Brenda Karina García Muñoz
Expediente 767/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 767/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 31/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Brenda Karina García Muñoz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de la secretaría de este juzgado, en el sentido de que ya trascurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), del citado ordenamiento legal; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley en la materia, se declara que el proveído de cinco de julio de dos mil dieciocho, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de fecha quince de octubre de dos mil nueve; hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente principal de acuerdo a sus particularidades, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos los cinco años que establece el primer párrafo del punto vigésimo primero del aludido acuerdo, contados a partir de esta fecha, toda vez que el presente asunto no tiene relevancia documental, a virtud de que no se trata de delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni de aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales, no es relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes y tampoco se considera que en él se haya adoptado alguna resolución que tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. No obsta a lo anterior que no se haga referencia al cómputo respecto a las autoridades responsables, pues de conformidad con el artículo 87 de la ley de la materia, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que se les haya reclamado y, en el caso, se determinó conforme a derecho sobreseer fuera de audiencia en este juicio; de ahí que no se surte la hipótesis establecida para que las responsables puedan recurrir la sentencia de que se trata. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Se notifica por lista a la quejosa Agréguense a los autos los comunicados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y Presidente de su adscripción; en atención a su contenido, téngaseles informando que el diecinueve de junio del año en curso, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 1679/2016-SAIII, lo que acredita la junta responsable con la copia certificada de dicha diligencia de diecinueve de junio del año en curso, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con base en el segundo párrafo de su numeral 2. Ahora, del escrito inicial de demanda presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en la Laguna, con sede en esta ciudad, el cinco de junio del año en curso, remitido ese mismo día a este juzgado, se advierte que la parte quejosa reclama en este asunto lo siguiente: "4.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de las Autoridad responsable señalada como ordenadora, la NEGATIVA de acordar de conformidad el AUTO DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO, dentro de los autos del Juicio Ordinario Laboral bajo el número estadístico 1679/2016 SA-II, radicado ante la H. Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Torreón, Coahuila". De las constancias exhibidas por las responsables al oficio que se provee, se aprecia copia certificada de la diligencia llevada a cabo el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, de requerimiento de pago y embargo en el juicio laboral 1679/2016-SAIII; por tanto, se advierte que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado en el asunto en que se actúa, ello en razón de que las autoridades responsables realizaron las omisiones que se les atribuían. En consecuencia, en la especie se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Lo anterior, porque si en el expediente laboral en cita se se desahogó la diligencia de requerimiento de pago y embargo, inconcuso es que han cesado los efectos del acto reclamado en este asunto, toda vez que con ello, se subsana las omisiones impugnadas por la parte quejosa en este asunto, es decir, se le resarció en el goce de sus derechos que consideraron vulnerados, situación jurídica que impide se decida en este juicio de amparo sobre la constitucionalidad de los actos. Entonces, los efectos de carácter omisivos del acto reclamado han cesado, lo que significa que las autoridades a quien se les atribuyeron los mismos, dejaron de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, de ahí la desaparición total de las consecuencias de la omisión en que incurrió la junta responsable, restituyéndola en el pleno goce de sus derechos que consideraron violados como si se hubiere otorgado la protección constitucional, actualizándose de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, que impone a sobreseer en el juicio de amparo fuera de audiencia constitucional de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la quejosa en el goce de la garantía violada; de ahí que la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido u omitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica de aquélla, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causal de improcedencia a estudio no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, o como en el caso, se resarció la omisión, por lo que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de la particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección constitucional, es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 80 de la Ley de Amparo; esto es, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que ésta exija. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 38, tomo IX, junio de 1999, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 71, tomo VI, noviembre de 1997, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del articulo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Y la jurisprudencia número 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, correspondiente al mes de febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, cuyo epígrafe es: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tal virtud, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el juicio, de acuerdo a lo establecido en el ordinar 63, fracción V, de la ley en la materia, por ello, se dejan sin efectos las providencias decretadas, así como, la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las diez horas con treinta minutos del diez de julio de dos mil dieciocho
- Principal
Visto el ocurso de cuenta signado por el apoderado jurídico de la quejosa... y en cuanto a su contenido, se le tiene por dando cumplimiento a la prevención de seis de junio de dos mil dieciocho. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 5°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 112, 115, 117, 125, 142 y 147 de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo que promueve el licenciado... contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad y otra autoridad. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Pídase a las responsables rindan su informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a... esto con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, con la prevención de que en caso de ser omisas al respecto y de no informar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando ocurran causas notorias de sobreseimiento, se procederá en su contra conforme lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar los actos reclamados. De acuerdo con lo dispuesto por el numeral 115 de la ley en la materia, cítese a las partes a la audiencia constitucional, la que se verificará a las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIEZ DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Ahora bien, se reserva el emplazamiento de los terceros interesados hasta en tanto obren en autos las constancias que remita la autoridad responsable relativas a su informe justificado. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente, dejando a su disposición copia de la demanda que se provee en el local de este juzgado y notifíquesele el presente, así como los subsecuentes, por medio de lista de acuerdos, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Atento a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, las pruebas documentales ofrecidas por la parte quejosa en su escrito de demanda, con lo anterior se ordena dar nueva cuenta al momento de celebrar la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. NOTIFÍQUESE; MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
se notifica por lista al promovente: Se agrega el escrito signado por el licenciado... carácter que se le reconoce por así tenerlo ante la autoridad responsable en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, lo que acredita con la constancia que adjunta; ahora bien, en relación al contenido del citado ocurso de aclaración, no ha lugar a tener por desahogada la prevención de seis de junio del año en curso, toda vez que el ocursante no exhibió las copias de su escrito aclaratorio para correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, cual se estableció en el referido auto aclaratorio. Por lo anterior, dígase al promovente que subsiste el requerimiento, término y apercibimiento efectuados en auto de seis de junio de dos mil dieciocho, en la inteligencia de que dicho término se interrumpió con la presentación del escrito aclaratorio de cuenta, el cual se reanudará al día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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