Brenda Herrera García
Expediente 649/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 649/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Brenda Herrera García
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de junio de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el escrito de cuenta, firmado por el autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual desahoga la vista ordenada el nueve de junio de dos mil veintiuno, y realiza diversas manifestaciones. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones en vía de alegatos, las cuales de ser procedentes, serán tomadas en consideración en la audiencia constitucional. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la Titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a cuatro de junio de dos mil veintiuno. Con las copias simples del escrito con folio de correspondencia 8799, y como se encuentra ordenado en el juicio de amparo del que deriva esta incidencia, con fundamento en el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y artículos 128 y 130 de la Ley de Amparo, PROVÉASE la solicitud de suspensión solicitada mediante escrito de ampliación de demanda relativa al juicio de amparo 120/2020, promovido por ***, en su carácter de apoderado legal de ***. INFORMES PREVIOS Con fundamento en los artículos 138, fracción III, 140 y 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, solicítese el informe previo a las autoridades responsables, que deberán rendirlo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para cuyo efecto se les acompañará copia de la demanda exhibida por el quejoso en la notificación correspondiente. A su vez, en el informe previo las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyan, podrá expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan al órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades requeridas que, de no rendir su respectivo informe, se presumirán ciertos los actos reclamados, para el sólo efecto de la suspensión, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo. De igual forma, de actualizarse dicho supuesto omisivo, se les impondrá una multa consistente en cien días del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. También se hace del conocimiento de las autoridades responsables que, en caso de que al rendir su informe previo expresen un hecho falso o nieguen la verdad de los hechos, podrían incurrir en el delito que se sanciona con pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, en términos del artículo 262, fracción I, de la Ley de Amparo. En otro sentido, se hace saber a las autoridades señaladas como responsables que, de conformidad con la fracción I del artículo 28 de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se les dirijan, por tanto, de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación; y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se les impondrá una multa de cien días del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Lo anterior, en el entendido de que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación correcta al rendir su respectivo informe. AUDIENCIA Para que tenga verificativo la audiencia incidental se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la misma, día y hora disponibles en la agenda que para tales efectos se lleva en este órgano jurisdiccional. Sin que pase inadvertido para este juzgado federal, que acorde a lo establecido en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, el día y hora para la celebración de la audiencia incidental debe señalarse a más tardar dentro del término de cinco días, sin embargo, la agenda de programación de audiencias que al efecto se lleva en este órgano jurisdiccional se encuentra saturada, lo cual provoca que no sea posible señalarla sino hasta la fecha indicada en el párrafo que antecede. Apoyo la anterior consideración por analogía la tesis aislada sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya sinopsis es del siguiente contenido literal: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE. Si bien es cierto que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, debe señalarse en el auto en que se admite la demanda, día y hora para la celebración de la audiencia, a más tardar dentro del término de treinta días, también lo es que esta disposición legal debe entenderse en términos hábiles, armonizándolo con las dificultades que en la práctica se presente, toda vez que siendo muchos los negocios que se ventilan en los tribunales federales, humanamente sería imposible observar la ley a este respecto. Consecuentemente, no es ilegal la resolución de un Juez de Distrito que cita para la celebración de la audiencia una fecha posterior a los treinta días que marca la ley, si tal señalamiento obedece a necesidades imperiosas y no a mala fe o dolo de parte del juzgador. Empero, de forma excepcional, se les comunica que en caso de que sea deseo de alguna de las partes comparecer a la celebración de la audiencia, ello únicamente será posible por videoconferencia, a través de la plataforma Cisco Webex, por lo que, será necesario que proporcionen un número telefónico y correo electrónico para establecer contacto, así como contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar previamente la aplicación "Webex Meetings". Lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Para preparar lo anterior, la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, la audiencia se celebrará sin la presencia de las partes. Todo lo antes mencionado, se hace del conocimiento de las partes, con fundamento en el Acuerdo General 18/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 13/2020 relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, en relación con el periodo de vigencia y 12/2020, del citado Pleno, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Dichas medidas se observarán mientras continúe vigente la restricción de acceso a las instalaciones que ocupa el Juzgado derivado de la suspensión de labores o hasta que el Consejo de la Judicatura Federal emita un esquema de contingencia que permita su desahogo de manera ordinaria. REQUISITOS PARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL Con fundamento en los artículos 128, 138, 146, fracción I, y 147 de la Ley de Amparo, este juzgado advierte de la ampliación de demanda que, como ACTOS RECLAMADOS, los quejosos impugnan: la aplicación, ejecución y materialización de cualquier acto a través del cual se integre cualquier tipo de procedimiento administrativo por un posible incumplimiento en perjuicio de la quejosa del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional, así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas; la aplicación, ejecución y materialización de cualquier acto a través del cual se integre cualquier tipo de procedimiento administrativo por un posible incumplimiento en perjuicio de la quejosa del Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación; así como la emisión, expedición y aplicación del correo electrónico de veintinueve y treinta de abril de dos mil veintiuno enviados a la parte quejosa, a través de los cuales se informa al personal del Banco de México que se encuentran obligados a presentar Declaración Patrimonial y de Intereses, de conformidad con los formatos establecidos en las Normas de la Comisión de Responsabilidades del Banco de México en materia de declaraciones de situación patrimonial y de intereses. Asimismo, cabe precisar que solicitaron la suspensión para los siguientes EFECTOS: En términos de los artículos 138, 139 y 147 de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso procede el otorgamiento de la suspensión provisional conforme a los diversos artículos 128 y 129, solicito a su Señoría otorgue la suspensión provisional de los efectos y vigencia del acuerdo por medio del cual se volvieron operables los formatos para la "declaración de situación patrimonial y de interés inicial", es decir, para que esta parte quejosa pueda seguir utilizando los formatos anteriores hasta en tanto se resuelve sobre la suspensión definitiva. Por ende, la medida cautelar que se solicita, deberá comunicarse sin demora a las autoridades responsables así como a las autoridades que en el ejercicio de sus funciones tengan intervención en la aplicación de las disposiciones reclamadas, para su inmediato cumplimiento, y sus efectos serán que permanezcan las cosas en el estado en el que se encontraban previo al acto que emitió los formatos para la presentación de la declaración patrimonial y al que le dio operatividad a los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses, publicados el 23 de septiembre de 2019 y 24 de diciembre de 2019, respectivamente [.] Para ello, la suspensión deberá otorgarse para los siguientes efectos: 1. Se deberá ordenar la suspensión inmediata de la aplicación de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades se abstengan de hacer pública la declaración de situación patrimonial y de intereses del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses que no sea propia del encargo que desempeña la parte quejosa. 2. Se deberá ordenar la suspensión inmediata de la aplicación de los actos reclamados para el efecto de que las autoridades responsables únicamente publiquen la información proporcionada por la parte quejosa, en su declaración patrimonial de dos mil veinte, que sea propia de su cargo público. Por tanto, esta juzgadora resolverá sobre la suspensión provisional únicamente en relación con los actos reclamados y en torno a los efectos que se solicitan. Para ello, se procede a verificar en los siguientes apartados, que se cumplan todos los requisitos legales y jurisprudenciales para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, esto es, (i) que el quejoso la haya solicitado expresamente; (ii) que haya certidumbre, al menos preliminarmente, sobre la existencia del acto cuya suspensión se solicita; (iii) que el acto reclamado sea susceptible de suspensión; (iv) que el quejoso cuente con interés jurídico o legítimo para efectos del incidente de suspensión; y (v) que el asunto supere un análisis ponderado preliminar entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público. A juicio de este juzgado federal, el análisis de los requisitos para la procedencia de la suspensión debe hacerse en ese orden y con esa precisión, conforme a las siguientes jurisprudencias PC.IV.A. J/35 A (10a.) y XXVII.3o. J/2 (10a.) de rubros: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. TÉCNICA PARA ANALIZAR LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA CONCEDERLA" y "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013". Solicitud expresa Conforme a la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo, de la demanda de amparo se desprende que la suspensión fue solicitada expresamente por los quejosos ***, por conducto de su apoderado legal. Certeza del acto reclamado. Los actos reclamados se presumen ciertos, atendiendo a las manifestaciones que realizó la parte quejosa bajo protesta de decir verdad. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 5/93, bajo el rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PARA DECIDIR SOBRE SU PROCEDENCIA, DEBE ATENDERSE A LAS MANIFESTACIONES DEL QUEJOSO RESPECTO DE LA CERTIDUMBRE DEL ACTO RECLAMADO. Para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, los Jueces de Distrito deben atender a las manifestaciones del quejoso hechas en su demanda bajo protesta de decir verdad, cuando se duele de que existe peligro inminente de que se ejecute, en su perjuicio, el acto reclamado, ya que, por regla general, son los únicos elementos con que cuenta para resolver sobre la solicitud de concesión de la medida cautelar, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Ello sin perjuicio de analizar si en el caso concreto se cumplen o no los requisitos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Máxime que la normatividad reclamada tiene carácter general; por tanto, su existencia no está sujeta a prueba, por ser parte del derecho positivo en conformidad con el artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles y atento al criterio que informa la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expresa lo siguiente: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Posibilidad de suspensión En la especie, los quejosos solicitan la suspensión para el efecto de que las autoridades se abstengan de hacer pública la declaración de situación patrimonial y de intereses del sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses que no sea propia del encargo que desempeñan. Por su naturaleza, el acto reclamado es un acto positivo, por lo que sí permite su paralización. Interés jurídico o legítimo En el caso se advierte que la parte quejosa acude al presente juicio en defensa de un interés jurídico, dado que el acuerdo impugnado puede afectar su esfera jurídica, como servidores públicos adscritos al Banco de México, lo que acreditan con copia certificada de sus respectivos nombramientos dentro de esa institución. Ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o el orden público. En el presente caso, esta juzgadora no advierte que, mediante el otorgamiento de la suspensión solicitada, se afecte el interés social o se contravenga el orden público; y en cambio, sí se acredita la apariencia del buen derecho de los quejosos ***. Este juzgadora debe hacer dicha ponderación, en términos de la Jurisprudencia 2a./J. 204/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 15/96, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.", sostuvo que para el otorgamiento de la suspensión, sin dejar de observar los requisitos exigidos por el artículo 124 de la Ley de Amparo, basta la comprobación de la apariencia del buen derecho invocado por el quejoso, de modo que sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado, lo que deberá sopesarse con el perjuicio que pueda ocasionarse al interés social o al orden público con la concesión de la medida, esto es, si el perjuicio al interés social o al orden público es mayor a los daños y perjuicios de difícil reparación que pueda sufrir el quejoso. Conforme a lo anterior, el juzgador debe realizar un estudio simultáneo de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora con la posible afectación que pueda ocasionarse al orden público o al interés social con la suspensión del acto reclamado, supuesto contemplado en la fracción II del referido artículo 124, estudio que debe ser concomitante al no ser posible considerar aisladamente que un acto pudiera tener un vicio de inconstitucionalidad sin compararlo de manera inmediata con el orden público que pueda verse afectado con su paralización, y sin haberse satisfecho previamente los demás requisitos legales para el otorgamiento de la medida. En efecto, si se concede la medida cautelar para que las autoridades responsables se abstengan de hacer pública la información proporcionada por el quejoso en sus declaraciones patrimoniales, no parece, a partir de un análisis preliminar, que pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, bajo el rubro y texto: SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN. No basta que el acto se funde formalmente en una ley de interés público, o que en forma expresa o implícita pretenda perseguir una finalidad de interés social, para que la suspensión sea improcedente conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo, sino que es menester que las autoridades o los terceros perjudicados aporten al ánimo del juzgador elementos de convicción suficientes para que pueda razonablemente estimarse que, en el caso concreto que se plantee, la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social, o que implicaría una contravención directa e ineludible, prima facie y para los efectos de la suspensión, a disposiciones de orden público, no sólo por el apoyo formalmente buscado en dichas disposiciones, sino por las características materiales del acto mismo. Por lo demás, aunque pueda ser de interés público ayudar a ciertos grupos de personas, no se debe confundir el interés particular de uno de esos grupos con el interés público mismo, y cuando no esté en juego el interés de todos esos grupos protegidos, sino el de uno solo de ellos, habría que ver si la concesión de la suspensión podría dañar un interés colectivo en forma mayor que como podría dañar al quejoso la ejecución del acto concreto reclamado. O sea que, en términos generales y para aplicar el criterio de interés social y de orden público contenidos en el precepto a comento, se deben sopesar o contrabalancear el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado, y el monto de la afectación a sus derechos en disputa, con el perjuicio que podrían sufrir las metas de interés colectivo perseguidas con el acto concreto de autoridad. Así como la Jurisprudencia 8 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto siguientes: SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDÉN PÚBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Por el contrario, los artículos 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y 110, fracción V, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, establecen como información reservada aquella cuya publicación puede poner en riesgo la seguridad de alguna persona. En cambio, la publicación de la información reservada proporcionada por los servidores públicos en su declaración patrimoniales, causaría un mayor perjuicio a los citados quejosos, que el que pudiera resentir el interés social, ya que en caso de negarse la medida cautelar solicitada, se podrían causar daños y perjuicios de difícil reparación, lo anterior es así, en razón de que, aun cuando en su oportunidad se concediese el Amparo y Protección de la Justicia Federal, dada la naturaleza del acto reclamado, sería difícil restituirlos en el goce de su derecho violado, pues una vez publicada la información proporcionada en sus declaraciones patrimoniales, no podrían volver las cosas al estado que se encontraban antes de la ejecución del acto impugnado; además, de no otorgar la medida cautelar, podría consumarse un daño de difícil reparación en perjuicio de la parte quejosa, ya que se pondría en peligro la materia del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que expresa lo siguiente: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada. De ahí que, este órgano jurisdiccional estime que con la presente medida no se ocasiona una afectación al interés social ni al orden público mayor que el daño que se podría causar a la quejosa con la negación de la suspensión del acto reclamado, ya que, si el acto reclamado se llegara a consumar, le causaría un daño de difícil reparación. Por lo tanto, se cumple en la especie con el requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. MEDIDA CAUTELAR En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA para el efecto de que las autoridades responsables únicamente publiquen la información proporcionada por ***, en la declaración de su situación patrimonial de dos mil veinte, que sea propia de su cargo público. La medida cautelar que se concede, surtirá sus efectos desde luego y estará vigente, hasta en tanto se resuelva la suspensión definitiva de los actos reclamados; se otorga sin garantía, pues no se advierte la existencia de un tercero a quien se le pueda ocasionar un daño o perjuicio con la suspensión del acto impugnado por esta vía y, además, en el presente caso la parte quejosa no solicitó el amparo contra el cobro de contribuciones o aprovechamientos. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE De conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, así como por los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza a la parte quejosa la consulta, promoción y recepción de notificaciones en el presente expediente vía electrónica, por medio de los usuarios ***. Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a costa de la parte quejosa copia certificada de los autos que solicita, previa toma de razón que por su recibo se deje en autos, por medio de las personas autorizadas para tal efecto. Lo anterior, en el entendido que, de conformidad con el artículo 6, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, deberá generar una cita para recogerlas, a través del sistema "Agenda OJ". OPOSICIÓN DE DATOS Como lo solicita, se tiene a la parte quejosa manifestando su oposición a la publicación de datos personales, de conformidad con el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; lo que se tomará en consideración para la resolución correspondiente. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
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Ciudad de México, a veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. . En consecuencia, a efecto de que esta Juzgadora se encuentre en aptitud de continuar con el procedimiento de cumplimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el último párrafo del artículo 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE POR ÚNICA OCASIÓN ANTES DE HACER EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN AUTOS a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el término de DIEZ DÍAS, remita las constancias con las que acredite haber realizado el cálculo del concepto de aguinaldo por el ejercicio dos mil diecinueve de los quejosos **** y ****, con base en el "salario tabular", considerando la suma del "salario base" más las compensaciones que se paguen en forma ordinaria, es decir, las contenidas en el tabulador aplicable, documento al que deberá acudir la responsable para acatar el fallo impugnado. Asimismo, REQUIÉRASE al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad requerida, para dentro del mismo plazo, demuestre ante este Juzgado haber ordenado a ésta el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 en los términos precisados, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el juez de distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. ...
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Ciudad de México, a veinte de mayo de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el oficio de cuenta firmado por el Magistrado Presidente y Secretario de Acuerdos de la Sala Especializada en Materia de Juicios de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, informa que por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, esa Sala le requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia definitiva de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, así como de la interlocutoria de queja de once de diciembre de dos mil diecinueve, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado le impondrá una multa en cantidad de trescientas UMAS, acuerdo que fue ordenado notificar mediante correo certificado tal como se desprende del sello de actuaria, por lo que solicita se le conceda un plazo adicional para que este en posibilidad de cumplimentar el requerimiento. PRÓRROGA Pues bien, para atender la petición de la Sala oficiante, y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo,1 esta juzgadora toma en cuenta lo siguiente: Que mediante el oficio que aquí se acuerda, el Magistrado Presidente y Secretario de Acuerdos de la Sala Especializada en Materia de Juicios de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, informan que por auto de siete de mayo de dos mil veintiuno, esa Sala le requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la sentencia definitiva de dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, así como de la interlocutoria de queja de once de diciembre de dos mil diecinueve, con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado le impondrá una multa en cantidad de trescientas UMAS, acuerdo que fue ordenado notificar mediante correo certificado tal como se desprende del sello de actuaria, por lo que solicita se le conceda un plazo adicional para que este en posibilidad de cumplimentar el requerimiento de mérito. En consideración de lo anterior, se otorga a la Sala Especializada en Materia de Juicios de Resolución Exclusiva de Fondo y Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, PRÓRROGA de DIEZ DÍAS, para que remita las constancias con las que acredite que cumplió con el requerimiento formulado en auto de veintiocho de abril de dos mil veintiuno. APERCIBIMIENTO Apercibida en caso de incumplimiento a lo aquí ordenado, se le impondrá una multa de cincuenta veces del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la Titular de este órgano jurisdiccional, así como por el Secretario que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE
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