Brenda Jimenez Jimenez
Expediente 438/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 22 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 438/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 13/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Brenda Jimenez Jimenez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Morelia, Michoacán, trece de noviembre de dos mil dieciocho. Como del estado procesa de los autos se advierte, que a la fecha ha transcurrido el término de diez días, que la ley establece para que las partes interesadas y facultadas interpusieran el recurso de revisión en contra del proveído que SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías, promovido por -, sin que hiciera uso de tal derecho; consecuentemente, se declara que el proveído de mérito, HA CAUSADO ESTADO. Hágase las anotaciones en el Libro de Gobierno. Ahora bien, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que no existe acuerdo pendiente por dictar, ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; asimismo, se hace constar que no se formaron cuadernos incidentales. Se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita. Notifíquese.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADA MEDIANTE LISTA LA PARTE QUEJOSA.DEL PROVEIDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE DICE:" Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copias certificadas del auto dictado en cinco de abril del año en curso; donde se aprecia que la responsable de mérito acordó lo siguiente: ".II. Se tiene a la parte atora por cumpliendo el requerimiento hecho por este Tribunal bajo acuerdo de fecha 23 veintitrés de enero del presente año, donde se le requirió para que señalara y precisara las actividades que realizaba para la demandada, salario y horario al cual estaba sujeto y/o cualquier otro dato que hubiere omitido. III. En virtud de lo anterior, se radica el escrito inicial de demanda, que por la vía ordinaria laboral promueve la -, a través de sus apoderados jurídicos, demanda que promueve contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, admitiéndose en trámite ordenándose registrar en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente y las partes que se indican al rubro, lo anterior de conformidad con los artículos 101 y 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. IV. En consecuencia, se ordena notificar y emplazar a la parte demandada SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, quien tienen su domicilio en la -, comisionado al C. Actuario de la Adscripción a efecto de que se constituya en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada, para el efecto de Notificar y Emplazar a la Demandada, a la cual se le concede el término improrrogable de 5 CINCO DÍAS hábiles contados a partir del días siguiente en que queden debidamente notificados para contesten la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento legal que de no hacerlo en dicho término, se le tendrá por contestando la demanda en sentido afirmativo salvo pruebo en contrario, asimismo requiriéndole para que señale domicilio en esta Ciudad de Morelia, Michoacán para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que no hacerlo las subsecuentes les correrán por medios de listas publicadas en los estrados de este H. Tribunal." Por tanto, de las constancias aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se desprende que mediante auto de cinco de abril del año en curso, fue radicada la demanda, ordenándose notificar y emplazar a la parte demandada, en el cual se ordenó registrar la demanda bajo el número 882/2016. Ahora bien, toda vez que el juicio que nos ocupa fue promovido contra el siguiente acto: ".El acto de autoridad que se reclama consiste en la omisión para dictar los acuerdos correspondientes al AUTO DE ADMISIÓN Y RADICACIÓN Y SU EMPLAZAMIENTO correspondiente dentro del Juicio Ordinario Laboral Número 882/2016, toda vez que desde el día 14 catorce de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, esta H. Autoridad no a acordado nada hasta la fecha de su presentación." Sin embargo, debe decirse que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclamó por parte del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión para dictar el acuerdo correspondientes al auto de admisión, radicación y emplazamiento, dentro del expediente 882/2016, y si de las constancias aportadas por la autoridad responsable se desprende que el cinco de abril pasado, la responsable radico la demanda correspondiente; resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo que se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.";...LO ANTERIOR CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO
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Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copias certificadas del auto dictado en cinco de abril del año en curso; donde se aprecia que la responsable de mérito acordó lo siguiente: ".II. Se tiene a la parte atora por cumpliendo el requerimiento hecho por este Tribunal bajo acuerdo de fecha 23 veintitrés de enero del presente año, donde se le requirió para que señalara y precisara las actividades que realizaba para la demandada, salario y horario al cual estaba sujeto y/o cualquier otro dato que hubiere omitido. III. En virtud de lo anterior, se radica el escrito inicial de demanda, que por la vía ordinaria laboral promueve la -, a través de sus apoderados jurídicos, demanda que promueve contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, admitiéndose en trámite ordenándose registrar en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente y las partes que se indican al rubro, lo anterior de conformidad con los artículos 101 y 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. IV. En consecuencia, se ordena notificar y emplazar a la parte demandada SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, quien tienen su domicilio en la -, comisionado al C. Actuario de la Adscripción a efecto de que se constituya en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada, para el efecto de Notificar y Emplazar a la Demandada, a la cual se le concede el término improrrogable de 5 CINCO DÍAS hábiles contados a partir del días siguiente en que queden debidamente notificados para contesten la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento legal que de no hacerlo en dicho término, se le tendrá por contestando la demanda en sentido afirmativo salvo pruebo en contrario, asimismo requiriéndole para que señale domicilio en esta Ciudad de Morelia, Michoacán para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que no hacerlo las subsecuentes les correrán por medios de listas publicadas en los estrados de este H. Tribunal." Por tanto, de las constancias aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se desprende que mediante auto de cinco de abril del año en curso, fue radicada la demanda, ordenándose notificar y emplazar a la parte demandada, en el cual se ordenó registrar la demanda bajo el número 882/2016. Ahora bien, toda vez que el juicio que nos ocupa fue promovido contra el siguiente acto: ".El acto de autoridad que se reclama consiste en la omisión para dictar los acuerdos correspondientes al AUTO DE ADMISIÓN Y RADICACIÓN Y SU EMPLAZAMIENTO correspondiente dentro del Juicio Ordinario Laboral Número 882/2016, toda vez que desde el día 14 catorce de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, esta H. Autoridad no a acordado nada hasta la fecha de su presentación." Sin embargo, debe decirse que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclamó por parte del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión para dictar el acuerdo correspondientes al auto de admisión, radicación y emplazamiento, dentro del expediente 882/2016, y si de las constancias aportadas por la autoridad responsable se desprende que el cinco de abril pasado, la responsable radico la demanda correspondiente; resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo que se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
.CON ESTA FECHA QUEDA LEGALMENTE NOTIFICADO MEDIANTE LISTA LA TERCERO INTERESADA ., DEL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ".Morelia, Michoacán, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copias certificadas del auto dictado en cinco de abril del año en curso; donde se aprecia que la responsable de mérito acordó lo siguiente: ".II. Se tiene a la parte atora por cumpliendo el requerimiento hecho por este Tribunal bajo acuerdo de fecha 23 veintitrés de enero del presente año, donde se le requirió para que señalara y precisara las actividades que realizaba para la demandada, salario y horario al cual estaba sujeto y/o cualquier otro dato que hubiere omitido. III. En virtud de lo anterior, se radica el escrito inicial de demanda, que por la vía ordinaria laboral promueve la -, a través de sus apoderados jurídicos, demanda que promueve contra de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, admitiéndose en trámite ordenándose registrar en el Libro de Gobierno bajo el número de expediente y las partes que se indican al rubro, lo anterior de conformidad con los artículos 101 y 106 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. IV. En consecuencia, se ordena notificar y emplazar a la parte demandada SECRETARIA DE EDUCACIÓN EN EL ESTADO, quien tienen su domicilio en la -, comisionado al C. Actuario de la Adscripción a efecto de que se constituya en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandada, para el efecto de Notificar y Emplazar a la Demandada, a la cual se le concede el término improrrogable de 5 CINCO DÍAS hábiles contados a partir del días siguiente en que queden debidamente notificados para contesten la demanda instaurada en su contra, con el apercibimiento legal que de no hacerlo en dicho término, se le tendrá por contestando la demanda en sentido afirmativo salvo pruebo en contrario, asimismo requiriéndole para que señale domicilio en esta Ciudad de Morelia, Michoacán para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento de que no hacerlo las subsecuentes les correrán por medios de listas publicadas en los estrados de este H. Tribunal." Por tanto, de las constancias aportadas por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, se desprende que mediante auto de cinco de abril del año en curso, fue radicada la demanda, ordenándose notificar y emplazar a la parte demandada, en el cual se ordenó registrar la demanda bajo el número 882/2016. Ahora bien, toda vez que el juicio que nos ocupa fue promovido contra el siguiente acto: ".El acto de autoridad que se reclama consiste en la omisión para dictar los acuerdos correspondientes al AUTO DE ADMISIÓN Y RADICACIÓN Y SU EMPLAZAMIENTO correspondiente dentro del Juicio Ordinario Laboral Número 882/2016, toda vez que desde el día 14 catorce de Noviembre del año 2016 dos mil dieciséis, esta H. Autoridad no a acordado nada hasta la fecha de su presentación." Sin embargo, debe decirse que en el caso ya cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que el suscrito estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la ley de amparo, por las consideraciones siguientes: El numeral en comento dispone: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La cesación de efectos se ha interpretado como aquella situación o circunstancia que acontece respecto del acto materia de reclamo constitucional y, que cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara, o bien porque, virtud a una causa accesoria, el acto reclamado deja de tener vida jurídica. De tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de sus derechos fundamentales. Ello torna improcedente el juicio de amparo, porque si el acto que se considera violatorio de sus derechos fundamentales desapareció; o bien, por un acto posterior desaparecen las consecuencias jurídicas que genera en la esfera de la impetrante de amparo, a nada práctico conduce analizar si un acto que ya no incide en la vida jurídica de la peticionaria es constitucional o no. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió la tesis de jurisprudencia 9/98, visible en la página doscientos diez, Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De la lectura del anterior criterio se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y, esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la aquí quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 54/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ochocientos ochenta y dos, Tomo XIII, Abril de dos mil uno, Materia Constitucional, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS. La cesación de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos, salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria." Hechas las consideraciones anteriores debe decirse que si de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa reclamó por parte del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, la omisión para dictar el acuerdo correspondientes al auto de admisión, radicación y emplazamiento, dentro del expediente 882/2016, y si de las constancias aportadas por la autoridad responsable se desprende que el cinco de abril pasado, la responsable radico la demanda correspondiente; resulta incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado. Por lo que se estima que han cesado los efectos del acto reclamado, y por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio, al actualizarse indudablemente la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Además, se estima válido concluir en la forma apuntada, sin necesidad de esperar el desarrollo de la audiencia constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE, porque ningún medio de prueba podría desvirtuar tan notables circunstancias, con relación al sobreseimiento, por tanto, se deja sin efectos la referida audiencia. Por esa razón, procede citar respecto a la validez de sobreseer en el juicio, previo al verificativo de la audiencia constitucional, la tesis de jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en la página 386, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente."; LO ANTERIOR POR ESTAR ASÍ ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN III Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, TODA VEZ QUE DICHA TERCERO INTERESADA A LA FECHA NO SE HA APERSONADO NI HA DESIGNADO DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES EN ESTA CIUDAD
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