Brenda Guadalupe Trujillo Rosas

Expediente 353/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
353/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
08/05/2018

Partes del expediente

  • Secretario de Gobernación
  • Brenda Guadalupe Trujillo Rosas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    En atención al oficio STCCNO/367/2018, de treinta de abril de dos mil dieciocho, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se determinó, entre otras cosas, que este Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, remitiera al Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, los juicios de amparo indirecto que al efecto se seleccionaron mediante el Programa para el Turno Aleatorio de Asuntos a los Órganos Jurisdiccionales Auxiliares; en consecuencia, remítase este expediente a dicho Órgano Auxiliar, a fin de que se dicte la sentencia definitiva correspondiente.

  2. Principal

    Agréguese al sumario el oficio de cuenta suscrito por la Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, mediante el cual remite el diverso acordado en el cuaderno de varios, de su índice. Ahora bien, visto el oficio signado por la Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, mediante el cual comunica el acuerdo dictado en dieciséis de marzo de dos mil dieciocho en el juicio laboral 809/2009; agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en virtud de que el citado auto se acordó el veintidós de marzo pasado.

  3. Principal

    se tiene por interpuesto el aludido recurso. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios. Por otra parte, dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el expediente remítase el juicio de amparo en que se actúa, así como el original del oficio de agravios y copia de éste, al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso que se hace valer, previo desglose que se efectúe al respecto. Hágase del conocimiento de los terceros interesados que la copia del escrito de expresión de agravios queda a su disposición en la Secretaría de este Juzgado; lo anterior porque, por otro lado, no se considera necesario realizar la notificación personal del presente proveído a dicha parte, atento a que, por un lado, en la Ley de Amparo, no existe disposición expresa al respecto; y por otro, dicha parte es conocedora del presente juicio de amparo, de modo que la notificación por lista le surte efectos en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley de Amparo, aunado a que constituyen cargas procesales de las partes en el presente juicio de amparo, estar al pendiente de lo resuelto en ellos, sin que lo anterior se considere coarte el derecho de tal parte de adherirse a la revisión interpuesta; porque el plazo de cinco días que tiene para ello, cuentan a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, lo cual ocurre ante el Tribunal Colegiado de Circuito a quien corresponda resolver tal medio de impugnación. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor proveído el expedientillo formado mediante acuerdo de quince de enero de dos mil dieciocho, toda vez que el veintisiete de febrero de dos mil dieciocho se dictó resolución definitiva en el presente juicio de amparo, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Secretario de Acuerdos del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite los autos del juicio de amparo en que se actúa, promovido por Jesús Castro Jiménez y testimonio del toca de revisión principal número 865/2017; de la que se observa que concluyó en los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Permanece intocada la configuración de la causal de sobreseimiento respecto de la tesorería responsable, lo cual quedó reflejado en el considerando tercero y resolutivo primero del fallo controvertido; asimismo queda intocada la desestimación de la causal de improcedencia invocada por el Sindico del Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco, contenida en el considerando quinto de la sentencia recurrida; lo anterior, según se precisó en el considerando sexto de la presente resolución. SEGUNDO. En la materia del recurso, se confirma el fallo recurrido; por consiguiente: TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Jesús Castro Jiménez, en los términos y para los efectos precisados en la sentencia sujeta a revisión". En consecuencia, agréguense a los autos el oficio de cuenta para que surtan los efectos legales a que haya lugar, así como el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y acúsese a la superioridad el recibo correspondiente. Por tanto, respecto a las autoridades responsables legislativas Congreso y Gobernador, ambas del Estado de Jalisco, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector. Así es, pues a dichas autoridades se les reclama, elaboración, aprobación y expedición, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, en específico el decreto 26138/LXI/16; preceptos legales que no pueden quedar insubsistentes; esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de garantías, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de garantías, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio. Por ende, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, lo que conduce a este juzgador a tener por cumplida, respecto de tales autoridades, en apoyo a los siguientes criterios jurisprudenciales: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general. (Tesis P. CXXXVII/96, Tomo IV, Noviembre de 1996, Página 135, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley.". (Tesis 230, Tomo I, Parte SCJN, Página 197, Apéndice 1995, Instancia Pleno). "REFRENDO. DEBE CORRER LA MISMA SUERTE QUE LOS OTROS ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO. Si la ley impugnada se declara inconstitucional, todos los actos del proceso legislativo, entre ellos el refrendo, deben correr la misma suerte, o sea que si el Juez considera inconstitucional la ley y concede el amparo contra la expedición, promulgación y aplicación de la ley, no tiene por qué hacer consideraciones especiales respecto al refrendo, y si éste no fue reclamado por vicios propios, el refrendo debe correr la misma suerte que los otros actos del proceso legislativo, sin que ello cause perjuicio a la autoridad.". (Página 81, Tomo 187-192, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación). Así como por las razones que la informan la tesis 2a. CXV/97, que se lee en la página 414, del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo.". Con el anterior pronunciamiento, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que en el término de quince días, manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con lo previsto por el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que prevé la posibilidad de inconformarse con la determinación de tener por cumplimentada la ejecutoria dictada en autos parcialmente. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. De ahí que, en la sentencia respectiva se estimó que los artículos reclamados transgreden la Constitución, entonces, el efecto inmediato será nulificar su validez jurídica en relación con la parte quejosa, así como la de los actos de aplicación de dicha norma. Es aplicable, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 201, publicada en la página 195, Tomo I, Materia Constitucional, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada". También es aplicable, la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número 2a. XIV/97, publicada en la página 347, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "LEYES FISCALES, AMPARO CONTRA. LA SENTENCIA QUE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS A DEVOLVER LAS CANTIDADES ENTERADAS COMO ACTOS DE APLICACIÓN DE LAS MISMAS. De conformidad con lo ordenado por el artículo 80 de la Ley de Amparo y lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 201, Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, página 195, que lleva por rubro: "LEYES AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN.", el efecto de la sentencia que otorga la protección constitucional es restituir al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; de esta forma, cuando se estima por el juzgador de amparo que una norma general viola la Constitución, el efecto de su sentencia debe ser que dicha disposición nunca se le aplicará al quejoso, de lo que se sigue que las autoridades exactoras que recaudaron contribuciones con base en estas normas están obligadas a restituirle a la quejosa las cantidades que, como primer acto de aplicación de las mismas se hayan enterado, pero también de las que de forma subsecuente se hayan pagado, dado que al ser inconstitucional la norma, todo lo actuado con fundamento en ella es inválido, y la restitución de las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional implica que las cantidades erogadas por mandato de la norma inconstitucional le sean restituidas al quejoso". En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192, 194 y 195 de la Ley de Amparo Vigente, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en términos del tercero transitorio de dicho ordenamiento, se requiere a la Tesorería Municipal de Zapopan, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, dé cumplimiento a la resolución de mérito, esto es, devuelva debidamente actualizada, la cantidad que resulte como diferencia de aplicar la tarifa mínima prevista en la fracción y numeral reclamados; esto es, la señalada en el inciso a) de la sentencia, correspondiente a $21,048.00, veintiuno mil cuarenta y ocho pesos; bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización al momento de cometerse el incumplimiento, con apoyo en los artículos 237 y 258 de la Ley de Amparo vigente, en relación con el artículo tercero transitorio del Decreto de reformas Constitucionales publicada el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26 Constitucional en materia de desindexación del salario mínimo; y, en su caso, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para los efectos previstos en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución General de la República, consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. En los mismos términos y con igual apercibimiento, requiérase al Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, en su carácter de superior jerárquico del citado Tesorero, para que, ordene a éste el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, dentro del referido término. Asimismo, se hace del conocimiento del Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo vigente. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. CLXXV/2000, publicada en la página 5, tomo XII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de 2000, con rubro que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, A QUIEN SE REQUIERE SU INTERVENCIÓN CUANDO EL INFERIOR NO CUMPLE, DEBE UTILIZAR TODOS LOS MEDIOS A SU ALCANCE PARA CONSEGUIRLO, ENCONTRÁNDOSE SUJETO A QUE, DE NO HACERLO, SEA SEPARADO DE SU CARGO Y CONSIGNADO ANTE UN JUEZ DE DISTRITO."

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