Brenda Ivette Ronces Cardoso
Expediente 1521/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 15 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Brenda Ivette Ronces Cardoso
- Ministerio Público Federal
- Gerardo David Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y específicamente la certificación, de la que se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en el presente juicio de amparo, en la que se determinó sobreseer este asunto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Lo anterior, comuníquese a las partes, y en su oportunidad archívese el presente juicio de amparo, previas anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, carátulas, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y del expediente electrónico, esto último con fundamento en el artículo 35 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Del incidente de suspensión Por otra parte, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en el Capítulo Octavo, artículo 20, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado, procédase a la destrucción del duplicado debiéndose guardar únicamente el original. Con apoyo en el Capítulo Séptimo, fracción I, Inciso a) del citado Acuerdo General, el original del incidente de suspensión es depurable y por tal motivo, deberán conservarse todas las resoluciones donde se concedió la suspensión provisional y definitiva. En acatamiento a lo ordenado en dicho Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el diario oficial de la federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ha sido debidamente valorado, en términos de lo establecido en el Capítulo Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia y contra el ambiente y la gestión ambiental, además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial transcendencia jurídica, política, social o económica. Por otra parte, por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que, se sobreseyó en el juicio, lo que significa que dentro del plazo señalado por dicho artículo una vez que trascurra la temporalidad señalada, y en atención que dicho expediente carece de valor jurídico, valor histórico o de relevancia documental, por lo que pueden ser destruidos en términos de los dispuesto en la Ley General de Bienes Nacionales, y de Disposiciones Jurídicas Aplicables, además en observancia y cumpliendo a lo dispuesto por los artículos 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.
- Principal
R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido a su fecha, que por turno correspondió conocer a esta autoridad, Brenda Ivette Ronces Cardoso por su propio derecho y en representación de su menor hija M.Z.I.R., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".La ilegalidad o falta de emplazamiento efectuado en el expediente que se desconoce del índice del Juzgado Primero Civil. Todas las actuaciones dictadas dentro del juicio, incluyendo la orden de entrega de la menor. a su progenitor Gerardo David Ibarra." Las consecuencias jurídicas que se traducen en que la menor. deje de estar bajo la guardia y custodia de la madre, aquí quejosa.". SEGUNDO. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 1521/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de cuatro de febrero de dos mil veinte, la quejosa Brenda Ivette Ronces Cardoso, amplió la demandada de amparo en los siguientes términos: Autoridades responsables: Congreso del Estado y Gobernador Constitucional ambos del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 652/2019, del índice del Juzgado Primero Civil. En consecuencia se reclama la inconstitucionalidad como norma heteroaplicativa el artículo 231, . del Código Procesal Familiar. " CUARTO. El seis de febrero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la ampliación de demanda de la quejosa, requirió los informes justificados señaló data para que tuviera verificativo la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio familiar 652/2019, que contiene la orden de entregar a la menor hija de la quejosa a su progenitor, en interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. La constitucionalidad del artículo 231 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, como norma heteroaplicativa, aplicada en la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado y Actuario de su adscripción, y remitió las documentales públicas que así lo acreditan consistentes en copia certificada de actuaciones el expediente de divorcio incausado 652/2019-3, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en su artículo 2º. En cuanto a la ampliación de demanda acto consistente en la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente familiar 652/2019, como consecuencia la constitucionalidad del artículo 231 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, ambos de Morelos, Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado y Actuario de su adscripción (adhiere), aceptaron el acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, enviadas por la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que han sido valoradas con anterioridad, se advierte el expediente de divorcio incausado 652/2019, donde obra la diligencia de cinco de febrero de dos mil veinte, relativa a la audiencia de divorcio incausado, en el que estuvo presente al actor Gerardo David Ibarra y demandada Brenda Ivette Ronces Cardoso, debidamente preparada, declaró disuelto el vínculo matrimonial que los unió, por cuanto a las propuestas exhibidas por los cónyuges no fueron aprobadas, por ello, la juez responsable ordenó la apertura del incidente para resolver lo conducente. Por otra parte en el considerando sexto, dejó insubsistente las medidas provisionales decretadas en interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, a favor de Gerardo David Ibarra, y ahora las ordenó en favor de la quejosa Brenda Ivette Ronces Cardoso, la guardia y custodia de la menor M.Z.I.R., depositada en el domicilio ubicado en calle Bugambilias número 46, colonia Miguel Hidalgo, código postal 62556, Municipio de Jiutepec, Morelos, así como una pensión alimenticia en favor de la menor por la suma de dos mil pesos mensuales a cargo del cónyuge varón, así como las convivencias supervisadas entre la menor y su papá en el Departamento de Orientación Familiar del Poder Judicial del Estado de Morelos. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional la falta de emplazamiento al juicio de divorcio las medidas provisionales que ordenan entregue a su menor hija a su cónyuge, así como una pensión alimenticia por la suma de dos mil pesos, y convivencias a su favor, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, tal acto reclamado quedó superado al haber comparecido la quejosa al juicio familiar, presente en la audiencia de divorcio incausado de cinco de febrero de dos mil veinte, en la que la responsable disolvió el vínculo matrimonial, y dejó sin efectos la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, para ahora decretar las medidas provisionales de guarda y custodia a su favor, pensión alimenticia a cargo del cónyuge varón, y convivencias entre la menor ahora con su progenitor, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (siete de noviembre de dos mil diecinueve), la autoridad responsable no había revocado las medidas provisionales ni emplazado a la demandada lo que aconteció el cinco de febrero de dos mil veinte. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había cancelado las medidas provisionales de guardia y custodia contra la quejosa y falta de emplazamiento al juicio de divorcio, lo que aconteció en la audiencia de cinco de febrero de dos mil veinte, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. No pasa desapercibido para quien ahora resuelve, que en la determinación de cinco de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable aduzca las medidas provisionales dictadas mediante interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (acto reclamado), se dejan sin efectos con motivo de la suspensión decretada en el cuaderno incidental derivada del presente juicio de amparo. Ello es así, en razón de que de un análisis integral de la interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veinte, se advierte que no fue el único elemento que tomó en consideración, para resolver en el sentido en que lo hizo. Es decir, con independencia de lo anterior, la responsable tomó elementos con los que no contaba al momento de emitir la resolución reclamada, incluso decretó la disolución del vínculo matrimonial (divorcio incausado), y ordenó la apertura de los incidentes en los cuales se deberá resolver lo conducente a las cuestiones inherentes a la disolución del mismo (esto al no haber aprobado las propuestas exhibidas por ambos cónyuges para dilucidar estos temas), entre las que destacan la guarda y custodia de la hija menor de edad de iniciales M.Z.IR. Por ende, se reitera que la juez responsable tomó en cuenta elementos novedosos con los que no contaba al momento de emitir el acto reclamado, y por lo tanto, tampoco es dable estimar que el motivo para decretar la guarda y custodia de la menor M.Z.IR a favor de la quejosa, obedeció únicamente a la medida suspensión del acto reclamado decretada en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo. Por otra parte, sería ocioso emprender un estudio de la norma que se combate como heteroaplicativa, -artículo 231 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos- sin acreditar la afectación jurídica de la quejosa, pues es necesario el acto de aplicación como base para acudir al amparo, máxime que como se ha visto la juez responsable dejo sin efectos la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que basa el primer acto de aplicación. Por último, sin que sea procedente analizar las diversas causales de improcedencia propuesta por las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Transcurrido el término que establece el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo; en consecuencia, se le notifica a la parte quejosa, el contenido de la determinación emitida el diecinueve de abril de dos mil veintiuno, dictada dentro del expediente al rubro citado, por medio de lista que se fija en el exterior de la sede del Poder Judicial Federal, Delegación Morelos, por la situación de pandemia que se vive actualmente, así como en la lista electrónica publicada en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, de la Ley de Amparo: R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el siete de noviembre de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido a su fecha, que por turno correspondió conocer a esta autoridad, Brenda Ivette Ronces Cardoso por su propio derecho y en representación de su menor hija M.Z.I.R., solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridades responsables. Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos y actuario de su adscripción. Acto reclamado: ".La ilegalidad o falta de emplazamiento efectuado en el expediente que se desconoce del índice del Juzgado Primero Civil. Todas las actuaciones dictadas dentro del juicio, incluyendo la orden de entrega de la menor. a su progenitor Gerardo David Ibarra." Las consecuencias jurídicas que se traducen en que la menor. deje de estar bajo la guardia y custodia de la madre, aquí quejosa.". SEGUNDO. El ocho de noviembre de dos mil diecinueve, esta autoridad admitió la demanda de amparo, la radicó con el número de expediente 1521/2019, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Por escrito de cuatro de febrero de dos mil veinte, la quejosa Brenda Ivette Ronces Cardoso, amplió la demandada de amparo en los siguientes términos: Autoridades responsables: Congreso del Estado y Gobernador Constitucional ambos del Estado de Morelos. Acto reclamado: ".La resolución interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el expediente 652/2019, del índice del Juzgado Primero Civil. En consecuencia se reclama la inconstitucionalidad como norma heteroaplicativa el artículo 231, . del Código Procesal Familiar. " CUARTO. El seis de febrero de dos mil veinte, esta autoridad admitió la ampliación de demanda de la quejosa, requirió los informes justificados señaló data para que tuviera verificativo la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: La falta de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio familiar 652/2019, que contiene la orden de entregar a la menor hija de la quejosa a su progenitor, en interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. La constitucionalidad del artículo 231 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, como norma heteroaplicativa, aplicada en la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado y Actuario de su adscripción, y remitió las documentales públicas que así lo acreditan consistentes en copia certificada de actuaciones el expediente de divorcio incausado 652/2019-3, a las que se les concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia en su artículo 2º. En cuanto a la ampliación de demanda acto consistente en la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictada en el expediente familiar 652/2019, como consecuencia la constitucionalidad del artículo 231 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos, las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernador Constitucional del Estado, ambos de Morelos, Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado y Actuario de su adscripción (adhiere), aceptaron el acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 305 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". CUARTO. Causales de improcedencia fundadas. Previamente al estudio del fondo del presente asunto, procede examinar las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Ahora bien, sobre el particular, esta autoridad de control constitucional advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en función de las siguientes consideraciones. Tal numeral establece como sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." De la trascripción se colige, que el juicio biinstancial es improcedente cuando durante la tramitación de éste, cesan los efectos del acto que se reclama, pues no tendría razón de ser el mismo de desaparecer su objetivo, es decir, no tendría finalidad práctica alguna el ejercicio constitucional cuando las cosas hubieran vuelto al estado que tenían antes del surgimiento del acto reclamado. Entonces, para que se actualice esta causa de improcedencia, el acto impugnado debe ser revocado o destruido, así como todos y cada uno de los efectos que haya producido, ya que el alcance sería la restitución al quejoso en el goce del derecho violado, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En apoyo a lo anterior, se invoca la tesis de la Segunda Sala, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 242, del Tomo VII, Abril de 1998, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Se expone tal aserto, ya que de las constancias que obran en autos, enviadas por la autoridad responsable Juez Primero Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial en el Estado de Morelos, que han sido valoradas con anterioridad, se advierte el expediente de divorcio incausado 652/2019, donde obra la diligencia de cinco de febrero de dos mil veinte, relativa a la audiencia de divorcio incausado, en el que estuvo presente al actor Gerardo David Ibarra y demandada Brenda Ivette Ronces Cardoso, debidamente preparada, declaró disuelto el vínculo matrimonial que los unió, por cuanto a las propuestas exhibidas por los cónyuges no fueron aprobadas, por ello, la juez responsable ordenó la apertura del incidente para resolver lo conducente. Por otra parte en el considerando sexto, dejó insubsistente las medidas provisionales decretadas en interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, a favor de Gerardo David Ibarra, y ahora las ordenó en favor de la quejosa Brenda Ivette Ronces Cardoso, la guardia y custodia de la menor M.Z.I.R., depositada en el domicilio ubicado en calle Bugambilias número 46, colonia Miguel Hidalgo, código postal 62556, Municipio de Jiutepec, Morelos, así como una pensión alimenticia en favor de la menor por la suma de dos mil pesos mensuales a cargo del cónyuge varón, así como las convivencias supervisadas entre la menor y su papá en el Departamento de Orientación Familiar del Poder Judicial del Estado de Morelos. Establecido lo anterior resulta evidente que, como se indicó, en la especie se actualiza la causa de improcedencia invocada, pues la aquí quejosa reclama en la instancia constitucional la falta de emplazamiento al juicio de divorcio las medidas provisionales que ordenan entregue a su menor hija a su cónyuge, así como una pensión alimenticia por la suma de dos mil pesos, y convivencias a su favor, sin embargo, con las actuaciones señaladas en el párrafo que antecede, tal acto reclamado quedó superado al haber comparecido la quejosa al juicio familiar, presente en la audiencia de divorcio incausado de cinco de febrero de dos mil veinte, en la que la responsable disolvió el vínculo matrimonial, y dejó sin efectos la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, para ahora decretar las medidas provisionales de guarda y custodia a su favor, pensión alimenticia a cargo del cónyuge varón, y convivencias entre la menor ahora con su progenitor, de ahí que resulta ocioso examinar la constitucionalidad de un acto de autoridad que dejó de tener vigencia, por lo que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal, y por ende, han cesado los efectos del acto reclamado. Bajo esa tesitura, es evidente que, en el caso, se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, ya que, al momento de la presentación de la demanda de amparo (siete de noviembre de dos mil diecinueve), la autoridad responsable no había revocado las medidas provisionales ni emplazado a la demandada lo que aconteció el cinco de febrero de dos mil veinte. Por tanto, si al momento de presentación de la demanda no se había cancelado las medidas provisionales de guardia y custodia contra la quejosa y falta de emplazamiento al juicio de divorcio, lo que aconteció en la audiencia de cinco de febrero de dos mil veinte, es claro que los efectos del acto reclamado cesaron, y por tanto, se ha restituido a la parte quejosa en sus derechos fundamentales que estimó vulnerados como si hubiera obtenido un fallo protector. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII - febrero de 1998, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, que establece: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En tales condiciones, al haberse acreditado fehacientemente que opera la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es sobreseer en el juicio de amparo, atento a lo dispuesto en el diverso 63, del referido ordenamiento legal. No pasa desapercibido para quien ahora resuelve, que en la determinación de cinco de febrero de dos mil veinte, la autoridad responsable aduzca las medidas provisionales dictadas mediante interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (acto reclamado), se dejan sin efectos con motivo de la suspensión decretada en el cuaderno incidental derivada del presente juicio de amparo. Ello es así, en razón de que de un análisis integral de la interlocutoria de cinco de febrero de dos mil veinte, se advierte que no fue el único elemento que tomó en consideración, para resolver en el sentido en que lo hizo. Es decir, con independencia de lo anterior, la responsable tomó elementos con los que no contaba al momento de emitir la resolución reclamada, incluso decretó la disolución del vínculo matrimonial (divorcio incausado), y ordenó la apertura de los incidentes en los cuales se deberá resolver lo conducente a las cuestiones inherentes a la disolución del mismo (esto al no haber aprobado las propuestas exhibidas por ambos cónyuges para dilucidar estos temas), entre las que destacan la guarda y custodia de la hija menor de edad de iniciales M.Z.IR. Por ende, se reitera que la juez responsable tomó en cuenta elementos novedosos con los que no contaba al momento de emitir el acto reclamado, y por lo tanto, tampoco es dable estimar que el motivo para decretar la guarda y custodia de la menor M.Z.IR a favor de la quejosa, obedeció únicamente a la medida suspensión del acto reclamado decretada en el cuaderno incidental derivado del presente juicio de amparo. Por otra parte, sería ocioso emprender un estudio de la norma que se combate como heteroaplicativa, -artículo 231 del Código Procesal Familiar del Estado de Morelos- sin acreditar la afectación jurídica de la quejosa, pues es necesario el acto de aplicación como base para acudir al amparo, máxime que como se ha visto la juez responsable dejo sin efectos la interlocutoria de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, en el que basa el primer acto de aplicación. Por último, sin que sea procedente analizar las diversas causales de improcedencia propuesta por las autoridades responsables, pues, en nada mejoraría el sentido del fallo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa Roberto Bravo Vargas, hasta hoy diecinueve de abril de dos mil veintiuno, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
De conformidad con lo dispuesto por los artículo 27, fracción I, inciso C) y 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte TERCERO INTERESADO GERARDO DAVID IBARRA por medio de lista el contenido del acuerdo deveintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, se comisionó a uno de los Actuarios adscritos a este juzgado para que notificaran personalmente a la parte tercera interesada el auto de seis de febrero de dos mil veinte, sin que a la fecha lo haya hecho, ya que si bien es cierto que el seis de octubre del año actual, notificó el auto de veintinueve de septiembre de este año, también lo es que no hizo alusión alguna a la notificación del diverso auto de seis de febrero de la presente anualidad, por tanto, a efecto de no infringir las reglas regulatorias del juicio de amparo, comisiónese de nueva cuenta al actuario adscrio, para que de manera inmediata notifique personalmente al tercero interesado el auto de seis de febrero del año en curso, debiendo asentar dicha circunstancia en el acta respectiva. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la misma. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE TERCERA INTERESADA. Así lo proveyó y firma el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, Óscar Alejandro López Cruz, quien actúa con la Secretaria María Del Rosario García Jiménez, que autoriza. Doy fe.Se notifica a la parte tercera interesada Gerardo David Ibarra, el contenido de la determinación emitida el seis de febrero de dos mil veinte, por medio de lista que se fija en los estrados de este órgano jurisdiccional; lo anterior, con fundamento en la fracción III inciso a) del artículo 27 y 29 de la ley de amparo, que señala: Cuernavaca, Morelos, a seis de febrero de dos mil veinte. Vista la razón de cuenta, en términos de los ordinales 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa Brenda Ivette Ronces Cardoso, por medio del cual, amplía su demanda de amparo, al respecto, con fundamento en los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, se tiene por ampliada la demanda de amparo en los términos que solicita. DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que haya lugar a aperturar el incidente de suspensión, toda vez que la parte quejosa no lo solicitó. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; quienes deberán rendirlo en el término de quince días, apercibidas que en caso de no hacerlo, se les impondrá en la sentencia respectiva, una multa equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendental para las partes en el presente juicio. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado, expongan las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, ello con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 75 párrafo tercero, de la Ley de Amparo. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 64 en relación con el diverso 251, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este Juzgado, debiendo acompañar las constancias que lo acrediten. Así también, requiérase a las autoridades responsables para que, junto con su informe justificado, señalen si la parte quejosa o alguna otra persona ha promovido diverso juicio de amparo dentro del procedimiento del que emanan los actos reclamados y, en su caso, ante qué órgano jurisdiccional se tramita o se tramitó. DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento que se señalaron las DIEZ HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Finalmente, se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio que indica, y por autorizados para tales efectos en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados que propone. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María del Rosario García Jiménez, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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