Brenda Espinoza Lopez

Expediente 594/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
594/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
25/04/2018

Partes del expediente

  • Brenda Espinoza Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos del cuaderno de amparo, de los que se advierte que el plazo de cinco días que establece el numeral 98, de la Ley de la materia, para interponer el recurso de queja, en contra de la determinación que desechó la presente demanda de amparo, ha transcurrido según se desprende de la certificación de cuenta y de la constancia de notificación que obra en autos, sin que el impetrante de amparo lo haya interpuesto; por tal virtud, QUEDA FIRME la resolución de referencia. De conformidad con lo dispuesto por el precepto 214, de la Ley de Amparo, y previa la anotación en el libro de gobierno, archívese este expediente como concluido. En acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de Septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata a conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por encuadrar dentro de las hipótesis contempladas en las fracciones I y II, del punto VIGESIMO PRIMERO del Acuerdo General en cita, el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que en el mismo se desechó la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Se notifica a la parte quejosa, por medio lista fijada en los estrados de este juzgado con fundamento en lo establecido por el artículo 27 fracción III, inciso a) y 29, de la ley de amparo, el contenido del acuerdo de doce de abril de dos mil dieciocho, mismo que de manera sintetizada señala: Cuernavaca, Morelos, doce de abril de dos mil dieciocho. Visto el escrito inicial de demanda promovida por Brenda Espinoza López, mediante el cual solicita el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del Contralor Municipal del Ayuntamiento de Jiutepec, Morelos y otra autoridad. Registro de la demanda. Fórmese el cuadernillo de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. Desechamiento de la demanda. Sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo de que se trata, de conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la misma, en virtud de que de su estudio se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En efecto, considerando que la promovente del amparo reclama lo siguiente: La falta de emplazamiento al procedimiento administrativo contra servidor público, así como sus efectos y consecuencias. Como ya lo dijo, este Juzgado Federal estima improcedente la tramitación de esta instancia constitucional, acorde a las precisiones que a continuación se expresan: La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en varios criterios jurisprudenciales, que la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, se considera como la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, pues imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además de privarle del derecho a presentar pruebas que las acrediten, y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado del fallo que en el proceso se dicte, lo que impone la procedencia inmediata del examen constitucional, como un medio extraordinario de defensa, así como suplir la queja deficiente cuando esas violaciones se hacen valer en la demanda de amparo. Empero, esa regla general de procedencia inmediata del juicio de amparo y, por consecuencia, la aplicación de la queja deficiente a favor del inconforme, se rompe cuando, como en el caso, la parte interesada conoce de la tramitación del juicio de origen (procedimiento administrativo contra servidor público), y en específico, de la falta del emplazamiento que alega, o bien, de algún otro acto que se estime deficiente y transgreda sus intereses antes del dictado de la resolución definitiva. Lo anterior es así, pues, al no haberse dictado definitivamente la resolución dentro de ese procedimiento administrativo contra servidor público, es inconcuso que, la falta de oportunidad para que el servidor público contra el que se inició ese procedimiento, aquí quejoso, defienda sus derechos en la vía extraordinaria se desvanece. Esto, porque al tener conocimiento de que no se le llamó legalmente al procedimiento, o bien, exista algún acto que tienda a afectar sus intereses, tiene la posibilidad de comparecer al procedimiento administrativo e interponer los recursos ordinarios y medios de defensa contemplados en la legislación que rige su tramitación, con la finalidad de que, la propia potestad local sea la que repare las violaciones y los posibles perjuicios que pudo habérsele ocasionado con la falta o ilegalidad del llamamiento a ese procedimiento. Bajo ese tenor, es dable sostener que en el caso que nos ocupa, se actualiza el supuesto normativo contemplado en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, que dispone la improcedencia del juicio de amparo, contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, salvo cuando se trate de persona extraña al procedimiento que constituye uno de los casos de excepción que se contempla en el inciso c) de la mencionada porción legal (las demás excepciones expresadas en los incisos a) y b) de ninguna forma se actualizan en el caso). En efecto, por persona extraña a juicio se entiende aquella que no ha figurado en el procedimiento como parte, así como también quien habiendo sido señalado como parte, no es llamado a juicio o se le cita en forma contraria a la ley; sin embargo, no puede tenerse con ese carácter al peticionario de amparo, cuando ha tenido conocimiento de la transgresión que reclama, antes de que se dicte resolución definitiva en el procedimiento administrativo seguido en su contra, ya que en esas condiciones, al tener el carácter de parte en el procedimiento y no de tercero extraño, está en condiciones de impugnar las violaciones procesales que reclama a través de los recursos ordinarios y medios de defensa contemplados en la legislación aplicable al caso. ... Por tanto, de conformidad con las reglas que rigen la tramitación del juicio constitucional, el amparo indirecto será procedente cuando el quejoso alegue falta o ilegalidad del emplazamiento y se ostente como persona extraña a juicio por equiparación, siempre y cuando la ley ya no establezca a favor del afectado o tercero extraño, algún recurso ordinario o medio de defensa por haberse concluido con el procedimiento a través del dictado de la resolución definitiva, pero como en el caso, esto último no acontece, pues, según el estado procesal del procedimiento administrativo, el quejoso puede comparecer ante la autoridad y defender sus derechos ya que no se ha dictado la determinación definitiva, por lo que es evidente la actualización de la causa de improcedencia invocada, aplicada por analogía, en términos de la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, y por ende, lo que procede desechar de plano por notoriamente improcedente, la demanda de amparo, promovida por Brenda Espinoza López, de acuerdo con los arábigos 112 y 113 de esa ley. ... Domicilio procesal y autorizados. En términos del artículo 29 de la Ley de Amparo, téngase por señalados los estrados de este Juzgado Federal para oír y recibir notificaciones; por autorizado en términos del artículo 12 de la ley antes invocada al profesionista que cita y por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que refiere. Transparencia y acceso a la información pública (publicación de datos personales): Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. Consulta del expediente vía internet: Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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