Brenda Kikunaga López

Expediente 399/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
399/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Brenda Kikunaga López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de juzgado, dense los avisos de ley y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos de los artículos décimo primero y vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 01/2009, de veintiocho de octubre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos el punto décimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos cinco años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Por tanto, se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el punto décimo primero del Acuerdo mencionado. Finalmente, en virtud de que en el presente asunto se solicitó la apertura del incidente de suspensión, acuérdese lo que en derecho corresponda en el incidente respectivo. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 399/2018, promovido por Brenda kikunaga López, en términos del artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo respecto del acto reclamado a las autoridades responsables, Subprocuradora de la Defensa de los Menores y la Familia de Ensenada, Baja California y Director de Seguridad Pública Municipal de Ensenada, Baja California, ambos con residencia en esta ciudad, consistente en la orden sustracción, retención o privación de la guarda y custodia de los menores Javier Hisaki y Mateo Kiyoshi, ambos de apellidos Ortega Kikunaga y su ejecución.

  3. Incidental

    R e s u e l v e: Único. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, por lo que hace a los actos que reclama a las autoridades señaladas como responsables y por los motivos precisados en el considerando segundo de la presente interlocutoria.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se advierte que la quejosa ****, compareció el trece del mes y año en curso, ante este órgano jurisdiccional a ratificar el contenido y firma estampada en el escrito presentado el nueve de agosto del año en curso, en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional -registro 7801-. Por tanto, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención formulada por auto de seis de agosto de dos mil dieciocho. Por tanto, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII y XV de la Constitución Federal; 1o, fracción I, 37, 107, 108, 112, 116, 117, 260 y relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda de amparo en contra de la Subprocuradora de la Defensa de los Menores y la Familia de Ensenada, Baja California, y otra autoridad; fórmese por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión que solicita. Pídase informe justificado a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles, dentro del término de quince días hábiles siguiente al en que reciban el oficio en el que se solicitan, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras en lo particular a una multa de 100 (cien) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,060.00 (ocho mil sesenta pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables las penas en que incurren con la omisión de rendir los informes justificados en los términos solicitados y el de afirmar hechos falsos u omitir los que les consten en relación con el acto reclamado, penas éstas previstas en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que si bien se les otorga un término de quince días hábiles para rendir su informe justificado, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tal informe en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rinda se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita; por lo que se les exhorta que en el momento que cuenten con la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, lo hagan saber de inmediato a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán rendir el mismo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de éste por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará en lo particular, la multa decretada. Se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir el oficio que se gire en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleve a cabo las funciones de la autoridad que señala la parte quejosa; en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se harán acreedoras a una multa en lo individual de 50 (cincuenta) unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de $4,030.00 (cuatro mil treinta pesos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos); la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en el tercer párrafo del presente proveído, con fundamento en el artículo 237 en relación al 259 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, dígase a las autoridades responsables y demás partes, que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causa de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) unidades de medida y actualización, que equivale a la cantidad de $2,418.00 (dos mil cuatrocientos dieciocho pesos), la que resulta de multiplicar por treinta la cantidad de $80.60 (ochenta pesos con sesenta centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil dieciocho, en el Diario Oficial de la Federación, que establece el ordinal 251 de la ley de la materia. Se señalan las nueve horas con veinte minutos del doce de septiembre de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Se autoriza a la secretaria de juzgado a efecto de que firme los oficios derivados de este asunto. Se hace del conocimiento de la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con las mismas; lo anterior, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones del quejoso, la de señalar con precisión a las autoridades responsables, sin que al respecto opere la suplencia de la queja deficiente conforme lo prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo; en la inteligencia que de existir prueba en contrario o en la hipótesis de que se corrija el señalamiento de la denominación de las autoridades responsables, se tomará en consideración en su oportunidad, ya que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que prevé la impartición de justicia pronta y expedita; y conforme al principio de celeridad procesal. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del día siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9 y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; así también, hágase de su conocimiento el derecho que les asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que la información confidencial a que alude el artículo 113, de la citada ley, no se incluyan en la publicación de la sentencia que se dicte en este asunto, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conlleva su consentimiento; asimismo, que no será necesaria su aprobación en los casos que dispone el precepto 117 de referida norma. Ahora bien, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional, realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. A fin de configurar el expediente electrónico conforme a lo previsto en el artículo 13 y demás relativos del Acuerdo General Conjunto número 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica mediante el uso de la firma electrónica, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial Federal, previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo, lo cual deberá ser supervisado por la secretaría del juzgado. Finalmente, con fundamento en el artículo 5º, fracción IV de la Ley de Amparo, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le corresponde, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo.

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