Brenda Jeanette Aviña

Expediente 489/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
489/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
18/10/2021

Partes del expediente

  • Brenda Jeanette Aviña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA el provído DE DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en la cual se negó el amparo y la protección de la justicia federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado; la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN ACTUARIAL SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTITRÉS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE A LA LETRA DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 489 2021 V, promovido por **********. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintinueve de junio de dos mil veintiuno, en la oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por **********, la cual fue recibida en la misma data en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los integrantes del Tribunal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y el Director del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, ambos en esta ciudad, de los que reclamó: De la autoridad señalada en el presente como ordenadora, se reclama en el ámbito de sus atribuciones, la resolución emitida dentro del juicio oral radicada bajo el número ********** 2021, en fecha 24 de Junio del presente año 2021 dentro de la audiencia de debate celebrada a las 12:00 horas, en la cual se debatió la prórroga de la medida cautela a la cual me encuentro actualmente sujeta, esto a petición del Agente del Ministerio Público, misma que se vencería el día 28 de Junio del año 2021, esto en razón de que en esta fecha precisada se cumplen exactamente dos años desde su imposición, debate en el cual la autoridad responsable declaro procedente el extender la medida cautelar de prisión preventiva por un plazo de 12 meses más, resolución que a todas luces violenta mis derechos fundamentales a la libertad personal establecidos dentro de nuestra Constitución Política, siendo así, que con la resolución emitida por el tribunal quien se establece en el presente como autoridad responsable, se me ha privado de mi libertad personal, esto de una manera contraria a todo principio y ordenamiento legal SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de treinta de junio del año en curso, la demanda de amparo se registró con el número 489 2021 V; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a los terceros interesados, agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado adscrito a la Unidad de Antisecuestros que interviene en el juicio oral de origen 48 2021, Asesora Jurídica de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, por sí y respecto de la víctima de iniciales **********., y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3 2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto reclamado consiste en: 1. La resolución emitida el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el juicio oral ********** 2021, por el Tribunal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en el que determinó prorrogar el plazo de la medida cautelar de prisión preventiva por el término de doce meses, el cual fenecerá el veintiocho de junio de dos mil veintidós, o de manera anticipada al resolver en definitiva el proceso penal instaurado en su contra por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a y 10, fracción I, incisos b y c, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales ** 2. La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva, por la Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos. Bajo este contexto, resulta procedente tener como actos reclamados los señalados en el párrafo precedente y de los cuales se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40 2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir sus informes con justificación, el Tribunal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y la Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, ambos en esta ciudad, convinieron en la existencia de los actos de que se duele la justiciable. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, Quinta Época, Tomo VI, materia común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Lo que, además, se corrobora con la copia certificada de la resolución emitida por el Tribunal responsable, así como la videograbación de la audiencia celebrada el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el juicio oral 48 2021, constancias que, al tratarse de documentales públicas, merecen valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a. J. 43 2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL DVD. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del expediente electrónico, como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital DVD, dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Al no advertirse causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta oficiosamente, se impone abordar el examen constitucional del escrito de demanda. QUINTO. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, los cuales, en síntesis, dicen: 1. Que la autoridad responsable no motivó ni fundamentó cabalmente su determinación, puesto que no existe un razonamiento lógico jurídico que sustente su resolución. 2. Que se vulneró su derecho a que le sea administrada justicia en los plazos y términos establecidos por la ley. 3. Que se transgredió el derecho contemplado en el artículo 20 Constitucional, pues la medida cautelar de prisión preventiva a la que se encuentra sujeta, le fue impuesta el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, motivo por el cual feneció el veintiocho de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, ésta fue prorrogada por el plazo de doce meses, mismos que fenecen el veintiocho de junio de dos mil veintidós, circunstancia que contraria el texto de la carta magna, pues debió ordenar su inmediata libertad. Luego, como a la quejosa **********, le resulta el carácter de imputada, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a de la Ley de Amparo, al analizar el acto reclamado se suplirá la queja de resultar deficiente, lo cual no implica que obligadamente deba concederse el amparo solicitado, sino sólo verificar que el orden constitucional no haya sido vulnerado por el acto reclamado, en aras del respeto de la garantía de legalidad y certeza jurídica. Los conceptos de violación esgrimidos, son infundados, atendiendo a las siguientes consideraciones jurídicas: El acto reclamado en el asunto en análisis, lo constituye la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en el que se determinó la subsistencia de la vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa ** y a su coprocesado, emitida dentro del juicio oral ********** 2021. En dicha resolución, el Tribunal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, resolvió en los términos siguientes: Se llevó a cabo la individualización de las partes, destacando la presencia de los defensores, licenciada **********, defensora público penal del acusado ********** y el licenciado **********, de la acusada, aquí quejosa **********. Aquí, cabe destacar, que una vez realizada la revisión en la página https: cedulaprofesional.sep.gob.mx cedula presidencia index Avanzada.action, de la Secretaría de Educación Pública, se pudo verificar que el licenciado **, se encuentra inscrito con el número de cédula profesional 8377498, que lo acredita como licenciado en derecho; lo anterior, en observancia al criterio jurisprudencial 1a.J. 19 2021, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2023287, Undécima Época, Materias Penal, Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, de junio de 2021, Tomo IV, página 3424. 12: 15 Tribunal. Nos encontramos en el desahogo probatorio por parte de la defensa, en particular por la defensora y le pregunto por su siguiente medio de prueba. 12:15 Defensora. Señor juez, primeramente, le pediría si ya contamos con respuesta de parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, toda que se había solicitado citar a la licenciada Sandra Susana Delgado Domínguez. 12:16 Tribunal. Bien, tenemos que obran los oficios con números FGE11C.4 1 3 1670 2021, recibido el veintitrés de junio del presente año en este Tribunal, y uno más FGE11C.4 1 3 1699 2021 recibido en este Tribunal el veinticuatro de junio, ambos oficios los suscribe la licenciada **, en calidad de coordinadora del área psicosocial de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, ambos oficios van dirigidos a este Tribunal, y en ambos oficios informa al Tribunal, que la licenciada **, a quien pedimos hiciera que se presentara el día de hoy, nos informa que ya no labora en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, y nos proporciona el último domicilio particular que esa dependencia tiene registrado es decir, no está presente porque no se enteró de la cita, ya no labora en esa dependencia. 12:19 Respecto a la información que nos acaba de dar, la defensa no cuenta con medio de prueba en este momento, solicitaría de favor que se cite a la referida Sandra Susana Delgado Domínguez, en el domicilio que bien se señaló en el oficio, esto sería de no haber oposición por los intervinientes para el próximo lunes, toda vez que el día de mañana la de la voz cuenta con un examen médico en atención a la incapacidad que tuvo al inicio del presente juicio oral. Por otro lado, hay otra diversa solicitud, y esto es en cuanto al testigo **********, quien es perito en materia genética, como bien ya se había resuelto por este Tribunal en un inicio, cuando supimos de la incapacidad que cuenta la referida profesionista con motivo del embarazo de alto riesgo, la de la voz le había solicitado al tribunal ver la posibilidad de que personal precisamente del mismo Tribunal ingresara a su domicilio para llevar a cabo el desahogo, está presente aquí la respuesta pues fue en sentido negativo, porque también implica poner en riesgo el estado de la testigo; sin embargo, el día de hoy se tiene una diversa solicitud, y esta es que se desahogue su testimonio en base a lo previsto por el artículo 51, párrafo segundo, en relación con el 450 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es, que sea por videoconferencia Defensor. No habría manifestaciones al respecto Señoría. Manifestaciones de la Representación Social y el asesor jurídico. 12:25 Defensora. Únicamente aclarar Tribunal que la solicitud que hace la de la voz es que sin que se presente persona del Tribunal, es decir que la testigo, ver la posibilidad de que se conecte por medio de algunas de las aplicaciones, zoom, por medio de WhatsApp en conferencia, y otra, no recuerdo el nombre completo de la que utiliza el Tribunal la aplicación de webex 12:27 Tribunal realiza preguntas sobre el desahogo de las pruebas. 12:27 Defensor. No haría ninguna manifestación señoría, nos apegaríamos a la petición de la defensa. 12:30 Tribunal resuelve sobre las peticiones de la defensa, y ordena indagar sobre el número telefónico de la perito **********, a efecto de comunicarse con ésta e indagar si era posible desahogar su testimonio a través de videoconferencia, quedando pendiente señalar fecha y hora para su desahogo. Y se acordó fijar fecha y hora para el desahogo de la declaración de Sandra Susana Delgado Domínguez. 12:34 Solicitud del agente del Ministerio Público. Si su señoría, por parte de esta representación social le haré una petición más; en virtud de la citación que se acaba de resolver por parte del Tribunal, de continuar el día veintiocho, cabe manifestar que este día vence la medida cautelar de los acusados, por lo cual su señoría, es que esta representación social solicita que se prorrogue la medida cautelar de prisión preventiva; en primer punto, toda vez que atendiendo al principio de proporcionalidad, pues es la única medida cautelar que pueda garantizar la presencia de los imputados en el juicio y evitar una probable sustracción de la justicia; en segundo término, toda vez que se establece de manera oficiosa en el artículo 19 de la Constitución; y, en siguiente término, porque toda vez que como lo maneja el artículo 165 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ésta podrá ser prorrogada debido al ejercicio del derecho de la defensa de los imputados, tal como se está realizando en esta situación, debido a que el debido juicio se ha estado difiriendo por cuestiones de la defensa, así como cuestiones de citación de testigos al presente juicio, así como una situación del momento del periodo de investigación, ya que fue prorrogado tres meses más; asimismo, por cuestiones de defensa, es por lo cual se solicita su señoría se prorrogue la prisión preventiva; aunado a esto, de que ya estamos en una etapa de juicio pues bastante avanzada, casi próxima a terminar, se prorrogue únicamente hasta el momento en el que se dé un fallo, ya sea en el sentido pues condenatorio o absolutorio, dependiendo de lo que el tribunal así considere. 12:36 Tribunal. Bien, suspendemos un poquito la petición, ya la defensora había pedido fecha y hora para continuar el lunes; sin embargo, quiero preguntarle antes de responder su petición ¿si va a desahogar otro medio de prueba hoy? 12:36 Defensora. No señor juez, por el día de hoy, no. 12:36 Tribunal pregunta al asesor jurídico. 12:36 Asesor jurídico. En los mismos términos que la representación social. 12:36 Defensora. Por parte de la de la voz, no hay ningún inconveniente, entiende la defensa en la situación en la que nos encontramos y todo lo que ha precisado el agente del ministerio público. Defensor. Señor, por parte del defensor sí habría una oposición, en el sentido de que la interpretación que la fiscalía le está dando al artículo 165, a considerar del de la voz, es incorrecto, puesto que el hecho de tener un desahogo de pruebas en el juicio, no es una forma de dilatar por parte de la defensa, sino en ejercicio precisamente de la legislación de la igualdad en el proceso; por lo que considera que no sería una causa justificante, siendo así que el mismo artículo 165, en su segundo párrafo, es muy claro en decir que en ningún caso será superior a dos años, siendo así que el día veintiocho precisamente se cumplen los dos años, e insistiendo, no es a causa de cuestiones de defensa, sino como refiere el ministerio público en la investigación no hay ninguna determinación establecida por el órgano jurisdiccional en el sentido de que precisamente se haya podido suspender al momento idóneo para solicitarlo, que se suspendiera el cómputo de la prisión a causa de la defensa, pero aún así no hay una determinación por parte del tribunal, por lo que esta defensa considera que no se debe conceder la petición al ministerio público, máxime que, efectivamente, aún faltan días para el vencimiento de la prisión preventiva y se debe tomar en cuenta precisamente este artículo que no se debe exceder de los dos años en ninguno de los casos; e insistiendo, que el desahogo de las pruebas en el presente juicio, no es una cuestión de dilatación por parte de la defensa, puesto que se está ejerciendo precisamente los derechos que la legislación le atribuye a los acusados, en este caso, por medio de sus defensores, por lo cual no estaríamos de acuerdo en la petición que está realizando el agente del ministerio público. 12:39 Tribunal Tenemos que el artículo 1º de la Constitución Federal, establece que en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, pues de aquí se desprende, de este artículo, que los derechos fundamentales, los derechos humanos, no son absolutos; es decir, el reconocimiento a nivel constitucional, indica que también a nivel constitucional pueden ser suspendidos o restringidos esos derechos. Al respecto, tenemos que el artículo 20, apartado b, fracción IX, de la Constitución Federal, en su segundo párrafo, dice que la prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al derecho de defensa del imputado; es decir, aquí al mismo nivel constitucional, hay una posibilidad de restringir o suspender esa garantía, que es que la prisión preventiva no exceda de dos años, y esa suspensión o restricción será cuando se haga el ejercicio de derecho de defensa del imputado. Para ello, hay que tener claro primero que es el derecho de defensa, para después saber si los acusados lo están ejerciendo o no; tenemos que el derecho de defensa es un derecho fundamental, que está reconocido a nivel constitucional y también en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y ese derecho a la defensa, debe ser protegido en todo procedimiento penal. El derecho a la defensa son, pues, dispositivos o garantías para que cualquier acusado de un delito pueda defenderse precisamente de esa acusación o esa imputación; al respecto tenemos que, a nivel de tratados internacionales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14.1., dice que toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley; también, el artículo 14.3, inciso d, dice que es un derecho de los acusados, a hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistido por un defensor de su elección; y, también, el artículo 14.3. pero inciso e, dice que tienen derecho los acusados a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de los testigos de descargo, y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo; también el artículo 14.5., dice que toda persona declarada culpable de un delito, tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se la haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley. Tenemos también que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, que conocemos como pacto de San José, tenemos que en el artículo 8.1., dice que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro del plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella; así también el artículo 8.2. inciso d), inciso e), inciso f), inciso h), dice lo siguiente con respecto al d) que el derecho del inculpado de defenderse personalmente, o ser asistido por un defensor de su elección y comunicarse libre y privadamente con su defensor, el inciso e), derecho irrenunciable a ser asistido por un defensor proporcionado por el estado, inciso f), derecho a la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y obtener una comparecencia como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos, inciso h), derecho de recurrir el fallo ante juez o tribunal superior; igual el 8.5., el proceso penal debe ser publico salvo lo que sea necesario para preservar los intereses de la justicia. Con respecto a la Constitución, pues tenemos que el articulo 20, apartado B), fracción IV, de la Constitución Federal, dice que tiene derecho toda persona imputada a que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca; así también, el artículo 20, apartado B), pero en su fracción V, el derecho a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; es decir, el debido proceso, que tiene está íntimamente, perdón, el derecho a la defensa está íntimamente ligado al proceso, es el proceso ordinario, en el que se encuentran establecidas las garantías para la defensa de los acusados; es decir, todos los actos que ejerzan dentro del procedimiento penal está ejerciendo su derecho de defensa. No es posible pensar que nada más, por ejemplo, en un juicio de amparo, ejerzan derechos de defensa, porque entonces seria pensar que en todo el procedimiento no tuvo derecho a defenderse y será hasta que tenga un fallo cuando vaya a un tribunal federal, ahora así a ejercer ese derecho de defensa. Entonces, el derecho a la defensa está en todo el procedimiento penal, y para saber si los acusados han ejercido ese derecho de defensa, tenemos un auto de apertura a juicio oral, en el cual, los acusados optaron por ejercer su derecho a la defensa que establece el artículo 20, apartado B), fracción V, de la Constitución Federal; es decir, ejercieron su derecho a ser juzgado en una audiencia pública y por un juez o tribunal, así también han ejercido su derecho de defensa de que se le reciban los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezcan, como lo establece el artículo 20, apartado B), pero en su fracción IV; es decir, desde el momento en el auto de apertura, que es lo más cercano que tenemos, se acogieron a una audiencia pública, han ejercido su derecho de defensa y en este juico, al que se acogieron, a través de sus defensores, han contrainterrogado a toda la prueba de cargo, es decir, han estado ejerciendo su derecho de defensa durante todo el procedimiento; y, posiblemente, si hubiera una condena condenatoria, si hubiese, o tienen también derecho a la defensa que son los recursos que ya se dieron cuenta que están establecidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es decir, cuando ejerzan un recurso de una sentencia que no le favorezca, nuevamente va a ejercer su derecho de defensa; el derecho de defensa, como ya se dijo, está en todo el procedimiento, no tiene que terminar éste, para que cuando se vaya al amparo, ahí empiece el derecho a la defensa, esa no es una forma razonable de considerar al derecho a la defensa. Este tribunal considera pues, que los acusados hasta este momento han ejercido su derecho a la defensa y lo están ejerciendo en esta audiencia, y hay la posibilidad de que, si el fallo no les fuera favorable, lo ejerzan aún más con una impugnación de la sentencia que no les favorezca, es decir, lo están ejerciendo en este momento y hay la posibilidad de que lo ejerzan en un momento posterior. Tenemos también, que el artículo 19, segundo párrafo de la Constitución Federal, establece que el delito de secuestro es de prisión preventiva oficiosa; es decir, no se le puede imponer ninguna otra, el ministerio público está obligado a solicitarla y el tribunal está imponerla, no se le puede imponer otra, a eso se refiere la oficiosidad. Tenemos que como bien lo dijo el ministerio público, la medida cautelar que establece el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, le fue impuesta a los acusados la prisión preventiva el veintiocho de julio de dos mil diecinueve y está vigente con una renovación de la misma, prórroga para que venza el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, es decir, el próximo lunes vence la medida cautelar de prisión preventiva por dos años; sin embargo, por todo lo expuesto y considerando que han ejercido su derecho de defensa, lo están ejerciendo en esta audiencia y hay la posibilidad de que lo ejercen si el fallo no les favorezca, tenemos que es dable por este tribunal, prorrogar la media cautelar de prisión preventiva que establece el artículo 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales, por doce meses más, esta medida cautelar podrá fenecer antes de ese tiempo, en el primer caso, si este tribunal dictare una sentencia absolutoria, es decir, si este juicio terminare en una semana y fuera sentencia absolutoria, en ese momento cesa la medida cautelar de prisión preventiva, y un segundo momento en que podrá fenecer la medida cautelar de prisión preventiva impuesta, seria si recae una sentencia condenatoria, esta causa ejecutoria, es decir, el plazo de doce meses permitirá en todo caso en caso de que no les favorezca a los acusados la sentencia condenatoria, si así fuera, tendrán el tiempo suficiente para recurrir esa sentencia que no le favoreciera, que generalmente duran de seis a siete meses en este tribunal resolver una impugnación de ese tipo, por lo tanto consideramos que es dable prorrogar por ese tiempo y se ordena, y esta va a vencer, claro, el veintiocho de junio del año dos mil veintidós, por lo tanto se ordena enviar atento oficio a la autoridad penitenciaria, para la vigilancia y cumplimiento de la medida cautelar prorrogada en los términos que ya se mencionaron. De lo resultó quedan legalmente notificados los intervienes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Una vez analizada tal determinación, esta Juzgadora considera que el Tribunal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, actuó de manera correcta, pues con base en las circunstancias del caso, resulta apegada a derecho la determinación de la prórroga de la vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa, dentro del juicio oral 48 2021. En principio, es importante poner en relieve, que para fijar el alcance de un precepto constitucional, resulta necesario atender a los principios establecidos en la misma, para arribar a una conclusión coherente y sistemática. Lo que es de esa manera, toda vez que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forman parte de un sistema constitucional, por lo que al interpretarlos, debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez, al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones. Abona lo anterior, la tesis P. XII 2006, con registro digital 175912, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de febrero de 2006, página 25, de contenido: INTERPRETACIÓN CONSTITUCIONAL. AL FIJAR EL ALCANCE DE UN DETERMINADO PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS DEBE ATENDERSE A LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN ELLA, ARRIBANDO A UNA CONCLUSIÓN CONGRUENTE Y SISTEMÁTICA. En virtud de que cada uno de los preceptos contenidos en la Norma Fundamental forma parte de un sistema constitucional, al interpretarlos debe partirse por reconocer, como principio general, que el sentido que se les atribuya debe ser congruente con lo establecido en las diversas disposiciones constitucionales que integran ese sistema, lo que se justifica por el hecho de que todos ellos se erigen en el parámetro de validez al tenor del cual se desarrolla el orden jurídico nacional, por lo que de aceptar interpretaciones constitucionales que pudieran dar lugar a contradecir frontalmente lo establecido en otras normas de la propia Constitución, se estaría atribuyendo a la voluntad soberana la intención de provocar grave incertidumbre entre los gobernados al regirse por una Norma Fundamental que es fuente de contradicciones; sin dejar de reconocer que en ésta pueden establecerse excepciones, las cuales deben preverse expresamente y no derivar de una interpretación que desatienda los fines del Constituyente. Bajo dicho contexto, esta Juzgadora, considera que la regla de derecho constitucional procesal inherente a que la prisión preventiva no debe de exceder los dos años de prisión, establecida en el artículo 20, Apartado B, fracción IX del Pacto Federal, al precisar: 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. B. De los derechos de toda persona imputada: IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. Debe interpretarse de manera sistemática, acorde a lo establecido en el artículo 19, segundo párrafo Constitucional, que señala: 19. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. En efecto, es importante poner en relieve que al introducir en el orden jurídico doméstico el sistema penal acusatorio, el poder reformador estableció una serie de delitos en los cuales, de manera oficiosa, es decir, sin que exista petición del Ministerio Público y sin que sea necesario efectuar un análisis de la proporcionalidad y razonabilidad, el Juez del proceso debe imponer la medida cautelar de prisión preventiva, siendo estos: en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud. Se reitera, cuando se dicta un auto de vinculación a proceso por alguno de los delitos antes mencionados, el Juez de Control de manera obligatoria, sin realizar un debate sobre la racionalidad y proporcionalidad de la injerencia del Estado en los derechos del investigado, debe ordenar la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, constituyendo de esta manera, un régimen de excepción, en el que se limitan el derecho del imputado a seguir el proceso bajo una medida cautelar diferente a la prisión preventiva. Bajo este parámetro, de una interpretación sistemática, con miras a obtener una coherencia y unificación constitucional, se obtiene que la regla de derecho constitucional procesal establecida en el artículo 20, Apartado B, fracción IX, del Pacto Federal, resulta aplicable únicamente en los procedimientos penales que se ventilan por delitos no contemplados en el artículo 19, segundo párrafo, de la Norma Suprema. Lo que es de esa manera, toda vez que la Carga Magna, es tajante en determinar que al imputado por alguno de los delitos expresamente señalados en el numeral 19, por su impacto social, forzosamente debe de aplicársele la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso penal. Pues en ese tipo de delitos, como el secuestro la pretensión punitiva del Estado, resulta de un peso superior al derecho a la libertad personal del imputado, por lo que se debe disminuir al máximo la posibilidad de que el imputado evada la acción de la justicia, lo que únicamente se logra con la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva. Bajo esos lineamientos, retomando el acto reclamado, consistente en la resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, en la que se determinó prorrogar la vigencia de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta a la quejosa ***, emitida dentro del juicio oral **********2021. Resulta evidente que la misma se encuentra ajustada a derecho, toda vez que a **********, como lo señaló el Tribunal responsable, se le instruye juicio por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a y 10, fracción I, incisos b y c, de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales **; por lo que le fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en términos del artículo 19 Constitucional. En ese sentido, la aquí quejosa **por el hecho delictuoso por el que se le acusó, se encuentra inmersa en un régimen especial del proceso penal, en el cual, por disposición constitucional del numeral 19 de la Carta Magna, sin mediar un análisis de la proporcionalidad y razonabilidad, el Tribunal del juicio oral se encuentra obligado a prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva, esto es, no es posible aplicarle una medida cautelar menos gravosa. Por lo tanto, no le resulta aplicable a la quejosa la regla de derecho constitucional procesal, establecida en el artículo 20, Apartado B, fracción IX, debido a la gravedad del delito que se le atribuye. Lo cual se corrobora, con lo establecido en el artículo 2º, párrafo segundo, de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que los imputados por la comisión de alguno de los delitos señalados en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de dicha Ley, durante el proceso penal estarán sujetos a la prisión preventiva oficiosa. En sustento a lo anterior se cita la tesis I.9o.P.135 P, con registro digital 2013848, del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la Décima Época, Materia Penal, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 40, de marzo de 2017, Tomo IV, página 2863, del rubro y texto: PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO, ES IMPROCEDENTE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, AUN CUANDO SU DURACIÓN EXCEDIERA DEL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE SE HAYA EMITIDO LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE. El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el tema de los derechos humanos, acoge principios importantes y trascendentes, cuyos postulados se rigen favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Luego, el principio de convencionalidad implica la obligación de aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico, así como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. Así, en el ámbito de las obligaciones, toda autoridad debe promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos; no obstante, el propio artículo 1o. y el 29 de la Ley Fundamental señalan restricciones en determinados supuestos a esos derechos humanos, esto cuando la propia Constitución así lo establezca. Por lo que las restricciones constitucionales al goce y su ejercicio de los derechos y libertades prevalecen sobre la norma convencional, sin dar lugar a emprender algún juicio de ponderación posterior. Así, el derecho a la libertad provisional y otras medidas cautelares, como excepción a la prisión preventiva, conforme al artículo 19 constitucional, en los casos de delincuencia organizada y secuestro, constituye un régimen de excepción, que también se contiene en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud de lo cual, tratándose de los delitos señalados, es improcedente ordenar el cese de la prisión preventiva y la imposición de una medida cautelar distinta, aun cuando su duración excediera del plazo de dos años, sin que se haya emitido la sentencia definitiva correspondiente; máxime si en el particular, ese exceso se justifica en el ejercicio de defensa del imputado. Los razonamientos expuestos con antelación, evidencian lo infundado del concepto de violación de la parte quejosa, en el sentido de que se transgredió el derecho contemplado en el artículo 20 Constitucional, pues la medida cautelar de prisión preventiva a la que se encuentra sujeta, le fue impuesta el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, motivo por el cual feneció el veintiocho de junio de dos mil veintiuno; sin embargo, ésta fue prorrogada por el plazo de doce meses, mismos que fenecen el veintiocho de junio de dos mil veintidós, circunstancia que contraria el texto de la carta magna, pues debió ordenar su inmediata libertad; pues la promovente pierde de vista, que fue acusada en el juicio oral **********2021 por el delito de secuestro agravado, previsto y sancionado por el artículo 9, fracción I, inciso a y 10, fracción I, incisos b y c de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción XXI, del artículo 73, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se encuentra inmersa en un régimen especial del proceso penal, en el cual, por disposición constitucional del numeral 19 de la Carta Magna, sin mediar un análisis de la proporcionalidad y razonabilidad, el Tribunal de origen se encuentra obligado a prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva, esto es, no es posible aplicarle una medida cautelar menos gravosa. Por lo tanto, no le resulta aplicable la regla de derecho constitucional procesal, establecida en el artículo 20, Apartado B, fracción IX del Pacto Federal, debido a la gravedad del delito que se le atribuye. Igualmente, resulta infundado su concepto de violación, respecto a que la autoridad responsable no motivó ni fundamentó cabalmente su determinación, puesto que no existe un razonamiento lógico jurídico que sustente su resolución. Lo anterior es así, pues debe acotarse que como requisito fundamental de todo acto de autoridad, debe estar debidamente fundado y motivado, debiéndose entender por lo primero fundar, que en la determinación pronunciada ha de expresarse con precisión, el precepto o preceptos legales aplicables al caso y por lo segundo motivar que en el acto de autoridad han de señalarse las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tomado en consideración para su emisión. Siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamentación, debiendo establecerse la relación que exista entre uno y otro. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 1a. J. 139 2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, de diciembre de 2005, Materia Común, página 162, de la Novena Época, registro 176546, que a la letra dice: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. En ese contexto, una vez analizado el disco versátil que contiene la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se advierte que el Tribunal del Sistema Penal Acusatorio cumplió con los requisitos de legalidad establecidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que fundó y motivó la causa legal de su proceder, en virtud que citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto, entre los que destacan, los artículos 19 y 20, apartado b, fracciones, IV, V y IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 155, fracción XIV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. De lo que se sigue que, a la luz del contenido de tales dispositivos, consideró de manera individual y conjunta, conforme a sus atribuciones legales, que la aquí quejosa se encontraba ejerciendo su derecho de defensa, circunstancia que motivó que se prorrogara el plazo de la medida cautelar de prisión preventiva por doce meses, mismo que fenece el veintiocho de junio de dos mil veintidós, aunado a que acorde a lo establecido en el texto Constitucional, y toda vez que la justiciable es acusada por el delito de secuestro, no es posible imponer una medida cautelar diversa a la de prisión preventiva. Así también, de la reproducción audiovisual correspondiente, puede advertirse que expuso en su resolución, los razonamientos que consideró oportunos, con lo cual se acredita que el acto reclamado cumple, además, con los requisitos que al efecto exige el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la acusada y su defensa pudieron conocer los preceptos legales que facultaron al Tribunal a pronunciarse en el sentido en que lo hizo, así como los razonamientos lógico jurídicos en los que apoyó tal determinación, con lo que se garantiza su derecho a una debida defensa. Por tanto, es dable colegir que el Tribunal del Sistema Penal Acusatorio, sí cumplió con el requisito formal de que toda resolución debe estar fundada y motivada. Finalmente, en lo relativo a su concepto de violación, respecto a que se vulneró su derecho a que le sea administrada justicia en los plazos y términos establecidos por la ley; deviene infundado. Se arriba a dicha conclusión, pues de la videograbación que contiene la audiencia de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, destaca que una vez que se llevó a cabo la individualización de las partes, se contó con la presencia de los defensores, licenciada **********, defensora público penal del acusado ********** y el licenciado **********, de la acusada, aquí quejosa **********. De este modo, la defensora público solicitó el desahogo de los testimonios de la licenciada **********, quien en su tiempo perteneció a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua, fijando fecha para su verificativo; así como de **********, perito en materia genética, siendo que ésta última cuenta con una incapacidad con motivo del embarazo de alto riesgo, de ahí que se llevaron a cabo las gestiones pertinentes para ver la posibilidad de llevar a cabo dicha diligencia a través de videoconferencia; circunstancia con la que manifestó su conformidad la defensa de la aquí quejosa, pues de manera textual refirió No haría ninguna manifestación señoría, nos apegaríamos a la petición de la defensa. Lo que lleva a concluir que el proceso penal de origen se ha visto prorrogado con motivo del ejercicio de defensa de la quejosa ** respetando así las prerrogativas que salvaguarda el derecho de defensa, que consiste a ser oído con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Cobra aplicación la jurisprudencia 1a.J. 11 2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2005716, Décima Época, Materias Constitucional, Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, de febrero de 2014, Tomo I, página 396, que a la letra dice: DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO. Dentro de las garantías del debido proceso existe un núcleo duro, que debe observarse inexcusablemente en todo procedimiento jurisdiccional, y otro de garantías que son aplicables en los procesos que impliquen un ejercicio de la potestad punitiva del Estado. Así, en cuanto al núcleo duro, las garantías del debido proceso que aplican a cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional son las que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha identificado como formalidades esenciales del procedimiento, cuyo conjunto integra la garantía de audiencia, las cuales permiten que los gobernados ejerzan sus defensas antes de que las autoridades modifiquen su esfera jurídica definitivamente. Al respecto, el Tribunal en Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P J. 47 95, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, diciembre de 1995, página 133, de rubro: FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: i la notificación del inicio del procedimiento; ii la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; iii la oportunidad de alegar; y, iv una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por esta Primera Sala como parte de esta formalidad. Ahora bien, el otro núcleo es identificado comúnmente con el elenco de garantías mínimo que debe tener toda persona cuya esfera jurídica pretenda modificarse mediante la actividad punitiva del Estado, como ocurre, por ejemplo, con el derecho penal, migratorio, fiscal o administrativo, en donde se exigirá que se hagan compatibles las garantías con la materia específica del asunto. Por tanto, dentro de esta categoría de garantías del debido proceso, se identifican dos especies: la primera, que corresponde a todas las personas independientemente de su condición, nacionalidad, género, edad, etcétera, dentro de las que están, por ejemplo, el derecho a contar con un abogado, a no declarar contra sí mismo o a conocer la causa del procedimiento sancionatorio; y la segunda, que es la combinación del elenco mínimo de garantías con el derecho de igualdad ante la ley, y que protege a aquellas personas que pueden encontrarse en una situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico, por pertenecer a algún grupo vulnerable, por ejemplo, el derecho a la notificación y asistencia consular, el derecho a contar con un traductor o intérprete, el derecho de las niñas y los niños a que su detención sea notificada a quienes ejerzan su patria potestad y tutela, entre otras de igual naturaleza. Misma consideración se realiza respecto a los actos de ejecución reclamados a la Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Número Tres, en esta ciudad, por no reclamarse por vicios propios, sino como consecuencia de la resolución emitida el veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dentro del juicio oral 48 2021. Así, con base en las consideraciones expuestas, infundados como resultan los conceptos de violación y al no advertirse violación a los derechos humanos y sus garantías, en perjuicio de la quejosa **, y no advirtiéndose deficiencia de queja que suplir, ni violación manifiesta de la ley generadora de indefensión, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, 78 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, contra los actos que reclamó resolución de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno en el juicio oral 48 2021 al Tribunal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos y a la Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Número Dos, por los razonamientos precisados en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente a las partes. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********, hoy veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinte de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, se advierte que no ha transcurrido en su totalidad el término de ocho días que deben mediar entre la notificación a las partes de la rendición del informe justificado y la celebración de la audiencia constitucional, dado que el doce de los corrientes, se emplazó a juicio al tercero interesado de nombre de iniciales *******, por conducto del licenciado *******, asesor jurídico de la víctima, por lo que aún se encuentra en aptitud de imponerse del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, Titular del Centro de Reinserción Social Estatal Femenil Numero Dos y Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, y, en su caso, hacer valer lo que a su interés convenga. En tal sentido, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para su desahogo. Por último, notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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