Brenda Ivvone Najera Durán y Otros.
Expediente 624/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Brenda Ivvone Najera Durán y Otros.
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente expediente es destruible en el plazo de tres años, ya que se desechó la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 20, fracción IV de esa normatividad. Finalmente, agréguese la promoción proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca y, en atención a su contenido, remítase el acuse de recibo que solicita, el cual se ordenó en auto de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, haciendo de su conocimiento que este órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto 715/2023-VII, del índice del juzgado oficiante. Notifíquese personalmente a los quejosos en su centro de reclusión.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México; veinticinco de mayo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Agréguese el oficio remitido por la Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, por medio del cual informa el acuerdo dictado el doce de mayo del año en curso, en el juicio de amparo 715/2023-VII, del que se advierte que ese órgano jurisdiccional declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por Berenice Escobar Bravo, quien se ostenta como defensora privada de los directos quejosos Brenda Ivvone Nájera Durán y José Edgar Vázquez Páramo, contra actos atribuidos al Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. Acúsese recibo. Ahora, de la misiva de cuenta se advierte que el Juzgado oficiante declaró carecer de competencia legal por cuestión de territorio para conocer de la demanda de amparo que remite, pues sustancialmente adujo que la autoridad señalada como ordenadora, la cual conoce del procedimiento de origen, tiene su residencia en el municipio de Ecatepec, Estado de México, localidad que se ubica dentro del territorio en el que este Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. Así, una vez impuesto el suscrito de las constancias remitidas, así como de las que obran en el expediente electrónico del juicio que se recibe, acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento de la demanda de amparo. En este sentido, se acuerda: ANOTACIONES Anótese el ingreso del juicio que se recibe, promovido por Berenice Escobar Bravo, quien se ostenta como defensora privada de los directos quejosos Brenda Ivvone Nájera Durán y José Edgar Vázquez Páramo, en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el número de expediente 624/2023-II-B. ACTOS RECLAMADOS Del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados, los siguientes: a) El acuerdo del dieciséis de abril de dos mil veintitrés, dentro del cual se fija una garantía económica de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional) para gozar de su libertad durante el procedimiento. b) El auto de vinculación a proceso del diecinueve de abril de dos mil veintitrés relativo a la carpeta judicial 611/2023 del índice del Juez de Control adscrito al Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/6, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, el suscrito estima que para el acto reclamado precisado en el inciso a), se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí es donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías." Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole penal, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En el caso que nos ocupa, la parte quejosa se duele de la imposición de la medida cautelar económica por la cantidad de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), la cual fue impuesta en la carpeta judicial 611/2023 por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, por lo que es evidente que es parte formal y material dentro del procedimiento del cual deriva la determinación combatida, de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligada a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes dentro del expediente natural. Bajo el esquema apuntado, los artículos 160 y 467, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado, prevé como medio de defensa el recurso de apelación, el cual procede contra todas las decisiones judiciales relativas a las medidas cautelares, como en el caso sucede con el auto dictado el dieciséis de abril de dos mil veintitrés, en la carpeta judicial 611/2023 por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México, en la que se impuso a los quejosos la exhibición de la cantidad económica de $600,000.00 (seiscientos mil pesos 00/100 moneda nacional), para gozar de su libertad durante el procedimiento. En efecto, a través de dicho medio ordinario de defensa puede lograrse la revocación, modificación o nulificación de la determinación que ahora se combate, por lo que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía, resulta incuestionable que no puede acudir a la extraordinaria del juicio de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad que lo rige. Sirve de apoyo la tesis II.3o.P.59 P (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, de contenido: "MEDIDA CAUTELAR DE EXHIBICIÓN DE GARANTÍA ECONÓMICA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA IMPONE PROCEDE EL RECURSO DE APELACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 467, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, POR LO QUE EN OBSERVANCIA AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, DEBE AGOTARSE PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La medida cautelar de exhibición de garantía económica es de naturaleza real, ya que únicamente implica una afectación monetaria, pues requiere a los imputados a efecto de que exhiban una cantidad definida para garantizar su presencia en el proceso penal. Lo que revela que, por regla general, su imposición no restringe, ni siquiera en forma indirecta, la libertad personal de los imputados, ya que se circunscribe a que exhiban una determinada cantidad, sin que con esa imposición se limite o restrinja su libertad personal. En estas condiciones, si en el juicio de amparo indirecto se reclama la resolución del Juez de Control del sistema penal acusatorio que impone al imputado la medida cautelar de exhibición de garantía económica, establecida en el artículo 155, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo pues, previo a promoverlo, debe agotarse el recurso de apelación regulado en el diverso artículo 467, fracción V, del propio código, en observancia al principio de definitividad, sin que se actualice alguna excepción a éste, ya que como se refirió, el acto reclamado no impone una medida cautelar restrictiva de la libertad, ni se trata de un acto que afecte la libertad personal, sólo implica una afectación económica. No obsta a lo anterior, el hecho de que en caso de un eventual incumplimiento a la exhibición monetaria, con base en lo expuesto por la Representación Social y la decisión del Juez de Control, pueda imponerse una medida cautelar diferente, la cual podría -de estimarlo conveniente la autoridad jurisdiccional- afectar la libertad personal; sin embargo, dicha afectación, en caso de imponerse, sería consecuencia directa e inmediata de una diversa determinación judicial, futura y de acontecimiento incierto." En adición a lo expuesto debe decirse que no se está en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad que refiere la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco, la medida cautelar consiste en ordenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa. No se soslaya que la medida cautelar combatida pueda ocasionar un perjuicio en los derechos fundamentales del gobernado; sin embargo, la primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el principio de definitividad es de cumplimiento irrestricto aun tratándose de actos de imposible reparación. Así lo afirmó en la jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), que se cita por analogía y que establece lo siguiente: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Ahora bien, por lo que respecta al acto reclamado precisado en el inciso b), se estima que se actualiza la hipótesis normativa contenida en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. De dicho numeral se advierte que la causa de improcedencia en éste contenida se denomina doctrinariamente como litispendencia, la cual se actualiza al verificarse los siguientes elementos: a) La ley o acto reclamado se cuestione simultáneamente en dos juicios de amparo; b) Los juicios estén pendientes de resolución; y c) Ambos juicios se hubiesen promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Ahora bien, en el presente caso, los requisitos referidos se encuentran acreditados, ya que en el presente juicio de amparo, el quejoso reclama: b) El auto de vinculación a proceso de diecinueve de abril de dos mil veintitrés, relativo a la carpeta judicial 611/2023 del índice del Juez de Control adscrito al Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México. Asimismo, la aquí promovente Berenice Escobar Bravo, quien se ostenta como defensora particular de Brenda Ivvone Nájera Durán y José Edgar Vázquez Páramo, reclamó los mismos actos en el diverso juicio de amparo 570/2023-IV, del índice de este Juzgado de Distrito, precisando la misma autoridad que aquí refiere, expediente que a la fecha se encuentra pendiente de resolución, lo cual constituye un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, legislación de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición expresa de su numeral 2 En esas condiciones, es evidente para el suscrito que en este asunto se actualiza la causa de improcedencia aludida, debido a que el presente juicio de amparo fue recibido con posterioridad al diverso 570/2023-IV, del índice de este órgano jurisdiccional, por lo que se estima que de ninguna manera puede desvirtuarse la causa de improcedencia analizada. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, compilada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, de rubro y contenido siguientes: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." También resulta ilustrativa la tesis I.11o.C.31 K (10a.) del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II, página 3029, que dice: "LITISPENDENCIA. CASOS EN QUE SE ACTUALIZA ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO La causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que comúnmente se conoce como litispendencia, pretende evitar que se emitan sentencias contradictorias sobre la misma controversia, pues no es posible que en varios juicios se examine el mismo acto, ya que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez, de manera que su actualización depende, necesariamente, de que exista identidad en el quejoso, las autoridades responsables y el acto reclamado pero, sobre todo, que al momento de presentar la demanda de amparo exista otro juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución. Esto es, el juicio de amparo será improcedente por litispendencia, cuando exista otro juicio en trámite o pendiente de resolución -en primera o segunda instancia-, y se promueva una segunda o ulterior demanda de amparo: por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto o norma general. En este caso, basta que se reúnan los anteriores requisitos para que el amparo sea improcedente aunque las violaciones que se aduzcan sean distintas. Esto es, no constituye un requisito indispensable que se trate de demandas de amparo idénticas. Entendiéndose por juicio de amparo en trámite, aquel asunto que ya ha sido promovido y que no se ha resuelto en definitiva, o si se trata de un juicio de amparo cuya sentencia admita la procedencia del recurso de revisión, se encuentre transcurriendo el plazo para su interposición, o bien, que ya se haya interpuesto dicho recurso y no haya sido resuelto a la fecha de presentación de la segunda o ulterior demanda con las características señaladas. También puede actualizarse esta causa de improcedencia aunque al señalarse autoridades ejecutoras, éstas sean distintas a las designadas en el amparo anterior; ello, siempre que los actos reclamados a dichas ejecutoras sólo se impugnen como consecuencia de los actos que se atribuyen a la autoridad ordenadora y no por vicios propios pues, en caso contrario, respecto de los actos de ejecución no operaría la hipótesis legal relativa. Un aspecto importante a destacar lo constituye el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que esta causa de improcedencia también se actualiza cuando en una segunda demanda de amparo se combaten actos que, sin ser los mismos que los reclamados en la demanda presentada en primer término, realmente sólo constituyen las consecuencias legales de los reclamados en ésta. En este contexto, sólo podrá presentarse una segunda demanda de amparo contra actos que son una consecuencia legal de los reclamados en la primera demanda, si se tuvo conocimiento de aquéllos con posterioridad de los originalmente reclamados y ya no se pudo ampliar la demanda por haberse celebrado la audiencia constitucional. Por tanto, si no se cumplen estos últimos requisitos, la demanda de amparo contra actos que no son sino la consecuencia legal de otro que se encuentra en trámite será improcedente". En consecuencia, de conformidad con el numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia en estudio, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo. Máxime, que la anterior determinación no deja al quejoso en estado de indefensión ni le impide el ejercicio de su derecho de acceso a la justicia, toda vez que la circunstancia de que se encuentra en trámite el diverso contradictorio constitucional mencionado, por lo que hace al acto reclamado en el inciso b), en el que se combate el mismo acto que precisa en este asunto, permite al peticionario poder hacer valer sus intereses, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente, a fin de lograr la protección de la Justicia Federal. DOMICILIO La promovente señala como domicilio para oír y recibir notificaciones un correo electrónico, así como un número telefónico; sin embargo, dado que dichos medios de comunicación no se encuentran previstos en la Ley de Amparo para tal efecto, y considerando que los directos quejosos se encuentran recluidos, se le tiene como tal el lugar en donde se encuentran recluidos. No obstante, los citados medios de comunicación se tienen como vías de contacto no procesales, únicamente en caso de que este Juzgado estime necesario. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. HORARIO DE ATENCIÓN Se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a los quejosos en el lugar de su reclusión.
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