Brenda Edith Loredo Pérez

Expediente 1135/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1135/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Brenda Edith Loredo Pérez y Otros.
  • Brenda Edith Loredo Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    intégrese el oficio suscrito por el Director interino del Hospital Militar de Irapuato, en su carácter de Coordinador de las Brigadas Especiales del Estado de Guanajuato, mediante el cual informa que el siete de enero de este año se aplicó la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech contra el SARS-COV-2 al menor de edad de iniciales J.R.C.L. y para acreditarlo anexa el comprobante de vacunación correspondiente. Ahora, con base en las documentales anexas al oficio que se provee, se advierte se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que al menor de edad de iniciales J.R.C.L., ya le fue suministrada la segunda dosis de la vacuna contra el SARS-CoV-2, por lo que ha completado su esquema de vacunación; por tanto, se concluye que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta instancia constitucional. El artículo citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [..] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Los efectos del acto reclamado cesan cuando éstos se suspenden o acaban. En otras palabras, cuando la autoridad lo revoca o deroga. Para que sea aplicable esta causa de improcedencia es necesario que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean revocados o derogados por la autoridad responsable, pues el efecto legal y natural de la sentencia de amparo es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado debe haber una situación idéntica a la que originalmente existía. Entonces, es innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos y que no deja huella en la esfera jurídica del particular que deba analizarse en sentencia. En el caso, la parte quejosa reclamó la omisión de las autoridades responsables de vacunar al menor de edad de iniciales J.R.C.L. contra el virus SARSCoV-2 y solicitó el amparo y protección de la justicia federal para que le fuera aplicado el biológico preventivo correspondiente; lo anterior, en atención a que, entre otras razones, pertenece a un grupo especialmente vulnerable. Ahora, visto el estado de autos y los comprobantes de vacunación remitidos por la responsable, se aprecia que el ocho de diciembre de dos mil veintiuno y siete de enero del año en curso, el menor de edad de iniciales J.R.C.L. fue inoculado con la primera y segunda dosis del biológico del laboratorio Pfizer-BioNTech, completándose el esquema de vacunación a que alude la Política Nacional de Vacunación contra el Virus SARS-Cov-2, para la prevención de la Covid-19 en México. Por tanto, la conducta omisiva de las autoridades responsables desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo. Conviene precisar que la desaparición de la conducta omisiva antes de la presentación de la demanda de amparo, implica la inexistencia del acto de autoridad y actualiza la causa de sobreseimiento que prevé el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo; sin embargo, cuando la omisión desaparece con posterioridad a la presentación de la demanda, cesan los efectos del acto negativo y con ello se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El caso que nos ocupa, se ubica en la segunda hipótesis, pues se observa que la omisión dejó de existir con posterioridad a la fecha de presentación de la demanda y, en esa medida, se actualiza la causa de improcedencia conocida como cesación de efectos. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De acuerdo con lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, se sobresee en el presente juicio fuera de su audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la ley en cita. Estimar lo contrario traería consigo el retardo de la impartición de Justicia y contravendría el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, y para ello emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, consultable en la página 386 del Tomo XVII, Marzo de 2003, correspondiente a la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable por la identidad de las reglas del sobreseimiento fuera de audiencia bajo la vigencia de la Ley de Amparo actual y la abrogada, en términos del artículo sexto transitorio de la ley de la materia, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Por tanto, déjese sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las nueve horas con diez minutos del cuatro de abril de dos mil veintidós.

  2. Principal

    agréguese a los autos el oficio signado por Diana Candelaria Guzmán Rodríguez, apoderada legal de la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital; en atención a su contenido, téngase rendido el informe justificado que corresponde a la autoridad mencionada, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con su contenido, dese vista a las partes para los efectos legales a que haya lugar. En relación con el domicilio para recibir notificaciones, delegados y correo electrónico señalados por la responsable, deberá estarse a lo que se proveyó al respecto en auto de seis de diciembre de dos mil veintiuno. Finalmente, en cuanto a la causa de sobreseimiento que invoca, será estudiada en la sentencia que se dicte en el juicio de amparo en que se actúa.

  3. Principal

    Apoderada legal del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, con residencia en la Ciudad de México; en atención a su contenido, téngase rendido informe a la suspensión de plano decretada en autos por parte de la autoridad mencionada, se reciben las documentales públicas remitidas por la responsable, sin perjuicio de relacionarlas con posterioridad. Téngase como domicilio el que se señala, siempre que corresponda al de su oficina principal y como sus delegados a quienes indica. Finalmente, ténganse proporcionadas por la oficiante, las cuentas de correo electrónico.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintisiete de diciembre del año en curso, se tuvo rendido el informe justificado del Gobernador del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, por conducto de su coordinara general jurídica; el cual fue notificado mediante lista publicada el veintiocho de diciembre siguiente. Por lo que a la fecha no media el plazo de ocho días a que se refiere el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que las partes se impongan de su contenido. En esa medida, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para este día, por lo que se difiere y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Cabe indicar que la fecha señalada obedece a la carga de trabajo con que cuenta este órgano jurisdiccional.

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