Brenda Lizette Reos Gómez

Expediente 2540/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2540/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
10/10/2018

Partes del expediente

  • Brenda Lizette Reos Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído que se sobreseyó fuera de audiencia; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos de ley, archívese este expediente por estar concluido, es susceptible de destrucción, se considera no relevante.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el telegrama que remite el Delegado de la Secretaría de Gobernación en representación del Presidente de la República, mediante el cual informa de las resoluciones dictadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que determinó la concentración de diversos asuntos de la Ley de Seguridad Interior y radicarlos en el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México y solicita no se celebre la audiencia constitucional, en virtud de que el cuatro de septiembre del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto, al haberse tenido al Juez de referencia, acusando recibo de los autos originales del juicio de amparo de donde deriva el cuaderno de antecedentes en que se actúa e informando que fue radicado con el número 1220/2018, ordenándose el archivo del presente asunto como concluido.

  4. Principal

    Visto el estado de autos, de los que se advierte que por acuerdo nueve de agosto del año en curso, se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento informado por la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibido que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en autos y los datos aportados por la autoridad; tal acuerdo le fue notificado el veintitrés de agosto pasado. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, en virtud de que la parte quejosa, no formuló manifestación al respecto, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo establecido por el numeral 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. Así las cosas, en la sentencia dictada por este juzgado de Distrito el nueve de mayo del dos mil dieciocho, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, en lo que interesa, para los efectos siguientes: "(.) Consecuentemente, es inconcuso que el artículo 32, fracción II, inciso b) punto 1, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, resulta contrario a los principios de equidad y proporcionalidad tributaria; por ende, inconstitucional, pues otorga un trato disímil a contribuyentes ubicados en un mismo hecho generador de gravamen -impuesto predial-, sin que exista un motivo legal y suficiente para ello; además no atiende a la auténtica capacidad contributiva del sujeto pasivo del impuesto; por tanto, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que se restituya a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados. En lo relativo a los efectos del amparo debe precisarse que, acorde a lo establecido en el artículo 77 de la Ley de Amparo y dado que la concesión deriva de la inequidad del precepto combatido, la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del amparista, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.23 (cero punto veintitrés), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto concreto de aplicación consistente en los recibos 3974966 AA de la quejosa Gloria Isela Osuna Osuna, los recibos 3973870 AA, 3973871 AA, 3973872 AA y 3973873 AA de 6M Construcciones Sociedad Anónima de Capital Variable, y el recibo 3973874 AA de Sonia Patricia Razo Mariscal, por su propio derecho, de los que se advierte el pago que realizaron por concepto del impuesto predial; a fin de que le sean devueltas las cantidades que se enteraron en acatamiento a lo ordenado en el presente fallo; en el entendido de que dichas devoluciones deberán versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados. Asimismo, debe señalarse que una vez realizado el cálculo con la tasa bimestral al millar menor (0.23), también con base en lo preceptuado el numeral 77 de la ley que rige en estas actuaciones, la devolución deberá entregarse a la contribuyente por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda, en el entendido de que dichas devoluciones deberán actualizarse, de acuerdo con los artículos 68, 75 y 76 del Código Fiscal del Estado de Jalisco; y, tendrá que versar exclusivamente en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos urbanos edificados; para que, de esa manera, se restituya a la impetrante del amparo en el pleno goce de las garantías individuales que se consideraron transgredidas en su perjuicio. Es decir, se deberán realizar las operaciones aritméticas conducentes, a fin de calcular el impuesto predial, conforme a la tasa establecida en el artículo 32, fracción II, de la Ley de Ingresos para el Municipio de Zapopán, Jalisco, vigente en dos mil dieciocho. Lo anterior se enfatiza, porque el amparo concedido no releva a la parte quejosa de la obligación de pagar en su totalidad el impuesto correspondiente, porque la declaratoria de inequidad no tiene por efecto exentarle del pago en su totalidad, dado que ello atentaría contra la obligación constitucional de contribuir al gasto público que consagra el artículo 31, fracción IV, constitucional, sino en desincorporar de su esfera jurídica, la obligación tributaria exclusivamente en la parte inconstitucional. Y, una vez obtenido el monto de tal impuesto, deberá realizar la sustracción de la cantidad respectiva a la suma cubierta por concepto del aludido impuesto predial de predios urbanos no edificados, para así fijar la diferencia de numerario que debe entregarse a la parte quejosa. Luego, esas diferencias pagadas indebidamente deberán devolverse actualizada, conforme a lo previsto en el citado artículo 68 del Código Fiscal del Estado de Jalisco." Mediante proveído de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, la sentencia de mérito causó ejecutoria, y por consiguiente se ordenó requerir a la autoridad responsable a efecto de que cumpliera con la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el párrafo que precede. Luego, mediante proveído de nueve de agosto de la anualidad que transcurre, se tuvo por recibido el oficio suscrito por el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, mediante el cual, remitieron original de los recibos internos del siete de agosto de dos mil dieciocho, con número de cheque 0156224, 0156225 y 0156226; constancias a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad a lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se pone de manifiesto que se han devuelto las cantidades correspondientes al pago del artículo declarado inconstitucional; por lo que ha quedado cumplida la ejecutoria de amparo, sin incurrir en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto, previas las anotaciones que se haga en el libro de gobierno. En otro aspecto, este expediente es susceptible de depuración, en términos de la hipótesis contemplada en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de octubre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito. Asimismo, de conformidad al punto vigésimo primero, fracción V, capítulo quinto, segundo párrafo, del Acuerdo General indicado, este asunto se considera no relevante.

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