Brenda Lilia Gutiérrez Bustos

Expediente 1408/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 14 actuaciones registradas, la última del 27 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1408/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
27/02/2023

Partes del expediente

  • Brenda Lilia Gutiérrez Bustos
  • Hortensia Flores Camón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en este asunto en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Destino archivístico. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Otras consideraciones. Se hace la aclaración que la parte quejosa no allegó al juicio principal algún documento que por sus características amerite ser devuelto. IV. Devolución de tomos de pruebas. En otro aspecto, devuélvanse las constancias que se remitieron para la substanciación del juicio de amparo, previo glose de la carátula del cuaderno que se formó; sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, toda vez que la constancia de recepción, hace las veces del mismo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    22. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: 23. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ..., contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro, consistentes en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio sumario civil ..., promovido por ..., en contra de ..., por la cual se resolvió la planilla de liquidación exhibida por la actora, aquí quejosa, de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes.

  3. Principal

    SIENDO LA PRIMERA HORA HÁBIL DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DE CONFORMIDAD CON EL INCISO C, FRACCIÓN I, DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, AL HABER SIDO OMISA EN COMPARECER A ESTE JUZGADO FEDERAL PARA NOTIFICARSE DE LA DETERMINACIÓN DE TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, NO OBSTANTE EL AVISO QUE SE LE DEJÓ EN EL DOMICILIO INDICADO PARA TAL EFECTO. NOTIFICO LA DETERMINACIÓN REFERIDA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, POR MEDIO DE LA PRESENTE LISTA, LA CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1408/2022 promovido por **************+, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro, por considerarlos violatorios de los artículos 14 y 16 constitucionales; y, R E S U L T A N D O: 1. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el seis de diciembre de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, la quejosa aludida acudió en demanda de amparo contra actos de la autoridad señalada, por estimarlos violatorios de los derechos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hizo consistir en: "(.) IV. LEY O ACTO QUE SE RECLAMA: La resolución de fecha 30 de noviembre del 2022, EN EL EXPEDIENTE 737/2020. (.)" 2. SEGUNDO. Admisión y trámite. Turnada que fue la demanda a este órgano jurisdiccional, en acuerdo de ocho de diciembre de dos mil veintidós, se asignó el registro 1408/2022 y se admitió a trámite la demanda; la autoridad responsable rindió su informe justificado; se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; se dio intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Seguido el juicio por sus demás trámites, se llevó a cabo la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O 3. PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 15/2022, del pleno del consejo de la judicatura federal, relativo a la modificación de la especialización de los juzgados de distrito en el estado de Querétaro, con residencia en Querétaro; a las oficinas de correspondencia común que les prestarán servicio; así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los juzgados de distrito referidos; y que reforma el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito; dado que se reclama un acto que se verificó dentro de la circunscripción territorial que corresponde a este órgano jurisdiccional. 4. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: a) La resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio sumario civil **************+, promovido por ************, en contra de *********** y **************, por la cual se resolvió la planilla de liquidación exhibida por la actora, aquí quejosa. 5. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Es cierto el acto reclamado al Juzgado Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo al mismo, consistentes en la copia certificada del juicio sumario civil ************+, de su índice, las cuales tienen valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. 6. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo de la cuestión planteada, deben analizarse las causales de improcedencia que hagan valer las partes o que se adviertan oficiosamente, por ser una cuestión de orden y estudio preferente de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo. 7. En el caso, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que antes de acudir al juicio de amparo, en cumplimiento al principio de definitividad, la parte quejosa debió interponer recurso de apelación en contra de la resolución reclamada. 8. La fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen 19 peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer 8 dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" 9. De este precepto se desprende el principio de definitividad que consiste en la obligación que tiene el gobernado de agotar los medios ordinarios de defensa y los recursos que tenga a su alcance, por virtud de los cuales pueda lograr la revocación o modificación del acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo, dado que por su naturaleza es un medio extraordinario de defensa contemplado en el artículo 107, inciso b), fracción III, de la Constitución Federal. 10. Lo anterior es así, ya que la causal de improcedencia referida, prevé que el gobernado que estime haber sido agraviado por un acto de autoridad, cuando ésta tenga la calidad de tribunal judicial, administrativo o laboral, pueda acudir solicitando el amparo solamente hasta después de que haya agotado todas las instancias, recursos o medios de defensa ordinarios que se regulen en la ley correspondiente, que tiendan a revocar, modificar o nulificar la resolución, o acto que considere le causa un perjuicio. 11. En este caso, la parte quejosa reclama la resolución interlocutoria de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio sumario civil ***********+, por el Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro, mediante la cual se aprobó la planilla de liquidación exhibida por la parte actora. 12. En ese sentido, es evidente que en contra de la resolución interlocutoria que reclama, procedía interponer el recurso de apelación previsto en los numerales 529 y 530 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, que a la letra dispone: "Artículo 529. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución, presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta nada expusiere dentro del plazo fijado o manifestare su inconformidad con la liquidación, se fallará dentro de tres días lo que conforme a derecho proceda. Artículo 530. Cuando la sentencia hubiere condenado al pago de daños y perjuicios sin fijar su importe en cantidad líquida, háyanse establecido o no en aquélla las bases para la liquidación, el que haya obtenido a su favor el fallo presentará, con la solicitud, relación de los daños y perjuicios y de su importe. De esta regulación se correrá traslado al que haya sido condenado, observándose lo prevenido en el artículo anterior, sin perjuicio de que el juez mande practicar alguna diligencia de prueba, si lo estimare necesario. Las resoluciones a que se refiere este artículo y el anterior serán apelables en el efecto devolutivo." 13. De los artículos transcritos se advierte que procede el recurso de apelación en efecto devolutivo contra la interlocutoria de liquidación de sentencia. 14. Con base en lo anterior, es posible afirmar que la promovente de amparo, al ser parte demandada en el juicio de origen y al encontrarse activa procesalmente, estuvo obligada para impugnar a través del recurso de apelación la interlocutoria tildada de inconstitucional, por medio del recurso de apelación establecido en los artículos 529 y 530 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro. 15. Así las cosas, se concluye que la parte quejosa, antes de la promoción del presente juicio de amparo contra la mencionada determinación, debió interponer el recurso de apelación previsto en el citado artículo 530 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Querétaro, lo que no realizó; y por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. 16. Así, al haberse actualizado la causal de improcedencia indicada, se hace innecesario analizar si opera o no alguna diversa, pues en nada variaría el sentido de la presente sentencia. 17. Sustenta lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 414, del Tomo VIII, Agosto de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 195744, que indica: "SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución." 18. Lo anterior impide el estudio de fondo de la cuestión planteada, lo que encuentra apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." 19. Sin que con la anterior determinación se produzca alguna violación a la parte quejosa, pues el hecho de que en el orden jurídico interno se prevean requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades de amparo analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una violación a los derechos de audiencia, debido proceso y acceso a la justicia. Sirve de sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 22/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 325, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005917, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." 20. Así como la diversa Jurisprudencia 10/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 487, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, Registro 2005717, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que indica: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." 21. Por último, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. 22. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 79 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: 23. ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido **********++++, contra los actos que reclama del Juez Segundo de Primera Instancia Especializado en Oralidad Mercantil del Distrito Judicial de Querétaro, consistentes en la resolución de treinta de noviembre de dos mil veintidós, emitida en el juicio sumario civil *******, promovido por *****************, en contra de *********** y *******************+, por la cual se resolvió la planilla de liquidación exhibida por la actora, aquí quejosa, de conformidad con los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resuelve y firma electrónicamente Gloria Román Tapia, Secretaria adscrita al Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en funciones de Jueza de Distrito en términos de los artículos 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Reglamenta la Carrera Judicial, autorizada en sesión celebrada el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/5801/2022, suscrito por la secretaria técnica de dicha Comisión, el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en que se terminó de engrosar esta sentencia, asistida de David Gustavo Martínez Custodio, secretario que autoriza. Doy fe.

  4. Incidental

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de enero de dos mil veintitrés. I. Sin efectos garantía. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que exhibiera la garantía que se le fijó al resolver la suspensión definitiva, a fin de que continuara surtiendo efectos la misma, sin que así lo haya hecho; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos y deja de surtir efectos la suspensión definitiva. Por tanto, hágase saber a la autoridad responsable por la que se concedió la medida cautelar que queda expedita su jurisdicción para la ejecución del acto reclamado. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable.

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