la demanda de derechos no fue presentada en tiempo y forma. Por otro lado, no pasa inadvertido por este juzgador, el acto reclamado consistente en el eventual remate de la ********************de la que se duele. No obstante, dicha actuación es consecuencia de la ********************consentida que fue delatada en párrafos precedentes, por lo que se hacen extensivos a ese acto los razonamientos a los que se aludieron en líneas anteriores. En las relatadas consideraciones, es evidente la actualización de la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, por lo que, conforme a lo estatuido en el diverso numeral 113 de la propia ley, procede desechar la demanda de amparo. Hágase las anotaciones correspondientes. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Información de contacto. En términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se solicita a las partes para que proporcionen una dirección de correo electrónico y número telefónico. Se tiene a la parte promovente proporcionando un correo electrónico para entablar cuestiones no procesales, 5. Domicilio. Téngase a la parte promovente señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 6. Autorizados. En el caso de que la parte quejosa sea el patrón, se tiene por autorizadas a las personas que menciona en su demanda, en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, para el sólo efecto de recibir notificaciones e imponer de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. En la inteligencia de que, dado el evento que la parte quejosa resulte ser el trabajador, se autorizan para oír y recibir notificaciones en su nombre, a cualquiera de las personas que indica con capacidad legal, con las facultades conferidas en el párrafo primero del precepto en cita. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 12. Copias de constancias del expediente electrónico. Conforme a lo previsto por el numeral 36 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico en los asuntos de la competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que se exhorta a las partes para que hagan uso de dicha herramienta. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Ricardo Froylán Yépiz Rosas, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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