Brenda Lidya Rivera Meza
Expediente 1021/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1021/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Brenda Lidya Rivera Meza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Agréguese el oficio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por medio del cual remite este expediente, dos tomos y testimonio de la ejecutoria donde confirmó la sentencia que sobreseyó el asunto. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del juicio, y considerando que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con lo que establece el diverso 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio. El cuaderno original del incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo Plenario aludido, se estima que es susceptible de destrucción, toda vez que se negó la suspensión provisional y definitiva. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que transcurra más de seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en cita. Por otro lado, debido a que la autoridad responsable remitió diversas constancias en apoyo a su informe justificado, devuélvanse a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Por último, en cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: ejusticia.cjf.gob.mx/BuscadorSISE/#/BusqExp, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio del Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, por el cual acusa recibo de las constancias que refiere e informa que admite a trámite el medio de impugnación interpuesto. Ahora, conforme a la certificación de cuenta, infórmese a la Alzada que el expediente está disponible para su vinculación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el escrito de la quejosa; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo SE TIENE POR INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN contra la sentencia emitida en autos; remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno, así como el original del escrito de expresión de agravios para la substanciación del referido recurso, previa formación del cuaderno de antecedentes. Con copia del ocurso de cuenta, córrase traslado al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, para los efectos legales correspondientes. Se instruye al actuario de la adscripción para que, previo al envío al Tribunal Colegiado respectivo, efectúe las notificaciones y las vincule al expediente electrónico, para que la superioridad esté en condiciones de consultarlas a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, se ordena que, una vez que se tenga información de quién es el Tribunal que conocerá de los mismos, se haga disponible este asunto en el sistema aludido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
En la Ciudad de México, siendo las once horas con diez minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 1021/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; y B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la quejosa ofreció la documental. Al efecto se acuerda: Se admite y desahoga la probanza aludida atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 1021/2022, promovido por ...., contra actos del Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. La quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos considerados violatorios de sus derechos tutelados en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Admisión. En su momento se admitió la demanda, se dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y se requirió informe justificado. La responsable rindió su informe justificado, la representación social Federal adscrita no intervino, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 37 y 107, de la ley de la materia, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza civil, tramitado ante un Juzgado del orden común residente dentro al ámbito territorial donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Acorde a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, se advierte que la quejosa ostentándose tercera extraña auténtica a la acción reivindicatoria ... del índice del Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, reclama la falta de llamamiento y los actos tendentes a desposeerla de la casa marcada con el número 17 de la calle 5 de mayo y terreno que ocupa, fracción número seis de la fracción norte del predio denominado "..., Ciudad de México. Tercero. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia de lo reclamado. Cuarto. Improcedencia del juicio. La procedencia del juicio es un presupuesto procesal que se debe estudiar de oficio antes de las cuestiones de fondo, lo aleguen o no las partes, conforme al artículo 62 de la ley de la materia. El juicio es improcedente, por falta de interés jurídico de la promovente, acorde al artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Conforme al precepto transcrito, para la procedencia del juicio de amparo respecto de tribunales judiciales, se requiere como presupuesto procesal, que los peticionarios acrediten el interés, perjuicio o afectación que resientan en su esfera jurídica, de manera personal y directa, con la ejecución de lo reclamado, para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a demandar su tutela, lo cual se traduce como el interés jurídico que la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Carta Magna, considera para determinar la procedencia o improcedencia de la controversia constitucional planteada. Esto es, la acción de amparo exige como presupuesto o condición esencial para su procedencia, entre otros, la existencia de un perjuicio que afecte a la persona o los derechos de la parte quejosa; además, el juicio de amparo procede siempre a instancia de parte agraviada, debiendo entenderse por perjuicio para los efectos del amparo, la lesión directa en los intereses jurídicos de una persona, o bien una ofensa, un daño, una afectación indebida derivada de una ley o de un acto de autoridad, que se haga a los derechos o intereses de un particular. En este entendido, la procedencia del juicio de amparo en contra de un acto dictado por una autoridad debe referirse a la existencia de una parte agraviada; es decir, que haya una afectación de los intereses jurídicos de un particular. Un acto puede engendrar una situación jurídica concreta en beneficio o en perjuicio de una o varias personas en relación con la formación, modificación o extinción de una relación de derecho; por tanto, cuando con su emisión produce un acto jurídico que afecta a uno o varios individuos, en su persona o patrimonio, creando, modificando o extinguiendo en su perjuicio una situación jurídica concreta, el juicio de amparo es procedente, y en contrario sentido, cuando por su sola emisión no afecta la esfera jurídica del particular, el juicio de amparo es improcedente, puesto que la acción constitucional de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto, en términos del artículo 6o. de la ley de la materia. Ilustra lo considerado, la jurisprudencia 854, sustentada por el entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Así como la jurisprudencia de la otrora Sala Auxiliar de la suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUE DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL. El artículo 4o. de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prescribe que el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclaman. Es presupuesto, de consiguiente, para la procedencia de la acción de amparo, de acuerdo con el ámbito conceptual de esa norma legal, que el acto o ley reclamados, en su caso, en un juicio de garantías, cause un perjuicio al quejoso o agraviado. Así lo ha estimado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sus diversas tesis jurisprudenciales, la que ha llegado, incluso, a definir cuál es el alcance del concepto perjuicio, como podrá apreciarse si se consulta el Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Parte, página 239, en donde se expresa que: "El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita, que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona". Este Alto Tribunal de la República, en otras ejecutorias que desenvuelven y precisan el mismo concepto, es decir, lo que debe entenderse por perjuicio, ha llegado a estimar que el interés jurídico de que habla la fracción VI, ahora V, del artículo 73 de la Ley de Amparo, "no puede referirse, a otra cosa, sino a la titularidad que al quejoso corresponde, en relación con los derechos o posesiones conculcados" (Tomo LXIII, página 3770 del Semanario Judicial de la Federación). Y es que la procedencia de la acción constitucional de amparo requiere, como presupuesto necesario, que se acredite la afectación por el acto reclamado, de los derechos que se invocan, ya sean estos posesorios o de cualquiera otra clase, como se sostiene, acertadamente, en la ejecutoria visible en la página 320, del Tomo LXVII del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época. Sin duda, un acto reclamado en amparo, causa perjuicio a una persona física o moral, cuando lesiona, directamente, sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y es entonces cuando nace, precisamente, la acción constitucional o anulatoria de la violación reclamada en un juicio de garantías, conforme al criterio que sustenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria publicada en la página 2276, del Tomo LXX del mismo Semanario Judicial." Igualmente, cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, acorde a la jurisprudencia 2a./J. 16/94, de la Segunda Sala del Ato Tribunal. En el particular, la quejosa se ostenta tercera extraña auténtica a la acción reivindicatoria ... del índice del Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México y reclama la falta de llamamiento y los actos tendentes a desposeerla de la casa marcada con el número 17 de la calle 5 de mayo y terreno que ocupa, fracción número seis de la fracción norte del predio denominado "..., Ciudad de México. Por tanto, la impetrante de amparo debió demostrar fehacientemente, ser titular del derecho de posesión que defiende; pues la procedencia de la acción constitucional está sujeta a que este derecho derive de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere y debe tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho y que además, sea oponible a terceros. Resulta aplicable por analogía la jurisprudencia del Tribunal Pleno, tesis 1/2002, que dice: "POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que las posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promoverte tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir, sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común." En efecto, para que un gobernado pueda resultar beneficiado con la protección federal cuando es tercero extraño a un procedimiento donde se ordenó la desposesión de un inmueble, es necesario acreditar un derecho subjetivo derivado de la ley o un acto jurídico de fecha cierta, pues sólo así se estimaría lesionada su esfera jurídica de derechos y obligaciones que conforman su patrimonio. En efecto, la posesión puede ser materia de protección constitucional siempre y cuando el derecho derive de un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de la ley que lo genere, así como tener una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de tener tal derecho. Debe entenderse por título la causa generadora de esa posesión, dado que quien ejercita la acción de amparo debe ser titular de dicho derecho, siendo necesario para justificar esa afectación o perjuicio que se demuestre que la posesión del inmueble que defiende, deriva de un justo título como lo es una escritura pública o un contrato por el que se generó el derecho que aduce. En la especie, para acreditar su interés, la accionante ofreció: Las documentales consistentes en lo actuado en el procedimiento de origen. Copia certificada de su acta de nacimiento. Actas de defunción de la ciudadana ..., así como de Francisca Baca Wassmer. Actas de nacimiento y defunción de ...., ambos de apellidos Rivera Meza. Por lo que dichas probanzas únicamente dan cuenta de actuaciones ante una autoridad judicial, así como la presunción del entroncamiento con su madre, abuela y hermanos, y su fecha de fallecimiento, pero no permiten advertir que tenga algún derecho sobre el bien descrito, por lo que son ineficaces para tener por acreditado el interés jurídico de la impetrante, al no generar un derecho oponible a terceros. Además, aun cuando la parte garante manifestó bajo protesta de decir verdad en su escrito de demanda, que tiene derechos respecto del inmueble que defiende, ello resulta insuficiente para acreditar su interés jurídico, pues la narrativa de los antecedentes del acto reclamado en las apuntadas condiciones, no llegan al extremo de acreditar el interés jurídico de la promovente, ya que éste necesariamente, debe ser demostrado en forma indefectible y no con base en afirmaciones, que en todo caso vienen a constituir presunciones. Tampoco es obstáculo para lo considerado, que en el caso se haya probado la existencia del acto reclamado en el informe rendido por la autoridad judicial responsable y las constancias remitidas, pues ello no releva a la parte quejosa de la obligación de acreditar su interés jurídico. Además, en el supuesto no concedido de que efectivamente el impetrante tuviera la posesión material del inmueble, este sólo hecho no es suficiente para considerar procedente el estudio de la constitucionalidad de los actos de autoridad reclamados, pues tratándose de casos en que el agraviado se ostenta como tercero extraño a juicio, aduciendo tener la posesión de un bien, es indispensable que exhiba documento de fecha cierta, pues sólo de esa forma es viable considerar que el derecho que en su caso consagre el acto jurídico, sea oponible a terceros, pues la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación, y por tanto no protegida a través del juicio constitucional. Tiene aplicación, por analogía, la jurisprudencia 1ª/J.24/2008, de la Primera Sala del Alto Tribunal, consultable en la página 11 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXVII, Abril de 2008, Novena Época, que dice: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito." Consecuentemente, como la parte quejosa no acreditó tener interés para promover el presente juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia invocada, y con fundamento en el numeral 63, fracción V, en relación con el artículo 61, fracción XII, ambos de la ley de la materia, debe sobreseerse en el juicio de amparo. Conforme a lo resuelto, es innecesario atender los conceptos de violación, porque la declaración de sobreseimiento lo impide, en términos de la jurisprudencia 1028, que indica: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." No es óbice a lo anterior, que de las constancias de autos se advierta la reserva del llamamiento de la parte tercera interesada, en virtud del sentido de la presente resolución. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ..., contra actos del Juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil de la Ciudad de México, precisados en el segundo considerando, por las razones expuestas en el diverso último de esta resolución. Notifíquese.
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