BRENDA JULIANA HERNANDEZ ROBLEDO y Otros.
Expediente 387/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 387/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- BRENDA JULIANA HERNANDEZ ROBLEDO y Otros.
- Brenda Juliana Hernandez Robledo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Cuenta. En siete de diciembre de dos mil veintidós, la licenciada Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en cumplimiento a lo ordenado en el auto inicial de demanda, hago constar que la presente promoción, con número de registro 19301, se ubica en la hipótesis del inciso c) acuses de recibo, por lo que resulta inútil el dictado de acuerdo. Conste.
- Principal
Causa estado proveído de diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Depuración, destrucción y archivo. Se ordena generación de versión pública de sentencia.
- Principal
Se agregan constancias. Vista la certificación de cuenta y en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida, admitida y desahogada, dada su especial naturaleza, la documental atinente a la primera y segunda vacunación de la parte quejosa menor de edad de iniciales M. A. D. O., constancia a la que el suscrito confiere valor probatorio, en razón a que la aplicación de la primera y segunda dosis de la vacuna en trato no constituye un hecho controvertido en autos. Al respecto, cobra aplicación la tesis publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, enero a noviembre de 1999, que indica: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES CUYO CONTENIDO RECONOCE EL QUEJOSO. TIENEN VALOR PROBATORIO PLENO. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de lo dispuesto por el artículo 2o. de la Ley de Amparo, el valor de las pruebas fotográficas, taquigráficas y de otras cualesquiera aportadas por los descubrimientos de la ciencia, carácter que tienen las copias fotostáticas, por ser reproducciones fotográficas de documentos, quedan al prudente arbitrio del juzgador; por lo tanto, en ejercicio de dicho arbitrio debe otorgársele valor probatorio a la documental exhibida por el quejoso en el juicio de amparo, consistente en un escrito que dirigió a la autoridad responsable, si aquél la reconoció como veraz." Autoridad informa aplicación de vacunas. Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, agréguense a los autos el oficio y anexos remitidos por la Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Delegación de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, con sede en la capital, a través de los cuales acredita que a las personas menores de edad quejosas de iniciales M. A. C. F. y Y. A. A. H. les fueron aplicadas las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech; mientras que al infante amparista de identidad protegida U. F. A. H., solo le fue suministrada la primera de dichas dosis; con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su especial naturaleza, las referidas documentales, sin perjuicio de hacer relación de ellas en el momento procesal oportuno. Autoridad informa inasistencia de menor. De igual forma, con apoyo en lo dispuesto en el artículos citados en el párrafo que antecede, incorpórese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio de cuenta presentado por Pedro Arturo Ramírez Ramírez, apoderado legal de las autoridad responsable Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud Pública, ambos del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de octubre del año en curso, informa que el menor de edad quejoso cuyo nombre lleva por iniciales U. F. A. H. no se presentó a su segunda inoculación señalada para el doce de octubre del año en curso. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por las autoridades responsables, para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo anterior se acuerda: Se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se colige la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, cuyo análisis da lugar a decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con la jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por contradicción de Tesis 26/2002-PL, visible en la página 386, Tomo VII, Marzo 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". En este caso, el acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS -CoV-2 (COVID 19) a la parte infante quejosa y vista la certificación y anexo de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que les fue aplicada la primera y segunda dosis del biológico Pfizer-BioNTech, a las personas menores de edad quejosas que a continuación se enlistan: EDADES MENOR PRIMERA DOSIS (FECHA) SEGUNDA DOSIS (FECHA) 12 M. A. C. F. 27DE MAYO 02DE AGOSTO 13 Y. A. A. H. 27 DE MAYO 02 DE AGOSTO 7 M. A. D. O. 30 DE JUNIO 13 DE SEPTIEMBRE Constancias a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, con las cuales se acredita la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Se considera que han cesado los efectos del acto reclamado cuando éste ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa. Causal que se actualiza en este caso respecto de los infantes quejosos M. A. C. F., Y. A. A. H. y M. A. D. O., debido a que el acto reclamado consiste en la omisión de aplicar la vacuna contra el virus SARS -CoV-2 (COVID 19) a la parte infante quejosa; por tanto, es evidente que los efectos de dicho acto han cesado, al haberse acreditado que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se les aplicaron las dos dosis del biológico Pfizer-BioNTech, que requieren para su protección contra el virus SARS -CoV-2. Se afirma lo anterior, pues si bien a la fecha de presentación de la demanda y durante su tramitación -conforme a la causa de pedir- existía la omisión reclamada con relación a dichos menores de edad, cierto es también que la misma dejó de existir el dos de agosto y trece de septiembre, ambos de dos mil veintidós, fecha en que se suministraron a los tres infantes en cita la segunda dosis de la vacuna solicitada. Ello es así, en atención a que los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o revoca, lo que da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes de su nacimiento; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una nueva situación que destruye la que dio motivo al amparo y restituye a la parte quejosa en el goce del derecho violado, por lo que se determina que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por lo que ve a los niños quejosos de identidad protegida M. A. C. F., Y. A. A. H. y M. A. D. O.. Sirve de apoyo a lo anterior, jurisprudencia 2ª./J. 59/99 que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, resulta aplicable el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 241, del tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a abril de 1998, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad." Cabe destacar que el análisis de las causales de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia, máxime que las mismas, tienen una existencia justificada en la Ley de Amparo, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni al de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. En tales condiciones, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio constitucional respecto de los infantes quejosos de identidad resguardada M. A. C. F., Y. A. A. H. y M. A. D. O.,, de conformidad con lo establecido en el numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia. En otro orden de ideas, en el caso, también se estima actualizada la causal contenida en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, relativa al consentimiento del acto reclamado, ya sea de forma expresa, o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento (tal como en el caso aconteció), respecto al menor de edad de iniciales U. F. A. H. (10 años). Se explica: El consentimiento al que se refiere el citado dispositivo se produce cuando, respecto del acto reclamado, la parte quejosa expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, que revelan indudablemente su conformidad con dicho acto, así como con sus consecuencias. En el caso de nuestra atención y por lo que ve al infante quejoso de identidad protegida U. F. A. H., de autos se observa que en proveídos de veintinueve de junio, dieciocho de agosto y diez de octubre, todos de dos mil veintidós (fojas 303, 318 y 329), se dio vista a la parte quejosa para que presentará al menor de edad en comentó a las tres citas programadas para su inoculación faltante, bajo apercibimientos que de no hacerlo, se le tendría por desinteresada en la continuación del presente juicio, en virtud de que, en este tipo de asuntos, las autoridades responsables sanitarias siguen un procedimiento a fin de vacunar a los menores, el cual inicia con su valoración médica; enseguida, señalan fecha para la inoculación de la primera dosis del biológico; y, por último, transcurrido el periodo de tiempo necesario para la aplicación de la segunda dosis, señalan la fecha correspondiente. Procedimiento que requiere necesariamente la participación activa de la parte interesada, sin la cual no puede culminarse el mismo; acuerdos que fueron notificados respectivamente el veintinueve de junio, dieciocho de agosto, y diez de octubre, todos del año en curso. Asimismo las autoridades responsables Secretario de Salud y Director General del Instituto de Salud Pública, ambos del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, en atención al requerimiento formulado en proveído de diez de octubre del año en curso, informaron que el menor de edad quejoso de trato no se presentó a su segunda inoculación señalada para el doce de octubre del año en curso, motivo por el cual, se le tiene por desinteresada en la continuación del mismo, y con motivo de ello, en la prosecución del procedimiento de vacunación correspondiente respecto al menor de iniciales U. F. A. H. (10 años). A lo anterior se suma el hecho de que también se entabló comunicación telefónica y vía WhatsApp con Norma Concepción Parra Rocha, autorizada en términos amplios de la parte quejosa en fechas veintidós de septiembre, siete y diecisiete de octubre de dos mil veintidós a efecto de solicitarle la constancia de la segunda inoculación del menor de edad en cita, haciéndole saber de nueva cuenta (en todas ocasiones) que se harían efectivos los apercibimientos decretados en autos por falta de interés, a lo cual refirió, que ya era muy complicado localizar a la progenitora del infante de trato, pero que iba a tratar de conseguir dicha documental, sin recibirla hasta esta data. Así las cosas, se obtiene que, si bien la parte quejosa no consintió expresamente el acto que reclama, sí realizó manifestaciones que denotan su conformidad respecto de éste, al no participar de manera activa en el procedimiento de vacunación iniciado con motivo de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio, y al no informar a este Juzgado de Distrito su interés de continuar con la tramitación de este procedimiento. Es ilustrativo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 8/2018, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo registro digital es 2016215, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO O POR MANIFESTACIONES DE VOLUNTAD QUE LO ENTRAÑEN. NO SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN CONTRA UN LAUDO RESPECTO DEL CUAL PREVIAMENTE HUBIERA CUMPLIDO SÓLO ALGUNA O ALGUNAS DE LAS PRESTACIONES A QUE FUE CONDENADO. El artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo -equivalente al 73, fracción XI, de la abrogada-, establece que el juicio de amparo es improcedente "contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento", lo que se produce cuando, respecto del acto reclamado, el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad de manera verbal, por escrito o por signos inequívocos, pero que sea indudable y completo, es decir, debe revelar de manera evidente que se ha conformado con la decisión y consecuencias integrales que implican el acto de autoridad reclamado. Así, el hecho de que, ante un laudo que condene respecto de diversas prestaciones, el patrón cumpla sólo alguna o algunas de esas condenas -quedando pendientes de solucionar o solventar otras- no conlleva el consentimiento del laudo y, por ende, la improcedencia del juicio de amparo en su contra, pues el cumplimiento de una condena sólo se vincula con la decisión que al respecto y de manera destacada haya emitido la autoridad jurisdiccional del trabajo, pero no puede relacionarse con el resto de las prestaciones a que hubiere sido condenado, por lo que esa conducta no debe calificarse como una manifestación clara e inequívoca de que haya consentido el laudo, es decir, de que está conforme con la totalidad de los pronunciamientos en él contenidos, ya que, se insiste, quedan pendientes de solventar las condenas que no fueron objeto de cumplimiento." En razón de lo expuesto, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, de conformidad con lo previsto por el artículo 63, fracción V, de la ley en cita, igualmente se decreta el sobreseimiento del presente asunto fuera de audiencia por lo que hace al infante quejoso de identidad protegida U. F. A. H.. Por tanto, hágase saber a las partes la presente determinación para los efectos legales a que hubiere lugar; asimismo, se deja sin efectos la fecha señalada para la audiencia constitucional; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno de este Juzgado. No es óbice a lo anterior, el hecho de que a la fecha en que se decreta el sobreseimiento de este juicio de amparo, aún no haya tenido verificativo la audiencia constitucional, pues ello no irroga perjuicio alguno a la parte quejosa, debido a que no se le priva del derecho de defensa que le corresponde por derivar el sobreseimiento de una causal de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, como en el caso acontece, de tal suerte que ni aún con la celebración de la audiencia constitucional podría desvirtuarse tal hecho jurídico con prueba alguna; de ahí que resulte innecesario y en todo caso contrario al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional, resolver el presente juicio de amparo hasta el momento que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Autoridad comunica fecha de inoculación. En otro orden, glósese a los autos el diverso oficio remitido por el apoderado legal de la autoridad responsable Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, a través del cual informa la data y hora señaladas para que les sea aplicada las dosis correspondientes de la vacuna Pfizer-BioNTech, a los menores de edad quejosos. Se da vista a la parte quejosa y se le requiere. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta, se desprende que la parte quejosa menores de edad deben presentarse a las ocho horas del doce de octubre del año en curso, en el Hospital de Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, a efecto de que les sea aplicada la vacuna correspondiente. Con copia del referido oficio, notifíquese personalmente a la parte quejosa para que tenga conocimiento de ello. Asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de la inoculación de la parte quejosa menor de edad, remita a este Juzgado Federal la constancia atinente a la aplicación de dicha vacuna, en el entendido que de no hacerlo así, o de no comparecer a la cita de trato, se le tendrá por desinteresada en la prosecución del juicio de amparo en que se actúa, por lo que se decretará el sobreseimiento del mismo, por lo que hace a los menores que no cuenten con el esquema completo de vacunación. Requerimiento judicial. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase al Secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, para que dentro de los tres días siguientes a la fecha señalada para la cita en comento (doce de octubre de dos mil veintidós), sin previo requerimiento, informe lo conducente, remitiendo copias certificadas, completas y legibles de las constancias correspondientes, o bien, manifieste la imposibilidad para cumplir con ello. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no informar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el numeral 237, fracción I, en relación con el artículo 259, ambos de la Ley de Amparo. Se instruye a fedatario público adscrito. Finalmente, para el debido cumplimiento de lo antes acordado, tomando en consideración la proximidad de la fecha en la que deberá acudir la parte quejosa menor de edad a su cita, se instruye al actuario adscrito para que de inmediato proceda a realizar las notificaciones correspondientes, así como a entablar comunicación vía telefónica y/o correo electrónico, según sea el caso, con la parte quejosa, a fin de hacerle del conocimiento lo determinado en este proveído, debiéndose asentar la razón correspondiente en autos.
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