Brenda Edith Torres Iñiguez

Expediente 2146/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2146/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Brenda Edith Torres Iñiguez

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL: Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se sobresee en el juicio, por las razones expuestas en el considerando TERCERO de la presente resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a********************, por las razones expuestas en el considerando QUINTO y para los efectos señalados en el ÚLTIMO de la presente resolución. Notifíquese.

  2. Principal

    AUDIENCIA CELEBRADA

  3. Principal

    -Por este medio y por así ordenarse en proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, se notifica a diverso tercero interesado, el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés que dice: Visto el estado de autos, se advierte que le reviste el carácter de terceros interesados a David Nodal Castillo y a Teresa Aguilar Contreras, así como al Agente de la Procuraduría Social adscrito al Juez Mixto de Primera Instancia de Sayula, Jalisco. Por tanto, con apoyo en los artículos 5, fracción III, inciso b), 115 y 116 de la Ley de Amparo, se tienen como terceros interesados a quienes se indica en el párrafo anterior. Ahora bien, visto el diverso escrito mediante el cual el autorizado de la parte quejosa solicita se provea sobre la totalidad de las pruebas ofrecidas por la impetrante de amparo en el presente asunto; agréguese a los autos para que obre como corresponda y en atención al mismo se acuerda lo siguiente: Visto el estado de autos del cual se advierte que mediante acuerdo de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se reservó acordar lo conducente respecto a las pruebas documental de informes y testimonial, ofrecidas en los puntos "IX", "X" y "XI" del escrito registrado con el número de promoción 9208, hasta en tanto obraran en autos las constancias del juicio de origen, situación que ya aconteció; en consecuencia, en relación a las pruebas documental de informes ofrecidas en los puntos "IX" y "X", del escrito referido, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, SE DESECHAN por inconducentes. En efecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 a 123 de la Ley de Amparo,1 así como 79, 81, 85 y 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2º, del ordenamiento citado en primer término, en el procedimiento del amparo indirecto procede admitir los medios de prueba que sean idóneos y estén reconocidos por la ley, a excepción de la confesional y de las que fueren contra la moral o el derecho. Sin embargo, como bien estableció el juzgador federal, esa facultad de que gozan las partes para ofrecer pruebas no es plena, sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, entre los que se encuentra el relativo a que el medio de convicción ofrecido necesariamente tenga relación inmediata con los hechos controvertidos. Por tanto, si se ofrece una prueba que no satisfaga este requisito, su ofrecimiento resulta contrario a derecho y, en esa hipótesis, el juzgador no está obligado a admitirla. En el caso, de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que la parte quejosa acude al presente juicio de amparo, en su calidad de tercera extraña auténtica para reclamar la sentencia definitiva de veinticinco de marzo de dos mil diecinueve, dictada dentro del juicio civil ordinario 553/2017 (acción proforma), en el que se condenó a Delfino Márquez Negrete a la entrega y desocupación del inmueble ubicado en el número 6 de la calle Morelos Sur de Techaluta de Montenegro, Jalisco, así como su ejecución. En los antecedentes del acto reclamado, narró entre otras cosas, que es arrendataria del bien inmueble ubicado en la finca marcada con el número 2 de la calle Leandro Valle poniente, de la población de Techaluta de Montenegro, Jalisco (el cual afirma que se trata del mismo bien inmueble materia del juicio de origen). Con lo anterior, se advierte que comparece al juicio de amparo a defender un derecho posesorio derivado del contrato de arrendamiento que dice tener. Luego, la parte quejosa ofrece las pruebas documental de informes que debe remitir el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Mexicano del Seguro Social para lo siguiente: Para que informen sobre cuál fue el domicilio que la quejosa registró al realizar el trámite de expedición de credencial para votar en el año dos mil trece; Se informe el último domicilio registrado por la quejosa al realizar el trámite de expedición de credencial para votar emitida en el año dos mil veinte; y, Para que se informe cuál fue el domicilio designado por la quejosa al momento de incorporarse o afiliarse a los servicios de salud del IMSS, así como cual domicilio es el que se tiene registrado en ese instituto. Ahora bien, este órgano jurisdiccional afirma que no sería materia de prueba los domicilios que la quejosa tenga registrados ante el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque no influye en el análisis en la instancia constitucional. En efecto, la quejosa se dice tercera extraña al procedimiento de origen, de manera que es claro que la prueba ofrecida sería inconducente porque con ella no se demostraría el derecho posesorio que afirma tener. Es decir, la posesión implica que el poder de hecho que alguien tiene sobre una cosa comprende los derechos normalmente atribuidos a la propiedad, total o parcialmente, como son disfrutar, usar y disponer. Así, para que tal poder de hecho constituya lo que jurídicamente se conoce como posesión, debe necesariamente tener una causa, un origen, causa posesión que por su naturaleza jurídica sea capaz de generar para quien tiene ese poder de hecho, el derecho de ejercer cualquiera de las facultades que implica (dando así origen a la posesión originaria) o cualesquiera de ellas excepto la de enajenar o gravar la cosa (surgiendo así la posesión derivada) posesiones ambas que se encuentran tuteladas por la Carta Magna. Por tanto, resulta inconducente el desahogo de las pruebas documental de informes que ofrece la quejosa, toda vez que no se demostraría la causa posesoria del bien inmueble que defiende, es decir, con esos medios de prueba, únicamente se probatoria cual es el domicilio registrado ante esas dependencias, sin que llegara al extremo de probar que cuenta con un derecho de ejercer una causa posesoria, ya sea originaria o derivada. Pues se insiste, que tal información sólo genera presunciones sobre los hechos que contienen los documentos que los contienen, pero de ninguna manera pueden, en forma aislada, comprobar que la persona a la que se refieren posee el inmueble que se asienta como su domicilio; debido a que si ese dato aparece en tales registros es precisamente porque la misma persona los proporcionó; pues con independencia de que son documentos expedidos por orden o petición suya, con los datos aportados por ella, en dichos documentos sólo se alude al domicilio mas no a la posesión. De ahí, que las pruebas desechadas no proporcionaría elementos para resolver el fondo del presente asunto, lo que conllevaría únicamente a un retraso en la integración del presente asunto. Por su parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida en tiempo y forma la prueba testimonial, a cargo de los atestes *** y ****. Distribúyanse entre las partes copia del interrogatorio y se les previene, para que en un plazo de tres días, contado a partir de aquél en que surta sus efectos la notificación del presente acuerdo, si así lo desean, lo amplíen, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia; lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo; apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo concedido, perderán su derecho a realizar tal ampliación y para formular repreguntas, y la referida prueba se integrará únicamente con el interrogatorio propuesto por la parte promovente. Por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres días otorgado a las partes en el párrafo que antecede, se acordará lo conducente respecto a la preparación de la prueba testimonial.

  4. Principal

    NOTIFICACION ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA Y ASESOR DE MENORES DEL AUTO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRES. Visto el oficio de cuenta, a través del cual la autoridad responsable informa el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y exhibe constancia de ello; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y tercera interesada con el oficio y anexo de cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído manifiesten lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que declarará si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese; personalmente a la parte tercera interesada y vía electrónica a la quejosa.

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