Brenda Corelly Soto Cosain
Expediente 1042/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1042/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Brenda Corelly Soto Cosain
- Congreso del Estado de Sinaloa.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de veintiocho de enero de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa con lo informado por la autoridad responsables, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciara al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra cumplido. La protección constitucional se otorgó para los siguientes efectos: "Efectos de la concesión del juicio de amparo. En razón de lo expuesto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracción II, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo con número de folio 11-000565354, de once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se pagó por lo relativo a la fracción II de dicho artículo 50 la cantidad de $8,514.00 (ocho mil quinientos catorce pesos 00/100 moneda nacional), expedido a nombre de Brenda Corelly Soto Cosain, para el efecto de que le sea devuelta tal cantidad que pagó por la aplicación del artículo 50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. Sin que ello implique que la parte promovente quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (vinculado al cumplimiento), a fin de que se devuelva a la peticionaria del amparo la cantidad que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales inherentes a la fracción II del citado artículo 50, consignado en el recibo con número de folio 11-000565354, de once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le cobro la cantidad de $***(*****). La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por apoyo a la pro-educación, a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 03 tercer párrafo y 17 vuelta). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, el recibo de pago con folio 11-000565354, de once de diciembre de dos mil dieciocho, a nombre de la parte quejosa, por concepto de dación en pago, donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la pro-educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la parte impetrante de amparo, la cantidad de $774.00 (setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II de la ley en comentario, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en el monto total de $8,514.00 (ocho mil quinientos catorce pesos 00/100 moneda nacional), como consta en el recibo con número de folio 11-000565354. Asimismo, las cantidades que proceda devolver a la parte quejosa deberán incluir actualizaciones". Determinación que fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, mediante ejecutoria emitida en el amparo en revisión 146/2019. Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable efectuó el acto siguiente: - El Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a través de oficio SATES-DJ-DAAP-054/2021 de veinticinco de enero de dos mil veintiuno, informó que se hizo entrega a la parte quejosa del cheque número 0000740 por la cantidad de $7,708.00 (siete mil setecientos ocho pesos 00/100 Moneda Nacional), remitiendo copia certificada del referido cheque y firmado de recibido por quien ahí aparece. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y el acto llevado a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de la Materia, aplicado a contrario sensu, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, en acatamiento al Acuerdo General del Plenos del Consejo de la Judicatura Federal de diecisiete de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio remitido por el Director Jurídico del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que hizo entrega del cheque número ******************** de treinta de septiembre de dos mil veinte a la parte quejosa, y remite constancia de entrega respectiva de veintitrés de octubre de esa anualidad. En consecuencia, con lo anterior dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del siguiente a la notificación de este proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en la inteligencia que la actuación antes mencionada se encuentra en autos para su consulta; APERCIBIDA de que, con el desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, en representación del Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, al que acompaña el diverso DAJ/0183/2021, dirigido al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual le solicita cumpla con la ejecutoria de amparo pronunciada en el juicio de amparo que nos ocupa.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa,con residencia en esta ciudad, no han informado los actos encaminados a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con la que acredite lo anterior; APERCIBIDA que de no hacerlo se impondrá una multa, a la contumaz, de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para continuar con el trámite de inejecución de sentencia; esto, con fundamento en el numeral señalado en primer término. Conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de la materia, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada. Asimismo, REQUIÉRASE al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico, conmine a la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a cumplir con la presente ejecutoria de amparo y demuestre la manera en que la requirió a dar cumplimiento; ello con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a la multa señalada con anterioridad, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la aludida autoridad. Finalmente, para mayor celeridad, se transcriben a continuación los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo (fojas 73 a 77): "Efectos de la concesión del juicio de amparo. En razón de lo expuesto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracción II, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo con número de folio 11-000565354, de once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se pagó por lo relativo a la fracción II de dicho artículo 50 la cantidad de $*****************, expedido a nombre de ***************, para el efecto de que le sea devuelta tal cantidad que pagó por la aplicación del artículo 50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) Sin que ello implique que la parte promovente quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (vinculado al cumplimiento), a fin de que se devuelva a la peticionaria del amparo la cantidad que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales inherentes a la fracción II del citado artículo 50, consignado en el recibo con número de folio *************, de once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le cobro la cantidad de ****************. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por apoyo a la pro-educación, a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 03 tercer párrafo y 17 vuelta). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, el recibo de pago con folio *************, de once de diciembre de dos mil dieciocho, a nombre de la parte quejosa, por concepto de dación en pago, donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la pro-educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la parte impetrante de amparo, la cantidad de $***************, toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II de la ley en comentario, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en el monto total de $****************, como consta en el recibo con número de folio 11-000565354. Asimismo, las cantidades que proceda devolver a la parte quejosa deberán incluir actualizaciones. (.).".
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