Brenda Lisset Sotelo Ruiz
Expediente 1708/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1708/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Brenda Lisset Sotelo Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete. V i s t o el estado de los autos en el juicio de amparo 1708/2017-IV-B, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido el auto de veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de garantías como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Tomando en consideración se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente asunto, por consiguiente se encuentra en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente principal sí es susceptible de destrucción. Finalmente, en caso de que la autoridad responsable, se encuentre gozando del segundo periodo vacacional correspondiente a este año, instrúyase al Actuario de la adscripción para que una vez que reanude labores, proceda a notificar el contenido del presente auto, así como las demás notificaciones que se ordenen durante ese periodo vacacional. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio por el que rinden su informe justificado las siguientes autoridades responsables: Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y Notificadora en funciones de Actuaria adscrita al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a los profesionistas propuestos para tal efecto y, como domicilio, el que indican por tratarse de su residencia oficial. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la quejosa reclama del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos la omisión de recabar el cumplimiento al laudo de primero de diciembre de dos mil dieciséis dictado en el conflicto laboral 01/86/09, mientras que del Actuario adscrito, la omisión de notificar y realizar las diligencias relacionadas para recabar el cumplimiento al laudo de primero de diciembre de dos mil dieciséis en el citado expediente. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Es decir, debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Aunado a lo anterior, debe precisarse que no se someterá a estudio la omisión de la Junta de realizar actos posteriores en la etapa de ejecución del laudo, en virtud de que la fijación del acto reclamado, tiene como base la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)"; en la que se sostuvo que el alcance de la sentencia que otorga el amparo contra una omisión o dilación en el procedimiento laboral, debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe. Así, para fijar el acto reclamado, el tribunal puede y debe considerar la etapa procesal en que se ubica, lo cual, válidamente puede realizarse a la luz del caudal probatorio y no únicamente con base en lo expuesto en la demanda; de tal suerte que debe tenerse como acto reclamado, aquel que ciertamente puede considerarse irroga perjuicio al quejoso, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, a saber, que el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, por lo que es dable excluir de la precisión del acto reclamado, los argumentos relacionados con hechos futuros. En ese sentido, se advierte que la parte quejosa narró en sus antecedentes del acto reclamado lo siguiente: "Por escrito presentado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en Morelos, demande una serie de prestaciones laborales del Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, dando origen a un procedimiento ordinario laboral burocrático conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y en el cual después de haberse desarrollado en su totalidad el juicio correspondiente, se dictó un laudo con fecha 1 de diciembre del 2016 en el que se condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de diversas prestaciones que solicite se continuara el procedimiento de ejecución, mediante escrito anexo de fecha 16 de Octubre del 2017. Siendo el caso que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no ha dictado los acuerdos, girado los oficios precisados, ni comisionado al actuario adscrito a realizar las acciones necesarias que permitan cumplimentar el Laudo Ejecutoriado, que me restituya en mis derechos fundamentales (.)" Énfasis y subrayado añadidos. Entonces, si bien la quejosa reclama, en términos generales, la omisión de recabar el cumplimiento al laudo de primero de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 01/86/09, lo cierto es que, atendiendo a los antecedentes del acto reclamado y considerando que el impulso de la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos corresponde a la parte interesada (principio de instancia de parte), se colige que el acto reclamado lo es, de manera específica, la omisión de acordar el escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y la diligenciación de la determinación recaída, pues en dicho ocurso, la parte quejosa solicitó el dictado de un auto de ejecución para dar cumplimiento al laudo de primero de diciembre de dos mil dieciséis. No pasa inadvertido que el quejoso señaló como autoridad responsable al Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sin embargo la omisión reclamada a éste no es en función de uno existente antes de la presentación de la demanda, sino que estaba supeditada a un acuerdo favorable a la petición de la quejosa. Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se aprecia que, dentro del expediente laboral 01/86/09, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, acordó el escrito con folio 010617, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictando auto de requerimiento de pago en contra de la parte demandada, cuyo contenido fue notificado mediante instructivo a la parte actora el diecisiete de noviembre siguiente. Constancias a las que, al obrar en copia certificada, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. En consecuencia, es inconcuso que, al haberse dictado el auto de requerimiento de pago de seis de noviembre de dos mil diecisiete -donde la autoridad responsable informó a la actora que los autos del expediente de origen quedan a su disposición para el efecto de que ejercite lo que a su derecho convenga- y notificado a la parte actora, cesaron las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo; máxime que se acordó en sentido favorable a la petición de la quejosa. Sin que obste que la determinación de la responsable no haya trascendido a lo fáctico, porque para que el Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos pueda constituirse en el domicilio de la parte demandada y diligenciar el auto de requerimiento de seis de noviembre de dos mil diecisiete, es menester que la parte quejosa acuda a las instalaciones de este Tribunal y realice las gestiones necesarias para ello. Entonces, a criterio de la suscrita, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, con ello, la afectación la esfera jurídica de la parte quejosa. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por lo que se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, del rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38. Asimismo, encuentra sustento en la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, visible en la página 386. De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. No pasa inadvertido para la suscrita que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo como indirecto. En ese sentido, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que la suscrita cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 62, y que permiten sobreseer el juicio de amparo, o bien, desechar de plano una demanda de amparo, por lo que, de aplicar dicha hipótesis, se contravendría al segundo supuesto, toda vez que, al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, impediría desechar de plano una demanda; que, en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, pues se procedería a dar vista, en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5288/2017, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de veintitrés de noviembre del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece: ...Cuernavaca Morelos veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda, el oficio por el que rinden su informe justificado las siguientes autoridades responsables: Presidente y Tercer Árbitro del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; y Notificadora en funciones de Actuaria adscrita al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. En términos del artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados de las autoridades oficiantes a los profesionistas propuestos para tal efecto y, como domicilio, el que indican por tratarse de su residencia oficial. Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la quejosa reclama del Presidente Ejecutor del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos la omisión de recabar el cumplimiento al laudo de primero de diciembre de dos mil dieciséis dictado en el conflicto laboral 01/86/09, mientras que del Actuario adscrito, la omisión de notificar y realizar las diligencias relacionadas para recabar el cumplimiento al laudo de primero de diciembre de dos mil dieciséis en el citado expediente. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió en la jurisprudencia P./J. 40/2000, que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Es decir, debe atenderse de manera preferente, al pensamiento o intencionalidad del autor de la demanda y no únicamente a lo que en apariencia dijo, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, para lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Aunado a lo anterior, debe precisarse que no se someterá a estudio la omisión de la Junta de realizar actos posteriores en la etapa de ejecución del laudo, en virtud de que la fijación del acto reclamado, tiene como base la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)"; en la que se sostuvo que el alcance de la sentencia que otorga el amparo contra una omisión o dilación en el procedimiento laboral, debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en que se sitúe. Así, para fijar el acto reclamado, el tribunal puede y debe considerar la etapa procesal en que se ubica, lo cual, válidamente puede realizarse a la luz del caudal probatorio y no únicamente con base en lo expuesto en la demanda; de tal suerte que debe tenerse como acto reclamado, aquel que ciertamente puede considerarse irroga perjuicio al quejoso, lo que guarda relación con lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I y 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, a saber, que el amparo protege a las personas contra normas, actos u omisiones de los poderes públicos o particulares asimilados a autoridades responsables, que produzcan una afectación real y actual a su esfera jurídica, por lo que es dable excluir de la precisión del acto reclamado, los argumentos relacionados con hechos futuros. En ese sentido, se advierte que la parte quejosa narró en sus antecedentes del acto reclamado lo siguiente: "Por escrito presentado ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en Morelos, demande una serie de prestaciones laborales del Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos, dando origen a un procedimiento ordinario laboral burocrático conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos y en el cual después de haberse desarrollado en su totalidad el juicio correspondiente, se dictó un laudo con fecha 1 de diciembre del 2016 en el que se condenó a la parte demandada al pago y cumplimiento de diversas prestaciones que solicite se continuara el procedimiento de ejecución, mediante escrito anexo de fecha 16 de Octubre del 2017. Siendo el caso que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, no ha dictado los acuerdos, girado los oficios precisados, ni comisionado al actuario adscrito a realizar las acciones necesarias que permitan cumplimentar el Laudo Ejecutoriado, que me restituya en mis derechos fundamentales (.)" Énfasis y subrayado añadidos. Entonces, si bien la quejosa reclama, en términos generales, la omisión de recabar el cumplimiento al laudo de primero de diciembre de dos mil dieciséis, dictado en el expediente 01/86/09, lo cierto es que, atendiendo a los antecedentes del acto reclamado y considerando que el impulso de la ejecución de los laudos dictados por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos corresponde a la parte interesada (principio de instancia de parte), se colige que el acto reclamado lo es, de manera específica, la omisión de acordar el escrito de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete y la diligenciación de la determinación recaída, pues en dicho ocurso, la parte quejosa solicitó el dictado de un auto de ejecución para dar cumplimiento al laudo de primero de diciembre de dos mil dieciséis. No pasa inadvertido que el quejoso señaló como autoridad responsable al Actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, sin embargo la omisión reclamada a éste no es en función de uno existente antes de la presentación de la demanda, sino que estaba supeditada a un acuerdo favorable a la petición de la quejosa. Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable a su informe justificado, se aprecia que, dentro del expediente laboral 01/86/09, el seis de noviembre de dos mil diecisiete, acordó el escrito con folio 010617, de dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, dictando auto de requerimiento de pago en contra de la parte demandada, cuyo contenido fue notificado mediante instructivo a la parte actora el diecisiete de noviembre siguiente. Constancias a las que, al obrar en copia certificada, se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. En consecuencia, es inconcuso que, al haberse dictado el auto de requerimiento de pago de seis de noviembre de dos mil diecisiete -donde la autoridad responsable informó a la actora que los autos del expediente de origen quedan a su disposición para el efecto de que ejercite lo que a su derecho convenga- y notificado a la parte actora, cesaron las violaciones reclamadas en el presente juicio de amparo; máxime que se acordó en sentido favorable a la petición de la quejosa. Sin que obste que la determinación de la responsable no haya trascendido a lo fáctico, porque para que el Actuario del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos pueda constituirse en el domicilio de la parte demandada y diligenciar el auto de requerimiento de seis de noviembre de dos mil diecisiete, es menester que la parte quejosa acuda a las instalaciones de este Tribunal y realice las gestiones necesarias para ello. Entonces, a criterio de la suscrita, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo y, con ello, la afectación la esfera jurídica de la parte quejosa. En mérito de lo anterior, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de referencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la referida ley, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, por lo que se dejan sin efectos la hora y fecha señaladas para dicha audiencia constitucional. Apoya la anterior conclusión, la tesis 2a./J. 59/99, del rubro "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, visible en la página 38. Asimismo, encuentra sustento en la tesis 2a./J. 10/2003, de rubro "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE" emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, visible en la página 386. De igual forma, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 9/98, del rubro "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.", emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Cabe precisar que las tesis con que este juzgador apoya la presente determinación, se citan en estricta observancia de lo previsto por el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece. No pasa inadvertido para la suscrita que el artículo 64, párrafo segundo, de la Ley de amparo, establece que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, se tenga que dar vista a la parte quejosa para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga, puesto que dicho dispositivo se encuentra previsto en el Título Primero, que dispone las reglas generales de los juicios de amparo tanto directo como indirecto. En ese sentido, en el juicio de amparo indirecto en primera instancia no existen órganos inferiores; máxime que la suscrita cuenta con la facultad de pronunciarse respecto a las causales de improcedencia que se adviertan en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 62, y que permiten sobreseer el juicio de amparo, o bien, desechar de plano una demanda de amparo, por lo que, de aplicar dicha hipótesis, se contravendría al segundo supuesto, toda vez que, al advertir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, impediría desechar de plano una demanda; que, en todo caso, aplicaría cuando un órgano revisor en la segunda instancia, advierta una causal de improcedencia diversa y que no fue alegada por las partes, pues se procedería a dar vista, en términos del artículo 64 párrafo segundo, con relación al artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra soporte en la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 24, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I correspondiente a la Décima Época, de rubro "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.". Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/5288/2017, de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a las autoridades señaladas como responsables, por auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, para rendir su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. En consecuencia, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
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