Brenda Guadalupe Villalobos Hernandez

Expediente 282/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
282/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/10/2023

Partes del expediente

  • Brenda Guadalupe Villalobos Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad del Carmen, Campeche, dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la quejosa, interpusiera recurso de queja contra el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, transcurrió del seis al doce de junio de dos mil veintitrés, con exclusión de los días diez y once de junio de dos mil veintitrés, por ser inhábiles en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusiera el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. 31/08/27 15:37:03 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.37.30.32.30.35.39.38.39.30 MARICELA CORTEZ PORFIRIO Finalmente, hágase del conocimiento a las partes, que de conformidad con lo determinado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de julio de dos mil veintitrés, comunicada a través del oficio SEADS/1706/2023, se determinó la adscripción de la Jueza Emma Magnolia Ayala Rivera, a este Juzgado de Distrito, a partir del quince de agosto de dos mil veintitrés, en sustitución del Juez José Elías Pacheco Martínez. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, remite copia certificada del acuse de recibo del oficio ***de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dirigido a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, actuaciones derivadas del expediente ***. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por exhibida la constancia que la autoridad responsable adjuntó a su oficio de cuenta. Ahora bien, visto el estado de autos, debe decirse que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Precisión del acto reclamado. En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, Brenda Guadalupe Villalobos Hernández, promovió demanda de amparo contra las siguientes autoridades y actos reclamados: 1. De la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche; la omisión de girar oficio dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, solicitado mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y reiterado en diverso escrito de ocho de marzo de esta misma anualidad, para que se registre el embargo decretado en autos del expediente laboral ***. 2. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, la omisión de notificar el oficio dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, solicitado mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y reiterado en diverso escrito de ocho de marzo de esta misma anualidad, para que se registre el embargo decretado en autos del expediente laboral ***. Cesación de efectos del acto reclamado. Al respecto, la Presidenta y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto que se les atribuye. Para demostrar dicha negativa remitieron copia certificada del auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, de cuyo contenido se advierte que efectivamente, se acordó y dio respuesta a la promoción presentada por la parte actora, -aquí quejosa- el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de ordenar girar de nueva cuenta oficio dirigido a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, para que registre el embargo trabajo en ese juicio. Asimismo, remitieron copia certificada del acuse de recibo del oficio *** de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dirigido a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche. Documentales a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tiene la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que le da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que la expidió. En ese sentido, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Lo anterior, toda vez que la quejosa Brenda Guadalupe Villalobos Hernández, promovió demanda de amparo contra los actos y autoridades siguientes: 1. De la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche; la omisión de girar oficio dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, solicitado mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y reiterado en diverso escrito de ocho de marzo de esta misma anualidad, para que se registre el embargo decretado en autos del expediente laboral 651/2015. 2. Del Actuario adscrito a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, la omisión de notificar el oficio dirigido a la Tesorería del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, solicitado mediante escrito de veintiocho de febrero de dos mil veintitrés y reiterado en diverso escrito de ocho de marzo de esta misma anualidad, para que se registre el embargo decretado en autos del expediente laboral 651/2015. Y, de las constancias remitidas por la Presidenta y Actuario adscritos a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en Carmen, Campeche, se advierte de forma clara y manifiesta, que por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ***, la responsable acordó y dio respuesta a la promoción presentada por la parte actora, -aquí quejosa- el ocho de marzo de dos mil veintitrés, en el sentido de ordenar girar de nueva cuenta oficio dirigido a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, para que registre el embargo trabajo en ese juicio; mismo que, como se advierte de las constancias, fue notificado el veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. De lo que resulta evidente, que han cesado los efectos del acto reclamado a las autoridades responsables, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    MESA IV Ciudad del Carmen, Campeche, veintitrés de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentran programadas las diez horas del día de hoy, para la celebración de la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que se encuentra pendiente que la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Ciudad del Carmen, Campeche, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias que le fueron requeridas mediante oficio *** de veintidós de mayo del año en curso. En consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada el día de hoy; y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SEIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese por lista a las partes. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA IV "... Ciudad del Carmen, Campeche, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio ***, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo ordenado en auto de nueve de mayo del año en curso, remite copia certificada de las siguientes constancias derivadas del juicio laboral ***, de su estadística: 1. Auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; 2. Oficio ***, sin acuse de recibo; y, 3. Escrito de siete de marzo de dos mil veintitrés, suscrito por Margarita Manrrique Miss, con acuse de recibo que data del ocho de marzo de este mismo año. Por tanto, de conformidad con el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen por ofrecidas las documentales exhibidas por la autoridad responsable, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con las documentales descritas, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Por otra parte, del análisis integral de las constancias remitidas, se advierte que la autoridad responsable Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Campeche, con sede en Ciudad del Carmen, por auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral ***, ordenó girar oficio a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, a efecto de que registre dentro de la partida presupuestal del presente año, el embargo sobre las prestaciones a que fue condenada la demandada Instituto Municipal de la Mujer I.A.S., en el laudo emitido por esa autoridad el treinta de octubre de dos mil diecinueve, por la cantidad de ***, sin embargo, no se advierte que dicha autoridad haya remitido el acuse de recibo de dicho oficio, con el cual acredite que el mismo fue entregado a la autoridad municipal auxiliar. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a la Presidenta de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Campeche, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días hábiles remita a este órgano jurisdiccional copia certificada del acuse de recibo del oficio dirigido a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento del Municipio de Carmen, Campeche, mediante el cual se le comunicó el requerimiento contenido en auto de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, o bien, informe el impedimento legal que tenga para cumplir con lo requerido. Se apercibe a la autoridad responsable que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo concedido, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, equivalentes a la cantidad de ***, que resulta de multiplicar por cien el valor diario de dicha unidad de medida, esto es, $103.74 M.N. (ciento tres pesos, setenta y cuatro centavos, moneda nacional) determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el diez de enero de dos mil veintitrés, en términos de los artículos 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, publicada en ese medio de difusión el treinta de diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Shawn Daniel Benjamín Bámaca Morales, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.

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