Brenda Jazmín Fraere Prieto

Expediente 340/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
340/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • Brenda Jazmín Fraere Prieto

Actuaciones

  1. Principal

    se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, al no existir diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo que emitir, archívese como asunto concluido. Se hace la precisión que este expediente es destruible una vez que transcurran tres años

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LSITA AL PROMOVENTE EL PROVEÍDO DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Brenda Jazmín Fraere Prieto, contra los actos del Juzgado Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta Ciudad, por considerarlos violatorio del artículo 16 Constitucional. Regístrese en el libro de gobierno de juicios de amparo con el consecutivo 340/2021-VIII, y fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); para tal efecto, se instruye al Analista Jurídico SISE y al oficial encargado del libro de gobierno. Ahora bien, del contenido íntegro de la demanda de amparo, se advierte que la peticionaria de amparo reclama el desechamiento de las pruebas ofrecidas en el expediente 106/2021 del índice del Juzgado Tercero Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos. Como cuestión preferente es necesario analizar la procedencia de la acción de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura de este artículo se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de garantías. Por otra parte, el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional y el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I, II. (.); III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) (.); b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y.". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I a IV. (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.) Por su parte, el segundo precepto en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se aprecia, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. De esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza, como se establece en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, antes precisado; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley invocada, pues dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I a XXII (.); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que son aquellos actos dictados en juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y no los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales; según queda de manifiesto en la jurisprudencia P./J. 24/92, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 - septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional, Volumen 1, Común, Parte 1, Quinta Sección, Procedencia del Amparo indirecto, número 613, página 678, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Lo anterior significa que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado, que tutela la constitución por medio de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. Esto es, en el supuesto de que la resolución que recaiga al juicio o procedimiento administrativo de donde derivan los actos reclamados, resulte favorable a sus intereses, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y sólo trascenderán en el caso de que la misma fuera contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos. También debe señalarse que las violaciones procesales pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de estas circunstancias imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. De ahí que, los actos que se reclaman por la quejosa referente al desechamiento de las pruebas que ofreció en el expediente 106/2021 del Juzgado Tercero de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se advierte que los elementos de la definición de ejecución irreparable, no se actualiza en dicho acto reclamado; ya que los efectos de éste consiste en que no se tengan por admitidas las pruebas allegadas. Por tanto, con dichos actos sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte impetrante de derechos fundamentales vinculados al trámite del juicio de origen, sin que con ello se afecten derechos de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues la determinación de desechar una o varias pruebas de la parte actora, ningún perjuicio irreparable le irroga en este momento, pues no se le deja en estado de indefensión que le prohíba su adecuada defensa en el procedimiento, ya que cuenta con los recursos que establece la legislación aplicable para modificar o revocar la resolución que en su momento se dicte, cuando en todo caso, le depare un perjuicio al promovente. Es aplicable al caso, por su contenido, en lo conducente, la tesis IV.3o.111 K, del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV-2, correspondiente a febrero de 1995, Materia Común, página 489, del tenor siguiente: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio". En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos ni constituir una afectación exorbitante, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 107, fracción V, aplicada a contrario sensu y con apoyo en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR la demanda de amparo. En términos del artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Júcar número 884 del Fraccionamiento los Nogales, en esta ciudad y como autorizado términos restringidos, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones al licenciado Héctor Silverio Hernández Ochoa, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, así como toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los Actuarios deberán digitalizar todos aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el Secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.

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