Brenda Elizabeth Gallardo Saucedo

Expediente 291/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 45 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
291/2021
Año
2021
Actuaciones
45
Última actuación
30/08/2022

Partes del expediente

  • Brenda Elizabeth Gallardo Saucedo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 45.

  1. Principal

    Oficio. Visto el remitido por el Consultor Jurídico adscrito al departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaría de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual solicita la cancelación de la multa impuesta en este asunto. Atento a lo que solicita, se hace de su conocimiento que en el presente asunto, no le fue impuesta multa alguna.

  2. Principal

    Se tiene que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la resolución en la que se dilucidó en torno al cumplimiento del fallo protector, por lo cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones y archivo. Efectúense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y toda vez que el presente ha quedado total y definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo.

  3. Principal

    Visto el estado de los autos, se observa que por oficio 1948/2021 y 402/2022, la Secretaria de Hacienda en representación del Recaudador de Rentas aseveró haber cumplido con la ejecutoria de amparo y, para ello, exhibió copia certificada de las pólizas de cheque expedidos a favor de la parte quejosa por la cantidad que ampara el pago efectuado por concepto del derecho de inscripción registral por traslación de dominio de un inmueble para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Mediante auto de siete de julio del presente año, se dio vista a la parte quejosa para que en el término de tres días acudiera a la oficina de bienes inmuebles de la Secretaria de Hacienda en esta ciudad, recogiera el cheque, y lo hiciera efectivo, sin que a la fecha, lo haya hecho del conocimiento a este juzgado. Por consiguiente, el suscrito procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: En ejecutoria recaída en el juicio que nos ocupa, se otorgó a la parte quejosa la protección constitucional respecto de la normatividad del ejercicio fiscal dos mil veintiuno. En particular, el amparo se dio en los términos siguientes: ".a efecto de que se le apliquen las normas jurídicas que prevén y regulan la tasa o cuota del derecho de inscripción registral por traslación de dominio de un inmueble para el ejercicio fiscal 2021 -artículo Primero, numerales 11, 12, 13, 14 y 15-, lo que tiene consecuencias jurídicas con respecto de los actos de aplicación futuros, lo cual significa que las disposiciones correspondientes no podrán válidamente ser aplicadas a la parte inconforme hasta en tanto se hallen vigentes, ya que su aplicación implicaría violación al fallo concesorio en torno a la impetrante. Con esto se tiene que para cumplir con el fallo protector de que se trata, las responsables están constreñidas a realizar el acto que sigue: Devuelvan a su favor, los pagos realizados en cumplimiento de las normas declaradas inconstitucionales en este juicio, con la actualización respectiva, lo cual abarcará, no solamente el primer acto de aplicación de la disposición legal, sino también los que hayan tenido lugar hasta antes de que cause ejecutoria este fallo, respecto de todo bien. Esto sucedió en el caso que nos ocupa. Cierto. Basta imponerse de las constancias remitidas por las responsables en este caso concreto, para advertir que se cumplió con el fallo protector en el juicio, en razón de que la autoridad responsable acreditó haber efectuado la expedición de los cheques 1149660 y 0004489, elaborados por las cantidades de seis mil setecientos cincuenta pesos M.N. 00/100 y cuatrocientos treinta y seis pesos 86/100 M.N., sumando la cantidad de siete mil ciento ochenta y seis pesos 86/100 M.N., a favor de la parte impetrante, por concepto del derecho de inscripción registral por traslación de dominio de un bien inmueble para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, debidamente actualizadas. Así pues, del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que por tener la calidad de documento público, se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que se cumplieron con los lineamientos establecidos en el fallo protector, a final de cuentas porque se expidió el cheque por la cantidad de que se trata, aún ante la contumacia del interesado de no recogerlo y hacerlo efectivo. Inconformidad frente al acato del fallo. No hay. No es obstáculo a tal conclusión, la circunstancia de que la protección constitucional se concedió respecto de los actos legislativos de que se trata, pues no debe perderse de vista que no pueden quedar insubsistentes, precisamente, porque involucran disposiciones de orden público, sin duda, de carácter general e impersonal, de ahí que, es la autoridad aplicadora de la ley quien debe asumir el núcleo de la obligación exigida por virtud del fallo protector, tal como sucedió en el caso. Al efecto, cabe citar las tesis de jurisprudencia sustentadas por el Pleno y la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los que siguen: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." (Instancia: Pleno. Fuente: Apéndice 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Sexta Sección. Tesis: 347. Página: 4032.) "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. La expedición, promulgación y publicación de una ley no puede quedar insubsistente como consecuencia de una ejecutoria de amparo, que debe limitarse a amparar y proteger a los particulares en el caso especial sobre el que verse la queja; pero como dichos actos se traducen en la vigencia de la ley, y ésta a su vez, en su aplicación a casos concretos, tales efectos son imputables no sólo a las autoridades que intervienen en la aplicación misma, sino también a aquéllas de quienes emana la ley o que han participado en los actos necesarios para su vigencia; y son susceptibles de reparación, en cada caso concreto. Por tanto, los vicios de inconstitucionalidad de la ley son reclamables no sólo contra el Poder Legislativo que la expidió, sino también contra el Ejecutivo que la promulgó y mandó publicar y contra la Secretaría de Estado que refrendó el acuerdo promulgatorio y realizó la publicación. En estos casos no tiene aplicación la causa de improcedencia establecida por el artículo 73, fracción IX, de la Ley de Amparo." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice 1917-2011. Tomo: II. Procesal Constitucional 2. Amparo contra leyes Primera Parte - SCJN Segunda Sección. Tesis: 129. Página: 3729.) En tal virtud, se obtiene que se concretaron los efectos del fallo constitucional en este juicio, porque se acataron los lineamientos ahí fijados, colmándose así el derecho por cuya vulneración se concedió el amparo, sin excesos ni defectos sobre el particular, precisamente, porque se realizó la actuación que constituye el deber de hacer exigido por virtud del fallo protector. Por lo anterior, se advierte que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho violado con los actos en el juicio, en los términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual dese vista a las partes por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con el diverso 214 de la ley de la materia. Por su aplicación, cabe citar la tesis de jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página diecinueve de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, que dice así: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno relativo. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Oficio. Visto el remitido por la Subsecretaría de Normatividad y Asuntos Jurídicos, con sede en la ciudad de Chihuahua capital, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, por medio del cual se le tiene informando los actos tendientes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, lo cual será tomado en consideración en el momento procesal oportuno.

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